Amnistía Internacional

FEDERACIÓN RUSA

Tortura, malos tratos y muerte

en el ejército

Abril de 1997 RESUMEN ÍNDICE AI: EUR 46/10/97/s

DISTR: SC/PO/CO/GR (15/97)

Amnistía Internacional sigue recibiendo informes sobre torturas y malos tratos a soldados por parte de superiores, con resultado de muerte en algunos casos, incluidos suicidios forzados. La información recibida por la organización sugiere que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre esos casos ni han puesto a disposición de la justicia a los perpetradores. Amnistía Internacional no ha sido informada de que las autoridades hayan tomado medida alguna para compensar a las víctimas de torturas y abusos en el ejército ni para erradicar la brutalidad en el seno de las fuerzas militares.

En Rusia, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres entre los 18 y los 27 años de edad. No hay ley que ofrezca una alternativa civil al servicio militar, así que cualquier objetor de conciencia está bajo amenaza de cárcel (si desean más información sobre la persecución de los objetores de conciencia en Rusia, consulten Federación Rusa: El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, Índice AI: EUR 46/05/97/s). Amnistía Internacional también ha recibido informes sobre una serie de casos de presuntas torturas y malos tratos contra objetores de conciencia.

Los oficiales de las fuerzas armadas continúan permitiendo, alentando y a menudo participando en la «dedovshchina», la violenta y cruel iniciación de los jóvenes reclutas que, en el mejor de los casos, supone forzarles a hacer trabajos domésticos, a menudo fuera de lo que son los deberes oficiales, y en el peor de los casos implica palizas, tortura, asesinato y suicidio (si desean más información sobre casos de tortura y malos tratos en la Federación Rusa consulten Torture in Russia: “This man-made Hell”, Índice AI: EUR 46/04/97).

PALABRAS CLAVE: TORTURA/MALOS TRATOS1 / MILITARES1 / MILITARES COMO VÍCTIMAS1 / OBJETORES DE CONCIENCIA / SERVICIO MILITAR / HOSTIGAMIENTO / HOMICIDIO FRUSTRADO / AGRESIÓN SEXUAL / IMPUNIDAD / LEGISLACIÓN / COMPENSACIÓN /

Este informe resume el documento Federación Rusa: Tortura, malos tratos y muerte en el ejército, Índice AI: EUR 46/10/97/s), publicado por Amnistía Internacional en abril de 1997. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Amnistía Internacional

FEDERACIÓN RUSA

Tortura, malos tratos y muerte

en el ejército

Abril de 1997

Índice AI: EUR 46/10/97/s

Distr: SC/PO/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

FEDERACIÓN RUSA

Tortura, malos tratos y muerte

en el ejército

Convención contra la Tortura Artículo 2 1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. 3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

Introducción

Amnistía Internacional sigue recibiendo informes sobre torturas y malos tratos a soldados por parte de superiores, con resultado de muerte en algunos casos, incluidos suicidios forzados. La información recibida por la organización sugiere que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre esos casos ni han puesto a disposición de la justicia a los perpetradores. Amnistía Internacional no ha sido informada de que las autoridades hayan tomado medida alguna para compensar a las víctimas de torturas y abusos en el ejército ni para erradicar la brutalidad en el seno de las fuerzas militares.

En Rusia, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres entre los 18 y los 27 años de edad. No hay ley que ofrezca una alternativa civil al servicio militar, así que cualquier objetor de conciencia está bajo amenaza de cárcel (para mayor información sobre la persecución de los objetores de conciencia en Rusia, véase Federación Rusa: El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, Índice AI: EUR 46/05/97/s). Amnistía Internacional también ha recibido informes sobre una serie de casos de presuntas torturas y malos tratos contra objetores de conciencia.

Tortura, malos tratos y muerte de soldados en el ejército en tiempos de paz: más allá de la práctica brutal de la «dedovshchina»

Los oficiales de las fuerzas armadas continúan permitiendo, alentando y a menudo participando en la «dedovshchina», la violenta y cruel iniciación de los jóvenes reclutas que, en el mejor de los casos, supone forzarles a hacer trabajos domésticos, a menudo fuera de lo que son los deberes oficiales, y en el peor de los casos implica palizas, tortura, asesinato y suicidio. En toda Rusia, los grupos de Madres de Soldados insisten en limitar el uso del término «dedovshchina» a casos de abuso violento, de tortura y malos tratos de soldados en el ejército, a menudo con el consentimiento o participación activa de los oficiales. Dicen que las autoridades evaden toda responsabilidad al escudarse en el término «dedovshchina», que aparentemente interpretan como una práctica moderada de abuso de los «novatos» por parte de los «veteranos», que se practica en todo el mundo.

Al parecer, las autoridades militares y los documentos oficiales encubren el problema de los malos tratos con eufemismos tales como «relaciones no reglamentadas» entre militares.

Muchos observadores creen que el ejército ruso es hoy una institución tipo GULAG¹, semejante a una prisión, donde el trato que reciben los soldados no difiere mucho del trato que se da a los presos y es, frecuentemente, mucho peor. En el ejército se siguen usando métodos de tortura como la «tortura por hambre», violación, palizas y otros castigos humillantes y degradantes. La unidad de investigación criminal del Ministerio de Defensa informó que en 1994, 423 soldados se suicidaron en el ejército ruso y que otros 2.500 murieron como resultado de «incidentes criminales». La Fundación por los Derechos de las Madres ha estimado que entre 4.000 y 5.000 soldados murieron en 1995 a causa de abusos o suicidios. A menudo, los soldados no informan a los oficiales sobre los actos de «dedovshchina» por miedo a las represalias.

En 1995, el Ministerio de Defensa informó que 392 militares habían muerto por causas no relacionadas con la actividad de combate, un tercio de ellos por suicidio. La Fundación por los Derechos de las Madres ha estimado que miles de soldados murieron en 1996 como resultado de actos de tortura y malos tratos de otros soldados o de oficiales, por suicidio o por no recibir suficiente atención médica. Según informes, muy pocos fueron los casos enviados a los tribunales.

