Público

Amnistía Internacional

REINO UNIDO

El homicidio de Patrick Finucane: Connivencia y encubrimiento oficiales

Febrero del 2000 RESUMEN íNDICE AI: EUR 45/26/00/s

DISTR: SC/GR/CO (12/00)

En todo lo que respecta a la participación del Estado, debemos estar seguros de la verdad en la mayor medida posible.

Tony Blair, primer ministro británico, en referencia a la necesidad de realizar una investigación judicial pública y exhaustiva sobre el homicidio de 13 civiles a manos del ejército en 1972, en el «Domingo Sangriento»

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la declaración del primer ministro. No obstante, la organización considera que este criterio debería aplicarse igualmente a la responsabilidad que tiene el gobierno de examinar indicios sustanciales de connivencia oficial en el homicidio de Patrick Finucane, abogado que murió en febrero de 1989 en Irlanda del Norte por disparos de paramilitares unionistas. Se han descubierto indicios sobre la colusión en este homicidio de agentes de los servicios de información de las fuerzas armadas y de la policía. Amnistía Internacional cree firmemente —y así se lo ha hecho saber al gobierno en numerosas ocasiones— que los indicios de connivencia solamente pueden ser investigados de manera exhaustiva y con imparcialidad por medio de una comisión de investigación judicial que cuente con plena autoridad tanto para citar a testigos so pena de sanción como para exigir la exhibición de documentos.

El gobierno del Reino Unido ha manifestado que no considerará la realización de una investigación independiente hasta que se completen lasactuaciones criminales en curso. Éstas se relacionan con la posibilidad de iniciar juicio contra un informante de la policía y con el estudio que el director de la Fiscalía está realizando de un informe policial de investigación. La investigación criminal en curso sobre el homicidio de Patrick Finucane, bajo la dirección de sir John Stevens —en la actualidad director de la Policía Metropolitana de Londres—, no puede sustituir a una investigación judicial completa sobre todas las circunstancias del homicidio, entre ellas el papel desempeñado por diversos órganos del Estado en la connivencia y el papel de diversas autoridades del gobierno en el encubrimiento.

Como respuesta a la petición que formuló Mo Mowlam, a la sazón ministra para Irlanda del Norte, de que se presentaran opiniones jurídicas sobre la relación entre las diligencias criminales en curso y el establecimiento de una comisión de investigación judicial, Amnistía Internacional solicitó asesoramiento legal. Los abogados Robert Owen, Q.C., Ben Emmerson y Tim Otty, expertos en legislación de derechos humanos, elaboraron un dictamen jurídico titulado In Re The Murder of Patrick Finucane and The Case for A Public Inquiry - Joint Opinion for Amnesty International (Homicidio de Patrick Finucane y fundamentos para una investigación pública. Dictamen conjunto para Amnistía Internacional), que entregaron a la organización el 29 de octubre de 1999. El documento principal contiene extractos del dictamen; el texto completo, de 29 páginas, puede solicitarse a Amnistía Internacional.

El dictamen jurídico sostiene categóricamente que «el gobierno dispone de abundante material para justificar el establecimiento de una comisión de investigación pública sobre las circunstancias del homicidio» y que «si el gobierno rehusara establecer tal comisión, su decisión sería susceptible de revisión judicial y constituiría una violación de sus obligaciones relativas al Convenio Europeo de Derechos Humanos».

El 15 de noviembre, Amnistía Internacional envió el dictamen jurídico a Peter Mandelson, ministro para Irlanda del Norte, instándole a que iniciara de inmediato una investigación judicial. El ministro respondió el 2 de diciembre que el gobierno estaría en mejor posición de decidir qué medidas futuras serían necesarias una vez que se conocieran los resultados de la investigación policial y las diligencias criminales en curso.

La respuesta del ministro para Irlanda del Norte preocupa gravemente a Amnistía Internacional, ya que omite referirse a los argumentos que expone el dictamen jurídico. Éste explica en detalle por qué incumbe al gobierno establecer sin dilación una comisión de investigación, y por qué el anuncio, y sin duda incluso el establecimiento de tal comisión, no obstaculizaría en este punto las actuaciones criminales. Da también varios ejemplos de otras situaciones en las que se han establecido comisiones de investigación paralelas a las actuaciones criminales.

