Justicia en bruto – La ley y los derechos humanos en la Federación Rusa

Amnistía Internacional es un movimiento mundial integrado por personas de todo el mundo que trabajan en favor de principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos.

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Para hacer posible ese mundo, la misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia y de expresión y a no sufrir discriminación, en el contexto de su trabajo de promoción de todos los derechos humanos.

Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos.

Amnistía Internacional cuenta con una variada red de miembros y simpatizantes que se extiende por todo el mundo. Según los últimos cálculos, el número de miembros, simpatizantes y suscriptores de la organización en más de 150 países y territorios superaba el millón y medio. Aunque estas personas son de toda condición y de muy diversas convicciones y creencias políticas y religiosas, las une la voluntad común de trabajar por un mundo en el que todos disfruten de los derechos humanos.

Amnistía Internacional es un movimiento democrático y autónomo. Sus principales decisiones sobre asuntos políticos se adoptan en un Consejo Internacional constituido por representantes de todas las Secciones nacionales de la organización.

Las Secciones nacionales de Amnistía Internacional y los grupos voluntarios locales son quienes fundamentalmente se encargan de financiar al movimiento. La organización no solicita ni acepta contribuciones de gobiernos para realizar su labor de investigación y campaña contra las violaciones de los derechos humanos.

Info editorial

Se advierte a los lectores que algunas de las fotografías y casos de este informe pueden herir su sensibilidad.

© Edición española a cargo de:

Editorial Amnistía Internacional (EDAI)

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http://www.amnistiainternacional.org

Publicado originalmente en inglés en el 2003 con el título

Rough Justice – The law and human rights in the Russian Federation

Amnesty International Publications

Peter Benenson House

1 Easton Street

Londres WC1X 0DW

Reino Unido

http:/www.amnesty.org/russia

Índice AI: EUR 46/054/2003/s

© Copyright Amnesty International Publications. Reservados todos los derechos. La reproducción de cualquier apartado de esta publicación queda totalmente prohibida, así como su almacenamiento en la memoria de computadoras, su transmisión, fotocopia y grabación por medios electrónicos o mecánicos de reproducción, sin previa autorización de la editorial.

Texto de contraportada

Desde su nacimiento, en 1991, la Federación Rusa ha reformado sustancialmente su ordenamiento jurídico. Este informe repasa el curso histórico del sistema de justicia, examina el impacto que han producido en él los instrumentos internacionales de derechos humanos, y evalúa la forma en que se han aplicado las reformas legislativas.

Aunque ha extendido su alcance, la ley en la Federación Rusa sigue ofreciendo una protección muy limitada a mucha gente. Este informe de Amnistía Internacional señala cuatro áreas en las que la ley no está proporcionando justicia:

· el mantenimiento del sistema de propiska(registro de residencia) en Moscú, en abierto desacato de los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional;

· la impunidad de que disfrutan los funcionarios del Estado en virtud de la Ley para Combatir el Terrorismo;

· la institucionalización y abandono de los niños con discapacitación mental;

· la violación de los derechos humanos de los presos, especialmente de los condenados a cadena perpetua.

Este informe forma parte de una gran campaña mundial que Amnistía Internacional lanzó en octubre del 2002, bajo el lema Justicia para todos,para oponerse a los abusos que se cometen contra los derechos humanos en la Federación Rusa. La campaña pretende mostrar la discrepancia entre la protección que la ley ofrece a la población de la Federación Rusa en materia de derechos humanos, y los abusos generalizados que continúan constituyendo la realidad cotidiana.

JUSTICIA EN BRUTO:

LA LEY Y LOS DERECHOS HUMANOS

EN LA FEDERACIÓN RUSA

ÍNDICE

Capítulo 1

Introducción

La transición de una economía basada en «órdenes administrativas» a una economía de mercado es un rasgo de la Federación Rusa que ha podido observar cualquier persona que haya visitado el país desde su aparición como Estado soberano en diciembre de 1991. Menos fácil de percibir ha sido, en cambio, la tortuosa transformación de su sistema de justicia, que comenzó en agosto de 1991, cuando Boris Yeltsin, a la sazón presidente de la República Socialista Soviética Federativa de Rusia, prohibió las organizaciones del Partido Comunista en los tribunales y en todos los demás lugares de trabajo.

El presente informe, elaborado en abril del 2003, unos 12 años después de que la Federación Rusa comenzara a realizar cambios fundamentales en su sistema de gobierno, trata de las reformas jurídicas efectuadas hasta ahora. Apoyándose en la información recabada en más de 20 regiones, en muchos casos directamente, en visitas de investigación y en juicios a los que se enviaron delegados en calidad de observadores, el informe examina hasta qué punto esas reformas han permitido a los ciudadanos interponer un recurso rápido, justo y efectivo cuando han sido víctimas de una injusticia.(1)

Las dos guerras de la República Chechena (Chechenia) han ensombrecido los primeros tiempos de la Federación Rusa como Estado soberano, debido a los graves abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales y por los combatientes chechenos en materia de derechos humanos. Hasta ahora, son muy pocos los casos en que se ha perseguido por estos abusos a las fuerzas del gobierno, y cuando se ha hecho ha sido con largas demoras. Las guerras han puesto también de manifiesto la existencia de fallos institucionales que privan a los ciudadanos del ejercicio pleno de los derechos humanos en las 89 partes constituyentes del mayor Estado del mundo.(2) Algunos grupos, como los niños con discapacidad mental y los presos, están particularmente expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos.

Casi ninguna de las instituciones descritas en este informe existe en Chechenia. Quienes viven allí no tienen Comisión de Indultos ni defensor del pueblo regional, como tampoco tuvieron siquiera tribunales entre finales de 1999 y finales del 2001. Las reformas llevadas a cabo en virtud del nuevo Código de Procedimiento Penal no les afectarán hasta por lo menos el año 2007.

Las autoridades de la Federación Rusa están obligadas a garantizar que todas las personas reciben protección efectiva contra las violaciones de derechos humanos. A la luz del historial reciente del país en materia de derechos humanos, es particularmente importante que estén protegidas de la tortura, los juicios injustos, la pena de muerte, el homicidio ilegítimo, la detención arbitraria y la discriminación, y que puedan interponer un recurso efectivo si se violan sus derechos. También es importante que nadie sea devuelto a un país donde se exponga a ser sometido a tortura, ejecución o juicio injusto.

El legado soviético

El legado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), desmembrada en 1991, ha puesto inmensos obstáculos al intento declarado de la Federación Rusa de convertirse en una sociedad basada en el Estado de Derecho. Uno de ellos es el insignificante papel que los tribunales desempeñaban anteriormente.

Los bolcheviques llegaron al poder en 1917 decididos a abolir completamente la ley y los tribunales. Modificaron su postura cuando se hizo patente que un Estado sin ley no tiene legitimidad. Lo que surgió en la URSS fue una «sociedad administrada». El poder de resolver las disputas lo tenían, no los tribunales, sino el Partido Comunista y los funcionarios del Estado. En este contexto, los tribunales no representaban ningún reto independiente para el sistema gobernante, sino que eran poco más que apéndices suyos.

En 1991, cuando estaba ya a punto de desmembrarse, la URSS tenía 260 millones de habitantes pero sólo 15.781 jueces,(3) aproximadamente el mismo número que la entonces República Federal de Alemania, un país con una cuarta parte de la población de la URSS. Los jueces soviéticos tenían fama de ser los juristas peor preparados de la nación. Era obligatorio que fueran miembros del Partido Comunista, y el Ministerio de Justicia, brazo del poder ejecutivo, controlaba la asignación de recursos de una manera que parecía determinada por las presiones políticas y menoscababa por ello la independencia. Hasta 1989, el ascenso de los jueces dependía de las recomendaciones de los altos cargos del Partido Comunista. De 1989 a 1991, la capacidad de nombrar y ascender a los jueces quedó en manos de los miembros del Congreso de Diputados del Pueblo (el Parlamento), pero los jueces seguían sin ser independientes. La judicatura, que siempre había estado integrada principalmente por mujeres, pasó a estar formada sobre todo por personas jóvenes e inexpertas cuando el deterioro económico de mediados de la década de 1980 hizo que, empobrecidos, muchos jueces dejaran su trabajo.

Los jueces soviéticos tenían una posición tan baja, que no imponían prácticamente ningún respeto. Profesionalmente desempeñaban lo que se ha calificado de «función de apoyo» del sistema soviético de justicia. La Fiscalía era el organismo encargado oficialmente de garantizar el respeto de la ley en todos los ámbitos de la vida soviética, pudiendo incluso «protestar» si no estaba de acuerdo con las decisiones de los tribunales. Como se preferían las soluciones administrativas, el tipo de asuntos que se llevaban ante los tribunales en la URSS era muy limitado en comparación con lo que ocurría en muchos otros países. La relación incestuosa existente entre los jueces y el Partido Comunista los obligaba a asistir a reuniones de éste celebradas en su lugar de trabajo, a aplicar las directivas del aparato del Partido y a dar más importancia a la lealtad política que a la ley. Se movilizaba a los tribunales en campañas de «orden público» y éstos participaban de buen grado en las campañas oficiales de represión de la disidencia. Amnistía Internacional mantuvo bajo observación y documentó ejemplos de todo esto.(4)

Cuando se produjo su desmembramiento, la URSS era Parte en varios tratados de derechos humanos de la ONU, entre los que destacaban el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –que habían entrado en vigor en el país en 1976–. Con la ratificación del primer Protocolo Facultativo del PIDCP, en 1991, las autoridades accedieron a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinara las denuncias presentadas contra ellas por particulares que alegaran que se habían violado los derechos que les reconocía el PIDCP. En 1987, con la ratificación de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), la URSS había reconocido la competencia del Comité contra la Tortura para atender denuncias presentadas contra ella por particulares.

Durante sus 73 años de existencia, la URSS tuvo cuatro constituciones, pero ningún tribunal constitucional encargado de interpretarlas.(5) En 1989 se estableció un comité de supervisión constitucional que, aunque carecía de las competencias de un tribunal, emitió audaces decisiones que acusaban el clima de reforma jurídica a que se estaba dando expresión entonces en el país. Entre sus decisiones más notables figuran: que el Estado debía publicar todas las leyes y reglamentos o abolirlas, y que el sistema de registro de la residencia conocido como propiska era inconstitucional. Hasta la fecha, este sistema restringe la libertad de circulación y de residencia en algunas partes de la Federación Rusa. En el capítulo 4se describe la batalla que se está librando en el actual Tribunal Constitucional para abolir el sistema.(6)

El surgimiento de los tribunales

Cuando se formó, en 1991, la Federación Rusa se comprometió públicamente a ser un Estado basado en el imperio de la ley y en el que se daría prioridad al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. El artículo 2 de la Constitución de 1993 reza:

La persona, sus derechos y libertades son el valor supremo. El reconocimiento, respeto y protección de los derechos y libertades de la persona y del ciudadano son un deber del Estado.

Desde 1991 se libra una batalla constante entre estas aspiraciones y los intereses políticos –con frecuencia acompañados del uso de la fuerza–. Parte de este conflicto ha girado en torno a la emergencia del Parlamento (Duma) como poder independiente,(7) y parte en torno a la función de los tribunales y su capacidad para administrar justicia. La lucha continúa.

En relación con los tribunales ha habido dos logros importantes. En 1991, la Federación Rusa estableció el Tribunal Constitucional, encargado de interpretar y hacer cumplir la Constitución.(8) Entre las atribuciones del Tribunal figura la de atender denuncias de particulares que consideren que se han violado sus derechos constitucionales como consecuencia del modo de aplicar una ley. Esta atribución le ha permitido tomar decisiones en materia de derechos humanos en numerosas ocasiones. El segundo logro es una decisión tomada por el Tribunal Constitucional en febrero de 1999, por la que se declaró inconstitucional la pena de muerte hasta que pudiera imponerse del mismo modo en toda la Federación en juicios con jurado. Esta medida ha supuesto la suspensión efectiva de la pena capital.(9)

Las obligaciones contraídas por la Federación Rusa en virtud de tratados internacionales son parte integrante del derecho interno del país y en caso de discrepancia deben prevalecer sobre éste.(10) Desde 1991 el Tribunal Constitucional ha emitido decisiones basándose en este principio y obligado a cumplir normas más estrictas a los organismos nacionales, sobre todo en el ámbito del procedimiento penal.(11) En abril de 1999, por ejemplo, resolvió que si los tribunales no podían declarar culpable a un acusado debían absolverlo inmediatamente,(12) poniendo así fin a la costumbre de devolver las causas para llevar a cabo una «reinvestigación» hasta que el fiscal consiguiera que se dictase la sentencia deseada.

[Recuadro para foto]

El respeto de la ley

El ecologista Aleksandr Nikitin fue detenido en 1995 por una acusación falsa de espionaje. Amnistía Internacional adoptó su caso como preso de conciencia. Aunque lo privaron de libertad durante años para someterlo a investigación y modificaron numerosas veces las acusaciones que se le imputaban, las autoridades no consiguieron que fuera declarado culpable: mientras lo mantenían en prisión, los tribunales devolvieron su causa 13 veces pidiendo nuevas investigaciones. Tras la decisión del Tribunal Constitucional de abril de 1999 (véaseinfra), el Tribunal Municipal de San Petersburgo lo absolvió sin dilación y ordenó su puesta en libertad. El Tribunal Supremo confirmó la decisión, que había sido impugnada por el fiscal. A pesar del complicado marco político existente, el poder judicial hizo valer su independencia, coherencia y respeto de la ley. La imagen muestra a Aleksandr Nikitin junto con sus dos abogados, sosteniendo el documento por el que fue detenido, un informe en el que se acusaba a la Federación Rusa de verter residuos nucleares en el mar de Barents.

[fin de recuadro]

Al convertirse en Estado soberano, la Federación Rusa asumió todas las obligaciones contraídas por la URSS como Estado Parte en tratados internacionales. Asimismo, en 1998 ratificó el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo), reconociendo así el derecho de las personas a presentar denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y comprometiéndose a cumplir las decisiones de éste.(13) En el momento de elaborar el presente informe, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictado ya sentencia en las primeras causas abiertas contra la Federación Rusa, y las sentenciasse habían ejecutado. En el capítulo 2se analiza hasta qué punto el examen internacional de la actuación de la Federación Rusa en materia de derechos humanos ha servido para mejorarla.

La competencia de los tribunales de la Federación Rusa se amplió considerablemente a partir de 1991, en especial en el ámbito del derecho civil. Este proceso comenzó hacia el final de la presidencia de Mihail Gorbachov (1985-1991). Desde 1989 se aprobaron más de 30 nuevas leyes, lo que hizo posible la presentación de recursos judiciales en ámbitos donde anteriormente hubiese sido totalmente imposible o sólo posible por la vía administrativa.(14) El proceso se ha acelerado desde entonces. La aparición de la iniciativa privada (legal), la banca y los medios de comunicación privados ha hecho necesarias nuevas vías judiciales de resolución de disputas entre particulares y ha sacado el derecho civil del ámbito de los conflictos familiares, al que se hallaba restringido hasta ahora.

En algunos pleitos, los tribunales han tomado audaces decisiones, incluso cuando para ello han tenido que enfrentarse a poderosos organismos estatales. Un buen ejemplo de esta actitud es una demanda instruida por la Guarnición Militar de la ciudad meridional de Saratov en julio del 2002. La presentó un grupo de 40 reclutas contra el jefe de la Unidad Militar Núm. 7463. Los demandantes pedían que se reconociera que el periodo que habían pasado en Chechenia contaba como doble, como estipulaba la ley. Les habían dicho que, en virtud de una directiva del Estado Mayor del Ministerio de Defensa, el tiempo pasado en zonas de conflicto militar se contabilizaba doble únicamente cuando se calculaba la duración del servicio prestado por los reclutas a efectos de tramitar pensiones. El juez resolvió que la ley tenía más autoridad que cualquier directiva del Estado Mayor del Ministerio de Defensa y ordenó que se reconociera a los reclutas el doble de tiempo y se los desmovilizara. La sentencia se ejecutó. Los propios demandantes declinaron el ofrecimiento de una indemnización.

Según el periódico NovieIzvestiia, esta sentencia fue la segunda dictada contra el Ministerio de Defensa ese año,(15) pues ya había habido una en marzo en la ciudad de Nizhni Tagil, en los montes Urales. Estas dos sentencias fueron dictadas en pequeños juzgados de regiones alejadas de los centros de interés público y por tribunales que no dependían de los subsidios del Ministerio de Defensa desde el 2001.(16)

No obstante, sí se plantearon cuestiones sobre la independencia de los tribunales civiles, así como sobre las deficiencias de una ley «contra el terrorismo», en pleitos de gran notoriedad entablados tras la toma del teatro moscovita en octubre del 2002. En el capítulo 5se describen las demandas presentadas en vano contra el gobierno municipal de Moscú por familiares de rehenes y rehenes damnificados cuando las fuerzas de seguridad pusieron fin a la toma del teatro.

Si bien gran parte del derecho civil es nuevo, en los primeros 10 años de la Federación Rusa se administró justicia penal con leyes de la época soviética y utilizando para ello a jueces que en la mayoría de los casos habían obtenido su título durante el régimen anterior. Se hicieron algunas reformas a fin de introducir las garantías constitucionales del nuevo Estado, entre las que figuraban la presunción de inocencia, el derecho a una vista pública, la igualdad de la defensa y la acusación, y el acceso a un abogado. Sin embargo, los procedimientos penales utilizados hasta hace poco se han caracterizado por un intrínseco sesgo acusatorio heredado de la URSS.(17) En diciembre del 2001, la Federación Rusa adoptó un nuevo código de procedimiento penal, concebido con miras a su introducción paulatina a lo largo de tres años y con objeto de consolidar el papel de los tribunales en el sistema de justicia penal. En el capítulo 3se examinan los primeros efectos del nuevo código.

El nuevo Código de Procedimiento Penal es una de las muchas leyes adoptadas desde 1996 (véase el recuadro, infra). Algunas de ellas abordaron problemas de organización judicial con objeto de consolidar la independencia de los tribunales. Fijaron la titularidad de los jueces hasta la edad de 65 años, crearon un organismo judicial profesional encargado de someter a examen la actuación de los jueces y establecieron un sistema de financiación centralizada en el Tribunal Supremo. Éste ha publicado planes según los cuales se piensa contratar hasta 30.000 jueces, cifra muy considerable si se tiene en cuenta que al acabar el 2001 había 18.000. En los presupuestos del Estado para el año 2003 se aumentó en un 30 por ciento la partida de gastos correspondiente a los sueldos de los jueces y la renovación de los juzgados, asignándole 25,5 millones de rublos (807.000 dólares estadounidenses).

[Recuadro]

Leyes nuevas

1991 Ley del Concepto de Reforma Judicial

1992 Ley del Tribunal Constitucional y Ley de Organización Judicial

1995 Código de la Familia

1996 Código Penal y Código Civil

1997 Código de Ejecución Penal

1998 Ley de Jueces de Paz y Ley del Departamento Judicial del Tribunal Supremo

1999 Ley de Tribunales Militares

2000 Ley de la Condición de los Jueces

2001 Código de Procedimiento Penal, Código Administrativo y Código Laboral

2002 Código de Arbitraje, Código de Procedimiento Arbitral y Código de Procedimiento Civil

[fin de recuadro]

Mecanismos no judiciales de protección de los derechos humanos

El Parlamento y el presidente han establecido otros mecanismos, no judiciales, para ocuparse de las cuestiones de derechos humanos. El artículo 50.3 de la Constitución otorga a todos los presos penados el derecho a pedir un indulto al presidente. La Comisión Presidencial de Indultos fue, durante 10 años, uno de los mecanismos no judiciales de protección de los derechos humanos más efectivos de la época postsoviética. Presidida por un civil, Anatolii Pristavkin, todos los años recomendaba el indulto de unas 200 personas y la conmutación de prácticamente todas las condenas de muerte. Cuando, en 1999, se declaró inconstitucional la pena capital, consiguió que las 716 penas de muerte existentes fueran conmutadas por penas de prisión.(18) No obstante, en enero del 2002 la Comisión Pristavkin fue sustituida por comisiones regionales de indultos en toda la Federación Rusa, excepto en Chechenia, donde no se dispuso nada en relación con la concesión de indultos. El indulto dejó de ser un mecanismo efectivo, pues de los 6.600 solicitados en el año 2002 el presidente Vladimir Putin concedió sólo 181. En el capítulo 7se describe el trabajo de los organismos regionales de indulto en el contexto de la situación de los presos que cumplen cadena perpetua.

Como consecuencia del artículo 2 de la Constitución y del reconocimiento que en él se hace de los derechos de la persona, el Parlamento federal adoptó en 1997 una ley por la que se establecía el cargo de comisionado federal para los Derechos Humanos (defensor del pueblo). En 1998 fue elegido para el cargo el profesor Oleg Mironov, diputado del Partido Comunista. Con un mandato de cinco años, el defensor del pueblo es independiente del gobierno. Su cargo lo financia el Parlamento, al que tiene que presentar un informe todos los años. Atiende denuncias de particulares contra las autoridades, incluso si han pasado ya por los tribunales pero continúan sin resolverse. Puede también elevar protestas al Tribunal Constitucional y publicar por iniciativa propia informes sobre actos que considere violaciones graves de derechos humanos.

