Documento - Russian Federation: President Vladimir Putin must deliver on an enabling environment for civil society in Russia

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA



Índice AI: EUR 46/031/2006 (público)

Servicio de Noticias: 174/2006

5 de julio de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR460312006



Federación Rusa: El presidente Vladimir Putin debe ofrecer un entorno propicio para la sociedad civil en Rusia



(Moscú) El presidente Vladimir Putin debe cumplir con carácter urgente su compromiso público de revisar la aplicación de la legislación rusa que rige la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, compromiso que formuló ayer en las reuniones mantenidas con organizaciones no gubernamentales (ONG) en el contexto de la cumbre del Grupo de los ocho países más industrializados (G-8) que se va a celebrar próximamente en San Petersburgo. Amnistía Internacional es una de las ONG nacionales e internacionales que pide la reforma de esta legislación, que en su opinión menoscaba la legítima labor de la sociedad civil en la Federación Rusa y no cumple totalmente las normas internacionales.


El presidente, aunque rechazó la petición de modificar la ley federal, accedió a revisar su reglamento de aplicación y ofreció garantías de que no se impediría a las ONG, tanto las extranjeras como las rusas, desempeñar sus actividades legítimas.


“Esta revisión debe realizarse lo antes posible, antes de que los peores aspectos de la legislación se hagan realidad –declaró Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, después de la reunión informal de tres horas que mantuvieron con el presidente Putin varios directores de organizaciones no gubernamentales internacionales en Moscú el 4 de julio–. La prueba real de las palabras del presidente será la creación de un entorno auténticamente propicio para las ONG en la propia Rusia, no sólo en la escena general del G-8.”


El presidente Putin firmó la nueva ley sobre organizaciones de la sociedad civil el 10 de enero de 2006, y la ley entró en vigor tres meses después. Aunque el presidente afirma que su objetivo es aportar orden, y no restricciones, a las actividades de las ONG, Amnistía Internacional considera que, por el contrario, esta ley menoscaba su labor al conferir a las autoridades mayores facultades de supervisión de la financiación y de las actividades de las ONG rusas y extranjeras. La experiencia hasta la fecha es que la ley es indebidamente onerosa al desviar recursos de programas fundamentales, al tiempo que emplea un marco regulador que puede aplicarse de forma arbitraria, y contiene disposiciones clave que carecen de una definición legal precisa y sanciones desproporcionadas.


A petición de Rusia, el Consejo de Europa (organismo intergubernamental creado para defender los derechos humanos, la democracia parlamentaria y el Estado de derecho) revisó el primer borrador de la ley y formuló varias recomendaciones, algunas de las cuales se incorporaron en la versión final por medio de enmiendas adoptadas por la Duma (Parlamento). Sin embargo, el Consejo de Europa sigue expresando preocupación por los “excesivos poderes de supervisión” que prevé la ley, y por el posible efecto discriminatorio de las enmiendas, que imponen un control aún más estricto a las ONG extranjeras.


En las reuniones mantenidas, el presidente Putin reafirmó su oposición absoluta a la financiación extranjera de quienes realizan “actividades políticas” en la Federación Rusa. No obstante, la ley no ofrece ninguna definición legal clara de “actividad política”. A Amnistía Internacional y a otras entidades les sigue preocupando que la imprecisión con que se enmarca esta cuestión deja la puerta abierta a que las ONG que critican las políticas de derechos humanos del gobierno estén en conflicto con las restricciones y la aplicación de la ley.


“La carta fundacional de las Naciones Unidas reconoce la legitimidad de la sociedad civil, y en los últimos años hemos visto su creciente poder colectivo, no sólo para influir, sino para establecer el programa de actuación y cambiar la opinión mundial –declaró Irene Khan–. La defensa del cambio político tanto en el ámbito mundial como en el nacional es una función esencial de la sociedad civil, y las ONG son clave para ello. Las leyes que restringen dicha función u otras actividades legítimas ponen en duda el compromiso de Rusia con una sociedad civil auténticamente libre e independiente”, añadió.


Rusia desempeña un papel destacado en la escena mundial actual, al presidir tanto el G-8 como el Comité de Ministros del Consejo de Europa, y también como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y miembro elegido del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, Amnistía Internacional pide al presidente Putin que demuestre su liderazgo actuando en relación con el tiempo que dedicó ayer a escuchar los mensajes de la sociedad civil, tanto nacional como internacional.


“Apreciamos el esfuerzo personal que ha hecho el presidente Putin para reunirse y participar activamente en debates mantenidos en reuniones formales e informales con ONG, tanto rusas como internacionales –ha declarado Irene Khan–. Sin embargo, este esfuerzo ha de ir ahora emparejado con medidas concretas para permitir que las ONG de la Federación Rusa actúen sin cargas ni restricciones indebidas. De otro modo, su tentativa de acercamiento no habrá sido más que un ejercicio de relaciones públicas.”


Información complementaria

Irene Khan formó parte del grupo de directores de 12 ONG internacionales que participaron en una amplia reunión con el presidente Putin el pasado día 4 de julio, con motivo de la próxima cumbre del G-8 que se celebrará en San Petersburgo, Rusia, del 15 al 17 de julio de 2006. En la reunión, los directores de las ONG internacionales debatieron diversas cuestiones con el presidente, incluidas las relativas a energía y medio ambiente, pobreza y desarrollo, y derechos humanos y seguridad mundial. La ley sobre ONG fue objeto de un debate sustancial, en el que el presidente Putin reiteró el compromiso –formulado previamente, en un foro general de ONG de todo el mundo, titulado “G-8 Civil”– de revisar la aplicación de la ley.




Documento público

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