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31 de enero del 2000

Caso Pinochet: La justicia y la transparencia siguen en entredicho

La justicia y la transparencia del procedimiento seguido por el ministro del Interior británico, Jack Straw, para evaluar el estado mental de Augusto Pinochet siguen en entredicho. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional al saber que el Tribunal Superior de Justicia había decidido denegar la petición efectuada por seis organizaciones de derechos humanos para que se les permitiera solicitar la revisión judicial de la decisión preliminar de Jack Straw

Las organizaciones de derechos humanos estudian ahora las consecuencias de esta decisión y las posibles medidas a adoptar.

«Emprendimos acciones judiciales para asegurarnos de que todas las decisiones del proceso de extradición se tomaban de forma justa y transparente», ha manifestado Amnistía Internacional, que añadió: «A lo largo de todo el proceso hemos pedido justicia, no hemos hecho política».

La organización continúa pidiendo al ministro del Interior que acceda a las peticiones de las partes interesadas —Bélgica, Francia, España y Suiza— y les permita designar peritos médicos para efectuar otro examen y hacer público el informe médico.

«No sólo es necesario que se haga justicia, sino que se vea que se hace», concluyó Amnistía Internacional.

Antecedentes

El 25 de enero, los abogados de las organizaciones Amnistía Internacional, Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Human Rights Watch, Justicia, Fundación Médica para la Asistencia a Víctimas de Tortura y Redress presentaron una petición para que se les permitiera solicitar la revisión judicial de las últimas actuaciones de Jack Straw en el caso Pinochet.

El tribunal también denegó a Bélgica, uno de los cuatro países que solicitan la extradición de Augusto Pinochet por cargos de tortura y «desaparición» (lo que equivale a tortura de los familiares de los «desaparecidos»), el permiso para solicitar la revisión judicial.

Si el ministro del Interior decidiera no extraditar a Augusto Pinochet a ninguno de los cuatro Estados que lo solicitan, debería, según la Convención contra la Tortura, remitir el caso a las autoridades fiscales para su investigación y posible enjuiciamiento.