El defensor del pueblo federal tiene atribuciones para formular recomendaciones, pero éstas no son vinculantes, sino que para su aplicación son necesarias la voluntad política y la acción de las autoridades. En su informe anual del 2000, Oleg Mironov criticó las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Chechenia, tanto las sufridas por las tropas federales rusas a manos de sus oficiales, como las infligidas por dichas tropas a la población civil.(19) El periódico oficial del Parlamento federal, Rossisskaia gazeta,lo atacó en su número del 4 de diciembre del 2000, y algunos diputados propusieron celebrar una votación para destituirlo. Aunque continuó desempeñando su cargo, no se puso en práctica ninguna de sus recomendaciones.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Comisionado Federal para los Derechos Humanos, las 89 partes constituyentes de la Federación Rusa también pueden elegir su propio defensor del pueblo si lo desean y si se lo costean ellas mismas. En el momento de redactar el presente informe lo habían hecho 22, entre ellas regiones tan distantes unas de otras como Kaliningrado, en el litoral báltico; Komi, en el círculo polar Ártico, y Amur, en la costa del Pacífico.(20) Los cometidos de estos defensores del pueblo varían ligeramente, pero todos atienden denuncias de particulares contra las respectivas administraciones locales, presentan un informe al Parlamento regional sobre el modo en que la administración está aplicando la legislación y tienen atribuciones legales para acceder a documentos y a edificios. Todos formulan recomendaciones sobre mejoras. El defensor del pueblo de Tartastán, república ribereña del Volga, de población musulmana en su mayor parte, es el que tiene el cometido más amplio. Debe garantizar la aplicación de las normas internacionales en la república y puede entablar acciones judiciales ante el Tribunal Constitucional de Tartastán. Chechenia no tiene defensor del pueblo. En el momento de redactar el presente informe, los defensores del pueblo regionales habían publicado numerosas recomendaciones en sus informes, pero eran pocas las que se habían puesto en práctica.(21)

El éxito de cada defensor del pueblo depende en parte del apoyo que reciba del Parlamento. Como no hay ninguna ley federal que garantice su posición, los defensores del pueblo regionales están en una situación bastante insegura, especialmente si se enfrentan directamente a sus respectivos gobernadores. Esta circunstancia podría explicar por qué al menos en dos ocasiones el defensor del pueblo de una región se ha ocupado de problemas de derechos humanos planteados en otra. En 1997, por ejemplo, el defensor del pueblo de Saratov se dirigió al gobernador de la región de Sverdlovsk en relación con la brutalidad policial de que habían sido objeto unos manifestantes en Ekaterimburgo, y, en el 2002, la defensora del pueblo de Kaliningrado planteó a las autoridades federales el problema de los malos tratos infligidos a los presos en la región de Perm.

Los organismos gubernamentales de derechos humanos eran muy comunes en la época soviética, cuando se creaban con funciones poco precisas para que se ocuparan de un asunto específico y sin atribuciones para hacer cumplir lo establecido. Una vez que la razón política por la que habían sido creados dejaba de existir, tendían a desaparecer sin dejar rastro.(22)

En la actualidad hay en funcionamiento dos comisiones presidenciales de derechos humanos. Una de ellas es un comité asesor permanente del presidente, con sede en Moscú; la otra, una «comisión especial» que tiene su sede en Chechenia desde el año 2000 y que dirige el representante especial (del presidente Putin) para las Libertades y los Derechos Humanos en la República de Chechenia, que al principio fue Vladimir Kalamanov y ahora es Abdul-Khakim Sultygov. Varios expertos del Consejo de Europa, sito en Estrasburgo, Francia, han sido adscritos a esta oficina en virtud de un acuerdo firmado en marzo del 2000 con el Ministerio de Exteriores ruso. La tarea de la oficina consiste en vigilar la situación de los derechos humanos en Chechenia, y gran parte del tiempo y los esfuerzos de la comisión se han destinado a tramitar denuncias de familiares de personas «desaparecidas» en la república a manos de las fuerzas federales rusas, y enviárselas a las autoridades con objeto de que inicien investigaciones y enjuiciamientos.(23)

Aunque esta oficina ha estado funcionando durante la mayor parte del segundo conflicto de Chechenia, poco efecto ha tenido en el clima de impunidad que impera. No parece haber habido ningún caso en que la Fiscalía haya iniciado con prontitud una investigación rápida y efectiva, siquiera para determinar el paradero de los «desaparecidos».

Los límites de la ley

Si es cierto que se ha ampliado el alcance de la ley en la Federación Rusa, las deficiencias en su aplicación hacen que ofrezca todavía poca protección a gran número de personas. Este problema afecta en general a todos los habitantes del país pero muy especialmente a algunos sectores, como los miembros de minorías étnicas, las mujeres y los niños. En los capítulos 6 y 7se tratan las dificultades particulares con que se encuentran dos sectores –los niños con discapacidad mental y los presos– en lo que se refiere a la protección de sus derechos y el acceso a la justicia.

La evolución de las instituciones judiciales ha ido acompañada de diversas y numerosas formas de violencia política que han quedado fuera del alcance de estas instituciones. Desde que resumió funciones el nuevo Parlamento federal en 1994, varias figuras públicas, entre ellas ocho miembros del Parlamento, han sido asesinadas por desconocidos en sus propias casas, en la calle o en el lugar de trabajo. Los periodistas que investigan casos de corrupción de ámbito regional o nacional también se han convertido en blanco de la violencia. Se ha asesinado igualmente a hombres de negocios, a menudo en situaciones de privatización o cambio de propiedad de empresas. En la mayoría de los casos no se ha enjuiciado a los autores de los homicidios, y en algunos ni siquiera se ha realizado una investigación. El número de homicidios impunes desde 1991 indica que el uso de la fuerza bruta resulta rentable para ciertas personas, y menoscaba en gran medida el respeto de la ley.(24)

La violencia política y los continuos problemas del sistema de justicia muestran que, a pesar de los progresos realizados por la Federación Rusa desde 1991, todavía queda mucho por hacer para proteger los derechos humanos fundamentales y garantizar que toda persona puede interponer un recurso efectivo si se violan sus derechos.

Capítulo 2

Los sistemas internacionales de resarcimiento y sus limitaciones

La Federación Rusa es miembro de la ONU, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Consejo de Europa, y se ha comprometido a respetar, proteger y garantizar normas internacionales que proclaman una gran variedad de derechos humanos.

Los habitantes del país deberían por tanto beneficiarse desde tres puntos de vista:

● De acuerdo con la Constituci¾n de 1993, los tratados internacionales de derechos humanos en que la Federaci¾n Rusa es Parte se han incorporado ya al ordenamiento jurÝdico del paÝs y deben prevalecer sobre el derecho interno.

● Si los recursos internos fracasan, pueden demandar al gobierno ante organismos internacionales como el ComitÚ de Derechos Humanos de la ONU, el ComitÚ contra la Tortura y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las decisiones de este ·ltimo son vinculantes y pueden incluir ¾rdenes de pago de indemnizaciones a personas cuyos derechos garantizados por el Convenio Europeo se hayan violado.

● Los organismos y mecanismos internacionales vigilan la aplicaci¾n de los tratados de derechos humanos en la Federaci¾n Rusa y presentan informes al respecto.

[Recuadro]

Obligaciones internacionales

La Federación Rusa se ha comprometido a cumplir gran número de disposiciones internacionales de derechos humanos. Entre ellas figuran las siguientes normas y tratados de la ONU y del Consejo de Europa:

ONU:

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÝticos y su primer Protocolo Facultativo

● Convenci¾n sobre la Eliminaci¾n de Todas las Formas de Discriminaci¾n contra la Mujer

● Convenci¾n Internacional sobre la Eliminaci¾n de Todas las Formas de Discriminaci¾n Racial

● Convenci¾n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

● Pacto Internacional de Derechos Econ¾micos, Sociales y Culturales

● Convenci¾n sobre los Derechos del Ni±o

Consejo de Europa:

● Convenio para la Protecci¾n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

● Convenio para la Prevenci¾n de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes

● Convenci¾n Marco para la Protecci¾n de las MinorÝas Nacionales

[fin de recuadro]

No obstante, la Federación Rusa ha puesto estrictos límites a la cooperación con la comunidad internacional en materia de derechos humanos.

En el 2001 afirmó que no se consideraba obligada a cumplir una resolución aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su 57 periodo de sesiones y pidió que no se hiciera referencia a ella en el futuro. En esa resolución se condenaban «todas las actividades y ataques terroristas, así como las infracciones del derecho internacional humanitario perpetradas por los combatientes chechenos», y también «el empleo continuo de la fuerza, de manera desproporcionada e indiscriminada, por las fuerzas militares rusas», incluidas las «desapariciones», las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.(25)Entre otras cosas, en la resolución se pedía el establecimiento de una comisión nacional independiente para investigar presuntas violaciones de derechos humanos.

En diciembre del 2002, la Federación Rusa rehusó prorrogar la misión del Grupo de Asistencia de la OSCE a Chechenia si no se limitaba a ocuparse de cuestiones de ayuda humanitaria. La OSCE no aceptó esta condición y abandonó la república, porque su cometido, según la decisión del Consejo Permanente de abril de 1995, incluía también los derechos humanos y el trabajo en pro de una solución pacífica al conflicto. Su personal internacional había regresado a Chechenia apenas unos meses antes, en junio del 2001, tras ser evacuado de allí en diciembre de 1998 ante el empeoramiento de las condiciones de seguridad.

En abril del 2003, la Federación Rusa se había negado a autorizar la publicación de los 10 informes y recomendaciones elaborados hasta entonces por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) tras visitar lugares donde se mantenía a personas privadas de libertad. De los 44 Estados miembros del Consejo de Europa que son Partes en el Convenio para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, la Federación Rusa es el único que no ha aceptado aún la publicación de los informes del CPT. El 10 de julio del 2001, éste hizo una declaración pública sobre la negativa del país a cooperar; en los 13 años que lleva haciendo visitas a los Estados miembros sólo ha emitido declaraciones semejantes en dos ocasiones anteriores.

En el momento de redactar el presente informe, la Federación Rusa no había abolido la imposición de la pena de muerte en tiempo de paz. Asimismo, tampoco había ratificado aún el protocolo número 6 del Convenio Europeo, compromiso que cuando ingresó en el Consejo de Europa había aceptado cumplir para 1999.(26)

La Federación Rusa ha mantenido sus reservas del Convenio Europeo, que ratificó en 1998, por lo que algunos de sus procedimientos de detención e internamiento, que incumplen lo dispuesto en el Convenio, no pueden ser sometidos a la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.(27)

En este capítulo se analiza en qué medida los habitantes de la Federación Rusa disfrutan de las tres principales ventajas que la pertenencia a la comunidad internacional de derechos humanos debería garantizarles, a saber: aplicabilidad en el país de las garantías internacionales de derechos humanos, recursos a instancias internacionales y monitorización internacional.

Aplicabilidad de las normas internacionales en el país

Todas las normas que la Federación Rusa está obligada a cumplir en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos son directamente aplicables en su derecho interno. Toda persona ha de poder acogerse a ellas ante un tribunal de justicia, y los tribunales y demás autoridades públicas deben aplicarlas directamente en el curso de su trabajo ordinario. En el presente apartado se examinan dos cuestiones –las extradiciones y la guerra en Chechenia– en relación con las cuales las autoridades de la Federación Rusa no están aplicando en el ámbito interno las normas internacionales. En apartados posteriores se tratan otras cuestiones con las que ocurre lo mismo.

Desde su creación, la Federación Rusa ha realizado con regularidad extradiciones sin pedir previamente al otro país garantías de que los afectados no serán torturados ni condenados a muerte. Normalmente los extraditados han sido ciudadanos de la Comunidad de Estados Independientes –formada por otras repúblicas de la antigua URSS– en un principio procedentes del Cáucaso, si bien ahora cada vez más de Estados de Asia Central. Amnistía Internacional tiene noticia de unos cinco casos al año por término medio, pero cree que la cifra podría ser mayor, pues algunos casos sólo salen a la luz posteriormente, cuando la persona es condenada a muerte en el Estado receptor o se reciben informes de que ha sido torturada.

La extradición de una persona a un lugar donde esté expuesta a sufrir torturas o a ser condenada a muerte constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Federación Rusa en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo y es contraria a los principios y directrices del Consejo de Europa.

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Extradición a Tayikistán

Saidamir Karimov, ciudadano tayiko originario de la zona adyacente a la frontera afgana, llegó a Moscú el 20 de abril del 2001 para ponerse a trabajar. Fue detenido y extraditado a Tayikistán el 14 de mayo a instancia de las autoridades tayikas, que estaban investigando el asesinato del ex viceministro del Interior Habib Sanginov. Aunque el asesinato es un delito penado con la muerte en Tayikistán, las autoridades rusas no pidieron garantías de que no se impondría a Saidamir Karimov la pena capital.

Con Saidamir Karimov fueron siete las personas acusadas del asesinato. Seis de ellas fueron declaradas culpables sin más prueba que el testimonio de la séptima, que posteriormente se retractó de su declaración ante el tribunal. Esta persona, según un observador internacional que siguió el juicio, manifestó lo siguiente en una vista celebrada el 26 de febrero del 2002: «Afirmo oficialmente que levanté calumnias contra cada uno de los acusados porque me obligaron a ello». Declaró que lo habían violado con una porra y otros objetos, además de torturarlo con descargas eléctricas. El tribunal no tuvo en cuenta esta denuncia por no haber sido consignada por escrito a través de la Fiscalía.

Saidamir Karimov negó constantemente toda implicación en el asesinato, lo cual confirmaron 13 testigos que, en el momento del delito, lo habían visto en su casa, ayudando a su madre a regar la tierra. Le dijeron que detendrían también a su madre si no accedía a firmar una declaración ya preparada, así que firmó.

Saidamir Karimov y los demás acusados dijeron ante el tribunal que habían sido torturados durante su reclusión, habiendo recibido palizas y descargas eléctricas en el ano, los genitales, los dedos, la nariz y las orejas. En un discurso televisado que se emitió en toda la nación días antes del juicio, el fiscal jefe del Estado los calificó a todos de «culpables sin lugar a duda». Saidamir Karimov fue condenado a muerte el 27 de marzo del 2002.

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Temor de extradición a Turkmenistán

Según informes, el 3 de enero del 2003, el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa se puso de acuerdo con el Consejo de Seguridad del Estado de Turkmenistán para extraditar a tres hombres implicados presuntamente en un intento de asesinato del presidente turcomano, Saparmurad Niyazov, ocurrido en noviembre del 2002.(28) Se trataba del ex viceprimer ministro de Turkmenistán, el ex embajador turcomano en Turquía y un periodista independiente. La pena de muerte está abolida en Turkmenistán, pero Amnistía Internacional temía que fueran torturados y maltratados si se los extraditaba.

El 25 de noviembre del 2002, la comitiva del presidente Niyazov había sufrido un ataque en la capital turcomana, Asjabad. Ese mismo día, el presidente, que resultó ileso, acusó de lo ocurrido a los tres hombres —Khudayberdy Orazov, Nurmukhammet Khanamov y Orazmukhammet Yklimov—, y, el 29 de diciembre, el Tribunal Supremo los condenó in absentiaa 25 años de prisión, pena que el poder legislativo supremo aumentó al día siguiente a cadena perpetua.

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En relación con la segunda guerra de Chechenia, que comenzó en 1999, la Federación Rusa no ha anulado jamás nada de lo dispuesto en el Convenio Europeo o en el PIDCP, aun cuando «en caso de guerra o de otro peligro público» los Estados pueden derogar disposiciones específicas de esos tratados «en la medida estricta en que lo exija la situación». Formalmente, por tanto, la Federación Rusa continúa comprometida a garantizar los derechos proclamados en ellos a todo habitante de Chechenia. Sin embargo, en la realidad su actuación ha sido una parodia de ese compromiso.

Desde 1999, la población civil de Chechenia ha sufrido ataques incesantes y masivos de las fuerzas federales rusas, y también ha sido víctima de acciones armadas de los combatientes chechenos. Unas 178.000 personas han abandonado sus hogares y viven en refugios inadecuados en la vecina Ingushetia. Amnistía Internacional ha investigado numerosos informes cuya coherencia y verosimilitud ponen de manifiesto que las fuerzas rusas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, como homicidios masivos de civiles, «desapariciones» y actos de tortura, incluidas violaciones. En su informe del 2002 Federación Rusa: Negación de Justicia, la organización expone detenidamente la magnitud de los abusos perpetrados contra los derechos humanos.(29)

A algunos delitos cometidos en Chechenia se les ha puesto remedio rápidamente. Los medios de comunicación han informado del procesamiento de soldados federales rusos por disparar a compañeros, así como de juicios de jefes militares chechenos acusados de «terrorismo». Sin embargo los enjuiciamientos por violación grave de los derechos humanos o del derecho humanitario son escasos y poco frecuentes.

La guerra ha destruido, en efecto, gran parte de la infraestructura de Chechenia, incluidas sus escuelas, cárceles y tribunales, todo ello ya antes del año 2000. En una declaración pública del 2001, el CPT aludió al «clima palpable de temor» que había encontrado cuando visitó la república, y señaló que muchas personas que habían sido maltratadas y otras que tenían conocimiento de tales delitos eran reacias a presentar denuncias ante las autoridades por temor a las represalias en el ámbito local y por existir un sentimiento general de que, de todos modos, no se iba a hacer justicia.(30)

La población civil de Chechenia se ha visto privada de derechos fundamentales reconocidos por el Convenio Europeo y el PIDCP, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los bienes y a la libertad de expresión. Tampoco ha recibido protección contra la discriminación y la tortura, y se le ha negado su derecho a un juicio justo y a un recurso efectivo en el ámbito nacional.

En el 2001, las autoridades abrieron investigaciones sobre 46 casos tras recibir insistentes llamamientos de organismos intergubernamentales instándoles a hacerlo. El 6 de marzo del 2003, un destacado fiscal militar, Anatolii Savenkov, anunció que un total de 168 militares estaban siendo investigados por delitos contra civiles y que se había dictado sentencia en 50 causas, pero no ofreció más información.(31) El juicio del coronel Yury Budanov, iniciado en un puerto del mar Negro, Rostov-on-Don, en febrero del 2001, continuó a lo largo del 2002, con constantes aplazamientos para evaluar la salud mental del acusado. Al final del año se eximió al coronel de responsabilidad penal aduciendo «demencia temporal». No obstante, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó celebrar un nuevo juicio en abril del 2003. Yury Budanov había sido acusado del secuestro y asesinato de una joven chechena, Kheda Kungaeva, en el 2000.(32)

Recursos internacionales

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Decisiones de Estrasburgo

En el momento de redactar el presente informe se habían registrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo 20 demandas de la Federación Rusa y se había dictado sentencia en las tres primeras.

El 7 de mayo del 2002, en la causa Burdov v Rusia, el Tribunal determinó que se habían violado los derechos reconocidos al demandante por el Convenio Europeo y ordenó indemnizarle con 3.000 euros, suma que el gobierno ruso ha pagado. Anatolii Burdov tenía derecho a una pensión por enfermedad por el trabajo que había hecho durante el desastre nuclear de Chernobyl en 1986, pero dejó de recibirla porque la Seguridad Social de Shajtyi aseguraba no tener fondos suficientes. Un tribunal local ordenó a las autoridades que pagaran, pero éstas no hicieron caso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que se había violado el derecho de Anatolii Burdov al respeto de sus bienes y a un juicio justo.(33) Señaló que la ejecución de una sentencia es parte integrante de un juicio justo.

En una sentencia final dictada el 15 de octubre del 2002 en la causa Kalashnikov v Rusia, el Tribunal determinó que se había violado el derecho del demandante a ser sometido a un juicio justo en un plazo razonable y a recibir protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos y degradantes, y ordenó indemnizarlo con 5.000 euros y pagar 3.000 más por las costas, sumas que el gobierno entregó (véase también el capítulo 7).(34) Valerii Kalashnikov había pasado casi cinco años recluido, acusado de desfalco, en la región de Magadan. La celda, con capacidad para 8 presos, albergaba a 24.