A lo largo de los años, han salido a la luz indicios documentados que señalan la existencia de una práctica sistemática de connivencia entre agentes del Estado y los paramilitares unionistas en homicidios políticos en Irlanda del Norte. No se ha llevado a cabo, hasta la fecha, un intento serio de investigar estas prácticas. De no investigarse estas denuncias, el gobierno del Reino Unido corre el riesgo de seguir perpetuando el clima de impunidad para las violaciones de derechos humanos. Si el gobierno tiene un auténtico compromiso con las reformas recomendadas por la Comisión Patten para establecer un espíritu de respeto por los derechos humanos en el servicio de policía en Irlanda del Norte, es de vital importancia que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre la connivencia.

Amnistía Internacional insta al gobierno a que haga honor a su compromiso con el Estado de Derecho estableciendo de inmediato una comisión de investigación judicial independiente sobre todas las circunstancias del homicidio de Patrick Finucane.

Este texto resume el documento titulado Reino Unido: El homicidio de Patrick Finucane. Connivencia y encubrimiento oficiales (Índice AI: EUR 45/26/00/s), publicado por Amnistía Internacional en febrero del 2000. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico:http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

REINO UNIDO

El homicidio de Patrick Finucane:

Connivencia y encubrimiento oficiales

Motivos de preocupación de Amnistía Internacional

En todo lo que respecta a la participación del Estado, debemos estar seguros de la verdad en la mayor medida posible.

Tony Blair, primer ministro británico, en referencia a la necesidad de realizar una investigación judicial pública y exhaustiva sobre el homicidio de 13 civiles a manos del ejército en 1972, en el «Domingo Sangriento»

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la declaración del primer ministro. No obstante, la organización considera que este criterio debería aplicarse igualmente a la responsabilidad que tiene el gobierno de examinar indicios sustanciales de connivencia oficial en el homicidio de Patrick Finucane, abogado que murió en febrero de 1989 en Irlanda del Norte por disparos de paramilitares unionistas.¹ Se han descubierto indicios sobre la colusión en este homicidio de agentes de los servicios de información de las fuerzas armadas y de la policía. Amnistía Internacional cree firmemente —y así se lo ha hecho saber al gobierno en numerosas ocasiones— que los indicios de connivencia solamente pueden ser investigados de manera exhaustiva y con imparcialidad por medio de una comisión de investigación judicial que cuente con plena autoridad tanto para citar a testigos so pena de sanción como para exigir la exhibición de documentos.

La inacción del gobierno a la hora de establecer una comisión de investigación judicial independiente sobre las denuncias de connivencia alienta la creencia de que ha existido un encubrimiento continuado de la participación oficial en el homicidio. El propio encubrimiento requiere un examen aparte y debe a su vez ser objeto de investigación.

El homicidio de Patrick Finucane

Patrick Finucane era un destacado abogado criminalista y defensor de los derechos civiles cuyo bufete, en la década de 1980 en Irlanda del Norte, era uno de los más destacados en la defensa de las personas detenidas o acusadas en aplicación de la legislación de excepción. Patrick Finucane planteó en los tribunales temas relativos a las garantías procesales, atacando las prácticas contrarias a las normas internacionales de derechos humanos.

El abogado murió el 12 de febrero de 1989 a manos de dos hombres enmascarados que dispararon contra él en presencia de su esposa y sus tres hijos en el domicilio familiar en Belfast, Irlanda del Norte. Recibió 14 impactos, algunos a quemarropa. Su esposa, Geraldine Finucane, resultó herida en el ataque al recibir una bala que probablemente había rebotado. La Asociación para la Defensa del Ulster/Combatientes por la Libertad del Ulster, grupo armado unionista, se declaró responsable del homicidio y afirmó que el abogado había sido «miembro del IRA [Ejército Repúblicano Irlandés]». Su familia y sus amigos rechazaron esta acusación, que fue también refutada en declaraciones oficiales de la policía.

Una de las armas utilizadas en el atentado había sido robada de un cuartel del ejército británico por un soldado del Regimiento para la Defensa del Ulster —un regimiento local del ejército británico—. Posteriormente, el soldado fue encarcelado por este robo.