La Organización de Madres de Soldados de San Petersburgo y el Comité de Madres de Soldados creen que a muchos de los que se suicidaron los llevaron al suicidio las torturas y los abusos. En octubre de 1996, la Organización de Madres de Soldados de San Petersburgo presentó un informe sobre torturas en las fuerzas armadas al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas². En este informe, la organización declaró que sólo en 1996 habían acudido a ella 601 militares que habían desertado de sus unidades porque se les sometía a torturas y malos tratos. Además, el informe afirma que «221 de estos 601 soldados fueron torturados; 34 fueron reclutados a la fuerza y 30 acudieron a las Madres de Soldados porque, o bien fueron enviados, o temían ser enviados a Chechenia ... 57 soldados fueron exonerados de servir en el ejército por una decisión judicial basada en el mal estado de salud en que se encontraban como resultado de torturas.»

La organización afirmaba en el informe al Comité contra la Tortura que de acuerdo con la información de que disponía, «en muchas unidades militares, las crueles palizas a los soldados novatos se han convertido en una práctica diaria. Las declaraciones realizadas por soldados y sus familiares describen palizas con las manos, los pies y objetos (cadenas, cinturones, etc.). Los soldados que han pasado un tiempo en prisión dicen que los convictos, tanto en las cárceles como en los campos, los trataban de manera más humana que el ejército. Hay testimonios de violaciones cometidas en el ejército. Como resultado del trato inhumano que les dan sus mandos y los soldados veteranos, soldados jóvenes han perdido la salud, y hasta la vida.»

En muchas unidades, la tortura y los malos tratos son tan comunes que se les ha ordenado a los oficiales dormir en el cuartel hasta que la situación mejore. En agosto de 1996 la agencia de noticias Itar-Tass informó que una investigación preliminar sobre el suicidio de dos marineros en un buque en el Océano Ártico atribuía las muertes a brutales palizas dadas por otros marineros. También en agosto de 1996, 30 soldados de las tropas propias del Departamento de Asuntos Internos³de la Región de Perm desertaron, quejándose de «insoportables» palizas brutales y malos tratos. Volvieron después de unos días, cuando un comandante les garantizó su seguridad. Seis soldados sospechosos de maltratar a los reclutas fueron enviados a la prisión militar y se iniciaron acciones judiciales contra ellos. Una presunta víctima de malos tratos describe lo que le pasó: «Uno de los métodos de persuasión favorito se llama la "Posición Alfa". La víctima debe agacharse hacia adelante y recibir una fuerte patada con la punta de la bota en el coxis. Esto es tan doloroso que después uno hace cualquier cosa que le pidan».

Autoridades del Ministerio de Defensa y funcionarios del Departamento de Asuntos Internos reconocieron que los malos tratos son un problema en el ejército ruso, pero afirman que es difícil de erradicar dada la calidad de los reclutas, quienes a menudo son jóvenes recogidos en las calles y que han pasado tiempo en prisión. Según informes de prensa, el 5,2 por ciento de los reclutas tienen antecedentes penales. Las autoridades militares dicen que están haciendo todos los esfuerzos para castigar tanto a soldados como a oficiales que toman parte en los malos tratos o los permiten. Sin embargo, hay informes fiables según los cuales muchos oficiales continúan permitiendo, y hasta alientan la «dedovshchina». Por otra parte, las autoridades no han investigado con prontitud las quejas sobre torturas de reclutas. En los pocos casos en los que se iniciaron investigaciones criminales, las autoridades no han llevado a los autores ante los tribunales ni ofrecido compensación a las víctimas.

En marzo de 1996, en la localidad de Khabarovsk, en dos sucesos diferentes, los soldados Mikhail Kubarsky y Nikolay Mikheyev murieron de inanición. Después de la muerte de Mikhail Kubarsky el 20 de marzo, otros 55 soldados fueron hospitalizados por encontrarse enfermos debido a la falta de alimento. Uno de ellos, Nikolay Mikheyev, murió en el hospital. El comandante de la unidad fue destituido en relación con estas muertes, y a otros nueve oficiales les impusieron medidas disciplinarias. Amnistía Internacional no ha tenido noticias de que haya habido ninguna investigación penal ni ningún procesamiento por este caso.

La Organización de las Madres de Soldados de San Petersburgo informó que en otro suceso en diciembre de 1995, médicos militares lucharon durante casi tres semanas en la localidad de Vyborg para salvar la vida al recluta de 19 años Dmitry Zhukov, que se estaba muriendo de inanición. También presentaba múltiples heridas en la cabeza y en la espalda, presuntamente como resultado de malos tratos y abusos por parte de un soldado de mayor graduación. Estaba destinado en la isla de Severny Berezovy, en el Golfo de Finlandia, con un cabo y cuatro soldados más. En una carta a su madre, Dmitry Zhukov contó que otro soldado, que estaba de hecho al mando de la base, le quitaba sus raciones de comida para castigarlo por su «lentitud». Uno de los soldados admitió después haber visto a Dmitry Zhukov comer de un cuenco para comida de perro. Fue, además, al parecer, golpeado brutalmente y hospitalizado por heridas, estomatitis (inflamación de la boca) y principio de insuficiencia renal. Se abrió un proceso penal contra el soldado al mando, al que se acusó de torturas y brutalidad. Se desconocen los resultados de estas investigaciones.

Las autoridades militares nacionales no han tomado ninguna medida para poner en marcha programas de formación y educación sistemáticos encaminados a combatir las torturas y abusos en el ejército. Tampoco el concepto de una fuerza policial militar ha avanzado más allá de la fase de discusión. Las autoridades militares todavía tienen que enfrentarse a los problemas, cada vez más graves, de las condiciones sanitarias peligrosas, las raciones alimenticias deficientes y el uso del trabajo de los reclutas para ganancia personal o privada. Hubo informes de soldados cuyos oficiales los «vendieron» como esclavos a los habitantes locales, quienes los utilizaron para trabajos forzados. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó en 1995 del caso de Mikhail Fedotov, soldado ruso que servía en el ejército ruso en Uzbekistán, que al parecer fue «vendido» por un oficial superior a los uzbekos locales y forzado a trabajar de diciembre de 1992 hasta abril de 1993, después de lo cual tuvo que ser hospitalizado por motivos psiquiátricos. Amnistía Internacional no ha tenido noticias de ninguna investigación sobre este incidente.