En febrero del 2003, en la causa Posokhov v Rusia, el Tribunal llegó a la conclusión de que se habían violado los derechos del demandante, un agente de aduanas del puerto meridional de Taganrog, y ordenó indemnizarlo con 500 euros. Sergei Posokhov había sido juzgado en 1996 por un tribunal de tres jueces que lo declararon culpable de «hacer uso indebido de su cargo» e «inducir a eludir los derechos de aduana». Sergei Posokhov presentó un recurso de apelación aduciendo que dos de los jueces llevaban en el cargo más tiempo del permitido por la ley y no figuraban en el registro oficial de jueces legos, pero se rechazó el recurso, así como dos intentos más de hacer revisar el asunto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que se había violado el derecho de Sergei Posokhov a un juicio justo, porque el tribunal que lo había declarado culpable no podía ser considerado un «tribunal establecido por la ley».(35)

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Ahora, si los recursos nacionales no dan resultado, se puede pedir justicia ante organismos regionales o internacionales. En enero del 2003 se habían registrado y admitido a trámite en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos seis casos de presunta violación de derechos humanos en el contexto de la guerra de Chechenia. Los seis demandantes, todos ellos ciudadanos de la Federación Rusa que vivían en Chechenia y se encuentran ahora en Ingushetia, alegaban que las tropas federales rusas habían violado sus derechos y los derechos de sus familiares en Chechenia entre 1999 y 2000. Como se ve a continuación, afirmaban que se había violado su derecho a la vida, a la protección contra la tortura o los tratos degradantes, a un recurso efectivo y al respeto de sus bienes.(36)

Magomed Khashiev y Roza Akaeva alegan que los soldados torturaron y mataron ilegítimamente a familiares suyos en Grozni a finales de enero del 2000. En mayo de ese año se abrió una investigación criminal, que se suspendió y se volvió a abrir varias veces. Jamás se llegó a identificar a los culpables. Los demandantes afirman que no han tenido acceso a un recurso efectivo en su país y denuncian violaciones de los artículos 2, 3 y 13 del Convenio Europeo.

Medka Isaeva, Zina Yusupova y Libkan Bazaeva alegan que aviones militares rusos bombardearon indiscriminadamente a civiles que salían de Grozni en octubre de 1999. Medka Isaeva resultó herida, y sus dos hijos y su nuera murieron. Zina Yusupova también resultó herida, y el automóvil de Libkan Bazaeva, que contenía los bienes de la familia, fue destruido. Se inició una investigación criminal sobre los bombardeos en mayo del 2000, pero se cerró posteriormente. Las tres mujeres presentaron una apelación contra esta medida ante un tribunal militar de Rostov-on-Don, pero sigue pendiente. Afirman también que no tuvieron acceso a recursos efectivos en su país y denuncian violaciones de los derechos que les reconocen los artículos 2, 3 y 13 del Convenio Europeo, así como el artículo 1 de su Protocolo núm. 1, relativo al respeto de los bienes.

Zara Isaeva alega que el bombardeo indiscriminado del pueblo de Katyr-Yurt efectuado por tropas federales el 4 de febrero del 2000 mató a su hijo y a sus tres sobrinas. En septiembre del 2000, tras registrar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su demanda e informar de ello a las autoridades federales rusas para pedirles su opinión, se abrió una investigación criminal, pero posteriormente se cerró. Continúa pendiente una apelación presentada contra esta decisión ante un tribunal militar de Rostov-on-Don. Zara Isaeva afirma que se violó el derecho de sus familiares a la vida y que no ha podido interponer un recurso efectivo en su país. Se acoge a los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo.

Dada la magnitud de las violaciones de derechos humanos que se han denunciado en Chechenia, la admisión a trámite de seis casos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede parecer insignificante. Sin embargo, si determina que los casos tienen fundamento y ordena que se indemnice a las víctimas, el Tribunal envía una importante señal moral, legal y económica a las autoridades de la Federación Rusa. En el momento de elaborar el presente informe estaban pendientes de decisión sobre su admisibilidad otras demandas de Chechenia registradas en el Tribunal.

Desde 1992 se han presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU 21 denuncias de particulares que alegan que las autoridades de la Federación Rusa han violado derechos reconocidos por el PIDCP. Hasta la fecha el Comité ha confirmado las dos siguientes:

Yelena Lantsova presentó una denuncia por la muerte de su hijo ocurrida en la cárcel para presos preventivos de Matrosskaia Tishina de Moscú. En marzo del 2002, el Comité determinó que mientras la víctima estaba bajo custodia las autoridades habían violado su derecho a la vida y a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, como se reconoce en los artículos 6 y 10.1 del PIDCP, respectivamente.

Dmitrii Gridin convenció al Comité en julio del 2000 de que había sido declarado culpable de violación en un juicio en el que se había conculcado su derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal probara su culpabilidad, así como su derecho a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar su defensa, como se reconoce en el artículo 14 del PIDCP.(37)

Como Estado Parte en el primer Protocolo Facultativo del PIDCP, la Federación Rusa ha reconocido la competencia del Comité de Derechos Humanos para determinar en denuncias presentadas por particulares si se ha violado o no el PIDCP. Asimismo, se ha comprometido a garantizar los derechos reconocidos por éste a todas las personas que se encuentren en su territorio o estén sometidas a su jurisdicción. En virtud de tal compromiso, si el Comité determina que se ha cometido una violación de tales derechos, la Federación Rusa tiene que proporcionar un remedio efectivo.

La vigilancia internacional

En febrero de 1995, y debido a la guerra de Chechenia, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa interrumpió el examen de la solicitud de ingreso en el Consejo presentada por la Federación Rusa.(38) Se consideró que la conducta de las fuerzas federales rusas en el conflicto era incompatible con la pertenencia a un organismo comprometido con el respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley y el pluralismo democrático. El examen de la solicitud se reanudó en septiembre de 1995 por entender que la Federación Rusa se comprometía en lo sucesivo a buscar una solución política y que las violaciones de derechos humanos denunciadas y documentadas se estaban investigando.(39) Cuando comenzó la segunda guerra de Chechenia, en 1999, la Federación Rusa era ya miembro del Consejo de Europa.

Se esperaba que el ingreso en el Consejo de Europa ayudara al país a mejorar el respeto de los derechos humanos por medio, en parte, de un compromiso constructivo. Amnistía Internacional reconoce que ha habido mejoras en algunos aspectos, pero considera que las fuerzas federales rusas continúan cometiendo violaciones graves y generalizadas de derechos humanos en Chechenia y que los recursos internos que cabe interponer siguen siendo ineficaces.

Desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, el empeño de la Federación Rusa en describir el conflicto de Chechenia de forma que se lo considere parte de la «guerra contra el terrorismo» emprendida en todo el mundo, ha encontrado cierta aceptación entre algunos miembros de la comunidad internacional. En abril del 2002, en su 58 periodo de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechazó por un estrecho margen en la votación una resolución en la que se expresaba inquietud por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Chechenia. Amnistía Internacional señaló en un comunicado de prensa que la Comisión había «cerrado los ojos» ante las atroces violaciones de derechos humanos perpetradas impunemente por las fuerzas rusas contra la población civil, en su mayoría indefensa, violaciones que abarcaban ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y violaciones y otras torturas.(40) Amnistía Internacional añadía que: «Al no aprobar la resolución, la Comisión apoya de hecho la conducta del ejército ruso en Chechenia». La Comisión votó asimismo en contra de una propuesta de resolución sobre Chechenia en su 59 periodo de sesiones.(41)

En noviembre de 1999, al tratar la cuestión de la guerra de Chechenia, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señaló que la persistencia de las violaciones de derechos humanos podría comprometer la continuidad de la Federación Rusa en la Asamblea Parlamentaria y en el Consejo de Europa en general. En vista de esa persistencia, el Consejo de Europa empezó a monitorizar las violaciones de derechos humanos desde un amplio frente, constituido por su secretario general, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, la Asamblea Parlamentaria y el comisario para los derechos humanos.

La guerra de Chechenia es el conflicto más largo y más sangriento que ha estallado en Europa desde 1999. Mientras cometía allí graves violaciones de derechos humanos, la Federación Rusa seguía estando formalmente obligada a respetar los principios del PIDCP y el Convenio Europeo. En estas circunstancias, Amnistía Internacional lamenta que el órgano político de la ONU, el Consejo de Seguridad, haya optado por guardar silencio sobre la guerra. La organización lamenta igualmente que los Estados miembros del Consejo de Europa no hayan intentado aún hacer que la Federación Rusa rinda cuentas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto de Chechenia, presentando una demanda interestatal contra la Federación. El 2 de abril del 2003, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dijo: «Lamentablemente, ningún Estado miembro ni grupo de Estados miembros ha tenido aún valor para presentar una demanda interestatal [contra la Federación Rusa]». Asimismo, pidió a los Estados miembros que consideraran la posibilidad de hacerlo.(42)

Hasta la fecha, 21 Estados han presentado demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o, hasta su disolución en noviembre de 1998, ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. El primero fue Grecia, que presentó una demanda contra el Reino Unido en 1956 por presuntas infracciones del Convenio Europeo en relación con Chipre.(43) En junio de 1999, poco antes de dar comienzo la segunda guerra de Chechenia, había pendientes en el Tribunal dos demandas interestatales más.(44) Sin embargo, no se ha presentado ninguna contra la Federación Rusa a pesar de la magnitud y la duración de las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población civil de Chechenia.

En abril del 2003, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la recomendación 1600 (2003), según la cual:

[..] los esfuerzos realizados hasta ahora por todos los agentes implicados, empezando con el gobierno, la administración y el sistema judicial de la Federación Rusa, pero también el Consejo de Europa y sus Estados Miembros, no han servido en absoluto para mejorar la situación de los derechos humanos y garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en particular los crímenes de guerra, se persiguen adecuadamente.

Si los esfuerzos por llevar a los tribunales a los responsables de las violaciones de derechos humanos no se intensifican y el clima de impunidad de la República de Chechenia prevalece [la Asamblea Parlamentaria recomienda que el Comité de Ministros] considere la posibilidad de proponer a la comunidad internacional el establecimiento de un tribunal especial para iniciar enjuiciamientos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la República de Chechenia.(45)

A la vista de lo ocurrido en los últimos 12 años, la aceptación por la Federación Rusa de las normas internacionales de derechos humanos no ha entrañado en absoluto la protección general de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. No obstante, ha ampliado la posibilidad de acceder a nuevos recursos en los ámbitos interno e internacional si se violan esos derechos. La experiencia muestra que estos recursos sólo han sido reales cuando la comunidad internacional se ha encargado de monitorizarlos y hacerlos cumplir escrupulosamente y la Federación Rusa los ha respetado. Cuando esto no ha ocurrido, no se han respetado derechos fundamentales –como los de los civiles atrapados en la guerra de Chechenia y los de los presuntos delincuentes expuestos a ser extraditados a países que utilizan la tortura y la pena de muerte– y la Federación Rusa no ha rendido cuentas por ello.

Capítulo 3

Una mirada más a la «inocencia»

En 1990, cuando la época soviética tocaba a su fin, los tribunales absolvían al parecer al 0,3 por ciento de los acusados. La información disponible indica que, ese mismo año, en Francia, el porcentaje de absoluciones fue del 10 por ciento.(46) Aunque el alcance de los tribunales de la Federación Rusa y el número de casos atendidos por ellos han aumentado desde 1991, el índice de absoluciones sigue siendo el mismo, según cifras del Ministerio de Justicia correspondientes al 2001.(47)

Si hacemos caso de este índice de sentencias condenatorias, cabría pensar que en la Federación Rusa las víctimas de delitos obtienen resarcimiento casi automáticamente. Sin embargo, los reformadores legales de la Federación Rusa descartan esta interpretación y atribuyen el alto índice de sentencias condenatorias a una falta intrínseca de imparcialidad del sistema de justicia penal y a la presunción de culpabilidad característica del Código de Procedimiento Penal utilizado hasta julio del 2002.

Con el antiguo Código de Procedimiento Penal, los acusados eran privados invariablemente de su libertad y podían permanecer meses o incluso años recluidos, sin acceso a un tribunal ni a un abogado hasta que los agentes del Estado encargados de realizar las investigaciones decidieran que su caso estaba completo y listo para llevarlo ante un tribunal. Durante esta larga etapa de reclusión preventiva, los detenidos dependían exclusivamente de los organismos acusadores, es decir, de la Fiscalía y de instituciones como el Ministerio del Interior, que también administraba las celdas policiales y las cárceles para presos preventivos. Fuera de este círculo cerrado, los detenidos no tenían derecho a comunicarse directamente con nadie.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de la Federación Rusa, han documentado denuncias de malos tratos y torturas a presos preventivos, tan comunes con el antiguo Código de Procedimiento Penal.(48) Desde 1998, cuando se cedió el control del sistema penitenciario al Ministerio de Justicia,(49) Amnistía Internacional ha continuado documentando torturas a detenidos en celdas policiales, que siguen dependiendo del Ministerio del Interior.(50)

Con el antiguo Código de Procedimiento Penal, a menos que se detuviera a otra persona por el mismo delito, los detenidos tenían pocas oportunidades de quedar en libertad. Asimismo no podían interponer un recurso ante los tribunales nacionales si habían sido detenidos por error, por larga que hubiese sido su detención.(51) De los centenares de casos que Amnistía Internacional documentó en esa época, sólo en unos cuantos se degradó a agentes de policía por haber maltratado o torturado a detenidos, y aún fueron menos los casos que llevaron al procesamiento de los responsables.

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Un estudio revela juicios injustos

Unos abogados de la Universidad de Krasnoiarsk, Siberia central, realizaron un estudio de los tribunales penales locales desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2000. Para ello entrevistaron a 148 abogados defensores, a 173 presos de ambos sexos recién condenados y a funcionarios de la Fiscalía, los tribunales y la sección de investigación del Departamento de Asuntos Internos; asimismo, revisaron la prensa.(52) Llegaron a la conclusión de que a los acusados se les negaba el derecho a ser sometidos con prontitud a un juicio justo y público y de que no podían interponer un recurso efectivo si eran maltratados. Es poco probable que las violaciones de derechos humanos que observaron se diferenciaran mucho de las cometidas en cualquier otro lugar de las 89 partes constituyentes de la Federación Rusa, ya que lo que estudiaron fue la forma en que los tribunales aplicaban la legislación federal, no la local.

Los investigadores de Krasnoiarsk comprobaron que, para la mayoría de las personas, el símbolo más poderoso de los tribunales era la jaula metálica que rodeaba el banquillo de los acusados. Asimismo, su estudio reveló lo siguiente:

● el acceso pleno del p·blico a las vistas era poco corriente, porque Ústas no se anunciaban a tiempo, las salas eran demasiado peque±as o los jueces prohibÝan la entrada porque ½el tribunal no era un cine+;

● los juicios solÝan durar meses o a±os debido a la escasez de jueces o a la incomparecencia de los testigos, y los acusados normalmente permanecÝan todo ese tiempo en prisi¾n;

● el abogado defensor participaba en el juicio s¾lo en el 80 por ciento de los casos, y normalmente era designado por el tribunal, no por el acusado;

● s¾lo en el 4 por ciento de los casos contaba el acusado con un abogado desde el momento de la detenci¾n;

● mßs del 70 por ciento de los abogados dijeron que los investigadores ponÝan obstßculos a las reuniones con sus clientes, y la mayorÝa creÝan que sus consultas se grababan en secreto;

● mßs del 30 por ciento de los presos afirmaron que habÝan confesado bajo custodia policial debido a torturas fÝsicas o psicol¾gicas. Algunos abogados defensores dijeron que no habÝan conseguido que la FiscalÝa o el tribunal –los dos organismos encargados formalmente de determinar y decidir la existencia de casos de presuntos malos tratos —investigaran tales denuncias.

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Normas internacionales

Cuando la Federación Rusa ratificó el Convenio Europeo en mayo de 1998, aceptó aplicar ciertas normas que determinan qué es una detención legal y qué es un juicio justo. En el Apéndice del presente informe se incluye el texto completo de los artículos 5 y 6 del Convenio, pero a continuación se resumen algunos aspectos importantes.

En primer lugar está la presunción de libertad, recogida en el artículo 5, que prevé la posibilidad de detener al acusado sólo como medida excepcional, permisible únicamente en ciertas circunstancias expresa y estrictamente definidas. La lista de circunstancias es exhaustiva; no cabe ampliarla.(53)

En segundo lugar, los detenidos tienen derechos específicos que no se les reconocían anteriormente en los procedimientos de la justicia penal de la Federación Rusa, a saber:

● Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el mßs breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detenci¾n y de cualquier acusaci¾n formulada contra ella (artÝculo 5.2).

● Toda persona detenida en relaci¾n con un delito deber ser conducida sin dilaci¾n a presenciade un juez o de otra autoridad judicial competente (artículo 5.3).

● Toda persona detenida en relaci¾n con un delito debe ser juzgada en un plazo razonable o puesta en libertad en espera del juicio. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantÝa que asegure su comparecencia en el juicio (artÝculo 5.3).

● Toda persona privada de su libertad tiene derecho a presentar un recurso ante un ¾rgano judicial para impugnar la legalidad de su privaci¾n de libertad. Dicho ¾rgano deber ordenar rßpidamente su puesta en libertad si fuera ilegal (artÝculo 5.4).

● Toda persona que sufra violaciones de los derechos que le reconoce el artÝculo 5 tiene derecho exigible a una indemnizaci¾n (artÝculo 5.5).

Las personas acusadas de delitos también tienen derechosque, de acuerdo con los procedimientos federales rusos, anteriormente se consideraban meras posibilidades, que se concedían o negaban según el arbitrio del investigador o del tribunal. Todo acusado tiene, por ejemplo, derecho a:

● ser informado, en el mßs breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusaci¾n formulada contra Úl (artÝculo 6.3.a);

● disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparaci¾n de su defensa (artÝculo 6.3.b);

● defenderse por sÝ mismo o a ser asistido por un defensor de su elecci¾n, y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido por un abogado de oficio, cuanto los intereses de la justicia lo exijan (artÝculo 6.3.c);

● interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la citaci¾n de testigos de descargo (artÝculo 6.3.d);

● ser asistido gratuitamente de un intÚrprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en el tribunal (artÝculo 6.3.e).

Todo acusado tiene también derecho a esperar:

● que su juicio sea justo y se celebre en un plazo razonable ante un tribunal independiente e imparcial y, excepto en circunstancias estrictamente definidas, en p·blico (artÝculo 6.1);

● que se lo considere inocente hasta que su culpabilidad quede demostrada legalmente (artÝculo 6.2).

La Federación Rusa ya había aceptado cumplir obligaciones similares en tanto que Estado Parte en el PIDCP. Lo que ha cambiado desde 1998 es que su actuación puede ser sometida a la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase el capítulo 2). Si éste determina que se han violado los derechos que el Convenio Europeo reconoce a las personas detenidas o acusadas de algún delito, puede ordenar a la Federación Rusa que pague una indemnización a la víctima. Si tales violaciones están basadas en leyes vigentes, la Federación Rusa deberá reformar éstas a fin de evitar que vuelvan a cometerse.

Cuando la Federación Rusa ratificó el Convenio Europeo optó por exceptuar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5.3 y 5.4 hasta haber llevado a cabo ciertas reformas jurídicas. Sin realizar importantes cambios en el procedimiento penal vigente desde 1998 no podía garantizar que las personas detenidas en relación con un acto penado por el código penal o militar comparecerían sin dilación ante un juez para impugnar la legalidad de su detención. Tampoco podía garantizar que la detención fuera ordenada por un tribunal ni que la persona detenida fuera sometida a juicio en un plazo razonable o puesta en libertad.

Había, por tanto, importantes aspectos del sistema de justicia penal de la Federación Rusa que no podían ser sometidos a la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, éste sí podía examinar todos los demás.

Efectos del nuevo Código de Procedimiento Penal

Desde 1998, la Federación Rusa se encontraba en una situación en la que estaba aplicando normas muy poco estrictas de procedimiento penal en su derecho interno, pero tenía que responder a otras mucho más estrictas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, entre 1998 y julio del 2001 se presentaron unas 6.500 demandas contra el país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la mayoría de ellas relacionadas con aspectos de los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo.(54) Consecuencia de esta tensión entre el derecho interno y el internacional fue que la elaboración de un nuevo código de procedimiento penal, iniciada a principios de la década de 1990, se desarrolló con gran rapidez, por lo que en diciembre del 2001 fue posible adoptar el nuevo código.

El Parlamento federal decidió que el nuevo Código de Procedimiento Penal se introdujera paulatinamente a partir del 1 de enero del 2003, por lo que se elaboró un calendario en la legislación sobre su aplicación.(55) La supervisión judicial de las detenciones sería la última de las reformas en llevarse a cabo, comenzando el 1 de enero del 2004 pero sin que estuviera previsto cuándo debía concluir. Sin embargo, en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional se invirtió esta secuencia y se aceleró el ritmo de aplicación.

El Tribunal Constitucional decidió el 14 de marzo del 2002 que la adopción del Código de Procedimiento Penal marcaba el fin del «periodo de transición» de la Federación Rusa.(56) Toda demora en el acceso de los detenidos a un tribunal en un plazo de 48 horas constituiría, por tanto, una violación del artículo 2 de la Constitución y de las obligaciones contraídas por la Federación Rusa en virtud del Convenio Europeo (artículo 5) y del PIDCP (artículo 9). El Tribunal Constitucional determinó que a partir del 1 de julio del 2002 los procedimientos penales anteriores perderían fuerza legal y entraría en vigor (18 meses antes de lo previsto por los legisladores) la supervisión judicial de las detenciones.