Indicios de connivencia oficial

Poco después del homicidio comenzaron a surgir denuncias de connivencia oficial, que se han multiplicado a lo largo de los años y afectan a varios órganos del Estado. Además, la inacción del gobierno al no haber llevado a cabo, después de once años, una investigación judicial exhaustiva de las denuncias pone de relieve la creencia de que el gobierno teme lo que tal investigación pondría al descubierto: el alcance de la participación de sus propios órganos en el homicidio. A continuación se enumeran brevemente los indicios de connivencia que han surgido hasta la fecha:

a) Según declaraciones de republicanos detenidos en centros de interrogatorio, los detectives se refirieron de forma despectiva a su abogado, Patrick Finucane, y en algunos casos le transmitieron amenazas de muerte por intermedio de ellos.

b) Según declaraciones de unionistas detenidos en centros de interrogatorio, los detectives les habían comunicado que Patrick Finucane era «el cerebro del IRA» y que estaba «ayudando a mantener fuera de la cárcel a los pistoleros del IRA», y habían sugerido que habría que hacer algo con él.

c) Algunas semanas antes del homicidio, un secretario de Estado del Ministerio del Interior, Douglas Hogg, declaró en el Parlamento que «algunos abogados sentían una simpatía indebida por la causa del IRA». Pese a las advertencias que se le hicieron sobre el peligro de formular tal afirmación, se negó a retractarse.

d) Las declaraciones que formuló recientemente Sir John Hermon,²ex director de la Real Policía del Ulster (RUC), contra la integridad de Patrick Finucane implican que Douglas Hogg había recibido información de altos cargos de la policía antes de hacer su declaración. Esta confirmación de la opinión que tenía la policía, en la más alta esfera, sobre Patrick Finucane parece reforzar las declaraciones de los unionistas detenidos sobre lo que les habían comunicado los detectives.

e) Antes de su muerte, las amenazas contra Patrick Finucane habían ido en aumento, tanto en forma de agresiones verbales comunicadas por intermedio de clientes durante interrogatorios como a través de llamadas telefónicas a su domicilio.

f) Martin, su hermano, declaró que la policía había situado barreras en la carretera en un lugar muy próximo al domicilio de Patrick Finucane hasta una hora antes del homicidio. Al parecer, el aspecto de estas barreras no era el habitual; una investigación debería establecer por qué se situaron y por qué se retiraron, y si se pidió a las fuerzas de seguridad que despejaran la zona de modo que los pistoleros pudieran acercarse a la casa y abandonarla sin restricciones.

g) En un libro reciente de Nicholas Davies³se afirma que una rama de las fuerzas de seguridad emitía con frecuencia «órdenes de restricción» para advertir a las demás de que se mantuvieran alejadas de una zona determinada cuando se llevaban a cabo operaciones delicadas. Estas órdenes se obedecían.

h) Brian Nelson fue jefe de información de la Asociación para la Defensa del Ulster entre 1987 y 1990; al mismo tiempo, era informante de la Unidad de Investigación, una unidad de operaciones clandestinas del servicio de información militar.⁴ Nelson declaró que había ayudado directamente en la selección de Patrick Finucane como blanco, y que meses antes del homicidio había advertido a sus contactos en el ejército de que Finucane estaba en el punto de mira. No se presentaron en ningún momento contra Nelson ni contra sus contactos en el ejército cargos relacionados con el homicidio.

i) Nicholas Davies, en su libro, afirma que los unionistas habían seleccionado por primera vez a Patrick Finucane dieciséis meses antes del homicidio, y que ello había sido comunicado al servicio de información militar en esa fecha y en otras ocasiones posteriores. Declara también que había una estrecha cooperación e intercambio de información entre el servicio de información militar, la División Especial [una unidad de la RUC] y el MI5,⁵especialmente a partir del atentado con explosivos perpetrado en Brighton en 1984, en el que murieron o resultaron heridos varios dirigentes del Partido Conservador y miembros de sus familias.

j) Según informes, un ex agente del servicio de información del ejército que prestó servicio en la década de 1980 ha declarado, bajo el seudónimo de Martin Ingram, que el servicio había recibido advertencias en tres ocasiones diferentes de que iban a matar a Patrick Finucane.