El trato inhumano recibido por los soldados, incluida la falta de viviendas adecuadas, la mala nutrición y las condiciones insalubres, ha tenido como resultado brotes de enfermedades como la hepatitis y la disentería. Además, los oficiales han sometido a los soldados a castigos crueles e inhumanos. En septiembre de 1994 salió a la luz un incidente, en el cual el comandante del crucero «Almiral Gorshkov», de la Flota del Norte había, al parecer, castigado a aquellos soldados que incumplían la disciplina encerrándoles en un foso de metal, algunos hasta por 370 días. Siete marineros encarcelados en una habitación que medía cuatro metros cuadrados murieron al explotar una tubería de vapor. Amnistía Internacional no ha tenido conocimiento de ninguna investigación sobre este incidente.

En 1995, Amnistía Internacional recibió una respuesta de la Oficina del Fiscal Militar Central sobre la muerte de tres cadetes de la marina y un marinero de la Flota del Pacífico en enero de 1993. Según informes recibidos en aquel momento, los cuatro sufrían desnutrición y murieron después de haber sido forzados a realizar tareas manuales muy pesadas. Se decía que dos de ellos habían sido golpeados justo antes de su muerte. Al parecer, a uno de los muertos, cadete Danilov, le habían amputado los dedos después de obligarlo a trabajar a la intemperie, a temperaturas bajísimas, sin guantes, y otros reclutas le habían golpeado con una barra metálica antes de su hospitalización. La prensa y otras fuentes llevan mucho tiempo informando que los reclutas tenían que soportar palizas, a veces mortales, y otros malos tratos de parte de los reclutas más veteranos, y que estas prácticas eran con frecuencia toleradas por quienes ejercían la autoridad.

De acuerdo con la respuesta de la Oficina del Fiscal, la investigación estableció que el cadete A. Danilov había muerto de una neumonía agravada por distrofia alimentaria, el cadete A.N. Ivanov de distrofia alimentaria, el cadete A.G. Trofimenko de caquexia (desnutrición) y el marinero Statsenko de distrofia alimentaria. El cadete Danilov también tenía lesiones leves en el cuerpo que se estimó no estaban relacionadas con la causa de su muerte, y el marinero Statsenko tenía lesiones faciales. La investigación concluyó que las muertes eran el resultado de la negligencia de los oficiales, médicos y de los encargados del entrenamiento, y de abuso de autoridad, deficiencias en la organización de la alimentación y alojamiento de las tropas, y robo de provisiones por parte de oficiales. En mayo de 1995, tres oficiales del servicio médico, un suboficial, cinco contramaestres, dos marineros y un civil habían sido condenados, a pesar de que sus sentencias no fueron especificadas en la respuesta de la Oficina del Fiscal Militar Central. Un proceso penal contra un oficial superior fue cerrado como resultado de una amnistía. Al parecer, continuaba la investigación sobre una serie de asuntos, incluida la muerte del marinero Statsenko. Amnistía Internacional no dispone de más información sobre el caso.

En varios casos fueron los propios oficiales militares quienes torturaron y maltrataron a los soldados. En mayo de 1996, la Oficina del Fiscal Militar de la Guarnición de Sertolovsky, en el distrito militar de San Petersburgo, decidió no emprender acciones penales contra dos oficiales que, según los informes recibidos, habían torturado y maltratado al soldado raso Denis Andreyev en diciembre de 1995. El fiscal militar confirmó los hechos del presunto maltrato, pero explicó su decisión de no iniciar un proceso penal debido al «por lo demás ejemplar historial y referencias positivas de los dos oficiales». En la noche del 27 de diciembre de 1995, los dos oficiales, presuntamente ebrios, despertaron y atacaron a Denis Andreyev, quien se había roto la pierna y acababa de volver del hospital a su unidad. Hay numerosas declaraciones escritas por otros soldados, testigos del incidente. Denis Andreyev, según los informes recibidos, fue entonces esposado por la espalda y brutalmente golpeado por los dos oficiales hasta perder la conciencia. Después los oficiales ordenaron que fuera encerrado durante 35 días en una celda para recibir castigo disciplinario («gauptvahta»). Según los mismos informes, el jefe de la unidad médica del ejército rehusó proporcionarle cuidado médico alguno a Denis Andreyev. Otro oficial, según los informes recibidos, llegó a la celda de Denis Andreyev y le aconsejó que se colgara para poner fin a su sufrimiento.

Sergey Bannikov, oriundo de la ciudad de Ekaterinburgo, fue reclutado por la marina el 24 de mayo de 1996, y enviado a prestar servicios en un buque cerca de la localidad de Kronshtadt, base militar que se encuentra en San Petersburgo. Afirmó haber sido objeto de palizas y de malos tratos sistemáticos a manos de otros soldados, incluidas patadas y golpes con palos en la cabeza. Trató de escapar varias veces, pero le alcanzaban y le volvían a golpear. Sergey Bannikov también afirmó que le habían obligado a escribir a su casa diciendo que a nadie debía culparse por su muerte y que había decidido suicidarse porque estaba cansado de vivir. Según informes, el 7 de agosto de 1996, presuntamente después de un intento fallido de irse del buque, sus compañeros soldados y un oficial trataron de colgarlo para presentar su muerte como un suicidio. Las huellas de la estrangulación causadas por la cuerda en su cuello fueron documentadas más tarde por las autoridades militares. En los días transcurridos hasta el 20 de agosto de 1996, Sergey Bannikov fue frecuentemente golpeado por sus compañeros. Según los informes, como resultado de estas palizas Sergey Bannikov quedó paralizado, perdió el conocimiento y fue llevado al hospital naval militar núm. 35 de San Petersburgo con graves lesiones cerebrales y heridas en la cabeza: «traumatismo craneoencefálico grave, magulladuras en la superficie del pectoral derecho.» Fue sometido dos veces a cirugía cerebral. Después de esto la Comisión Médica Militar lo declaró no apto para el servicio militar y lo envió a su casa con su madre.