En el momento de elaborar el presente informe se acababan de hacer públicas las estadísticas sobre los efectos de esta reforma en sus tres primeros meses. Las habían elaborado el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General y abarcaban el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2002. Un número sorprendente de personas quedaron en libertad tras decidir los tribunales que habían sido detenidas sin motivos suficientes. En los tres meses considerados, 3.000 detenidos fueron puestos en libertad directamente en los tribunales. Según el Ministerio de Justicia, eran 1.000 más que los que habían quedado en libertad en todo el año 2001.

Parece, asimismo, que los agentes encargados de hacer cumplir la ley detuvieron a menos personas durante este periodo, debido quizá a que sabían que su actuación podía ser sometida a examen judicial. La Fiscalía General dijo que el número mensual de detenciones había descendido de 23.000 a 10.000. También se redujo el número de causas penales nuevas: en un 20 por ciento en relación con las abiertas durante el mismo periodo en el 2001.

Según los primeros sondeos, la supervisión judicial de las detenciones parece haber ofrecido algún resarcimiento a los acusados en caso de privación injustificada de su libertad. Los datos disponibles no indican si ha servido también para determinar la existencia de malos tratos a los acusados o para castigar a los responsables. Es probable que tal información aparezca más tarde, si es que existe, y a través de otras fuentes distintas de la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia. Es posible también que se hayan reducido las probabilidades de sufrir malos tratos durante el periodo de prueba del nuevo Código de Procedimiento Penal. Todo perpetrador potencial debe de haber sido consciente del gran interés que estaban mostrando algunos organismos del exterior por las detenciones.

Aunque no se pueden aún juzgar las consecuencias a largo plazo de la supervisión judicial de las detenciones en la prevención de la tortura y los malos tratos a detenidos, sí ha tenido ya inesperados efectos beneficiosos en las condiciones de reclusión que soportan por lo general los presos preventivos. En enero del 2003, la población de presos preventivos había descendido a 130.000, la cifra más baja desde finales de la década de 1980 según las estadísticas del Ministerio de Justicia. Debido a ello, dice el Ministerio, en 33 de las 89 partes constituyentes de la Federación Rusa los detenidos disponen por primera vez de los cuatro metros cuadrados de espacio a que tienen derecho por ley. El espacio con que cuentan por término medio los presos en las 56 partes constituyentes restantes ha ascendido a 3,5 metros cuadrados. En las grandes ciudades, el hacinamiento en los centros para presos preventivos había alcanzado anteriormente tales proporciones, que sólo había 0,2 metros cuadrados de espacio para cada recluso. Es posible que la situación continúe, ya que las cifras del Ministerio de Justicia están basadas en promedios y abarcan sólo un periodo de tres meses.

Por consiguiente, los primeros efectos de la nueva reforma son, sin duda, positivos. No obstante, Amnistía Internacional cree que la supervisión judicial de las detenciones ha de ser evaluada a lo largo de un periodo mucho mayor y junto con las demás reformas previstas en el nuevo Código de Procedimiento Penal. Por un lado, a la organización le preocupa que con el tiempo pueda surgir resistencia al cambio por parte de organismos poderosos, como la Fiscalía y el Ministerio del Interior, que se han visto obligados a ceder sus atribuciones a los tribunales, algo a lo que se opusieron a lo largo de todo el proceso de elaboración del nuevo Código. En segundo lugar, es posible que todos los organismos relacionados con este nuevo procedimiento —incluidos los tribunales— se hayan ajustado a la letra de la ley durante los tres primeros meses debido al examen de que podían ser objeto. Si los tribunales se vuelven con el tiempo menos vigilantes, el nuevo procedimiento no ofrecerá a los presuntos delincuentes ninguna protección real contra la detención injustificada o los malos tratos.

Hay factores subjetivos que pueden comprometer también el éxito del nuevo Código de Procedimiento Penal. Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que, de momento, dentro del sistema de justicia penal de la Federación Rusa son muy pocas las personas que subscriben realmente la presunción de inocencia. Es así no sólo en el caso de los funcionarios de la Fiscalía y los ministerios de Justicia e Interior, sino también en el de los jueces, e incluso los abogados defensores. Se tiende a pensar que todo acusado absuelto por un jurado o puesto en libertad por un tribunal es un delincuente devuelto a la sociedad sin castigo.

Una entrevista emitida en el programa de radio Oblakoel 8 de noviembre del 2002 ilustra esta actitud ambivalente hacia la presunción de inocencia. Andrei Pokhmelkin, abogado defensor del Centro Jurídico del Colegio de Abogados de Moscú, hablaba en ella de la necesidad que tenían los tribunales de absolver al acusado cuando no podían declararlo culpable:

Antes, devolver una causa para que prosiguiera la investigación era una forma implícita de rehabilitación. El tribunal no asumía la responsabilidad de absolver a nadie, sino que devolvía la causa para se hicieran nuevas investigaciones, una indicación velada al investigador y a la fiscalía de que el asunto era inadmisible y sería mejor retirarlo. A menudo se sobreseía la causa [...] Evitar hacer «nuevas investigaciones» es una buena idea, pero tendrá el efecto contrario. Los tribunales no absolverán a más personas, porque para nosotros las absoluciones son en realidad una excepción. Se eliminarán las nuevas investigaciones, así que los tribunales dictarán sentencia condenatoria en causas que antes habrían devuelto para que prosiguiera la investigación y se habrían sobreseído [...] Cuando se estaba elaborando aún el código propusimos mantener las «nuevas investigaciones», cuando el acusado o la defensa lo solicitasen, en los casos en que se hubieran violado substancialmente los derechos del acusado en la investigación preliminar o no se hubiera determinado claramente su inocencia.

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Calendario de aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal

1 de julio del 2002 Se introduce la revisión judicial de las detenciones en el plazo de 48 horas. Es necesaria la aprobación judicial para efectuar registros, confiscar bienes, congelar cuentas bancarias y obtener información confidencial.

1 de enero del 2003 Un grupo de tres jueces profesionales debe ver las causas penales graves y especialmente graves, en sustitución de las vistas en presencia de un solo juez.

1 de enero del 2003 Se hace obligatoria la presencia de un fiscal en todos los juicios criminales. La acusación ha de regirse por el sistema del principio de contradicción, sin darse ya por sentada.

1 de enero del 2003 Se introduce un sistema de jueces de paz para que se ocupen de los delitos menores. El objeto es reducir el número de causas tramitadas por los tribunales ordinarios y agilizar los juicios.

1 de enero del 2004 Se introducen los juicios con jurado en todas las partes constituyentes de la Federación, excepto en Chechenia. En principio esta medida debía comenzar a aplicarse el 1 de enero del 2003, pero sólo 67 de las 89 partes constituyentes habían establecido jurados en esa fecha.

1 de enero del 2007 Fecha prevista para introducir los juicios con jurado en Chechenia.

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Capítulo 4

El desprecio gubernamental de la ley

Desde 1991, el Tribunal Constitucional ha sido una de las instituciones más efectivas de la Federación Rusa en lo que a protección de los derechos humanos se refiere. El Tribunal ha declarado inconstitucionales muchas leyes y prácticas que violaban las normas internacionales de derechos humanos y principalmente en casos presentados por particulares, no por instituciones. La inmensa mayoría de sus fallos se ha implementado de inmediato.

Sin embargo, en lo que respecta a la libertad de circulación, los fallos del Tribunal todavía tienen que hacer efecto debido a la postura de desafío adoptada por ciertas autoridades públicas destacadas, entre las que se cuenta el alcalde de Moscú, Yury Luzhkov.

Amnistía Internacional considera que todas las autoridades públicas deben someterse al dictado de la ley, e insta al gobierno de la Federación Rusa a servirse de las medidas a su disposición para hacer cumplir sin dilación los fallos del Tribunal Constitucional.

Desafío al Tribunal Constitucional

Cuando hacía campaña para ser reelegido alcalde de Moscú en el 2000, Yury Luzhkov dijo a unos periodistas que le preguntaron por su sistema de propiska:«La Constitución rusa no se aplica en Moscú». Estaba defendiendo la práctica de controlar el acceso a la capital obligando a la gente a obtener autorización para vivir en ella.

El Comité de Supervisión Constitucional de la URSS fue el primero en declarar ilegal el sistema de propiska, en octubre de 1991. Desde 1995, el actual Tribunal Constitucional ha declarado ilegal tal sistema en por lo menos ocho ocasiones distintas, aduciendo que el requerimiento de «autorización» para vivir en una dirección particular viola el derecho a la libertad de circulación, estancia y residencia.(57)

En 1996, habiéndose ya dictado el primer fallo judicial, se estima que unas 30 de las partes constituyentes de la Federación Rusa seguían manteniendo diversas formas de restricción de residencia.(58) Éstas a menudo consistían en prescribir cuotas de inmigración (como en el Territorio de Stavropol), o procedimientos de inmigración prohibitivamente costosos (como en la Región de Moscú), o impuestos discriminatorios para los pobladores (como en la ciudad de Moscú). El Tribunal Constitucional de nuevo declaró ilegales estas restricciones en abril de 1996(59) y se pronunció en contra de otras restricciones de residencia en los años siguientes.

Al comenzar el 2003 se estimaba que eran unas 10 las partes constituyentes de la Federación Rusa que seguían imponiendo restricciones de residencia, ya fuera en su legislación o en la práctica. Entre estas 10 figuraban: San Petersburgo, las regiones de Leningrado y de Kalingrado, en el oeste del país, los territorios de Stavropol y de Krasnodar, en el sur, y Nizhni-Novgorod, la Región de Moscú y la ciudad de Moscú, en la zona central.

El informe de Amnistía Internacional «Dokumenty!» – Discriminación por motivos raciales en la Federación Rusa, explica cómo se han utilizado los procedimientos de registro para discriminar a los mesjetios que viven en el Territorio de Krasnodar.(60) En este informe examinamos las amplias restricciones de residencia que impone la ciudad de Moscú, y su repercusión, tan negativa, sobre los derechos humanos.

Se han fijado estrictos plazos de tiempo para que las partes constituyentes de la Federación Rusa ajusten sus legislaciones a la Constitución, y las autoridades públicas tienen obligación legal de cumplir tales plazos. Figuran en una ley federal promulgada en 1999 –la Ley sobre los Principios Generales para la Organización de los Órganos Legislativos (Representativos) y Ejecutivos del Poder del Estado en las Partes Constituyentes de la Federación–.(61)La ley no entró en vigor durante dos años precisamente para dar tiempo a resolver las incoherencias regionales.

En vista de la decidida postura que ha mantenido el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, Amnistía Internacional ve con preocupación que las partes constituyentes de la Federación Rusa no erradicaran las restricciones de residencia ilegales durante este periodo de gracia de dos años. También es preocupante que las autoridades federales rusas no hicieran el menor esfuerzo por hacer cumplir las disposiciones de la ley.

La ley faculta al presidente Vladimir Putin, en tanto que «garante de la Constitución», a suspender cualquier acto legal que en su opinión viole la Constitución federal hasta que los tribunales emitan un fallo sobre la cuestión.(62) Si un tribunal decide que el acto es en efecto ilegal, el gobernador de la parte constituyente de la Federación –o el alcalde, en el caso de la ciudad de Moscú– está obligado a remediar la situación en el plazo de dos meses, o se arriesga a recibir una amonestación formal del presidente Putin.(63) Si seguidamente el gobernador o el alcalde no hacen cuanto esté en su poder para erradicar la ilegalidad en el plazo de un mes desde la amonestación formal, el presidente Putin tiene poderes para destituirlo de su cargo.(64) Si esta destitución se recurre, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa debe pronunciar su fallo en un plazo de 10 días.(65)

Amnistía Internacional conoce un caso en que esto ha ocurrido. Un tribunal regional ya se ha apoyado con éxito en esta ley para poner fin a una práctica de distrito ilegal. En agosto del 2002 el tribunal regional de Sverdlovsk, en los Urales, decidió que la práctica del alcalde de negarse a firmar leyes impidiendo así su entrada en vigor violaba la legislación federal. El tribunal ordenó al Parlamento regional que promulgara una nueva ley, cerrando así las lagunas legislativas que permitían este abuso. Así se hizo. Anteriormente, los alcaldes de la región podían hacer caso omiso de las leyes que no les gustaban, y de tal forma que sólo las que se habían acordado previamente con ellos llegaban a entrar en vigor.

Amnistía Internacional considera que ya es hora de aplicar totalmente la ley para erradicar las restricciones de residencia y las violaciones de derechos humanos que éstas conllevan.

El sistema de propiskay las violaciones de derechos humanos

Los plazos anteriormente indicados se aplican sólo si la infracción de la ley ha sido causa de importantes abusos contra los derechos humanos.(66) El sistema de propiskade Moscú viola normas internacionales de derechos humanos que forman parte del derecho interno ruso.(67)

El artículo 12.1 del PIDCP dispone:

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Sin embargo, dentro de los límites de la ciudad de Moscú sólo pueden disponer de permiso legal de residencia los moscovitas y sus cónyuges o los recién llegados que puedan permitirse comprar una vivienda.

Otras violaciones de derechos humanos cometidas como consecuencia del sistema de propiskason:

· los miembros de minorías étnicas son víctimas constantes de controles policiales, e incluso de expulsión de la ciudad tras un procedimiento sumario, sin acceso a un abogado ni a otros derechos de procedimiento;

· las personas sin hogar de Moscú no pueden recibir la asistencia médica que necesiten ya que, al no contar con un domicilio registrado, no tienen acceso a un médico;

· las parejas del mismo sexo no pueden vivir juntas en Moscú si uno de sus componentes no es de la ciudad, pues sólo pueden registrarse quienes llegan a ella ya casados para unirse a su cónyuge.

En el contexto de la guerra de Chechenia y de una presunta «amenaza terrorista», el sistema de propiskaha permitido que las autoridades de Moscú persiguieran y expulsaran colectivamente a grupos étnicos específicos, no por haber cometido delitos, sino debido a su identidad. Muchos ciudadanos extranjeros han sido expulsados tras un procedimiento sumario en medio de escenas de violencia e insultos raciales. Estos casos violan normas de derechos humanos que la Federación Rusa se ha comprometido a cumplir. Por ejemplo, el artículo 13 del PIDCP dispone:

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

También se ha maltratado y expulsado de la ciudad a ciudadanos rusos. Si bien no todos, la mayoría de ellos eran chechenos.

Registrarse en la ciudad de Moscú da acceso a la educación, la atención médica y las prestaciones de la Seguridad Social. Por consiguiente, quienes no están registrados no tienen acceso a estos servicios esenciales. El periódico Trudcomentó lo siguiente el 3 de agosto del 2002:

Hay familias afganas que llevan 10 años viviendo en Moscú sin estar registradas. Trabajan donde pueden y no tienen acceso a la atención médica ni posibilidad de enviar a sus hijos al colegio. El gobierno federal está al corriente de la existencia de estos extranjeros ilegales y de su terrible situación, por supuesto, pero opta por fingir que no existen.

El 6 de junio del 2002, Nezavisimaia gazeta informó así de los problemas de otro grupo de personas no registradas de Moscú:

En el 2001 se recogieron en ambulancias en las calles de Moscú los cadáveres de 860 personas sin hogar, 430 de ellos en invierno. Lo más probable es que la mayoría murieran de enfermedades no mortales. A un moscovita corriente le cuesta ya mucho recibir atención médica [...] pero si una persona no tiene permiso de residencia —lo que se conoce como «registro»— ¿qué va a hacer?

Más adelante en el mismo artículo, la organización médica francesa Médecins sans Frontières, una organización sin fines lucrativos que lleva prestando asistencia a las personas sin hogar de Moscú desde hace 10 años, afirmaba que este sistema de registro y los problemas burocráticos representaban un obstáculo mucho mayor para su trabajo que el invierno ruso.

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Justicia discriminatoria

Svetlana Stepanova es romaní y puede haber sido víctima del empleo de estereotipos raciales por parte del sistema de justicia. En mayo del 2002, el Tribunal Intermunicipal (de Distrito) de Taganka, Moscú, la declaró culpable de tráfico de drogas «en escala especialmente grande», en aplicación del artículo 228.4 del Código Penal. El Tribunal determinó que había suministrado 1,81 gramos de heroína a un conocido drogadicto a cambio de un aparato de televisión, y la condenó a seis años de prisión. Svetlana Stepanova no tenía antecedentes penales.

Aunque no sabía leer ni escribir, Svetlana Stepanova no contó con nadie que la ayudara a entender la acusación presentada contra ella y no tuvo abogado ni en el momento de su detención ni durante el interrogatorio preliminar a que fue sometida en noviembre del 2000. La acusaron de suministrar heroína a un drogadicto utilizado por la policía para tender una trampa a un traficante. Ella lo ha negado constantemente. Dos agentes de policía, un conductor y otros testigos que se hallaban presentes no pudieron identificar a Svetlana Stepanova como el traficante. No la detuvieron en el lugar de los hechos, sino posteriormente, en su casa, donde no se encontró ni rastro de drogas.

Svetlana Stepanova tiene cuatro hijos, todos ellos menores, pero, como carecía de propiskapara la ciudad de Moscú, la recluyeron en prisión en espera de juicio. Estuvo encarcelada durante 18 meses, durante los cuales su familia se fragmentó y sus hijos fueron puestos bajo la custodia de distintas familias. Ahora viven con una hermana de ella. Por razones incomprensibles, Svetlana Stepanova no se benefició de una amnistía presidencial concedida en enero del 2002 a las presas con hijos de corta edad.

Svetlana Stepanova afirma que la policía la maltrató al detenerla, la golpeó en la cabeza y le robó algunas de sus pertenencias. Durante su prisión preventiva solicitó en varias ocasiones que la viera un médico, pero no le hicieron caso, y tampoco se investigaron sus denuncias de conducta policial indebida. Ahora cumple condena en una colonia penitenciaria de Mordovia, sometida a un estricto régimen de trabajo correctivo. Su recurso de apelación al Tribunal Supremo fue rechazado el año pasado.

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Ciertos grupos de personas son víctimas de frecuentes controles policiales, que a veces incluso producen su expulsión de la ciudad. En el 2002, por ejemplo, los romaníes fueron víctimas específicas de dos campañas de «control de los documentos de registro» emprendidas por la policía moscovita. En marzo, en una campaña conocida como «OperaciónTabor» (Campamento Gitano), la policía detuvo a 140 romaníes sin documentos de registro y los expulsó de la Región de Moscú. Antes de la expulsión les hicieron una ficha especial y les tomaron las huellas dactilares. Según información publicada el 30 de julio por el periódico Vremia MN, del 10 al 24 de julio se detuvo a otros 1.695 romaníes sin documentos de registro en una operación denominada «Tabor-2». Sólo 20 de ellos estuvieron detenidos de forma prolongada como sospechosos de delitos.

El 17 de julio del 2002, Anatolii Yashkov, funcionario policial de Moscú, contó lo siguiente al periódico Izvestiia: «Los gitanos se han metido en un negocio nuevo últimamente: las drogas. Es lucrativo y genera ingresos constantes. Están metiendo en el negocio a las mujeres y a los niños». Un portavoz de la Unión Internacional de Gitanos dijo al periódico que las operaciones policiales en que las conductas delictivas se relacionaban directamente con un grupo étnico específico hacían «retroceder a Rusia a la Edad Media o a la Alemania de antes de la guerra».

Desde noviembre del 2000, la Federación Rusa ha permitido que los ciudadanos de Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán viajaran sin visado debido a su necesidad de mano de obra inmigrante.(68) Un informe sobre el empleo de temporeros en la región meridional de Volvogrado, publicado en el periódico oficial del Parlamento federal, Rossisskaia gazeta, ilustró los beneficios económicos oficialmente reconocidos de esta práctica.(69) Se decía en él que, en primavera, la mano de obra de la agricultura intensiva de la región se componía principalmente de uzbekos, tayikos, coreanos y chinos que por salarios muy bajos cosechaban cebollas, tomates, pepinos y otras hortalizas en cantidades cuatro veces superiores a la media regional.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento de su trabajo, una vez dentro (legalmente) de la Federación Rusa, esos inmigrantes se topan todavía con la normativa moscovita (inconstitucional) sobre el registro. Los más vulnerables son los tayikos, que constituyen el grupo más numeroso y la mano de obra más barata. Alrededor del 80 por ciento de ellos acaban aceptando empleos mal pagados en el sector de la construcción y en puestos de mercado. Las autoridades tayikas de migración calculan que sólo en el 2002 encontraron trabajo en la Federación Rusa más de medio millón de tayikos, en su mayoría hombres jóvenes.

En el informe «Dokumenty!» – Discriminación por motivos raciales en la Federación Rusa, publicado en el 2003, Amnistía Internacional describe los insultos y agresiones de que suelen ser objeto los inmigrantes en Moscú, en particular los de piel oscura.(70) La discriminación contra los tayikos se intensificó a finales del 2002, a raíz de un suceso ocurrido en octubre, cuando un grupo de individuos, que se cree eran todos chechenos, tomaron como rehenes a centenares de personas en un teatro de Moscú (véase el capítulo 5). El periódico tayiko Varoruddescribió así el ambiente imperante en la capital el 11 de noviembre:

Se efectúan inspecciones masivas en los mercados y se han intensificado los controles de vehículos. Como de costumbre, los visitantes de «piel oscura» son los chivos expiatorios [...] Todo suceso negativo que se produzca en la región Rusa se vuelve contra las personas de «piel oscura», incluidos los tayikos. Así es la realidad de la que no hay lugar donde ocultarse. Esta situación pone una vez más de manifiesto lo que ocurre en Moscú y las medidas de las instituciones rusas encargadas de hacer cumplir la ley, que causarán nuevos sufrimientos a nuestros compatriotas.