k) En enero de 1992, Brian Nelson fue declarado culpable de varios delitos, entre ellos el de conspiración para cometer homicidio.⁶ Durante el juicio, el coronel «J», militar de alta graduación del servicio de información militar, comunicó al tribunal que este servicio compartía con la RUC la información que recibía de Brian Nelson. Posteriormente, sin embargo, la RUC negó haber recibido del servicio información alguna de que se había seleccionado a Patrick Finucane como blanco. Lo que la RUC tampoco admitió fue que estaba recibiendo información de sus propios informantes sobre el hecho de que Patrick Finucane estaba en el punto de mira.

l) El 24 de junio de 1999, William Alfred Stobie, ex informante de la RUC, fue acusado formalmente del homicidio de Patrick Finucane. William Stobie había sido soldado y era miembro activo de la Asociación para la Defensa del Ulster, que informaba sobre las actividades planeadas por ésta a la División Especial de la RUC. Ante el tribunal se declaró inocente del homicidio. Dijo que, como informante de la División Especial, había comunicado a ésta por teléfono en dos ocasiones la noche en que murió Patrick Finucane que «se iba a disparar contra una persona», aunque en ese momento desconocía la identidad de la víctima. El abogado de William Stobie comunicó al tribunal que su cliente había sido «un agente al servicio de la Corona que actuó en nombre de la policía desde alrededor de 1987 hasta 1990. Antes de este homicidio proporcionó a la policía, como mínimo en dos ocasiones, información sobre la que obviamente no se actuó. Asimismo, facilitó a la policía información sobre el arma homicida». Conforme a una entrevista que Stobie mantuvo con el dominical Sunday Tribune en 1990 —pero que no se publicó hasta finales de junio de 1999—, había sido acusado de tenencia ilícita de armas pero se renunció a juzgarlo cuando amenazó con revelar que había advertido a la División Especial de la RUC de los planes para dar muerte a Patrick Finucane. William Stobie declaró asimismo al Sunday Tribune que había facilitado con suficiente antelación a la RUC la información necesaria para salvar la vida del abogado. Cuando Stobie se quejó de la pasividad de la RUC, le dijeron que Finucane «no era más que un hombre del IRA». Tampoco se tomó ninguna medida para recuperar las armas homicidas.

m) En una fase posterior de las diligencias,⁷quedó al descubierto que William Stobie había sido detenido e interrogado en 32 ocasiones a lo largo de septiembre de 1990, y que ese mes había facilitado información acerca de su relación con la División Especial de la RUC así como acerca del modo en que se había deshecho de al menos una de las armas utilizadas en el homicidio. El hecho de no haberse iniciado una acción judicial en 1990 despierta graves reservas sobre la actuación de la oficina del director de la Fiscalía en este caso.

n) Algunos informes citan las siguientes palabras de una fuente de las fuerzas de seguridad: «Había un número significativo de informantes que proporcionaban a la RUC datos sobre Finucane. No me cabe duda sobre la verdad de lo que nos está diciendo Stobie».⁸

«Stevens 1 y 2»

La Real Policía del Ulster ordenó a John Stevens, policía británico de alta graduación, que realizara una investigación de alcance limitado después de saberse que habían desaparecido de dos cuarteles de las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte algunos documentos que contenían información sobre republicanos detenidos. John Stevens comenzó la investigación en septiembre de 1989 e informó de los resultados en mayo de 1990. Como consecuencia de la investigación, se presentaron cargos o denuncias ante el director de la Fiscalía contra 59 personas, en su inmensa mayoría miembros de organizaciones unionistas. No había en el grupo ni un solo miembro de la RUC. Los cargos se centraron casi exclusivamente en el tratamiento inapropiado de documentos confidenciales sobre la seguridad del Estado, incluyendo la tenencia ilícita de documentos de este tipo y su comunicación a otras personas. El informe no llegó a publicarse, aunque sí se hizo público un resumen del mismo. Éste hacía 83 recomendaciones con vistas a impedir la transmisión de información por parte de las fuerzas de seguridad a los paramilitares unionistas. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que el alcance tan limitado de la investigación «Stevens 1» difícilmente podía justificar la afirmación del gobierno de que las denuncias de connivencia se habían investigado exhaustivamente y con imparcialidad. No obstante, como consecuencia de la primera investigación se detuvo a Brian Nelson y posteriormente se lo juzgó y condenó, proceso que implicó la revelación de información relativa a la connivencia oficial en el homicidio de Patrick Finucane.