Según los informes, las autoridades militares abrieron una investigación administrativa sobre el caso de los presuntos malos tratos a Sergey Bannikov. En diciembre de 1996, el teniente V.P. Kuzmin, que estaba a cargo de la investigación, concluyó: «En el transcurso de la investigación resultó claro que el marinero S.A. Bannikov, llegado a bordo el 17 de julio de 1996, empezó inmediatamente a comportarse de forma negativa, anunciando su falta de voluntad de cumplir con sus obligaciones y rehusando seguir las órdenes del comandante... A. Churakov golpeó frecuentemente a S. Bannikov; le golpeó la cabeza con los pies y otros objetos. Yo considero que el marinero A. Churakov violó las reglas de relaciones recíprocas entre militares, lo cual tuvo consecuencias graves».

«El abuso y la represión del individuo siguen siendo muy comunes, especialmente en lo que concierne a los reclutas. De acuerdo con información de la Fiscalía Militar, las violaciones del código de conducta del personal del ejército, el abuso físico por parte de los comandantes y otras violaciones graves de la disciplina, constituyeron el 16,4 por ciento de todos los crímenes registrados. 2.234 personas fueron sometidas a novatadas, conocidas como dedovshchina, y otros abusos; 55 personas murieron (en 1993 fueron 30); y 335 personas presentaron heridas físicas graves (en 1993 fueron 169). Otros temas relacionados con la protección de la vida y la salud del personal militar siguen siendo críticos. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Fiscalía Militar, en 1994 resultaron muertos 2.111 militares rusos. De ellos, 432 se suicidaron. La mayor parte de los casos de muertes y mutilaciones del personal de las fuerzas armadas se produjeron porque los oficiales responsables no cumplieron con sus obligaciones reglamentarias de proteger la vida y la salud de sus subordinados. Hasta la fecha, aún no se ha decidido si la información sobre muertes y lesiones del personal militar así como otros aspectos de la vida militar van a desclasificarse y cuando se hará. Especialmente los ministerios del Interior y de Defensa se negaron a ofrecer la información pedida por la Comisión, a pesar de que no es secreto de Estado. El ejército sigue siendo una organización “cerrada” en lo que concierne al flujo de información.» Sobre el Cumplimiento de los Derechos de la Persona y el Ciudadano en la Federación Rusa (1994-1995), Informe de la Comisión Presidencial sobre Derechos Humanos, febrero de 1996.

Se informó también, separadamente, que la Oficina del Fiscal Militar de Kronshtadt había abierto una investigación penal contra un oficial superior que presuntamente había participado en el intento de colgar a Sergey Bannikov. El 15 de enero de 1997, el tribunal militar de la guarnición de Kronshtadt declaró culpable al oficial superior, Sergey Odinokov, de «ofender a su subordinado», tal como estipula el Artículo 336(2) del Código Penal ruso. El tribunal falló que a Sergey Odinokov «se le castigará limitando su servicio a un año y reteniendo el 10 por ciento de su remuneración a favor del Estado». El Tribunal determinó además que Sergey Odinokov tenía que pagar una indemnización de 2 millones de rublos (unos 400 dólares estadounidenses) a Sergey Bannikov por «perjuicios morales». Tal como se informó en la decisión del tribunal, durante el juicio Sergey Odinokov admitió haber colgado a Sergey Bannikov delante de los otros soldados y dijo que «no era su objetivo el terminar con la vida de Bannikov ni causarle ningún daño físico. Lo hizo porque quería forzar a Sergey a no romper la disciplina militar en el futuro, y para que Sergey se sintiera avergonzado frente a los otros miembros de la tripulación. Cuando Sergey prometió no volver a salir sin autorización, él mismo aflojó la cuerda que tenía alrededor del cuello».

La Organización de Madres de Soldados de San Petersburgo, que ha estado ofreciendo apoyo a Sergey Bannikov y a su madre, ha protestado contra la decisión del tribunal por considerarla muy indulgente y ha apelado ante un tribunal superior, el Tribunal Militar de la Flota del Báltico.

El 12 de noviembre de 1996, durante la revisión del Segundo Informe Periódico de Rusia al Comité contra la Tortura, el Fiscal General Adjunto de la Federación Rusa, Mikhail Katyshev, afirmó en respuesta a la pregunta de si hay un control civil sobre la situación en las fuerzas armadas: «Bueno, el hecho de que hoy estemos contestando a muchas preguntas del Comité de Madres de Soldados quiere decir que ya hay progresos en este área. Sí, sin duda. En la URSS, el ejército era una institución cerrada y no había casi control civil. Actualmente estamos pasando por un proceso de democratización en el ejército y se están estableciendo comisiones especiales para vigilar diversos aspectos de conducta del ejército. Sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza específica del ejército, la forma principal de vigilancia del cumplimiento de las leyes en el ejército ruso se lleva a cabo por la Oficina del Fiscal Militar Principal y sus subsidiarias.»

Ausencia de investigaciones prontas e imparciales de las denuncias sobre torturas y muertes en el ejército, y falta de compensación para las víctimas

Según la Convención contra la Tortura, Rusia está legalmente obligada a considerar todos los actos de tortura y maltratos como delitos en las leyes nacionales. La Convención exige también que los castigos por torturas reflejen su «gravedad» (Artículo 4). Sin embargo, la ley en Rusia no cumple con estos requerimientos. El Segundo Informe Periódico de Rusia al Comité especifica en su punto 23: «La legislación penal de la Federación Rusa no contiene ninguna norma que establezca directamente responsabilidades por actos de tortura.»