El 20 de noviembre del 2002 se practicaron detenciones masivas de tayikos en la ciudad y en la región de Moscú. En algunos casos, la policía rompió públicamente los permisos de residencia permanente de los detenidos. Ochenta tayikos fueron recluidos en celdas en la ciudad de Serpujov, situada al sur de Moscú; los tuvieron sin comer durante dos días y los sometieron a tratos humillantes. El 22 de noviembre, 117 tayikos fueron obligados a embarcarse en un avión militar en el aeropuerto de Chkalov, que los llevó a Dushanbe, la capital de Tayikistán. El 29 de noviembre, otros 73 fueron obligados a sumarse a ellos.

El 30 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tayikistán protestó oficialmente contra las expulsiones diciendo: «Dado el régimen de entrada, salida y estancia sin visado aplicado a los ciudadanos de ambos Estados en el territorio de cada uno, el hecho de que los ciudadanos tayikos que viven en Moscú no tengan certificado de registro no puede ser razón para tomar una medida tan drástica como la expulsión». Amnistía Internacional ve con preocupación que las expulsiones violaron derechos humanos, incluidos los reconocidos en los artículos 1 y 4 del Protocolo núm. 4 del Convenio Europeo.

t1 Los chechenos que viven en Moscú son uno de los grupos que lleva más tiempo sufriendo los efectos punitivos del régimen de registro, en especial desde los atentados con bomba perpetrados en septiembre de 1999 en edificios residenciales de Moscú, en los que murieron 300 personas. Aunque nadie se hizo responsable de ellos ni se detuvo tampoco a ninguna persona por haberlos llevado a cabo, el alcalde Luzhkov manifestó públicamente que creía que habían sido obra de extremistas islámicos chechenos.

Tras los atentados, las autoridades lanzaron la «Operación Torbellino», en la que se pidió a todas las personas que no fueran moscovitas que se presentaran inmediatamente a las autoridades para volver a registrarse.(71) Hasta 20.000 personas fueron detenidas por la policía moscovita, y a 10.000 las pusieron en trenes y las expulsaron de la ciudad tras negarles el permiso de residencia. Durante los tres meses siguientes, Amnistía Internacional recogió testimonios de chechenos y de miembros de otras minorías étnicas de Moscú que afirmaban haber sido detenidos arbitrariamente, maltratados y torturados bajo custodia antes de ser expulsados. Muchos denunciaban que les habían puesto armas y drogas entre sus pertenencias para poder imputarles delitos.

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Los problemas que tuvo que afrontar Zarema Dadaeva, una mujer chechena, después de la toma de rehenes en el teatro moscovita, son bastante típicos. Llevaba viviendo en Moscú desde 1999, con su familia. El registro temporal de su familia expiraba a mediados de octubre del 2002, y cuando trató de renovarlo el 25 de octubre, en medio de la crisis de los rehenes, su solicitud fue denegada. Dos intentos posteriores de renovar el registro también fracasaron. Finalmente, los funcionarios del registro le dijeron que sólo volverían a darla de alta en el registro si su casero le escribía una carta comprometiéndose a aceptar la responsabilidad, personalmente, de cualquier delito que la familia Dadaev pudiera cometer mientras vivía en su apartamento. El casero aceptó pero, después de entregar la carta a los funcionarios del registro, Zarema Dadaeva fue detenida en una estación del metro durante un control rutinario de documentos de identidad y la recluyeron en una celda en el distrito en el que había tratado de registrarse. Gracias a la intervención de una organización no gubernamental de Moscú, Asistencia Cívica, quedó en libertad. Se le dijo que volviera a por los papeles del nuevo registro el 3 de diciembre. Cuando acudió a recogerlos, el funcionario del registro le dijo: «No me conoces. No es que sea una mala persona pero si te doy de alta voy a tener problemas...». Pese a eso, la registró ese día.(72)

Durante las semanas que los Dadaev pasaron tratando de renovar sus documentos, los maestros de uno de sus hijos le dijeron que no se le permitiría seguir asistiendo a la escuela a menos que presentara al día siguiente los documentos de registro válidos. Cuando Asistencia Cívica impugnó esta decisión, una maestra pidió disculpas a los Dadaev y manifestó que el departamento de educación del distrito de educación la había presionado.

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La victimización deliberada se reanudó en el 2002 después de la toma de rehenes en el teatro moscovita. El 30 de octubre, Yury Kalinin, viceministro de Justicia de la Federación Rusa, manifestó lo siguiente en una entrevista con un periódico:

La única forma de vencer el temor que nos inspiran los chechenos es simplemente no dejarlos entrar en Rusia [sic] ... Nuestro verdadero objetivo debe ser restringir los derechos y libertades de los chechenos como representantes de un pueblo con el que hemos estado en guerra desde hace mucho tiempo. Se mire como se mire, la verdad es que representan una amenaza potencial para la seguridad de nuestros hijos, y no debemos cerrar los ojos ante este hecho.(73)

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Zelimkhan Nosaev, un conductor checheno de la empresa Frezer, fue detenido el 30 de octubre del 2002 cuando la policía fue a su casa, en el sur de Moscú, a examinar su documentación. Asegura que tras muchos insultos y palizas en el recinto policial de la localidad, lo obligaron a firmar una declaración admitiendo que le pertenecía el seguro de granada que la policía halló en el bolsillo de sus pantalones. Lo acusaron de «posesión ilegal de armas» en virtud del artículo 222 del Código Penal. Según dice, cuando posteriormente trató de retractarse, el investigador del Departamento de Asuntos Internos de Nizhegorodsky le dijo que era inútil intentarlo porque el departamento estaba «cumpliendo órdenes superiores y todavía tenía que atrapar a 15 personas más». Fue puesto en libertad tras la intervención del diputado parlamentario Aslambek Aslakhanov, pero no se le retiró el cargo. Según dice Memorial, la organización de derechos humanos moscovita, la Fiscalía informó más tarde al abogado defensor de Zelimkhan Nosaev, por carta, de que no se había considerado necesario observar todas las normas de procedimiento en este caso –como comprobar las huellas dactilares en el seguro de granada– «porque la culpabilidad de Nosaev estaba completamente probada». Zelimkhan Nosaev había estado viviendo con sus padres con un registro temporal desde 1998, pero en el 2002 su registro no fue renovado, sin que entienda la razón.

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En las semanas siguientes, más de 300 chechenos de Moscú se quejaron de haber tenido problemas de registro en la ciudad.(74) Los funcionarios dijeron a muchos de ellos, cuando acudieron a renovar sus documentos de registro de residencia, que tenían órdenes verbales de no registrar a ningún checheno, y que «pagarían las consecuencias» si lo hacían. Los caseros que alquilaban apartamentos a chechenos también recibieron presiones de la policía para que los echaran a la calle. En algunas escuelas de Moscú los maestros señalaron deliberadamente a los niños chechenos, delante de sus compañeros de clase, y les advirtieron que sólo podrían seguir asistiendo a clase si sus familias poseían papeles de registro.

En los días posteriores a la toma de rehenes en el teatro moscovita, se detuvo a unos 400 chechenos por toda la Federación, según cifras de Memorial, la organización de derechos humanos sita en Moscú. Decenas de chechenos residentes en Moscú fueron detenidos con fines de controles rutinarios de identidad y acusados de posesión de armas o drogas. En varios casos los hombres han insistido en que se habían inventado las acusaciones.

El 18 de abril del 2002, en una revisión del año para el Parlamento, el presidente Putin dijo al Consejo de la Federación (la cámara alta) que se estaban modernizando el sistema judicial y el ordenamiento jurídico, y aclaró: «Se han aprobado la mayoría de los decretos, leyes y normas necesarios y se han asignado fondos para su ejecución. Lo que hay que hacer ahora es cumplir estrictamente las decisiones».

El cumplimiento de los fallos del Tribunal Constitucional es parte integrante de este proceso. El gobierno municipal de Moscú y los gobiernos de otras partes constituyentes de la Federación con regulaciones restrictivas de residencia, deben abolir sin demora el sistema de registro. Amnistía Internacional insta al Tribunal Supremo y al presidente Putin a que ejerzan sus atribuciones para garantizar que así se hace.

Capítulo 5

Impunidad con la ley «contra el terrorismo»

En octubre del 2002, varias decenas de hombres y mujeres armados que, según se cree, eran todos chechenos, tomaron como rehenes a más de 800 personas en un teatro de Moscú, y durante los tres días que duró la toma del teatro mataron a tres de ellas. En el curso de la operación de rescate, 50 de los secuestradores y al menos 129 rehenes murieron, algunos por heridas de bala, pero la inmensa mayoría a causa de un gas liberado por las fuerzas de seguridad en el teatro.

El intento de rescate y sus consecuencias pusieron en evidencia la actitud de las autoridades hacia la vida y el bienestar de los civiles tomados como rehenes. Asimismo planteó serias cuestiones sobre la impunidad de que disfrutaban los funcionarios en virtud de la Ley para Combatir el Terrorismo, de 1998.

Un hecho notorio fue que 61 personas intentaron demandar al gobierno municipal de Moscú por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la forma en que las autoridades habían puesto fin a la toma del teatro, acogiéndose a la Ley para Combatir el Terrorismo. El 23 de enero del 2003, el Tribunal Intermunicipal (de Distrito) de Tverskoi rechazó las tres primeras demandas (descritas en el texto y en uno de los recuadros siguientes). Una delegada de Amnistía Internacional asistió a las vistas judiciales sobre este caso en calidad de observador y estuvo presente cuando se dictó sentencia sobre las tres primeras demandas.

La toma y asalto del teatro de Moscú

Esta madrugada se ha llevado a cabo una operación para liberar a los rehenes. Hemos conseguido algo que parecía imposible: salvar la vida de centenares y centenares de personas. Hemos demostrado que Rusia no puede ser doblegada. Pero, antes que nada, ahora me gustaría dirigirme a los familiares y amigos de quienes han perecido. No hemos podido salvar a todos. Les pedimos perdón. El recuerdo de los que han muerto debe unirnos. Agradezco a todos los ciudadanos de Rusia su entereza y su unidad.

Discurso televisado del presidente Putin, 26 de octubre del 2002.

Muchas personas, considerando las circunstancias que habían hecho posible la toma de un teatro en el centro de Moscú y el modo en que se le había puesto fin, se sintieron, además de horrorizadas por la pérdida de vidas derivada de las acciones de los secuestradores, muy alarmadas por los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad y por la actitud de las autoridades.

El ataque se produjo la noche del 23 de octubre del 2002, cuando 59 hombres y mujeres armados tomaron a más de 800 personas como rehenes en la Casa de la Cultura de la céntrica calle Melnikov de Moscú durante una representación del musical Nord-Ost.(75) Entre los rehenes había miembros del público, actores, músicos de la orquesta y personas de grupos privados que estaban ensayando en salas de prácticas; muchos de ellos eran niños. Los secuestradores pedían la retirada de las tropas federales rusas de Chechenia. Dijeron que habían minado las entradas al teatro y que las mujeres de su grupo llevaban explosivos encima.

Durante la ocupación, que se prolongó hasta el 26 de octubre, los secuestradores mataron, disparando contra ellas, a tres personas. Una de éstas era una mujer que entró accidentalmente al teatro el 23 de octubre. Los secuestradores recogieron los documentos de identidad de todas las personas que había en el edificio y amenazaron con matar a un general de división del Ministerio del Interior que se encontraba allí.(76) Durante la ocupación, los rehenes recibieron comida y bebida del bufet del teatro, y utilizaron el foso de la orquesta como aseo. Los secuestradores liberaron a algunos que tenían problemas de salud.

La madrugada del 26 de octubre, las autoridades liberaron un gas soporífero en el teatro. Al cabo de unos minutos las tropas Alfa–del Grupo Especial A (Alfa), adscrito al Servicio Federal de Seguridad– asaltaron el edificio, mataron a tiros a 50 secuestradores y evacuaron a los rehenes, la mayoría de los cuales eran incapaces de caminar por sí solos en ese momento. Según Olga Karpova, médico del Departamento de Respuesta Operativa del Servicio de Rescate de Moscú, al menos 37 rehenes murieron en el teatro.(77) Unos 646 fueron llevados a hospitales y el 28 de noviembre uno de cada seis, aproximadamente, había muerto. Se sabe que un total de 129 rehenes perdieron la vida como consecuencia de la operación de rescate. Al parecer, siguen sin aparecer otros 68.(78) Los abogados encargados de las demandas afirman que en abril del 2003 habían muerto 40 más por complicaciones derivadas del contacto con el gas, pero en el momento de redactar el presente informe no se disponía de información a este respecto.

Alrededor de 400 rehenes fueron enviados al Hospital Núm. 13, el más próximo al teatro, pero uno de los más pequeños, con sólo 50 empleados, para que fueran atendidos allí. A causa de las consiguientes demoras, algunos pacientes que necesitaban atención urgente no la recibieron. Otros, como Aleksei Shalnov (véase el recuadro, infra), fueron dados de alta demasiado pronto y murieron posteriormente. También se enviaron rehenes a los hospitales números 1, 7 y 9, al Instituto de Primeros Auxilios Sklifosovskii, al Hospital Botkin y al Hospital Militar de Veteranos de Guerra. Los que eran sospechosos de estar en connivencia con los secuestradores fueron enviados al Hospital Núm. 20.

Durante el suceso, Amnistía Internacional condenó sin reservas la toma de rehenes, que consideró un acto deplorable, y, al finalizar, la organización pidió, como muchos otros, que se llevara a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre la operación de rescate.(79)

El 14 de noviembre, el Parlamento federal votó en contra de la propuesta de establecer una comisión parlamentaria para investigar cómo había podido producirse la toma de un teatro en el centro de Moscú y cómo se había resuelto. Celebró también una votación en la que se aprobó la promulgación de leyes para restringir el acceso de la prensa a sucesos de este tipo en el futuro y para prohibir el envío de los cadáveres de los «terroristas» a su lugar de origen. Ante la presión internacional y las protestas de los medios de comunicación del país, el presidente Putin vetó la aprobación de las restricciones a la prensa el 25 de noviembre.

El gobierno municipal de Moscú pagó 100.000 rublos (unos 3.200 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización a los familiares de los rehenes muertos y 50.000 a cada rehén que había resultado herido. Estas sumas están prescritas en el artículo 17 de la Ley para Combatir el Terrorismo.

La lucha por una indemnización

El 16 de diciembre se presentaron las ocho primeras demandas contra el gobierno municipal de Moscú por daños morales y materiales cuantificados en un total de 7,5 millones de dólares. Más tarde se presentaron otras.

La opinión pública estaba dividida en relación con las demandas. Algunos comentaristas acogieron con satisfacción el hecho de que los demandantes insistieran en hacer valer sus derechos. El gobierno municipal de Moscú dijo que las demandas lo llevarían a la bancarrota y harían subir los precios en la ciudad.

En las vistas judiciales, los demandantes agradecieron al gobierno municipal de Moscú su donativo, pero dijeron que reclamaban una indemnización por daños materiales, ya que ellos y sus familias se habían quedado sin fuentes de ingresos debido al intento de rescate, en unos casos porque el cabeza de familia había resultado muerto y en otras porque ellos mismos habían sufrido lesiones que les impedían trabajar. Reclamaban también una indemnización por daños morales, causados por el modo en que habían sido tratados por las autoridades durante y después de la operación de rescate.

El principal aspecto del caso era el uso que habían hecho las autoridades de un gas no identificado para poner fin a la situación. El Ministerio de Salud determinó posteriormente que el gas estaba «basado en derivados del fentanil, anestésico de uso común», pero fue el 30 de octubre cuando lo hizo, cuatro días después del asalto al teatro.(80) El ministro no quiso ser más preciso ni siquiera el 11 de diciembre, cuando tuvo que responder a las preguntas del Parlamento. Dijo que el asunto era «secreto de Estado».

Los demandantes sostenían que las autoridades habían hecho preparativos deplorablemente inadecuados para los rehenes víctimas del gas, a pesar de que sabían qué gas iban a utilizar. Administrado en dosis grandes y sin control, como se hizo en el teatro, donde se liberó por medio del sistema de aire acondicionado, el fentanil provoca rápidamente problemas respiratorios y coma. Es esencial administrar oxígeno a los pocos minutos, pero no parece haberse previsto una amplia administración de oxígeno o de un antídoto para los rehenes cuando los sacaron a la calle. A los hospitales designados para atender a los rehenes no se les advirtió sobre el uso de fentanil, por lo que durante un periodo decisivo de varias horas su personal fue incapaz de encontrar un antídoto adecuado.

Aunque había más de 800 rehenes en el teatro, las autoridades que planificaron el intento de rescate enviaron pocas camillas y sólo unas cuantas ambulancias. Muchos rehenes fueron trasladados en autobuses municipales, sin escolta para despejar el tráfico de la ciudad a su paso y sin asistencia médica a bordo. A algunos los tendieron en el suelo de los autobuses. Aleksandra Karpova, cuyo hijo, Aleksandr, murió durante el intento de rescate, contó en la vista de una de las tres primeras demandas que había visto en la televisión imágenes de un soldado pisando el cadáver de su hijo. Como el rescate se había preparado de manera tan inadecuada, se temía que muchos rehenes hubieran sufrido daños innecesarios e irreparables para su salud antes de recibir atención hospitalaria.

Los familiares de los rehenes reclamaban también una indemnización por daños morales causados por la incertidumbre en que les habían tenido las autoridades al no informarles de lo que les había ocurrido a sus seres queridos. Todos los rehenes tenían documentos de identidad con su nombre y dirección, pero en un principio las autoridades no hicieron ningún intento de ponerse en contacto con sus familias ni de elaborar una lista de las víctimas indicando su paradero. No se mostraron fotografías de los muertos hasta dos días después del asalto de las fuerzas de seguridad al teatro. Los familiares dijeron que el 26 y el 27 de octubre habían tenido que recorrer los hospitales y depósitos de cadáveres de la ciudad en busca de sus seres queridos. A algunos les entregaron certificados de defunción incompletos, en los que se indicaba como causa de la muerte un «atentado terrorista». Otros no fueron informados hasta días después de haberse practicado la autopsia. En la primera serie de demandas, algunos de los demandantes expresaron su desaprobación por el hecho de que se hubiera borrado la ciudadanía de los rehenes muertos en los certificados de defunción.

Los familiares se quejaban también de la asistencia que habían recibido del gobierno municipal de Moscú para los funerales, pues consideraban que les había causado aún más angustia. Aleksandra Karpova dijo en la vista que el ataúd que le había proporcionado el gobierno municipal no era adecuado para contener el cadáver de su hijo y que se deshacía. Las autoridades le aconsejaron comprar otro y revender los dos para comprar uno mejor. No le quedó más remedio que hacerlo así.

El gobierno municipal de Moscú no impugnó los hechos expuestos por los demandantes en las vistas, pero negó toda responsabilidad por «daños morales» conforme al Código Civil. Alegó que ya había cumplido con sus responsabilidades para con los familiares y los rehenes por daños materiales. El tribunal desestimó las tres primeras demandas sin dar ninguna explicación. Los demandantes presentaron una apelación ante la instancia superior, el Tribunal Municipal de Moscú, pero éste la desestimó en abril del 2003.

[recuadro]

La imparcialidad del tribunal, en duda

Tanto antes como durante la celebración de las vistas sobre lo ocurrido en la Casa de la Cultura, los abogados y los demandantes manifestaron formalmente su falta de confianza en el tribunal y solicitaron el traspaso de las vistas al Tribunal Supremo de la Federación Rusa. Sostenían que el Tribunal Intermunicipal (de Distrito) de Tverskoi no podía substanciar la causa con imparcialidad porque dependía del único demandado, el gobierno municipal de Moscú, ya que recibía de él una parte considerable de sus ingresos. En el sumario se incluyó una copia del presupuesto municipal.

El tribunal rechazó la solicitud, y en enero del 2003 desestimó las tres primeras reclamaciones de indemnización. Los demandantes presentaron una apelación ante el Tribunal Municipal de Moscú, pero éste la rechazó en abril del 2003.

Las 89 partes constituyentes de la Federación Rusa están obligadas a pagar una suma anual fija con destino al presupuesto federal. Este dinero lo recibe el Tribunal Supremo y se utiliza para pagar los sueldos de los jueces, el alquiler de los juzgados y los gastos de nuevas instituciones judiciales, como los jueces de paz. A lo largo de muchos años ha habido tal déficit en la financiación de los tribunales, que la mayoría de los tribunales locales necesita más fondos de los que recibe.