En enero de 1990, durante la investigación,unos desconocidos penetraron a la fuerza en la oficina de John Stevens en Irlanda del Norte y le prendieron fuego. De acuerdo con los informes de esa fecha, Stevens poseía duplicados de sus archivos y el fuego no había afectado su investigación. Según el Sunday Times del 21 de noviembre de 1999, el atentado fue llevado a cabo presuntamente por un equipo especial del servicio de información militar, con el fin de retrasar la investigación de John Stevens sobre las denuncias de connivencia entre este servicio y los paramilitares unionistas. Una semana después de publicarse esta información, el gobierno obtuvo una orden judicial contra el Sunday Times para impedir que el dominical continuara sacando a la luz información relativa a este incendio. El artículo se basaba en información que había proporcionado un ex agente del servicio de información del ejército perteneciente a la Unidad de Investigación.⁹ Un individuo que, según considera la policía, suministró la información bajo el seudónimo de Martin Ingram, fue detenido en diciembre de 1999 en relación con la posible violación de la Ley sobre Secretos de Estado, y posteriormente quedó en libertad bajo fianza.

La investigación de Stevens volvió a abrirse en la primavera de 1993 («Stevens 2»), cuando el director de la Fiscalía requirió al agente, a través del director de la Real Policía del Ulster, que profundizara la investigación de algunos asuntos que habían quedado pendientes tras el juicio de Brian Nelson. En esta ocasión no sólo se omitió la publicación del informe de la investigación sino que ni siquiera se hizo público un resumen. De hecho, se sabe muy poco acerca de la segunda investigación. En esa fecha, John Stevens había afirmado que estaba investigando las circunstancias del homicidio de Patrick Finucane; sin embargo, en 1999 afirmó que nunca había investigado el homicidio de Patrick Finucane. Se cree que la segunda investigación examinó el papel desempeñado por los contactos de Brian Nelson dentro del ejército, aunque no se procesó a ninguno de ellos.

«Stevens 3»

La investigación «Stevens 3» se inició en abril de 1999 con objeto de volver a examinar el homicidio de Patrick Finucane y las denuncias de la connivencia oficial en el mismo. La RUC abrió esta investigación —dirigida por John Stevens¹⁰— a raíz de la presentación ante el gobierno de un informe de British Irish Rights Watch en el que se detallaban denuncias de connivencia y se citaban como prueba documentos oficiales internos.¹¹La apertura de esta investigación fue censurada por la familia de Patrick Finucane, que afirmó: «Consideramos firmemente que esta nueva investigación policial que ahora ha sido llamada “Stevens 3” se abrió con el objeto de retrasar o evitar que se inicie una investigación judicial pública de carácter exhaustivo» .

El diario The Independent informó el 24 de enero del 2000 de que el equipo encargado de la investigación había enviado al director de la Fiscalía material en el que se mencionaban los nombres de seis miembros de la Asociación para la Defensa del Ulster en relación con el homicidio de Patrick Finucane: tres pistoleros y tres personas de apoyo. Según los informes, Stevens recomendó que se los acusara de homicidio intencional. Los informes recibidos también señalaban que los investigadores habían recogido pruebas periciales para fundamentar la alegación de que los agentes de la RUC no habían actuado para evitar el homicidio.

Hasta la fecha, se ha acusado del homicidio intencional de Patrick Finucane a una persona: William Stobie (véase supra).

«Stevens 3» es una investigación criminal sobre la identidad de los responsables de la muerte de Patrick Finucane. No puede sustituir a una investigación judicial exhaustiva sobre todas las circunstancias del homicidio, entre ellas el papel de diversos órganos del Estado en la connivencia y el papel de diversas autoridades del gobierno en el encubrimiento.