Ni la Constitución de la Federación Rusa ni la legislación ofrecen una definición del término «tortura». Sin embargo, el nuevo Código Penal ruso⁴da un paso en la dirección correcta al introducir, por primera vez, el término «tortura» como característica de dos delitos castigados por la ley: «malos tratos» (Artículo 117) y «coerción para obtener declaraciones» (Artículo 302).

La Constitución Rusa de 1993, en su Artículo 21(2), establece que «nadie deberá ser sometido a tortura, violencia u otro trato o pena cruel o degradante. Nadie puede ser objeto de experimentos médicos, científicos u otros sin su consentimiento voluntario.» Tampoco penaliza los actos de tortura contra los miembros de las fuerzas armadas la Ley sobre Personal Militar del 22 de enero de 1993. En su Artículo 5(2) dispone que «el insulto a los militares, la violencia y la amenaza de usar violencia, o poner en peligro su vida, salud, dignidad, residencia, propiedad y otros actos que violen sus derechos en relación con el cumplimiento de las responsabilidades del servicio militar, se consideran como circunstancias agravantes al juzgar el grado del delito y el tipo de castigo».

El hecho de que en la Constitución rusa o en la legislación nacional en general no se incluya ninguna definición de tortura, especialmente en las leyes que rigen el funcionamiento de las fuerzas armadas, ha obstaculizado los esfuerzos de los tribunales por aplicar directamente disposiciones constitucionales en casos de violaciones de derechos humanos, incluidos casos de tortura y malos tratos, dado que no han podido apoyarse en el Artículo 1 de la Convención contra la Tortura.

De acuerdo con la información oficial ofrecida por Rusia al Consejo de Europa al pedir aceptación como Estado miembro, existen actualmente en Rusia 160 tribunales militares. Estos tribunales militares son los que se encargan directamente de los delitos cometidos por los militares (del ejército, del Departamento de Asuntos Internos y de los Servicios de Seguridad Federales), y de sus denuncias administrativas. Según informes, los tribunales juzgan entre 12.000 y 14.000 casos penales por año, y entre 13.000 y 15.000 denuncias administrativas. Según la misma información oficial, un 20 por ciento de todos los casos penales están relacionados con presuntos malos tratos a militares. Son cerca de 700 los jueces militares que trabajan en los tribunales. Los fiscales militares son responsables ante la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa. Sin embargo, no existen abogados defensores militares especiales.

Los grupos de derechos humanos de Rusia han afirmado que hay entre 4.000 y 5.000 muertes por año en el ejército en época de paz y que la mayor parte no son investigadas apropiadamente a pesar de existir serios indicios de que muchos soldados mueren como resultado de torturas y malos tratos. De acuerdo con las quejas de las familias de los soldados, era prácticamente imposible que se investigase la causa de las muertes y que los culpables fueran llevados ante la justicia.

Según informes, en una carta enviada a la fundación benéfica El Derecho de la Madre, un joven de Moscú declaró después de ser desmovilizado del Ejército: «¿Qué tipo de máquina es ésta que mutila y lisia a la gente? Y no sólo físicamente. Le quiebra sistemáticamente el espíritu, succiona a la persona como en una inmensa trituradora de carne, de la cual se emerge cortado en pedacitos». (Verónica Marchenko, Habitación 20).

El relator especial del Comité sobre Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, Rudolf Binding, declaró en su informe de enero de 1996 sobre la solicitud de ingreso presentada por Rusia al Consejo: «A pesar de los intensos esfuerzos realizados por mi parte, no se me dieron las cifras de muertes por accidente, homicidios involuntarios y asesinatos en el seno del ejército. Estoy muy preocupado, tanto por los informes de malos tratos, como por la alta tasa de muertes en las fuerzas armadas rusas. Es necesaria una investigación adecuada y detallada en todos los casos de este tipo. Los casos de maltrato y de muertes no explicadas deberían reducirse, si no eliminarse, como un asunto de la mayor prioridad».

Sin embargo, las disposiciones del Artículo 12 de la Convención contra la Tortura, que establece que debe iniciarse una «investigación pronta e imparcial» cuando haya motivos razonables para creer que pueden haberse producido torturas o malos tratos, aun si no hubiese denuncia formal, son puestas en práctica de manera inadecuada en la ley rusa.

La ley correspondiente no se refiere específicamente a los casos de tortura. El Artículo 2 del Código de Procedimiento Penal estipula que el objetivo del procedimiento penal es «una detección rápida y completa de los delitos, la condena de los delincuentes y la aplicación correcta de la ley para que toda persona que haya cometido un delito sea justamente castigada y ninguna persona inocente sea enjuiciada o sentenciada». El Artículo 3 del Código de Procedimiento Penal estipula que es el deber del tribunal, fiscal, investigador u organismo encargado de la investigación, dentro de los límites de su competencia, instituir un procedimiento penal cuando se descubre un indicio de delito, y tomar todas las medidas que ofrece la ley para asegurarse de que el delito se ha producido, identificar a los delincuentes y asegurar que son castigados.

En la práctica, la ineficacia de los tribunales a la hora de abordar las denuncias relacionadas con los derechos humanos y su limitada independencia ha persuadido a las víctimas de torturas y malos tratos a presentar más a menudo sus denuncias ante la oficina del fiscal. En ausencia de mecanismos no judiciales alternativos, se sigue creyendo en Rusia que la fiscalía tiene el poder y la influencia necesarias para asegurarse de que se hace justicia; además sus costos son mucho menores que los de un tribunal.

De igual modo, las investigaciones sobre presuntos casos de tortura y maltrato a reclutas por parte de sus superiores o de muerte de soldados en tiempos de paz siguen siendo inadecuadas y rara vez se lleva a los culpables ante la justicia. En gran parte, el ejército sigue siendo una institución cerrada donde la investigación de las denuncias se lleva a cabo sin control público ni apertura por parte de los militares.