El Tribunal Municipal de Moscú recibe también parte de sus fondos directamente del gobierno municipal. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación este tipo de subvención directa de las autoridades locales, pues puede comprometer la independencia de los tribunales. Aunque, individualmente, los jueces puedan obrar todavía con imparcialidad e integridad, los ciudadanos no pueden tener la seguridad de que lo hagan dado el origen de sus ingresos. La existencia de tribunales independientes e imparciales, y la necesidad de que se vea que lo son, constituyen condiciones necesarias para la celebración de juicios justos según el artículo 6 del Convenio Europeo y el artículo 14 del PIDCP.

De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, en el 2003 el gobierno municipal de Moscú ha asignado 700 millones de rublos (unos 22,5 millones de dólares estadounidenses) a los tribunales de la ciudad en forma de subvenciones directas, así como al presupuesto federal destinado al mantenimiento del sistema judicial federal. Las asignaciones locales son para calefacción y electricidad, telecomunicaciones, alquileres, viajes de trabajo de los jueces, seguros sociales, etc.(81)

[fin de recuadro]

[Recuadro]

Víctimas del asalto

Daniil Abudallaevich Chernetsov trabajaba como acomodador de la Casa de la Cultura cuando se produjo el ataque. La primera noche telefoneó a su madre y, para tranquilizarla, le dijo que volvería a casa. Fue la última vez que hablaron.

El 26 de octubre, después de que las tropas Alfapusieran fin a la ocupación del teatro, la madre de Daniil Chernetsov, que es médico, recorrió los hospitales y los depósitos de cadáveres de la ciudad buscándolo, pero no lo encontró. Según contó al tribunal, el 29 de octubre se dio cuenta de que algo estaba mal.

Cuando le mostraron fotografías de cadáveres de los depósitos de la ciudad, reconoció a su hijo únicamente por la forma de las orejas. Le habían hecho la fotografía después de una autopsia. Fue a identificar el cadáver al depósito núm. 11. Lo sacaron en una mesa rodante y envuelto en una bolsa de plástico negro. Pidió que le dejaran mirarle las manos y una pequeña cicatriz que tenía en el brazo, pero no se lo permitieron. Tampoco le entregaron un certificado de defunción que pidió. Consiguió una copia en el registro local posteriormente, pero no figuraba en él la causa de la muerte. Sigue sin haber recibido los resultados de la autopsia de su hijo.

La madre de Daniil Chernetsov tiene aún preguntas a las que no le han dado respuesta. ¿Cuál fue la causa de la muerte de su hijo y por qué le ocultaron el cadáver?

El 27 de octubre, el periódico Kommersantinformó de que las tropas Alfahabían confundido a varios rehenes con secuestradores y los habían matado a disparos, de forma sumaria. La madre de Daniil Chernetsov teme que fuera esto lo que le ocurrió a su hijo. Daniil Chernetsov era medio ruso y medio uzbeko, por lo que no tenía el aspecto eslavo típico. Tenía 21 años.

Yakha Khalidovna Neserkhoeva, economista chechena, llevaba muchos años viviendo en Moscú, donde trabajaba en una tienda. Al poco de tomado el teatro, los secuestradores le ofrecieron dejarla marchar, pero ella no quiso. Había ido a ver el espectáculo con una amiga rusa y no quería dejarla sola como rehén.

Cuando las tropas Alfaasaltaron el teatro la detuvieron, creyendo que era uno de los secuestradores. La llevaron —medio desnuda, según testigos— al Hospital Núm. 20, donde estaban atendiendo a los sospechosos. Con 43 años de edad y una afección cardiaca y respiratoria, había reaccionado sumamente mal al ataque con gas.

Los amigos y colegas de Yakha Neserkhoeva la buscaron infructuosamente. Acudieron al fiscal, pero éste no quiso aceptar su declaración. Contrataron a un abogado e hicieron un llamamiento por radio preguntando por su paradero. El centro de derechos humanos de Moscú Memorial apeló al fiscal general para que la dejaran en libertad, ya que la habían detenido únicamente por ser chechena. Al final, el 5 noviembre, Yakha Neserkhoeva quedó en libertad sin cargos. Su abogado ha demandado al periódico Zhiznpor publicar un artículo injurioso sobre su caso.

Aleksei Shalnovestaba ensayando con una orquesta de jóvenes músicos en una sala de la parte posterior de la Casa de la Cultura cuando comenzó la toma del teatro. Como se estaba recuperando de una bronquitis en ese momento, sus padres lo habían acompañado al ensayo y se habían quedado a esperarlo en el teatro para llevarlo también a casa. Su madre estaba en la planta baja, y su padre, en una sala de espera, viendo una emisión del espectáculo por circuito cerrado de televisión. El padre dijo posteriormente al tribunal que en la televisión había visto a los secuestradores tomar el escenario, pero que creyó que quizá fuera parte del espectáculo. Siguieron 30 minutos de disparos, durante los cuales la madre de Aleksei Shalnov logró escapar por una ventana de la planta baja.

El padre de Aleksei Shalnov quedó recluido como rehén en la platea del teatro durante todo el episodio y pudo ir dos veces a ver a su hijo a la sala donde se hallaba recluido, junto con la orquesta de jóvenes y su director. El 25 de octubre por la noche comprobó que la bronquitis de Aleksei empeoraba. Más tarde esa misma noche vio que los rehenes del patio de butacas buscaban trapos para taparse la cara. No olió nada, pero se desmayó, y no recobró el conocimiento hasta más de 16 horas después, a las nueve de la noche del 26 de octubre.

El 27 de octubre, Aleksei Shalnov fue dado de alta en la sala de neurología del Hospital Núm. 2 con un diagnóstico clínico en el que se le calificaba de «víctima de un atentado terrorista» que había sufrido una «acción bioquímica». En el alta figuraba una fecha equivocada, el 29 de octubre. El hospital le dio una carta para su consultorio en la que se recomendaba que fuera atendido del hígado y los riñones dentro de dos semanas, como paciente externo. El padre de Aleksei Shalnov dijo que, cuando llegó a casa, el muchacho tenía la cara negra y se movía con lentitud. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de acudir al consultorio local se puso gravemente enfermo, por lo que sus padres llamaron a un médico. Murió posteriormente de nefritis y hepatitis.

[fin de recuadro]

La Ley para Combatir el Terrorismo

La Ley para Combatir el Terrorismo, de 1998, hace prácticamente imposible que una persona que se sienta agraviada como consecuencia de una operación «antiterrorista» obtenga resarcimiento, pues exime de responsabilidad a los participantes en tales operaciones incluso si han cometido violaciones de derechos humanos.

La responsabilidad de la planificación de las operaciones «antiterroristas» recae en organismos federales —la presidencia y el gobierno de la Federación Rusa —, que, según el artículo 10 de la Ley, pueden establecer un centro de mando para ocuparse de sucesos concretos. Normalmente, este centro estará integrado por representantes del Servicio Federal de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Servicio Federal de Guardias de Fronteras, el Servicio de Inteligencia Exterior y el Servicio de Protección Federal, todos ellos bajo el control global del presidente de la Federación Rusa. Estos organismos federales pueden requerir de los servicios locales de salud y transporte que les presten ayuda.

Sin embargo, la Ley para Combatir el Terrorismo no atribuye ninguna responsabilidad a los encargados de tomar decisiones por daños y perjuicios derivados de la operación «antiterrorista». Según lo dispuesto en sus artículos 17.1 y 20, los daños materiales tiene que pagarlos la autoridad del lugar donde se haya producido el suceso y de acuerdo con tarifas en rublos fijas. Pero ni las autoridades locales ni las federales tienen responsabilidad alguna para con los supervivientes por «daños morales». La única excepción son los ciudadanos extranjeros, a los que la ley permite pedir una indemnización a los organismos federales a cargo de la operación «antiterrorista».(82)

En el caso de la Casa de la Cultura, el presidente y un equipo de agentes federales fueron responsables de todos los aspectos operativos del intento de rescate, incluida la decisión de asaltar el edificio, utilizar gas, capturar a los presuntos «terroristas» y disparar contra ellos, evacuar a los rehenes, organizar servicios de emergencia, ocuparse de los familiares e informar a los medios de comunicación.

Sin embargo, en la vista de la primera serie de causas civiles el gobierno municipal de Moscú fue, en aplicación de la Ley para Combatir el Terrorismo, el único demandado. A la vez que hacía el gesto de lavarse las manos, un miembro del equipo jurídico del gobierno municipal de Moscú dijo a Amnistía Internacional: «En última instancia, nadie es responsable». Esta situación podría darse siempre que se produzca una toma «terrorista» en el futuro.

Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación varios aspectos de la toma de la Casa de la Cultura y el modo en que las autoridades le pusieron fin.

Lamentablemente, los métodos utilizados para poner fin a la situación causaron pérdida de vidas. El presidente Putin pidió disculpas por el hecho de que las tropas «antiterroristas» no hubieran podido rescatar a todos los rehenes; de hecho, murieron más personas (al menos 126) que directamente a manos de los secuestradores. Aún no se han pedido responsabilidades a nadie por las acciones llevadas a cabo durante y después de la operación de rescate, que en algunos casos podrían haber violado derechos humanos, y, que Amnistía Internacional sepa, ninguna autoridad ha dimitido por esta causa.

El artículo 21 de la Ley para Combatir el Terrorismo exime a quienes luchan contra el «terrorismo» de «responsabilidad por los daños causados». Amnistía Internacional lamenta el grado de impunidad que esta disposición genera y considera que ninguna ley debe exonerar a los autores de violaciones de derechos humanos.

El respeto de la legalidad es, de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley para Combatir el Terrorismo, el principio rector de las operaciones «antiterroristas». Pero Amnistía Internacional ha recibido inquietantes informes según los cuales se ejecutó sumariamente a presuntos secuestradores, incluidas personas a las que se confundió con ellos. Aunque es comprensible que las autoridades quisieran impedir la detonación de los explosivos que se pensaba habían sido colocados en el teatro, los informes indican que los secuestradores no podían hacer ya nada debido a los efectos del fentanil.

Varios testigos presenciales han afirmado que a todos los secuestradores muertos por disparos los mataron estando ya inconscientes. El artículo 23 de la Ley para Combatir el Terrorismo dispone que «los terroristas deben asumir la responsabilidad de sus actos de acuerdo con la ley». En este caso, al disparar contra personas que no podían hacer nada y que las autoridades consideraban presuntos «terroristas» se impidió que fueran juzgadas ante un tribunal de justicia. Cabe también la posibilidad de que se disparara contra rehenes que eran miembros de minorías étnicas. A Amnistía Internacional le preocupa que la respuesta de las autoridades no fuera al parecer ni legítima ni proporcionada, como exigen las normas internacionales que la Federación Rusa está obligada a cumplir.

Según testigos presenciales y reporteros gráficos, las tropas que asaltaron el teatro la madrugada del 26 de octubre anduvieron libremente por el teatro sin equipos de respiración, lo cual indica que las autoridades que habían planeado el intento de rescate les habían suministrado un antídoto para el fentanil. No parece que se tomara también tal previsión en el caso de los rehenes. La ausencia, desde el punto de vista médico, de material, personal, transporte, apoyo e información a los familiares pone de manifiesto una falta casi total de consideración por los miembros del público. La autocomplacencia del gobierno y el Parlamento en relación con el intento de rescate es tan asombrosa como inquietante. E igualmente alarmante es el hecho de que los recursos reales que pueden interponer quienes sean víctimas de una injusticia durante una operación «terrorista» de este tipo sean prácticamente inexistentes.

Capítulo 6

Internamiento de niños con discapacidad mental

El cartel de la puerta decía: «¡Atención! ¡No pasar!». Era el pasillo de los niños que guardan cama permanentemente. Había 27 camas en seis apretadas filas en una sala limpia y luminosa. Había también un televisor encendido situado sobre la cama de una joven de 18 años que estaba muy nerviosa por la visita al centro, un orfanato (internat), de una delegada de Amnistía Internacional, con la que estuvo hablando. Era la mayor; los demás eran niños y niñas de por lo menos 4 años de edad, que no sabían hablar.

La sala estaba en silencio. Tres de los niños tenían síndrome de Down, y los demás padecían, según se informó a la delegada, «imbecilidad» e «idiotez». Como llevaban toda su vida en cama, tenían los brazos y las piernas atrofiados, y la piel llena de llagas. Acurrucado en una de las camas, había un niño de nueve años que medía lo que uno de cuatro.

«Es increíble que estén vivos —dijo el médico jefe reflexionando en voz alta y lo suficientemente cerca de los niños como para que pudieran oírlo—. Son como vegetales. Los pulmones y el corazón les funcionan, pero no tienen nada en la cabeza.»

Todos los años mueren de tres a cinco niños en la sala, lo que supone una tasa de mortalidad anual de más del 10 por ciento. Hay 205 niños en el orfanatoZ(no es un nombre real),situado a unos 400 kilómetros de Moscú; 30 de ellos padecen epilepsia.(83)

Hay 155 instituciones como el orfanatoZen la Federación Rusa, y acogen a unos 29.000 niños.(84) Algunos de éstos son niños huérfanos o procedentes de hogares deshechos, pero un considerable número de ellos son niños que nacieron con discapacidad mental y fueron separados de sus padres. Otros 19.400 niños de hasta cuatro años de edad viven en hogares infantiles.

El Parlamento no ha aprobado ninguna ley para proteger los intereses de los niños con discapacidad mental. Se los puede internar en una institución siguiendo un procedimiento relativamente sencillo, regulado por una directiva ministerial que apenas ha cambiado desde su adopción en 1978, en la época soviética.(85)

A menudo el procedimiento comienza en la sala de maternidad. Si una comisión de médicos diagnostica que el recién nacido tiene anormalidades del sistema nervioso central que serán causa de discapacidad mental, puede recomendar que quede al cuidado del Estado. Si los padres aceptan, tienen que firmar un formulario legalmente vinculante de renuncia de sus derechos como padres. Este procedimiento es habitual en el caso de los niños con síndrome de Down. Con los niños de mayor edad se puede aplicar el mismo procedimiento si se cree que tienen parálisis cerebral o autismo. Los médicos pueden recomendar que queden al cuidado del Estado cuando tienen entre 7 y 14 meses en el caso de los niños con síntomas de parálisis cerebral, y hasta los 5 años en el del autismo. A los 4 años son sometidos de nuevo a examen por una comisión de médicos y educadores que normalmente los considera «incapacitados para recibir educación», expresión recomendada por una directiva del Ministerio de Educación de 20 de noviembre de 1974. El futuro que se les presenta a los padres con este diagnóstico es muy sombrío.

El procedimiento otorga un enorme poder discrecional al personal de los hospitales, que, sin ir más lejos, no está obligado a mostrar al recién nacido a los padres. Si el personal es poco escrupuloso, puede, por tanto, separar de sus padres a niños perfectamente sanos sin necesidad de realizar exhaustivas comprobaciones o controles. En el 2002, los medios de comunicación rusos informaron del procesamiento de unos médicos de la región de Irkutsk, Siberia oriental, por vender niños sanos para su adopción en el extranjero.

Los médicos del orfanatoZy de otras partes del sistema de salud mental hablan de enfermedades, como «oligofrenia», «imbecilidad» e «idiotez», que no figuran en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud. El uso de esta terminología anticuada hace que los niños corran el riesgo de un internamiento inapropiado, sin las oportunidades disponibles para los niños diagnosticados en un marco diferente.

Los padres no tienen a su disposición ninguna información independiente que les permita interpretar de otro modo el asesoramiento médico que reciben. Tampoco hay prácticamente ningún servicio social para ayudar a los padres de niños con discapacidad mental a criarlos en casa, por lo que la opción de no dejarlos en una institución estatal es una decisión sumamente difícil de tomar. En un informe del 2001 sobre los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, el defensor federal del pueblo, Oleg Mironov, observó que los «inválidos» y las familias con niños con discapacidad figuraban entre los grupos sociales más pobres del país.(86) Los trabajadores sociales y los grupos de autoayuda apenas están empezando a hacerse un hueco en la Federación Rusa, por lo que no pueden todavía prestar el debido apoyo práctico, información o material a todas las familias que lo necesitan.

Desde el punto de vista de los niños, uno de los aspectos más alarmantes del procedimiento es que no se prescribe que se revise la decisión de internar. El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, señaló esta cuestión cuando examinó un informe de la Federación Rusa en 1999.(87) No obstante, no se ha hecho nada para remediar la situación. Los procedimientos actuales ni siquiera ofrecen a los padres la oportunidad de solicitar una revisión.

Como considera que los niños con discapacidad mental no tienen futuro, la Federación Rusa los priva automáticamente de muchos derechos humanos. A diferencia de otras personas internadas en instituciones, se los confina únicamente por su discapacidad, no porque representen una amenaza para sí mismos o para otros ni porque sus padres no estén capacitados para criarlos. Se los condena a una vida absolutamente sin sentido y, a diferencia de los presos, no tienen posibilidades de que se revise su situación.

Amnistía Internacional pone en duda la legalidad de los procedimientos utilizados para institucionalizar a estos niños, pues infringen numerosas normas de derechos humanos (véase el recuadro, infra). Ante todo hay que señalar que la decisión de institucionalizarlos no se toma en virtud de ninguna leyaprobada por el Parlamento ni con la participación de alguien que, con conocimiento de causa, represente el interés superior del niño. Los niños atrapados en esta situación no tienen medios legales para cambiarla.

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Anna tenía ocho años y una mirada muy alegre. Salió corriendo a saludar a la delegadade Amnistía Internacional que había ido a visitar el orfanatoZ. Tenía labio leporino y paladar hendido. A pesar de ello podía comer, pero no hablar. De la encía superior le sobresalían dos dientes por la hendidura del labio, desfigurando un rostro lleno de vida.

De regreso ya en la oficina del orfanato, la delegada de Amnistía Internacional preguntó al médico si no era posible operar a Anna ahora que estaba llegando a una edad en que podía sentirse acomplejada. El médico dijo que dudaba de que con su discapacidad mental pudiese soportar la anestesia y añadió: «Además, no tiene conciencia de sí misma, y en el futuro que prevemos para ella no necesita tenerla. Vivirá entre estas cuatro paredes y luego entre esas cuatro de allí». Al decir esto señaló un hogar para ancianos situado en el mismo centro, al que Anna sería trasladada cuando cumpliera los 18 años.

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Normas internacionales

Los derechos y libertades que garantizan el PIDCP y el Convenio Europeo son aplicables también a los niños, incluidos los que tienen discapacidad mental. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño intenta eliminar las barreras que impiden a los niños con discapacidad disfrutar de todos estos derechos. Así, reza:

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de [...] los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño(artículo 2).

Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad(artículo 23.1).

En relación con la revisión de la decisión de institucionalizar a un niño,el Convenio Europeo dispone:

Toda persona privada de su libertad [...] tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal(artículo 5.4).

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece lo siguiente:

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación(artículo 25).

En relación con el trato y las condiciones de los niños internados en instituciones, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación [...] mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo(artículo 19.1).

Sobre el derecho a la educación, el artículo 2 del Convenio Europeo dispone:

A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción.

En relación con la separación de los niños de su familia, el PIDCP establece lo siguiente:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación […] Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques(artículo 17).

La Convención sobre los Derechos del Niño dispone:

El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho [...] en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos(artículo 7.1).

Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas(artículo 8.1).

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño(artículo 9.1).

[fin de recuadro]

Instituciones crueles y degradantes

Las necesidades de los niños con discapacidad mental no figuran entre las prioridades de los servicios de salud de la Federación Rusa, por lo que el presupuesto y personal asignados a las instituciones que los acogen son mínimos. Los niños viven en riguroso confinamiento, con muy poca o ninguna estimulación sensorial y en condiciones que son no sólo crueles, sino también degradantes. Como se ha diagnosticado que están «incapacitados para recibir educación», no se realiza ningún esfuerzo por ayudarlos a ser independientes y a realizar su potencial. El trato que reciben pone de manifiesto que no se respetan los derechos de los niños que nacen con discapacidad mental. Asimismo, menoscaba el derecho de sus padres a encargarse de ellos.

En las últimas décadas, la ciencia médica ha hecho en muchas partes del mundo nuevos descubrimientos sobre condiciones como el síndrome de Down y el autismo, y se ha percatado del potencial de estas personas. En la Federación Rusa, a tales personas se las califica de «incapacitadas para recibir educación» en dos de las directivas ministeriales que regulan su situación, que datan de 1979 y 1986, fechas anteriores a la existencia de la Federación.

La Federación Rusa ha adoptado numerosas leyes sobre los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad desde que se convirtió en Estado soberano en 1991, pero ninguna de ellas trata específicamente de los derechos de los niños con discapacidad mental. Todas se refieren a otras categorías de personas, como los individuos con discapacidad física que viven en su casa o los que están confinados en instituciones por enfermedad mental y conducta violenta.(88) Las autoridades continúan considerando a los niños con discapacidad mental desde un punto de vista administrativo, por lo que ven sus problemas en términos principalmente de presupuesto y dotación de personal. Las directivas ministeriales que se ocupan con tal propósito de los niños «incapacitados para recibir educación» son de 1997 y 2000.(89) A juicio de Amnistía Internacional, la situación de estos niños plantea cuestiones relacionadas con derechos fundamentales —como el derecho a la libertad, la educación, el acceso a la justicia y la protección contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes—.