Dictamen jurídico conjunto elaborado para Amnistía Internacional

Como respuesta a la petición que formuló Mo Mowlam, a la sazón ministra para Irlanda del Norte, de que se presentaran opiniones jurídicas sobre la relación entre las diligencias criminales en curso y el establecimiento de una comisión de investigación judicial, Amnistía Internacional recabó asesoramiento legal. Los abogados Robert Owen, Q.C., Ben Emmerson y Tim Otty, expertos en legislación de derechos humanos, elaboraron un dictamen jurídico —titulado In Re The Murder of Patrick Finucane and The Case for A Public Inquiry - Joint Opinion for Amnesty International (Homicidio de Patrick Finucane y fundamentos para una investigación pública. Dictamen conjunto para Amnistía Internacional)— que entregaron a la organización el 29 de octubre de 1999. Se incluyen a continuación algunos extractos del mismo.¹²

Tras examinar la legislación británica sobre las comisiones de investigación, el dictamen establece:

[...] consideramos que el gobierno puede y, es más, debe en general abrir una investigación pública —bien mediante el mecanismo de la Ley de 1921, bien mediante otro procedimiento—, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. se han formulado denuncias que contienen indicios razonables sobre graves incidentes de conducta indebida contra personas que actuaban, o afirmaban actuar, en nombre del Estado;

(b) el elevado número de denuncias y la gravedad que les asignan sectores ajenos al gobierno menoscaban la confianza pública en la integridad del Estado y en el Estado de Derecho;

(c) el hecho o la serie de hechos a los que se refieren las denuncias son lo bastante definidos como para que una comisión de investigación pueda investigarlos con un ámbito y alcance adecuados y claros;

(d) una investigación representaría el medio más efectivo de determianr si las denuncias formuladas tienen fundamento y restaurar de ese modo la confianza pública.

18. Es evidente que todos y cada uno de los criterios mencionados anteriormente en el párrafo 17 se han cumplido en el caso de Patrick Finucane y que, por consiguiente, el gobierno dispone de abundante material para justificar el establecimiento de una comisión de investigación pública sobre las circunstancias del homicidio. Consideramos asimismo que existe una alta probabilidad de que, si el gobierno rehusara establecer tal comisión, su decisión sería susceptible de revisión judicial y constituiría una violación de sus obligaciones relativas al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Trataremos por partes cada uno de los criterios mencionados anteriormente.

Grave naturaleza y fundamento razonable de las denuncias

19. Las denuncias de connivencia del Estado en el homicidio del Sr. Finucane son obviamente de la mayor gravedad. Como se ha señalado anteriormente en los párrafos 3 a 6 y seguidamente se explica en el párrafo 20, las denuncias indican, en el extremo más grave, que hubo una participación activa del servicio de información militar y/o la RUC en el asesinato del Sr. Finucane y que éste fue seleccionado como blanco debido a su trabajo como abogado criminalista especializado en casos de terrorismo. De ser ciertas, las denuncias representarían la más grave afrenta al Estado de Derecho y al funcionamiento de un sistema democrático en Irlanda del Norte.

El carácter generalizado de las denuncias y la gravedad que se les ha asignado

21. En nuestra opinión, el grado de apoyo al establecimiento de una investigación pública sobre el homicidio de Patrick Finucane no tiene precedentes. No nos consta ninguna otra petición de investigación que haya logrado un apoyo de tal magnitud. En este sentido, consideramos de particular relevancia los siguientes puntos:

(a) la comunidad jurídica nacional e internacional se expresó al unísono para pedir que haya una investigación. Apoyaron la apertura de una investigación, entre otros: el Colegio de Abogados de Irlanda del Norte, el Colegio de Abogados Acreditados ante Tribunales Superiores de Irlanda del Norte, el Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, el presidente del Colegio de Abogados Acreditados ante Tribunales Superiores de Inglaterra y Gales, el Colegio de Abogados de Irlanda, el Colegio de Abogados Acreditados ante Tribunales Superiores de Irlanda, el Colegio Estadounidense de Abogados y la Asociación Internacional de Colegios de Abogados;

(b) la comunidad nacional e internacional de derechos humanos se mostró igualmente unánime. El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados solicitó en dos ocasiones la apertura de una investigación. Recibió el apoyo del Observador Independiente de la Legislación de Excepción, el Comisionado Independiente de los Centros de Detención, la Comisión Internacional de Juristas, el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Asociaciones de Derechos Humanos, el Comité sobre la Administración de Justicia y British Irish Rights Watch;

(c) el gobierno irlandés, después de haber estudiado el informe arriba mencionado de British Irish Rights Watch, calificó como «convincentes»¹³los argumentos a favor de una investigación;

(d) la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de suspender toda cooperación policial con la RUC hasta que se instituya una comisión de investigación independiente sobre el homicidio de Patrick Finucane;