Los homicidios cometidos por otros soldados o por mandos aparecen frecuentemente disfrazados como suicidios o accidentes. Un oficial militar que pidió que no se mencionara su nombre, declaró a la prensa: «La verdad sobre cómo mueren los soldados ─ya sean accidentes, homicidios o suicidios─ sencillamente se oculta». Según informes, las autoridades militares rusas, además de controlar la información contenida en los certificados de defunción utilizan ataúdes de zinc sellados para repatriar los cadáveres, práctica que esconde las desagradables circunstancias de la muerte. Existen cartas de padres que describen su conmoción cuando reciben telegramas en los que se les notifica que su hijo se suicidó; pero, según informes, cuando abren el ataúd, se encuentran con abrasiones, laceraciones, hematomas y contusiones.

El Fiscal General Adjunto de la Federación Rusa declaró al Comité contra la Tortura el 12 de noviembre de 1996:

Me gustaría hablar brevemente sobre un tema que ya mencioné: la situación en el ejército. En cada caso individual hay organismos que regulan las relaciones entre el personal militar. Debemos reconocer que hay problemas ahí. [Para los casos de informes de abusos] hay procedimientos de verificación y vigilancia, se lleva a cabo una investigación si hay una sucursal de la Oficina del Fiscal Militar que esté ubicada cerca del lugar donde se produjo el abuso, sus fiscales realizan inmediatamente una investigación. En los casos en los que la guarnición en cuestión está en un lugar lejano, la legislación vigente estipula que el comandante de la unidad tiene la potestad de actuar en nombre de estos organismos. En estos casos, el comandante designará personas específicas que a partir de ese momento tendrán que informar directamente a la Oficina del Fiscal Militar y que tienen autoridad para iniciar procedimientos investigatorios. En muchos casos cooperamos muy de cerca con el Comité de Madres de Soldados y nos reunimos periódicamente con ellas para llevar a cabo visitas conjuntas. Nos hemos reunido recientemente con el Fiscal General de la Federación Rusa en dos ocasiones, y cuando es necesario investigar estos desafortunados incidentes la Oficina del Fiscal también participa y en casos que se consideran especialmente graves los fiscales estarán secundados por la Oficina del Fiscal General. En los últimos años, incluso el Comité de Madres de Soldados ha reconocido que la Oficina del Fiscal General ha avanzado en su trabajo en este área.

Los informes sobre investigaciones inadecuadas, los presuntos planes para esconder los incidentes de los superiores, la práctica de los certificados de defunción presuntamente falsificados y los comunicados con información falsa dirigidos a los padres, todo indica que las autoridades no abordan el tema del maltrato en el ejército.

Según los informes recibidos, aquellos que informan sobre malos tratos a las autoridades superiores para que éstas actúen, son tratados más duramente que quienes callan. Según estos informes, las palizas infligidas como castigo son a menudo brutales y no hay posibilidad de protección para la víctima. Quienes presentan denuncias o se recuperan después de una hospitalización son devueltos a sus unidades mientras se investiga el caso, y quedan de nuevo a merced de los presuntos perpetradores.

La ineficacia de las normas que rigen la protección de los derechos de los reclutas permite a menudo que las víctimas de presuntos malos tratos sean devueltas a sus mismas unidades, donde podrían sufrir la venganza de sus compañeros soldados o de los oficiales al mando, resentidos por haber sido identificados ante la autoridad superior. Por temor a las represalias, las víctimas vacilan antes de prestar testimonio. En vez de hacerlo, explican lo qué ha pasado en cartas a sus familias, quienes a veces toman la iniciativa y presentan una denuncia sobre presunto maltrato. También suelen buscar la ayuda de las organizaciones y comités de las Madres de Soldados.

Diferentes grupos de derechos humanos de Rusia, incluida la fundación benéfica El Derecho de la Madre, han declarado asimismo que, al parecer, las autoridades militares que investigan los casos de muertes a consecuencia de torturas y malos tratos intentan presentarlos como «accidentes» o «suicidios». Hay además un militar especial conocido como «investigador de unidad». Estos investigadores son generalmente el oficial al mando de la unidad u otro oficial superior de la misma unidad militar. Tienen la potestad, de acuerdo con el reglamento militar, de recoger la información inicial, los testimonios de los testigos y las pruebas, preparándose para la futura investigación oficial de los casos de presuntos malos tratos y muertes. Según informes, a menudo los «investigadores de unidad» han tratado de falsificar u ocultar pruebas de los malos tratos o de la causa de la muerte para proteger el buen nombre de la unidad bajo su mando.

Los padres de Aleksandr Suklomanov, que murió el 18 de febrero de 1994 en la unidad militar núm. 30087, aseveraron que los oficiales de la unidad les habían confiscado una prueba importante, la tarjeta de identificación militar de su hijo. Según los informes, las autoridades les quitaron dicha tarjeta de identificación después que un examen forense independiente concluyó que el orificio que presentaba la tarjeta no era resultado de un balazo sino de una cuchillada. Esta conclusión, así como otras pruebas, sugerían que Aleksandr Suklomanov no murió debido a un «suicidio con arma de fuego», versión oficial de la causa de su muerte, sino que fue, presuntamente, asesinado.

Algunos padres afirmaron que el oficial que les acompañaba les impidió abrir el ataúd que contenía el cadáver de su hijo durante el funeral. Los padres dijeron que es ésa la forma en que los oficiales evitaban que vieran posibles magulladuras u otros indicios de torturas o malos tratos, a pesar de que la versión oficial de la muerte era que se trataba de un «suicidio» o un «accidente».

Riesgo de malos tratos bajo custodia policial para los objetores de conciencia

La Organización de Madres de Soldados (organización no gubernamental) del pueblo de Chelyabinsk expresó su preocupación en diciembre de 1995 por el hecho de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hubieran utilizado las disposiciones del Decreto Presidencial núm. 1226 sobre la lucha contra la delincuencia organizada (de 14 de junio de 1994) para detener a objetores de conciencia al servicio militar. Según informes, agentes del Departamento de Asuntos Internos se han remitido, en diversas ocasiones, a las disposiciones del Decreto núm. 1226 para registrar los domicilios de objetores de conciencia o para detenerles, sin una orden judicial ni la denuncia de un fiscal.