Los centros de acogida de niños con discapacidad mental pertenecientes a las categorías de «incapacitados para recibir educación» se conocen como DDI, iniciales dedetskie doma i internaty (hogares infantiles y orfanatos). Los hogares infantiles dependen del Ministerio de Salud y son para niños de hasta cuatro años. Los orfanatos los administra el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y acogen a los niños hasta los 18 años. Por término medio hay dos orfanatos en cada una de las partes constituyentes de la Federación Rusa, aunque la región de Moscú, que es muy grande y la más densamente poblada, tiene siete. A los 18 años, las personas con discapacidad mental son internadas en centros de atención neurosicológica dependientes del Ministerio de Trabajo. Amnistía Internacional no entiende por qué los niños bajo la tutela del Ministerio de Salud tienen que quedar bajo la tutela del Ministerio de Trabajo a los cinco años de edad sin tener en cuenta su estado de salud. En todo este proceso no se prevé ninguna función para el Ministerio de Educación.

[Recuadro]

Otro pasillo con el cartel de «¡Atención! ¡No pasar!» conducía al cuarto de jugar. A la puerta, que estaba abierta, había tres celadoras. Era una habitación de unos 25 metros cuadrados, pintada en alegres tonos amarillo y verde. No contenía más objetos que unos cuantos ladrillos de plástico tirados en un rincón. Había 30 niños en ella, bien agachados junto a las paredes, cerca de los radiadores, o meciéndose en el suelo en medio de la sala. El mayor era un muchacho de 18 años. Nadie tocaba los ladrillos.

El olor a orina llegaba hasta el pasillo. Las celadoras decían que pasaban gran parte del día limpiando a los niños, pues muchos padecían incontinencia. Una se quejaba de que tenía que hacerlo con las manos desnudas, porque el orfanato no les proporcionaba guantes.

La delegada de Amnistía Internacional regresó al cabo de unas horas al cuarto de jugar. Los niños no se habían movido del sitio y nadie había tocado aún los ladrillos.

[fin del recuadro]

La inspección de las condiciones de los hogares infantiles y los orfanatos corre a cargo de la Fiscalía, cuya función consiste en garantizar que no se infringe en ellos ninguna ley. Los funcionarios del Centro Estatal de Inspección Sanitaria y Epidemiológica vigilan también que cumplan las normas de higiene. No obstante, no existen disposiciones que prevean un examen periódico, detallado e individual de los niños a fin de evaluar su estado y darlos de alta si llega el caso, ni una revisión de los cuidados, el tratamiento y la educación que reciben. En el orfanato Z, una sola psicóloga se ocupaba de 205 niños. Afirmaba que hacía una evaluación exhaustiva a los niños a los 18 años de edad, cuando una comisión externa decidía el lugar donde debían ser internados a continuación.

El número de orfanatos ha descendido ligeramente. En el borrador de su tercer informe al Comité de los Derechos del Niño, la Federación Rusa indicó que en el 2001 había 155 orfanatos. En su segundo informe, dijo que en 1996 había 157 hogares infantiles y orfanatos para niños con discapacidad. Explicó que en estos 157 centros había:

30.700 residentes que padecían diversas formas de atraso mental y deficiencias físicas y que no podían ser mantenidos por sus padres en el ambiente doméstico, o huérfanos cuya salud física y mental padecía graves deficiencias. De los 30.700 niños ingresados en estos internados, 5.600 están permanentemente confinados en sus camas.(90)

En el segundo informe no se indicaba cuántos de estos residentes habían nacido con discapacidad mental y habían sido separados de sus padres. Sin embargo, en 1993, en un informe anterior al Comité de los Derechos del Niño, la Federación Rusa dijo que en 1991 los niños con discapacidad mental constituían más de la mitad del total de internos de los orfanatos.(91)

Las directivas ministeriales sobre el internamiento de niños con discapacidad mental en hogares infantiles u orfanatos especifican también sus condiciones en los centros.(92) En los hogares infantiles, dos enfermeros se ocupaban en turnos de 24 horas de 100 niños, y un tercero atendía a 50 niños postrados en cama.(93) Las directivas disponen que los celadores deben atender las necesidades de los niños en cada momento. Sin embargo, esta función no se halla especificada en la descripción de su puesto de trabajo, elaborada y confirmada en 1995 por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y el Comité Estatal de Educación Superior.(94) En ésta se afirma que corresponde a los celadores limpiar las instalaciones conforme al grado de higiene requerido; ayudar a los enfermeros a administrar medicamentos; recibir, almacenar y repartir los utensilios domésticos y la ropa limpia, y limpiar las mesillas de los pacientes postrados en cama después de cada comida.

En los orfanatos para niños de entre 5 y 18 años, la proporción de personal con respecto a los niños era menor, pues había un médico por cada 250 niños. Los enfermeros del orfanato Zdijeron a Amnistía Internacional que ganaban 1.000 rublos al mes —unos 30 dólares estadounidenses—. El apartado IV de la directiva de 1979 dispone que no hay que esforzarse por enseñar o formar a los niños «incapacitados para recibir educación».

Nuevas actitudes y viejas prácticas

En los últimos años, las autoridades han comenzado a reconocer el trato tan espantoso que se da a los niños con discapacidad mental en la Federación Rusa. Sin embargo, todavía no han tomado las medidas necesarias para remediarlo.

En un informe oficial de 1998 sobre la situación de los niños en la Federación Rusa se reconoció que «algunas categorías de niños, considerados incapaces de recibir educación, son internados muy a menudo en instituciones del Ministerio de Trabajo donde no se fomenta el desarrollo que necesitan y están al margen del sistema educativo».(95) También se criticaba en él el grado de asistencia médica y social disponible para tales niños.(96)

El programa Héroe del día, emitido por el Canal Cuatro de la televisión rusa, se hizo eco de esta franqueza el 29 de junio del 2000, cuando la viceprimera ministra, Valentina Matvienko, dijo en él: «Antes solíamos "descartar" a los niños con discapacidad y se los endosábamos a los orfanatos, lo cual en realidad no hacía más que exacerbar su discapacidad».

Pero, aunque franco, tampoco este reconocimiento oficial trajo consigo la adopción de un nuevo enfoque con respecto a estos niños.

En su informe del 2001 sobre los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, el defensor federal del pueblo (véase supra) determinó que el estigma social era el principal obstáculo con que se encontraban los «inválidos». Hizo una relación de los distintos esfuerzos que se habían realizado para ayudar a estas personas desde la adopción de la Ley de Protección Social de los Inválidos, de 1995, y llegó a la conclusión de que el problema era que no reflejaban lo que los «inválidos» necesitaban, sino lo que los donantes ofrecían.(97) Pidió que se adoptara un nuevo enfoque «basado en derechos» y una ley federal –sobre los derechos de las personas con discapacidad– que prohibiera cualquier discriminación de estas personas debido a su discapacidad. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, en enero del 2003 el Parlamento federal no había hecho todavía nada en relación con esta recomendación.

En el 2002, el defensor del pueblo de la Región de Moscú publicó un informe temático especial sobre los derechos de los niños en el que señalaba que «los hogares infantiles y los orfanatos no están cumpliendo su función primaria, que consiste en ayudar a los niños a adaptarse a la vida normal». Al final del informe recomendaba al Parlamento de la Región de Moscú que aprobara la legislación necesaria para establecer un sistema de familias de acogida para los niños cuyos padres no quisieran criarlos, tomando como modelo una red de 1.000 familias de acogida de la Región de Samara a la que se había referido elogiosamente en el informe.(98)

El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, también hizo recomendaciones a la Federación Rusa cuando examinó sus dos informes periódicos sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1993 y 1999. En 1993 reconoció «el legado de ciertas actitudes que dificultan la aplicación de los derechos del niño. Esto se refiere, entre otras cosas, a la institucionalización del cuidado del niño, las responsabilidades de los impedidos y las familias».(99) Instó a la Federación Rusa a establecer un Comité Nacional del Estado con el fin de coordinar la aplicación de la Convención y de vigilar su cumplimiento.(100)

En 1999, el Comité expresó su profunda preocupación por el altísimo número de niños internados en instituciones en la Federación Rusa y las condiciones en que vivían.(101) Recomendó a las autoridades adoptar «procedimientos adecuados para que se examinen periódicamente todas las condiciones de guarda» y reformar el sistema de inspección «en particular reforzando la función y el poder de los mecanismos independientes de inspección y garantizando su derecho a visitar los hogares de guarda y las instituciones públicas sin previo aviso».(102)

El Comité expresó especial preocupación por la difícil situación de los niños «discapacitados mentales y los que viven en instituciones», en particular por «el sistema de diagnóstico y las prácticas actuales» y por «las condiciones en que se encuentran los niños discapacitados que viven en las instituciones».(103) La Federación Rusa tenía que presentar al Comité un tercer informe en el 2002. En el borrador, que Amnistía Internacional ha visto, afirma que ha establecido un comité de coordinación interagencial sobre los derechos de los niños y que ha mejorado la inspección de las instituciones mediante el establecimiento de defensores de los derechos de los niños en 15 de las partes constituyentes de la Federación, incluida Chechenia. En el borrador del informe no se aborda la cuestión de garantizar la revisión sistemática de los internamientos, como recomendó el Comité de los Derechos del Niño.

El 24 de julio del 2002, el periódico Nezavisimaia gazetapublicó algo poco corriente: un artículo sobre los niños con síndrome de Down. Decía en él que en Rusia:

[...] al niño con síndrome de Down se lo llevan rápidamente al nacer, sin mostrárselo a su madre. Se explica a los padres que cuidar y criar a un niño así es muy duro y que, debido al gran número de posibles problemas de órganos internos que tienen (enfermedades del corazón, disfunción pancreática, etc.), tales niños no suelen llegar a cumplir los 25 años [...]

El niño es enviado primeramente a un hogar infantil y luego a un reformatorio para niños con discapacidad. El niño con síndrome de Down que acaba allí no aprende jamás a relacionarse con otras personas [...] El personal del orfanato sencillamente no puede dedicar el tiempo suficiente al pequeño. Ni siquiera intentan enseñarle a hablar, a vestirse solo y a comer con cuchara. Si comienza a golpearse la cabeza contra la pared, lo atan a la cama. Se queda en un nivel vegetativo y lo más probable es que no llegue a adulto [...] En otros países, gracias a las medidas de rehabilitación que se adoptan, ha habido personas con síndrome de Down que han llegado a vivir hasta los 60 años y han recibido no sólo educación secundaria, sino también enseñanza superior [...] En Rusia, la mayoría de las personas con síndrome de Down no reciben siquiera educación primaria [...]

A Amnistía Internacional le preocupa que en la Federación Rusa se prive a los niños con discapacidad mental de su derecho a la libertad mediante procedimientos injustos. Estos niños pierden el derecho a la educación y a la vida en familia y viven en instituciones cuyas condiciones no respetan su dignidad intrínseca.

La organización cree que, como mínimo, la Federación Rusa debe adoptar una ley cuyo objetivo primario sea el interés superior de los niños con discapacidad mental. Se deben establecer en ella los procedimientos y criterios para el internamiento de un niño en una institución y su separación de su familia. El interés superior del niño ha de estar representado por un experto independiente apropiado, que pida el parecer del niño y, si es posible, lo articule, y que intervenga en el interés superior del niño. Un tribunal independiente e imparcial debe revisar el fundamento de toda decisión de este tipo.

Esta ley debe garantizar que el internamiento queda sujeto automáticamente a revisión sistemática y regular y, en el caso en que se demuestre que la continuación de la institucionalización es en el mejor interés del niño, debe prescribir las condiciones del trato y el bienestar de éste. Se debe elaborar en consulta con expertos cualificados, padres de niños con discapacidad mental y ONG que trabajen en el ámbito de la discapacidad mental.

Capítulo 7: Presos desprotegidos

Hay que luchar mucho para pedir justicia en la Federación Rusa, pero para los presos esa lucha se convierte en un suplicio. El Código de Ejecución de Penas, del 2002, amplió las oportunidades que se les ofrecen a los presos. En teoría, entre éstas figura ahora el acceso a los tribunales, al defensor federal del pueblo y a los organismos internacionales de derechos humanos una vez agotados los recursos internos.(104) Sin embargo, según sus circunstancias, estas oportunidades no son recursos efectivos para todos los presos. El presente capítulo trata de los presos cuyos derechos son violados por las fuerzas antidisturbios desplegadas en el sistema penitenciario y de aquellos que cumplen cadena perpetua.

Abusos de las fuerzas antidisturbios

El Ministerio de Justicia es responsable de la administración del sistema penitenciario de la Federación Rusa desde 1998. Sin embargo, ha delegado la tarea de restablecer el orden en las prisiones en fuerzas antidisturbios ajenas al sistema penitenciario y no subordinadas a él. Al no asumir su responsabilidad en este aspecto de la administración de las prisiones, el Ministerio de Justicia podría haber generado una situación en la que presos desarmados están expuestos a sufrir una violencia extrema, aleatoria y gratuita. Los recursos que pueden interponer los presos son demasiado limitados e ineficaces para permitirles obtener resarcimiento efectivo por esta violación de sus derechos humanos.

El siguiente ejemplo de malos tratos a manos de una unidad de las fuerzas antidisturbios procede de la Región de Perm, en los Montes Urales. Ocurrió en la colonia de trabajo correctivo de régimen ordinario para hombres AM-244/9-11 del asentamiento de Chepets, distrito de Cherdyn. Aunque algunos aspectos del caso son discutibles, los siguientes hechos básicos no fueron impugnados por ninguna de las partes en una vista que se celebró ante el Tribunal de Distrito de Cherdyn del 4 al 8 de febrero del 2002.

● El 17 de abril del 2001 se envi¾ de Perm a la colonia de Chepets a un contingente de la Unidad Especial (Antidisturbios) de la PolicÝa –conocida como OMON–(105) del Departamento Regional de Asuntos Internos. Siete miembros enmascarados de la Unidad entraron en las celdas de castigo y en los barracones de régimen estricto de la colonia, dijeron a los presos que salieran a los pasillos y, una vez allí, los golpearon con porras, puños y pies. Ninguno de los siete llevaba insignia de identificación. Este proceso se repitió hasta el 20 de abril. Tres presos sufrieron fracturas de costillas.

● En otros barracones se orden¾ a los presos que salieran al patio de ejercicios, se desnudaran y saltaran las barras que habÝa allÝ. A los que no lo hicieron les dieron patadas y pu±etazos. En la cantina, miembros de la Unidad Especial armados con porras golpearon por detrßs y sin previo aviso a algunos presos. Unos 140 reclusos hicieron declaraciones escritas en las que denunciaban haber sufrido alguna forma de agresi¾n.

● El 9 de junio del 2001, un mes despuÚs de haber establecido el defensor del pueblo regional de Perm una comisi¾n para investigar lo sucedido, el fiscal del distrito de Cherdyn inici¾ acciones penales contra la Unidad Especial de la PolicÝa por ½uso ilegal de tÚcnicas especiales+.(106) Al principio se había negado a investigar las denuncias de los presos.

En el juicio se retiró el cargo de «uso ilegal de técnicas especiales» presentado contra la Unidad Especial de Policía por no poder los presos identificar a los agentes agresores, que llevaban máscaras en el momento de las presuntas palizas. Se acusó al comandante, S.L. Bromberg, de «negligencia», cargo de menor gravedad del que fue absuelto. La Fiscalía impugnó la absolución ante el Tribunal Regional de Perm, que en mayo del 2002 ordenó un nuevo juicio por motivos de procedimiento. En el momento de elaborar el presente informe aún no se había celebrado.

Gran parte del debate en el juicio original giró en torno a si los agentes de la Unidad Especial de Policía habían hecho exigencias legítimas a los presos de Chepets, que éstos habían desobedecido. En opinión de Amnistía Internacional, este caso plantea otras cuestiones fundamentales de política penal.

Las Unidades Especiales (Antidisturbios) de la Policía se establecieron en el seno del Ministerio del Interior de la URSS en aplicación de un reglamento interno del 3 de octubre de 1989. Su función consistía en mantener el orden público (en grandes actos públicos o en situaciones de catástrofe o epidemia), impedir los disturbios masivos y ayudar a detener a delincuentes armados.

Las Unidades Especiales no eran parte integrante de la administración penitenciaria soviética ni se concibieron como tal. Podían ser desplegadas en el sistema penitenciario si lo juzgaba necesario el Ministerio del Interior, que en esa época era responsable de la administración del sistema. Desde que esta responsabilidad pasó al Ministerio de Justicia en 1998, ya no es válido ni siquiera este discutible argumento.

La Unidad Especial desplegada en Chepets tenía el sobrenombre de «Variag» (o «los varangianos»), como se denominaban los mercenarios escandinavos contratados en los primeros tiempos de Rusia para someter a los pueblos de la periferia.(107) Durante la vista judicial de febrero del 2002, se supo que cuando la «Variag» fue enviada a la colonia de Chepets acababa de regresar de Chechenia, donde había participado en combates militares. En el momento del juicio uno de sus miembros no pudo testificar porque lo habían destinado de nuevo a Chechenia. En opinión de Amnistía Internacional, la actitud y la preparación de estas fuerzas no eran en absoluto apropiadas para ocuparse de presos desarmados en un marco civil.

Según todos los relatos de lo ocurrido, los presos agredidos por los agentes estaban ya en celdas de castigo o en barracones controlados, de donde les dijeron que salieran para golpearlos y darles patadas y puñetazos. En ninguno de ellos —ni siquiera en los de los agentes— se indica que hubieran estallado disturbios en la prisión. Un preso declaró que la administración de Chepets había llamado a la Unidad Especial a causa de una disputa con un recluso que se había negado a obedecer una orden. A este recluso, conocido como «El Norte», se lo utilizaba para mantener a los demás en orden.

La actuación del personal de la colonia durante el incidente también es motivo de preocupación. Según varios presos, el personal de servicio y el jefe de seguridad dirigieron a los agentes contra determinados presos independientemente de que éstos estuvieran oponiendo o no resistencia en ese momento. Como la doctora de la colonia estaba casada con el jefe adjunto de seguridad, muchos presos que afirmaron haber sufrido lesiones a manos de los agentes no acudieron a ella porque temían sufrir represalias de su marido si lo hacían. Según un preso que fue a consultarla, la doctora dijo que tenía instrucciones de no registrar las lesiones infligidas por los miembros de la Unidad Especial.

Según el relato que hizo del juicio un testigo presencial, el Tribunal de Distrito de Cherdyn no hizo caso a los presos que pidieron ser sometidos a un examen médico independiente. Tampoco les permitió llamar a testigos ni les proporcionó abogados.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que los presos de la colonia de Chepets fueran maltratados por agentes de las Unidades Especiales de Policía y que no hayan recibido indemnización ni resarcimiento efectivos. La organización insta a las autoridades federales a garantizar que el personal utilizado para mantener el orden ha recibido formación sobre su obligación de cumplir las normas internacionales, y que todos los presos pueden interponer un recurso efectivo si son víctimas de violaciones de derechos humanos.

[Recuadro]

Normas internacionales

Los Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos disponen:

El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito, de conformidad con los demás objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la sociedad(principio 4).

Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos disponen:

El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común

(regla 27).

Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente(regla 54.1).

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley disponen:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas(principio 15).

En su recomendación núm. R (82) 17,(108) sobre la custodia y el trato de los presos peligrosos, el Comité de Ministros del Consejo de Europa pide:

1. Aplicar, en la medida de lo posible, el reglamento penitenciario ordinario a los presos peligrosos.

2. Aplicar medidas de seguridad sólo en el grado en que sean necesarias.

3. Aplicar medidas de seguridad respetando la dignidad y los derechos humanos.

4. Garantizar que las medidas de seguridad tienen en cuenta los diversos requisitos de las distintas clases de peligrosidad.

5. Contrarrestar, en la medida de lo posible, los efectos negativos que puedan producir las condiciones de seguridad reforzada.

6. Prestar toda la atención necesaria a los problemas de salud que pueda causar la seguridad reforzada.

10. Impartir formación adecuada a todo el personal que participe en la custodia y trato de presos peligrosos.

[fin de recuadro]

[Recuadro]

En un asunto llevado, por otra cuestión, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diciembre del 2001, se hizo referencia a otro caso de malos tratos infligidos por agentes de las Unidades Especiales de la Policía en 1996, esta vez a presos preventivos de la prisión IZ-47/1, en la región de Magadan, situada en el litoral nororiental de la Federación Rusa.