(e) las peticiones de una investigación pública recibieron un nuevo —y trágico— impulso con el homicidio en marzo [de 1999] de Rosemary Nelson, asimismo abogada especializada en representar a personas acusadas de delitos de terrorismo, y que al parecer había sido objeto de intimidación y hostigamiento por parte de la RUC.¹⁴

Los medios más efectivos de restaurar la confianza pública

23. Consideramos que actualmente una investigación pública es el medio más eficaz —sin duda el único— de abordar las denuncias relativas al homicidio del señor Finucane y restaurar la confianza pública que éstas han menoscabado. Para llegar a esta conclusión hemos tenido en cuenta los siguientes hechos y cuestiones:

(a) La gran relevancia del caso Finucane no radica, en nuestra opinión, en la culpabilidad o la inocencia de cualquier individuo o individuos —ya sea [Alfred] William Stobie u otros— sino en los indicios de que hubo participación del Estado en el homicidio. Una comisión de investigación pública facultada para citar a testigos so pena de sanción sería la más adecuada para investigar estos asuntos. A diferencia de las acciones civiles y penales, el proceso de investigación sería inquisitivo en lugar de acusatorio, y estaría concebido específicamente para responder a las preocupaciones que se han planteado públicamente y para buscar y establecer la verdad objetiva más que para sopesar simplemente los fundamentos individuales de dos casos en conflicto;

(b) pese a que se han realizado anteriormente dos investigaciones a cargo de John Stevens sobre las denuncias de connivencia por parte de las fuerzas de seguridad, ninguno de los informes producidos como resultado de ellas se han publicado y tan sólo en una ocasión se publicó un resumen. Además, no está claro en absoluto en qué medida estas investigaciones se centraron en las denuncias de connivencia en la muerte del señor Finucane, ya que en abril de 1999 John Stevens afirmó durante una conferencia de prensa que «en ningún momento»¹⁵hasta la fecha había investigado el homicidio de Patrick Finucane, pero que sus indagaciones sobre connivencia «estaban vinculadas con el homicidio de Patrick Finucane»;¹⁶

(c) aunque se están tramitando actuaciones civiles en las que son parte la viuda del señor Finucane y el Ministerio de Defensa, este procedimiento constituye, en nuestra opinión, un medio completamente inadecuado de establecer los hechos en interés de la comunidad y ofrece sin duda una probabilidad menor de lograr este objetivo que una investigación pública. El ejemplo más reseñable de esta imperfección se halla probablemente en el proceso de exhibición de las pruebas, en el que es probable que la selección inicial de documentos en función de su pertinencia y la preparación de los documentos importantes esté a cargo de un abogado del Estado, que carecería de la perspectiva general de los temas clave de la causa que sí tendría el presidente de una comisión de investigación establecida de forma adecuada. Como ya se ha señalado anteriormente, el propósito de una acción civil es muy distinto del de una investigación, ya que la acción civil está concebida para resolver derechos individuales en lugar de responder a un asunto de interés general;

(d) por último, y haciendo nuestra la lógica del primer ministro al anunciar la segunda investigación relativa a los sucesos del «Domingo Sangriento», «[e]n todo lo que respecta a la participación del Estado, debemos estar seguros de la verdad en la mayor medida posible». Desde luego, la participación del Estado es precisamente de lo que se ocupan las denuncias más graves que ha suscitado el caso Finucane y por consiguiente consideramos que debe aplicarse la misma lógica.

24. El gobierno ha mostrado preocupación por que «muchos de los asuntos que se someterían a la consideración de la comisión de investigación probablemente estarían relacionados con actividades operativas y de información de las fuerzas de seguridad, que no podrían hacerse del dominio público»¹⁷y ha solicitado asesoramiento sobre «cómo resolver[ía] esta dificultad una investigación pública».¹⁸Pese a tratarse de un motivo de preocupación comprensible, no consideramos que la dificultad que ha identificado el gobierno es en modo alguno insuperable ni que merece que se le dé más peso de lo debido. En primer lugar, es incorrecta la interpretación de que el hecho de que el objeto de las denuncias sean los servicios de información imposibilita la realización de una investigación pública; por el contrario, denuncias de la gravedad que concierne a este caso exigen, en nuestra opinión, un examen público. En segundo lugar, aunque existen asuntos concretos que, por interés nacional, deben protegerse de la publicidad, las comisiones de investigación están dotadas de facultades para ello. La Sección 2(a) de la Ley sobre Comisiones de Investigación permite expresamente excluir al público de las actuaciones si resultara «conveniente» para el interés general.¹⁹