El decreto presidencial, que sigue vigente, permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tener detenidas a personas sospechosas de estar vinculadas con la delincuencia organizada hasta 30 días sin cargos y sin acceso a un abogado. Esto está en contradicción con el Artículo 22 de la Constitución Rusa, que estipula que una persona no podrá estar más de 48 horas detenida sin que un tribunal se pronuncie sobre la legalidad de su detención. También viola el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp). El decreto presidencial tampoco hace mención del derecho de los acusados a recibir asistencia letrada durante el periodo de detención.

La autoridades encargadas de hacer cumplir la ley usan ampliamente este decreto, especialmente contra las minorías étnicas del Cáucaso. Los presuntos delincuentes, detenidos en virtud de las disposiciones de este decreto y sin acceso al mundo exterior, a menudo son objeto de torturas y maltrato por parte de la policía y de funcionarios del Departamento para Combatir la Delincuencia Organizada (véanse más detalles sobre casos individuales de tortura y maltrato a sospechosos detenidos en virtud de las disposiciones de dicho decreto en Torture in Russia: «This man-made Hell», Índice AI: EUR 46/04/97).

Planes de reforma del ejército

Durante su campaña de reelección a mediados de 1996, el presidente Yeltsin prometió que Rusia tendría un ejército profesional para el año 2000 y que se eliminaría el servicio militar obligatorio. El 16 de mayo de 1996, el presidente Yeltsin ofreció una visión general de sus puntos de vista sobre la reforma del ejército en el Decreto Especial núm. 722 sobre la transición hacia el establecimiento de un ejército profesional en Rusia.

Los observadores piensan que los planes de reforma del ejército no han avanzado mucho después de las declaraciones hechas por el Presidente el año pasado. Según informes, el presidente Yeltsin notificó al ministro de Defensa, Igor Rodionov, el 26 de febrero de 1997, que debía presentar resultados concretos en vez de quejarse sobre el mal estado de las fuerzas armadas. Un comunicado oficial de la administración presidencial aclaró que el presidente Yeltsin desaprobaba la declaración anterior hecha por Rodionov en la cual el ministro advertía que Rusia podía «perder el control de sus armas nucleares», y que sus defensas podían ser «destruidas» si el gobierno no actuaba rápidamente para frenar el deterioro de la situación en las fuerzas armadas. «El presidente piensa que es necesario subrayar que es sobre todo el ministro quien es responsable de la situación en las fuerzas armadas», afirmaba el comunicado. «El presidente sabe que las cosas son difíciles para los soldados hoy en día. Pero lamentarse no va a ayudar. Es necesario tomar medidas concretas.»

Rodionov ha exigido repetidas veces mayores fondos para un ejército inflado y con escasez de dinero, diciendo que sin ellos esta reforma tan necesaria no iba a poder siquiera iniciarse. En su declaración, el presidente Yeltsin admitió que la reforma militar sería lo único que podría mejorar la situación en las fuerzas armadas, pero pidió que Igor Rodionov y el Secretario del Consejo de Defensa, Yury Baturin, coordinaran sus posiciones sobre el tema. El ministro de Defensa, el cual según informes anunció en febrero de 1997 que Rusia planeaba reducir sus fuerzas armadas en 200.000 hombres para fines de año dijo después que Yury Baturin estaba tratando de «dar seguridades diciendo que todo estaba en orden en el ejército». Los observadores comentaron que entre Igor Rodionov y Yury Baturin había un total desacuerdo sobre cómo llevar a cabo la reforma. Según informes, Igor Rodionov quiere reducir los efectivos del ejército y al mismo tiempo llevar a cabo una modernización del equipamiento. Yury Baturin, por su parte, querría una inmediata reducción del personal y no empezar la modernización hasta el año 2000. La reforma tiene como objetivo convertir un ejército de 1.500.000 soldados basado en el reclutamiento en un ejército profesional integrado por 1.250.000 soldados para el año 2000.

Otro observador, Sergey Yushenkov, miembro del Comité de Defensa del Parlamento Ruso, presentó su visión de lo que era una reforma del ejército diciendo: «La reforma del ejército incluye todo un sistema: un instituto civil para la coordinación y gestión y un ministro de defensa civil. El control civil del ejército no sólo incluye tener un ministro de Defensa civil, sino también un total control del Parlamento sobre el ejército. Hoy en día el Parlamento no ejerce control alguno sobre las fuerzas armadas ni puede iniciar una investigación. La reforma deberá permitir que sea el Parlamento quien seleccione y designe a los generales que dirigirán el Cuartel General del ejército, o por lo menos permitir que el Parlamento emita recomendaciones para la designación de los generales».

Asimismo, los informes sugieren que entre oficiales y soldados hay una falta de capacitación y de conocimiento sobre la prohibición de la tortura. Amnistía Internacional cree que una futura reforma del ejército debería incluir, como prioridad, tomar las medidas necesarias para que todo el personal del ejército sea informado sobre la prohibición de la tortura y los malos tratos, independientemente de que las futuras fuerzas armadas rusas estén compuestas por reclutas o soldados y oficiales profesionales.

Falta de medidas de las autoridades para evitar las torturas y los malos tratos en el ejército

En sus conclusiones tras el estudio en noviembre de 1996 del Segundo Informe Periódico de Rusia sobre su cumplimiento de la Convención contra la Tortura, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por el hecho de que soldados jóvenes del ejército ruso recibieran un trato brutal de soldados de mayor edad sin que las autoridades tomaran las medidas adecuadas para remediarlo.

