ÍNDICE AI: EUR 44/013/2001/s Servicio de Noticias 50/01

NO PUBLICAR ANTES DE las 00:001 horas GMT del 21 de marzo de 2001 Documento público

Turquía: Enjuiciamiento de activistas que denunciaron la violación bajo custodia

Hace dos años, dos jóvenes, N.C.S, menor de edad, y Fatma Deniz Polattaş, fueron sometidas a torturas de carácter sexual en una comisaría de Turquía.

El juicio de los agentes de policía acusados de haberlas torturado avanza con lentitud. Sin embargo, el 21 de marzo, comenzará en Estambul el juicio de 14 mujeres y dos hombres, entre quienes se encuentran el padre de una de las víctimas de tortura, el abogado de éstas y otras víctimas de violación bajo custodia. Se los acusa de haber insultado a las fuerzas de seguridad al denunciar la práctica de violaciones bajo custodia durante una conferencia celebrada en junio de 2000.

Nazli Top, una de las acusadas, ha declarado lo siguiente: «Fui detenida en 1992. Me llevaron al cuarto trasero de una comisaría. Empezaron a golpearme; me aplicaron descargas eléctricas en los dedos de los pies y de las manos; me violaron con una porra. En ocasiones me desnudaban y me echaban agua helada por encima».

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades turcas para que retiren los cargos presentados contra los activistas de los derechos de las mujeres que son sólo culpables de expresar pacíficamente su opinión.

Un representante de Amnistía Internacional asistirá al juicio en calidad de observador.

Información general

N.C.S., muchacha kurda de 16 años de edad y su amiga Fatma Deniz Polattaş, de 19 años, fueron presuntamente torturadas y obligadas a realizar confesiones falsas durante su detención en la Comisaría Central de Policía de Iskenderun en marzo de 1999. Permanecieron recluidas bajo custodia durante siete y cinco días respectivamente. Según sus declaraciones, fueron torturadas, entre otras formas, mediante la violación y la agresión sexual. Ambas fueron obligadas a permanecer con los ojos vendados el tiempo que estuvieron detenidas. Durante los dos primeros días, N.C.S. fue obligada a permanecer de pie constantemente, se le impidió dormir o utilizar el baño y se le denegó la comida y la bebida, salvo leche agria. La obligaron a quitarse la ropa y quedarse desnuda en una habitación a baja temperatura. Durante el interrogatorio los agentes le golpearon, asestándole golpes directamente en la cabeza, en los genitales, en las nalgas y en el pecho, y la obligaron a sentarse sobre suelo mojado durante periodos prolongados y posteriormente a revolcarse desnuda en el agua. En otras ocasiones, la suspendieron de los brazos y le aplicaron un chorro de agua fría a presión. La policía amenazó con matarla y con violar a su madre. Fatma denunció haber recibido el mismo trato, además de haber sido violada analmente con un instrumento dentado. Mientras estuvieron bajo custodia policial, ambas fueron sometidas por la fuerza a las llamadas pruebas de virginidad, que en opinión de AI son una forma de violencia infligida por motivos de género que constituye tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

En noviembre de 1999 se impusieron a las jóvenes sendas penas de prisión de larga duración tras declarárselas culpables de pertenecer al grupo armado de oposición Partido de los Trabajadores Kurdos y de participar en actos violentos de protesta por la detención del dirigente de dicha agrupación, Abdullah Öcalan. El tribunal que las condenó no esperó a conocer los resultados de la investigación sobre las denuncias de tortura que éstas habían formulado.

En el periodo comprendido entre mediados de 1997 y noviembre de 2000, 132 mujeres recurrieron a un programa de asistencia letrada gratuita para mujeres víctimas de violación y de abusos sexuales bajo custodia que está en funcionamiento en Estambul. Entre ellas había 97 kurdas, 4 romaníes, una búlgara y una alemana. Los presuntos autores de estos delitos son en su mayoría agentes de policía (en 98 de los casos), aunque también hay gendarmes, soldados y guardias locales, e incluso en un caso, guardias de prisiones. En raras ocasiones se les pone a disposición judicial.

AI ha documentado el clima general de impunidad del que gozan los sospechosos de infligir torturas y malos tratos en Turquía (Turkey: The duty to supervise, investigate and prosecute, abril de 1999, Índice AI: EUR 44/24/99). Incluso en los casos en que las autoridades entablan acciones en relación con denuncias de violaciones graves de los derechos humanos y se procesa a agentes de seguridad, sólo se condena finalmente a un número proporcionalmente insignificante de ellos. Según cifras oficiales recientes, las investigaciones a las que se sometió a 577 agentes de seguridad acusados de torturas entre 1995 y 1999 dieron lugar a sólo 10 condenas (1,7 por ciento). Durante el mismo período, las 2.851 investigaciones realizadas sobre casos de malos tratos concluyeron con 84 condenas (2,9 por ciento). En los casos en que efectivamente se dicta condena, a menudo se impone a los agentes de seguridad la pena más leve posible.

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