El dictamen jurídico pasa a argumentar que la negativa por parte del gobierno al establecimiento de una comisión de investigación pública infringiría el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se centra a continuación en la cuestión de la relación entre una investigación pública y una investigación criminal y en el temor del gobierno de que pudiera verse comprometida la investigación criminal. El dictamen afirma que «el procedimiento de investigación pública es tan válido para disipar sospechas sin fundamento como para sacar a la luz incidentes de conducta indebida y, por consiguiente, el establecimiento de una comisión de investigación no tendría, por lógica, repercusión alguna o consecuencias para la tramitación de la investigación criminal» (párrafo 28.a). El dictamen cita la postura del gobierno en otros casos en que el propio gobierno ha reconocido que no existe necesariamente contradicción entre la continuación de una investigación criminal y una investigación pública o judicial (párrafo 29).

El 15 de noviembre, Amnistía Internacional envió el dictamen jurídico a Peter Mandelson, ministro para Irlanda del Norte, instándole a que iniciara de inmediato una investigación judicial. El ministro respondió el 2 de diciembre que el gobierno estaría en mejor posición de decidir qué medidas futuras serían necesarias una vez que se conocieran los resultados de la investigación policial y las actuaciones criminales en curso.

La respuesta del ministro para Irlanda del Norte preocupa gravemente a Amnistía Internacional ya que omite referirse a los argumentos que expresa el dictamen jurídico. Éste explicaba en detalle por qué incumbía al gobierno establecer sin dilación una comisión de investigación, y por qué el anuncio, y sin duda incluso el establecimiento de tal comisión, no obstaculizaría en este punto las actuaciones criminales.

Según estableció el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados en su informe de 1998:

El principio 17 de los Principios Básicos sobre la función de los abogados dice lo siguiente: «Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada». Si es cierto que Brian Nelson informó a los servicios militares de inteligencia acerca del propósito de la UDA de asesinar a PatrickྭFinucane, como lo afirma Nelson en su diario de prisión y como parece haber sido confirmado por el testimonio del coronel J en el juicio de Nelson, el Gobierno no ha cumplido con su deber de proteger a Patrick Finucane. Másྭaún, esta omisión puede constituir una violación del artículoྭ6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las preguntas pendientes acerca del asesinato de Patrick Finucane demuestran la necesidad de una investigación judicial independiente. Mientras este asesinato siga sin ser resuelto, muchas personas de la comunidad seguirán desconfiando de la capacidad del Gobierno para hacer justicia de manera imparcial y equitativa.²⁰

El relator especial volvió a instar a que se llevara a cabo una investigación en su declaración a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su 55º periodo de sesiones, al afirmar que estaba más convencido que nunca de la necesidad de instituir una comisión de investigación pública sobre el homicidio de Patrick Finucane a efectos de establecer si había existido connivencia de las fuerzas de seguridad, incluida la RUC.²¹

A lo largo de los años, han salido a la luz indicios documentados que señalan la existencia de una práctica sistemática de connivencia entre los agentes del Estado y los paramilitares unionistas en homicidios políticos en Irlanda del Norte. No se ha llevado a cabo, hasta la fecha, un intento serio de investigar estas prácticas. De no investigarse estas denuncias, el gobierno británico corre el riesgo de seguir perpetuando el clima de impunidad para las violaciones de derechos humanos. Como ha hecho notar anteriormente Amnistía Internacional, cuando surgen denuncias de prácticas abusivas las autoridades han omitido investigar estas denuncias de manera justa, exhaustiva e independiente. Si el gobierno tiene un auténtico compromiso con las reformas recomendadas por la Comisión Patten para establecer un espíritu de respeto por los derechos humanos en el servicio de policía en Irlanda del Norte, es de vital importancia que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre la connivencia.

Amnistía Internacional insta al gobierno a que haga honor a su compromiso con el Estado de Derecho estableciendo de inmediato una comisión de investigación judicial independiente sobre todas las circunstancias del homicidio de Patrick Finucane.