REINO UNIDO

Justicia denegada a los sobrevivientes británicos torturados en Arabia Saudí:

Un gran salto atrás en la lucha contra la impunidad

DECLARACIÓN CONJUNTA

REDRESS, AMNISTÍA INTERNACIONAL Y JUSTICE

Hoy es un día triste para la justicia británica. El tribunal de máxima instancia del Reino Unido ha otorgado inmunidad absoluta a los torturadores saudíes de los cuatro ciudadanos británicos que fueron sometidos a formas de trato como palizas, permanecer colgados de puntales y ser condenados a muerte por decapitación parcial.

La Cámara de los Lores hizo caso omiso del derecho de estos hombres a obtener justicia y protegió a los torturadores frente a un proceso legal. Igualmente chocante resultó la intervención en el caso del Departamento de Asuntos Constitucionales. En lugar de apoyar a las víctimas británicas y pedir al gobierno saudí que les concediera la reparación que les corresponde, se pusieron de parte del gobierno Saudí en la argumentación de que Estados que torturan, así como sus autoridades, deben ser inmunes frente a toda exigencia de responsabilidades.

Las citadas organizaciones de derechos humanos, que intervinieron en el caso, están profundamente consternadas ante el hecho de que la Cámara de los Lores haya rechazado de forma unánime la autorizada interpretación del Comité contra la Tortura de la ONU, organismo experto de la Convención contra la Tortura. El Comité declaró que los Estados que han ratificado la Convención, como el británico, tienen el deber de garantizar que las víctimas obtienen una reparación por las torturas sufridas, aunque dichas torturas las hayan cometido un gobierno extranjero y sus representantes. Lord Hoffman llegó a decir que, en su opinión, la interpretación del Comité “carece de valor”.

La tortura está reconocida como delito en virtud del derecho internacional en el que todos los Estados tienen un interés jurídico y, de hecho, la obligación de garantizar que se hace justicia. Los jueces lores reconocieron el carácter internacional de la prohibición de tortura, pero no lo llevaron a su conclusión necesaria: que la Ley de Inmunidad del Estado, de 1978, no es coherente con las obligaciones internacionales actuales del Reino Unido.

Unos ciudadanos británicos fueron torturados y ahora no disponen de un recurso en el Reino Unido en virtud de la legislación vigente. Es imposible que puedan obtener justicia en Arabia Saudí. De hecho, este Estado se sigue negando incluso a abrir una investigación, pese a los indicios claros y convincentes de tortura. Como organizaciones comprometidas con la lucha contra la impunidad, seguiremos defendiendo el derecho de las víctimas a obtener justicia hasta que los Estados cumplan con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional.

Información complementaria

Los cuatro ciudadanos británicos fueron falsamente acusados de participar en una campaña de atentados en Riad en 2001 y 2002, campaña que ahora se cree que fue orquestada por grupos de oposición saudíes. Durante el tiempo que permanecieron en prisión, todas las víctimas afirman que fueron repetidamente torturadas, y todas padecen aún secuelas físicas y psicológicas a causa de ello. Ron Jones, contable tributario escocés, resultó herido en un atentado con bomba y fue llevado a toda prisa al hospital; la policía secreta saudí se lo llevó de allí vestido aún con la bata hospitalaria. Según afirma, estuvo en régimen de aislamiento, le pusieron grilletes, fue golpeado repetidamente en la planta de los pies y permaneció suspendido de un puntal. Quedó en libertad 67 días después, sin cargos en su contra y sin recibir explicación alguna por su detención. La tortura y la reclusión en régimen de aislamiento durante más de dos años y medio en prisión llevaron a Alexander Mitchell, técnico anestesista, William Sampson, asesor comercial, y Leslie Walker, administrador de viviendas y complejos residenciales, a confesar falsamente por televisión tanto la autoría de los atentados como su función de espías a las órdenes del gobierno británico y, finalmente, a que fueran declarados culpables en sentencia firme sin haber contado con representación letrada en primera instancia. Tras un juicio secreto, un tribunal saudí condenó a Mitchell y Sampson a morir mediante al haad (decapitación parcial y suspensión de una estructura en aspa con los miembros estirados) y a Leslie Walker a una pena de 18 años de prisión. Llegaron protestas de todo el mundo y, después permanecer 900 días en cautividad, finalmente fueron liberados en virtud de una orden de indulto.

Se presentaron demandas por daños y perjuicios –incluidos daños morales y daños punitivos o ejemplares– por los delitos de tortura, amenazas y agresión, violación de la intimidad y prisión ilegal contra los funcionarios saudíes presuntamente responsables de estos delitos, y contra el Ministerio del Interior saudí, que es el principal organismo público responsable del tratamiento de presos y detenidos.

REDRESS, Amnistía Internacional, Interights y Justicia intervinieron en este caso. Keir Starmer, QC, Peter Morris y Laura Dubinsky, de Doughty Street Chambers, y Raju Bhatt, de Bhatt Murphy Solicitors, actuaron desinteresadamente en representación de los intervinientes.