El Comité de Derechos Humanos expresó en julio de 1995 su preocupación al gobierno Ruso en el párrafo 21 de sus comentarios: «El Comité está, asimismo, seriamente preocupado por las denuncias sobre crueldad y malos tratos generalizados contra jóvenes reclutas.»5 El Comité instaba, en el párrafo 39, al gobierno ruso a: «tomar medidas severas para asegurarse de que los malos tratos y abusos contra los reclutas por parte de oficiales y compañeros soldados terminan inmediatamente.»6

Los miembros del Comité, durante la revisión del informe, se refirieron a informes procedentes tanto de Amnistía Internacional y de grupos rusos, como la Organización de Madres de Soldados de San Petersburgo, quienes informaron sobre presuntos casos de torturas y malos tratos en las fuerzas armadas rusas. Declararon que:

... otra organización no gubernamental, las Madres de Soldados de San Petersburgo ha afirmado que el trato del ejército a sus propios reclutas en muchas ocasiones viola el Artículo 16 y ha expuesto en un informe que nos presentó varios casos. Estos casos tienen que ver con el comportamiento de soldados más veteranos hacia jóvenes reclutas, así como de oficiales superiores, sobre todo por omisión, al no tomar medidas disciplinarias contra los otros soldados y oficiales más veteranos. Querríamos pedirle que comentara esto: ¿qué se hace exactamente en el ejército para abordar casos de este tipo y qué supervisión judicial existe de la conducta de los militares para con su propia gente?

Yury Ivanov, director adjunto del Comité sobre Reforma Judicial y Legislativa del Parlamento Ruso respondió en nombre de la delegación del gobierno ruso:

No voy a decirles que no están suficientemente bien informados actualmente. Sin embargo, las referencias hechas por el Señor Pikis, el Señor Burns y otros miembros se basan en la información recibida de Amnistía Internacional y de la Organización de Madres de Soldados. Obviamente, toda información tiene valor. Pero debemos tener en consideración que el Comité de Madres de Soldados es una organización bastante parcial, con un interés específico. Las entiendo perfectamente bien. Afortunadamente mi hijo no tiene más que cinco años. Si estuviera en edad de hacer el servicio militar me pensaría dejarle ir a Chechenia o no. Sin embargo, me gustaría que ustedes prestaran atención, no sólo a la información proveniente de organizaciones no gubernamentales sino también a la de las organizaciones gubernamentales.

Rusia se convirtió en miembro del Consejo de Europa el 28 de febrero de 1996. Uno de los puntos a los que se comprometió el gobierno ruso con el Consejo de Europa en el momento de su adhesión fue adoptar una ley sobre servicio militar alternativo, tal como dispone el Artículo 59 de la Constitución y reducir, si no eliminar, los casos de malos tratos y muertes en las fuerzas armadas fuera de los conflictos militares.⁷

Recomendaciones a los militares y autoridades del gobierno ruso para la prevención de la tortura y los malos tratos en el ejército

Tanto la tortura como el maltrato de personas, en cualquier circunstancia, están expresamente prohibidos en los acuerdos internacionales en los que Rusia es parte, como la Convención contra la Tortura y el pidcp. Amnistía Internacional reconoce los problemas que pueden existir dentro del sistema de las fuerzas armadas, por ejemplo los causados por falta de fondos y de formación apropiada del personal militar. Sin embargo, estos problemas nunca podrán ser esgrimidos como excusa para justificar la práctica de la tortura y de los malos tratos deliberados en el seno del ejército. Amnistía Internacional cree que es responsabilidad de las autoridades rusas tomar medidas inmediatas para eliminar estas prácticas ilegales de las fuerzas armadas. Amnistía Internacional pide a las autoridades que tomen medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo para evitar los actos de tortura en el ejército, incluida la creación de organismos de control civil sobre la situación de cada unidad del ejército.

Amnistía Internacional recomienda que las autoridades, de forma prioritaria:

❍ penalicen la tortura como delito específico y le impongan el castigo apropiado en virtud de las leyes nacionales, tal como define la Convención contra la Tortura, y revisen todas las leyes nacionales que rigen las fuerzas armadas y el comportamiento de los militares e incluyan la prohibición de la tortura y los malos tratos;

❍ supriman todas las leyes, normas y disposiciones federales, locales o institucionales relacionadas con las actividades de las fuerzas armadas que violen la Constitución y las normas internacionales sobre el derecho a la objeción de conciencia y los derechos humanos de los militares;

❍ lleven a cabo investigaciones prontas e imparciales de todas las denuncias sobre torturas y malos tratos a reclutas por compañeros soldados u oficiales superiores, incluidas aquellas que tienen como resultado la muerte, y también cuando haya motivos razonables para creer que se han producido torturas y malos tratos, aun cuando no se haya producido ninguna denuncia;

❍ como parte de estas investigaciones, garanticen que se llevan a cabo con prontitud reconocimientos médicos imparciales y profesionales de los soldados que han denunciado torturas o que puedan haber sido torturados;

❍ lleven a los responsables de torturas y malos tratos de reclutas ante los tribunales de justicia;

❍ se aseguren de que todas las víctimas de torturas y malos tratos tienen acceso a los medios para obtener reparación y pueden ejercer el derecho a obtener una compensación justa y adecuada, incluidos los medios para una rehabilitación tan completa como sea posible;

❍ se aseguren de que la información sobre la prohibición absoluta del uso de la tortura y los malos tratos está totalmente incluida en la formación del personal militar, de los propios reclutas y de otros miembros de las fuerzas armadas;

❍ establezcan un sistema eficaz de control civil sobre las actividades de cada unidad del ejército, con miras especialmente a la investigación de los casos de presuntas torturas y malos tratos;

❍ permitan a los miembros de la comunidad de derechos humanos, representantes religiosos, personal médico y otras organizaciones civiles visitar regularmente las unidades del ejército y reunirse con los reclutas;

❍ tomen inmediatamente las medidas necesarias para abordar las preocupaciones y recomendaciones del Comité contra la Tortura; que tomen medidas urgentes para poner fin a la práctica de la tortura y los malos tratos en el ejército, conocida como dedovshchina, y lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces sobre todas las denuncias individuales planteadas por los reclutas y sus familias;

❍ den los pasos necesarios para aplicar de forma efectiva las disposiciones constitucionales y las normas internacionales sobre la prohibición de la tortura en lo que respecta a la reforma del ejército ruso, que está previsto esté completa para el año 2000.