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25 de noviembre de 1999

Turquía: Hay que impedir la ejecución de Abdullah Öcalan

Amnistía Internacional ha declarado hoy, tras la confirmación por el Tribunal de Apelación de la condena a muerte impuesta al dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos, que Turquía violaría las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional si ejecuta a Abdullah Öcalan después de un juicio manifiestamente injusto.

La organización ha pedido al Parlamento turco que impida la ejecución de Abdullah Öcalan, así como la de todas las demás personas condenadas a muerte, y reitera su petición a Turquía de que promulgue la abolición total de la pena capital.

«La ejecución de Abdullah Öcalan interrumpiría 15 años de suspensión de hecho de las ejecuciones y abriría las puertas para que se lleven a cabo otras ejecuciones», ha manifestado Amnistía Internacional, que ha expresado especial preocupación por las personas condenadas a muerte o que están procesadas por Tribunales de Seguridad del Estado por delitos de motivación política.

«La reanudación de las ejecuciones en Turquía sería un golpe para los derechos humanos en el país y un grave revés para abolición total de la pena de muerte en Europa», dijo Amnistía Internacional, que se opone a la pena capital en todos los casos.

«La pena de muerte es la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante, y nunca se ha demostrado que tenga más eficacia que otras penas para disuadir de que se cometan delitos, y mucho menos delitos de motivación política», añadió la organización.

Turquía ya ha dado los primeros pasos hacia la abolición de la pena de muerte, que quedó eliminada en el proyecto de ley de nuevo código penal elaborado por una comisión parlamentaria en 1996 y 1997. Sin embargo, y pese a las declaraciones del gobierno turco ante el Consejo de Europa a principios de 1999, en el sentido de que «este proyecto de ley es uno de los asuntos prioritarios del programa de trabajo del Parlamento», su aprobación por el poder legislativo ha venido retrasándose.

«La abolición legal de la pena de muerte sería un importante paso para los derechos humanos en Turquía», manifiesta Amnistía Internacional, que ha instado a las autoridades turcas a que, mientras tanto, mantengan la suspensión de las ejecuciones.

Información general

La ley turca establece que las condenas a muerte confirmadas por el Tribunal de Apelación han de someterse a la Comisión Judicial del Parlamento, que puede paralizar de hecho las actuaciones no revisando el caso. Si la Comisión decide actuar, el trámite consiste en elaborar un proyecto de ley en el que recomienda o no la ejecución, y su presentación al pleno del Parlamento, que podrá aprobarla por mayoría simple. El presidente del Estado tiene la facultad de conmutar las condenas a muerte o de indultar al condenado por motivos de edad, discapacidad o salud. Una vez la ley es ratificada y publicada en el Boletín Oficial (Resmi Gazete), el Ministerio de Justicia es el encargado de garantizar que se lleva a cabo la ejecución, lo que suele realizarse en cuestión de días, y en ocasiones de horas.

Turquía, Estado Miembro del Consejo de Europa y Parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es uno de los pocos Estados europeos que no ha abolido aún la pena de muerte.

Cuando Abdullah Öcalan fue condenado a muerte, el 29 de junio de 1999, los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales europeos advirtieron a Turquía de que la reanudación de las ejecuciones podría aislar al país de Europa. Por otro lado, hay indicios de que los líderes de opinión turcos son favorables a mantener la suspensión de las ejecuciones.

Las últimas ejecuciones realizadas en Turquía tuvieron lugar en octubre de 1984 y provocaron las protestas de la comunidad internacional. Hidir Aslan, de 28 años, fue condenado y ejecutado por pertenecer a una organización ilegal. No había sido declarado culpable de ningún homicidio.

Desde esa fecha, se han seguido imponiendo penas de muerte, y en la actualidad hay al menos 47 condenados a la pena capital en Turquía. Sin embargo, existe una suspensión de hecho de las ejecuciones, ya que el Parlamento turco no ha votado sobre ninguna de las condenas a muerte que le han sido remitidas para su aprobación.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente el informe titulado Turquía: Condena a muerte tras un juicio injusto: la causa de Abdullah Öcalan (EUR 44/40/99/s), con información general sobre la pena de muerte en Turquía y datos sobre las normas nacionales e internacionales de justicia procesal que se han conculcado desde que Abdullah Öcalan fue detenido hasta que fue condenado a muerte.

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Si desean más información o un ejemplar del informe, llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, teléfono 44 171 413 5566. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas wed de EDAI en: http://w.w.w.edai.org