Valerii Kalashnikov, que presentó una demanda por cuestiones relacionadas con las condiciones y la duración de su privación de libertad, estaba en la prisión de Magadan en julio de 1996, cuando fueron enviados allí agentes de las Unidades Especiales de la Policía que, según informes, golpearon a los presos. Después de los malos tratos, no recibió asistencia alguna del médico de la prisión ni de la Fiscalía regional. Al no obtener resarcimiento por los medios locales disponibles, presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le concedió una indemnización de 5.000 euros, más 3.000 para las costas y otros gastos.(109)

Según un resumen de esta parte de la demanda, el 15 de julio de 1996 los agentes de las Unidades Especiales recurrieron a la fuerza física al oponer los internos resistencia durante un registro de las celdas. Valerii Kalashnikov denunció que durante varios días los agentes «golpearon a los internos, a mí entre ellos, con porras de goma, les dieron patadas, los hicieron correr por los pasillos y los tuvieron contra la pared con los brazos y las piernas extendidos».

Valerii Kalashnikov pasó cuatro años y dos meses bajo custodia, desde junio de 1995, en espera de ser juzgado por desfalco.

[fin del recuadro]

Cadena perpetua

Los presos que cumplen cadena perpetua en la Federación Rusa soportan condiciones muy duras, que constituyen trato o pena cruel, inhumano o degradante y, en algunos casos, posiblemente incluso tortura.

La pena de cadena perpetua es nueva en la Federación Rusa y para entender bien su aparición hay que considerarla en el contexto del debate sobre la pena de muerte, que dividió al país en la década de 1990.

El Parlamento federal está obligado a abolir la pena de muerte desde que la Federación Rusa se sumó al Consejo de Europa en 1996, pero aún no lo ha hecho. A regañadientes ha introducido una pena alternativa a la muerte, la cadena perpetua, que las autoridades hacen que sea lo más dura posible.

En 1996, el entonces presidente Boris Yeltsin dictó un decreto por el que se conmutaban por penas de prisión todas las condenas de muerte pendientes. No obstante, los tribunales continuaron imponiendo la pena capital, y siguieron acumulándose en las cárceles los condenados a muerte. En febrero de 1999, el Tribunal Constitucional determinó que la pena de muerte era inconstitucional mientras no existiera un sistema de jurados de ámbito nacional que viera las causas por delitos penados con ella. Los tribunales dejaron entonces de imponerla, y en julio de 1999 un nuevo decreto presidencial conmutó por prisión la pena de los 716 condenados a muerte existentes.

Fue en este contexto en el que se introdujo la cadena perpetua en el Código Penal en 1996, para castigar delitos especialmente graves cuando el tribunal estimara «posible no aplicar la pena de muerte».(110) A las personas que hasta entonces no podían ser condenadas a muerte según la legislación rusa —las mujeres y los hombres mayores de 65 años y menores de 18 en el momento del delito— no se les puede imponer tampoco cadena perpetua.

El nuevo Código Penal aumentó la duración de las penas en el caso de los «delitos especialmente graves». En la época soviética, la alternativa a la pena de muerte era una condena de 15 años de prisión como máximo, y aquélla se podía conmutar por 20 años de cárcel. En el Código Penal de 1996 se introdujeron alternativas más duras: 25 años de prisión o cadena perpetua.

En la actualidad pueden ser penados con la muerte cinco delitos, todos los cuales se consideran «especialmente grave». Son:

● asesinato con agravantes;

● atentado contra la vida de un funcionario p·blico o del Estado (delito calificado de ½terrorismo+);

● atentado contra la vida de personas encargadas de investigar un delito o administrar justicia;

● atentado contra la vida de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley;

● genocidio.(111)

La cadena perpetua es el encarcelamiento del preso durante toda su vida natural. Contrariamente a lo dispuesto en las normas internacionales sobre el trato que deben recibir las personas bajo custodia, en la Federación Rusa la cadena perpetua está organizada en torno al aislamiento casi total del preso. Amnistía Internacional considera que este aislamiento, unido a las otras penalidades, constituye una violación de los derechos reconocidos a los presos en los artículos 7 y 10 del PIDCP.

Los condenados a cadena perpetua cumplen la pena en «régimen especial», que es la categoría de encarcelamiento más dura del sistema de colonias de trabajo correctivo. Según el Código de Ejecución Penal, de 1997, tienen que estar separados de los demás presos sometidos a «régimen especial», que cumplen su condena en barracones.(112)

Todos los aspectos del encarcelamiento de los presos que cumplen cadena perpetua tienen por objeto garantizar su aislamiento del mundo exterior y de los demás presos. Están recluidos en celdas, solos o en parejas. Hacen ejercicio en un patio cerrado, utilizado sólo por ellos, durante 90 minutos al día, y realizan sus tareas en un taller separado también de los demás.(113) Tienen derecho a estudiar, pero no pueden asistir a clase con otros presos, sino que han de estudiar en sus celdas.(114) En principio, los condenados a cadena perpetua sólo pueden tener una visita de tres horas dos veces al año y recibir un paquete pequeño y otro grande al año. El dinero que ganan trabajando pueden gastarlo todos los meses en artículos del quiosco de la prisión.(115)

[Recuadro]

Presos de alto riesgo en materia de seguridad

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) ha publicado una serie de «declaraciones públicas» sobre las condiciones de reclusión de las diferentes categorías de presos. En relación con los presos de alto riesgo en materia de seguridad, afirma:

Este grupo de presos representará (o debería, al menos, representar, si el sistema de clasificación funciona satisfactoriamente) un porcentaje muy pequeño del total de la población reclusa. Sin embargo, es motivo de especial preocupación para el CPT, ya que la necesidad de adoptar medidas excepcionales con respecto a tales presos conlleva un mayor riesgo de que sufran trato inhumano.

Los presos que entrañan un riesgo especialmente alto en materia de seguridad disfrutarán, dentro de los límites de sus unidades de reclusión, de un régimen relativamente relajado que compense la severidad de su custodia. En particular podrán reunirse con sus compañeros de unidad y podrán elegir entre gran variedad de actividades. Se intentará en especial crear un buen ambiente interno en las unidades de alta seguridad [...] La existencia de un programa satisfactorio de actividades es tan importante, si no más, en una unidad de alta seguridad como en una ordinaria.(116)

El CPT se estableció en virtud del Convenio para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (Convenio Europeo), que la Federación Rusa ratificó en 1998.

[fin de recuadro]

Las disposiciones que permiten recluir en régimen de aislamiento a los condenados a cadena perpetua contravienen las recomendadas en las normas internacionales, y el modo en que se aplican hace que resulten aún más severas.

La repentina llegada de presos condenados a prisión en «régimen especial» tras la interrupción de las ejecuciones en 1996 supuso tanta presión para los centros disponibles que las autoridades tuvieron que abrir instituciones nuevas. Una de estas es el centro OE 265/5, instalado en un antiguo monasterio de una isla de Lago Blanco, en la región de Vologda, situada entre Moscú y Arkhangelsk, en el noroeste del país. Los lugareños, que ven las luces de la prisión desde la orilla del lago, llaman a este lugar «Isla de Fuego». El centro aloja a 156 condenados a muerte con penas conmutadas, según estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Justicia a una delegación de miembros del Parlamento federal que visitó el centro en febrero del 2002. Según el Ministerio, desde la llegada del primer preso en febrero de 1994, han muerto 32, cuatro de los cuales se suicidaron. Esta cifra supone una tasa de mortalidad de alrededor del 20 por ciento en seis años.

Quienes se oponen a la abolición de la pena de muerte utilizan cifras como ésta para sostener que la ejecución es más humana que la «muerte lenta», como llaman a la cadena perpetua. En opinión de Amnistía Internacional, las cifras indican que las condiciones de reclusión de los condenados a cadena perpetua violan su derecho a ser tratados con humanidad y a no ser sometidos a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que deben mejorarse sin demora.

La periodista Anna Komia describió así «Isla de Fuego» en el periódico Vremia MNdel 12 de febrero del 2002:

La colonia tiene 81 celdas, 20 de las cuales son celdas-taller para dos personas donde los presos ejercen su derecho al trabajo. Se dedican a coser guantes industriales y ganan 25 rublos al día. Las celdas para vivir alojan también a dos hombres cada una, o a veces tres, aunque en este caso sólo temporalmente.

Los presos sólo pueden salir de su celda en presencia de un agente de servicio y de otros tres guardias. Sólo salen para ir a trabajar, a los baños o a hacer ejercicio (durante una hora y media en una zona de tres por cuatro metros revestida de acero) [...] se les permite comprar un aparato de televisión, pero sólo 15 hombres en toda la colonia han podido hacerlo. En cada celda hay una radio, pero se utiliza para emitir charlas edificantes y educativas. El menú está basado en un gasto de 22 rublos y 50 kopecks [unos 0,70 dólares estadounidenses] al día.

Según algunas cartas que los presos han podido enviar desde la isla, ni siquiera esta descripción se ajusta a la realidad. No siempre hay trabajo, por lo que los presos que no tienen no saben en qué emplear su tiempo y no reciben ingresos con que adquirir artículos esenciales como jabón, pasta de dientes, utensilios para afeitarse y sobres.

Los condenados a cadena perpetua tienen grandes dificultades para mantener el contacto con sus seres queridos, debido especialmente al enorme tamaño de la Federación Rusa y a la estricta limitación de la frecuencia y duración de las visitas. Mientras que los presos sometidos a regímenes más suaves son enviados a colonias situadas en la región donde viven en virtud del artículo 73.3 del Código de Ejecución de Penas, esta disposición no afecta a los que se encuentran en «régimen especial».

En la Federación Rusa hay actualmente cinco instituciones para condenados a cadena perpetua: la de la región de Volodga mencionada anteriormente, otras dos en las regiones de Perm y Sverdlovsk, en la zona de los Montes Urales, y dos más en las regiones de Mordovia y Orenburg, en la zona central.(117) Un preso procedente de cualquiera de las otras 84 partes constituyentes de la Federacif3n puede estar recluido a miles de kilómetros de su hogar y su familia, e incluso separado de ellos por varias zonas horarias. Por ejemplo, un preso de la región de Chujotka, en la costa del nordeste del país, que cumpla cadena perpetua en la colonia de «régimen especial» más próxima a su región, la de Sverdlovsk, estará a nueve zonas horarias de su hogar. Tales distancias pueden suponer que los condenados a cadena perpetua no tengan ningún contacto personal con sus parientes, ya que no todas las familias disponen del tiempo o el dinero necesarios para hacer un viaje tan largo. En el artículo de Vremia MN, la periodista señaló que de un total de 156 reclusos, sólo 40 «mantenían contacto» con sus familiares, y tal contacto podía constituirlo simplemente una carta al año.

Este alejamiento impone un aislamiento físico y psicológico extremo a los condenados a cadena perpetua y los vuelve, además, sumamente dependientes de la imparcialidad y la profesionalidad de las personas encargadas de administrar su condena. Sin esta profesionalidad, el único medio directo que le queda al preso para pedir resarcimiento consiste en escribir a la Fiscalía, encargada de garantizar la legalidad en la región, o al defensor regional del pueblo, si lo hay (en el momento de redactar el presente informe, había defensor regional del pueblo en Perm y Sverdlovsk, pero aún no había sido designado nadie para desempeñar este cargo en Vologda, Mordovia y Orenburg).

Las personas declaradas culpables de «terrorismo» en relación con el conflicto de Chechenia están especialmente expuestas a sufrir malos tratos bajo custodia, sobre todo mientras continúen los combates o se produzcan sucesos, como la toma del teatro de Moscú de octubre del 2002, capaces de provocar una reacción de oposición a los chechenos en la sociedad en general.

En el 2002, los dos presos chechenos cuyo caso se expone en el recuadro (supra) murieron al poco de haber comenzado a cumplir sus largas condenas en la colonia de «régimen especial» VK-240/3-14 de la región de Perm, sólo meses después de haber sido juzgados. No se llevó a cabo una investigación independiente sobre sus muertes y no se informó detalladamente a sus familias de las autopsias y los enterramientos, ni tampoco de las circunstancias de las muertes. Aunque el Ministerio de Justicia ha incluido alguna información en su sitio web en respuesta al interés de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, no ha hecho nada para disipar las sospechas, albergadas por las familias de estos presos, según las cuales su muerte no se debió a causas naturales.

[recuadro]

Muertes de presos chechenos

Salman Raduevfue condenado a cadena perpetua en noviembre del 2001 tras haber sido declarado culpable por el Tribunal Supremo de Daguestán de planear y organizar una operación de toma de rehenes llevada a cabo en Kizliar en 1996. Murió el 14 de diciembre del 2002, a los 36 años de edad, según informes en la sección de terapia de la colonia de «régimen especial» de la región de Perm, la más próxima a Chechenia de las instituciones penitenciarias de este tipo. El 17 de diciembre, el Ministerio de Justicia emitió un informe según el cual la autopsia había revelado que había «muerto de causa natural como consecuencia de una hemorragia masiva interna». No se indicaba en él la posible causa de la hemorragia. Se decía que el preso había tenido un derrame en un ojo desde el 6 de diciembre, pero no se había quejado de la atención médica recibida. Fue enterrado en un cementerio municipal de la región de Perm el 18 de diciembre del 2002, sin que se hallara presente ningún familiar suyo.(118) Como la muerte de Salman Raduev se debía a «causas naturales», como decía el informe, la Fiscalía decidió no abrir una investigación.

El 27 de noviembre, Salman Raduev había recibido la visita de unos investigadores federalesde Moscú que querían información sobre Akhmed Zakayev, cuya extradición desde Dinamarca habían solicitado las autoridades. Akhmed Zakayev es el representante en el extranjero del presidente checheno, Aslan Maskhadov. Dinamarca denegó la petición de extradición. Uno de los investigadores interrogó a Salman Raduev a solas. El abogado de la familia Raduev afirma que ésta no recibió notificación de la muerte. El Ministerio de Justicia asegura que se lo comunicó por escrito y que, al no recibir respuesta en tres días, dispuso el enterramiento sin la familia.

Salman Raduev murió apenas cuatro meses después que el otro coencausado checheno, Turpal-Ali Atgeriev, ex viceprimer ministro de Chechenia. Éste murió el 20 de agosto del 2002, cinco meses después de su juicio, en el que lo condenaron a 15 años de prisión. El Ministerio de Justicia declaró en un informe que había muerto de leucemia. Sus familiares no fueron informados de su enfermedad, ni tampoco de su muerte y su enterramiento.

Amnistía Internacional insta a las autoridades a iniciar una investigación independiente sobre las circunstancias de la muerte de estos dos hombres. Deben llevarla a cabo personas elegidas para ello por su reconocida competencia, conocimientos e independencia, que tengan autoridad e inspiren confianza. Se deben garantizar los debidos recursos económicos, humanos y técnicos a los encargados de realizar la investigación, que tendrán atribuciones para exigir la presentación de documentos, para citar a testigos y para pedir que se les facilite toda la información necesaria. Con el fin de cumplir su cometido estarán capacitados para hacer averiguaciones sobre la causa de las muertes y el modo en que se produjeron, identificar a toda persona a la que resulte razonable considerar presunta responsable de ellas y hacer recomendaciones para reducir el riesgo de que se produzcan muertes bajo custodia por causas no naturales en el futuro. El alcance, métodos y resultados de la investigación deben hacerse públicos.

[fin de recuadro]

Al no existir normas centralizadas sobre las necesidades cotidianas de los presos en «régimen especial», los directores de las colonias tienen mucha libertad de acción. Los parlamentarios y los activistas de derechos humanos que han visitado estas colonias hablan de la existencia de regímenes innecesariamente restrictivos en algunos lugares y completamente humillantes en otros. Los condenados a cadena perpetua de las regiones de Perm y Vologda y la República de Mordovia, por ejemplo, son esposados cada vez que salen de la celda, sin importar quiénes sean ni lo cerca que esté el lugar al que los lleven. En Mordovia se los obliga a caminar de un modo especial delante del personal de la prisión: con la cabeza gacha y a pasos muy cortos. No se sabe bien qué sentido tiene este trato. Amnistía Internacional cree que se deben adoptar y aplicar a la mayor brevedad posible unas reglas acordes con las normas internacionales.

Como todos los presos penados de la Federación Rusa, los condenados a cadena perpetua tienen derecho, con arreglo a la Constitución, a solicitar un indulto al presidente.(119) Lo que no se explica claramente es qué oportunidades tienen de conseguir una revisión judicial de su sentencia. Una vez que el preso haya cumplido una parte obligatoria de su condena, la administración de la colonia está obligada a presentar a un tribunal en el plazo de un mes una solicitud de excarcelación en su nombre.(120) En el caso de los condenados a cadena perpetua, sólo se puede presentar la solicitud si no han cometido infracciones disciplinarias durante los tres últimos años.(121) Si la administración de la colonia decide presentar la solicitud y ésta es rechazada, no puede volver a hacerlo en tres años.(122) El Código de Ejecución de Penas no indica qué parte de la condena es «obligatoria» en el caso de la cadena perpetua.

Según el Departamento de Indultos de la Presidencia, en el 2002 se presentaron más de 6.600 solicitudes de indulto de presos, de las cuales el presidente Putin concedió 181.(123) No se sabe cuántas de ellas fueron presentadas por condenados a cadena perpetua, si hubo alguna. Estas estadísticas las elabora el Ministerio de Justicia y no son públicas.

Según estadísticas del Departamento Federal de Indultos, en el 2002 las comisiones regionales de indultos de las zonas con gran densidad de población carcelaria, como la República de Mordovia y las regiones de Orenburg, Perm, Sverdlovsk y Vologda, tramitaron, cada una, una cantidad de solicitudes que figuró entre las mayores del año. Estas comisiones son nuevas, y cada una tiene su propia forma de trabajar.(124) La de Orenburg, por ejemplo, se reunió nueve veces, pero no visitó nunca una colonia de trabajo correctivo. En Sverdlovsk, una de las 11 reuniones de la comisión se celebró dentro de la colonia. El número de recomendaciones de indulto también varió, desde una de cada cuatro solicitudes recibidas en la región de Sverdlovsk hasta una de cada 82 en la región de Perm. Es posible que tal variación dependiera también de la aplicación de criterios distintos.

Cifras de las Comisiones Regionales de Indultos

RegiónNúm. de presos en el 2002Núm. de solicitudes recibidas en el 2002Núm. de recomendaciones de indulto en el 2002
República de Mordovia	17.313	80	10
Región de Vologda	sin cifras	181	18
Región de Sverdlovsk	48.450	341	82
Región de Orenburg	15.220	141	20
Región de Perm	36.003	329	4

Puesto que la cadena perpetua es una forma de pena relativamente nueva en la Federación Rusa, Amnistía Internacional insta a las autoridades a examinar de nuevo su finalidad y el modo en que se está aplicando. Entre otras cosas, los condenados a cadena perpetua han de tener muchas más oportunidades de contacto social. Asimismo ha de ofrecérseles la posibilidad de pedir una revisión judicial de su condena en un plazo de tiempo razonable.

En esta etapa de la historia del sistema penal de la Federación Rusa, Amnistía Internacional cree que todas las penas de cadena perpetua impuestas antes del 1 de enero del 2002 deben ser revisadas, ya que las sentencias condenatorias se dictaron según los procedimientos del antiguo Código de Procedimiento Penal, que ha sufrido considerables modificaciones debido a su incompatibilidad con las normas internacionales de justicia procesal.(125)

Aunque ve con satisfacción que se haya recurrido a la privación de libertad como alternativa a las ejecuciones, Amnistía Internacional insta a la Federación Rusa a garantizar con carácter urgente que el trato que reciben las personas declaradas culpables de delitos graves respeta sus derechos y se ajusta a las normas de derechos humanos.

[Recuadro

Normas internacionales

El artículo 3.1 del Código de Ejecución de Penas dispone que las normas internacionales se aplicarán y tendrán preferencia en el sistema penal «si las condiciones económicas y sociales lo permiten». Este descargo de responsabilidad contradice el artículo 15.4 de la Constitución de la Federación Rusa, según el cual las normas internacionales forman parte del derecho interno y prevalecen siempre sobre él en caso de discrepancia.

El artículo 7 del PIDCP dispone:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El artículo 10 del PIDCP establece:

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

[...]

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.

En relación con la reclusión en régimen de aislamiento, los Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos disponen:

Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción(principio 7).

Las Reglas Penitenciarias Europeas disponen:

El castigo de confinamiento disciplinario [...] sólo se impondrá si el médico certifica por escrito, previo examen, que el preso está en condiciones de soportarlo (regla 38.1).

El médico visitará diariamente a los presos sometidos a tales castigos y asesorará al director sobre si se considera necesaria la finalización o modificación del castigo por razones de salud mental o física (regla 38.4).(126)

El segundo informe general sobre las actividades del CPT reza en su párrafo 56:

La prisión incomunicada puede, en determinadas circunstancias, provocar un trato inhumano y degradante; en cualquier caso, todas las formas de prisión incomunicada deberían ser lo más breves posible.

Sobre el contacto con la familia,el artículo 8 del Convenio Europeo dispone:

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar.

El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión dispone:

Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos, y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho(principio 19).

Si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual(principio 20).

Sobre el contacto con el mundo exterior,las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos disponen:

Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración(regla 39).

Sobre los recursos de los presos,el PIDCP dispone:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (artículo 2.3).

El Convenio Europeo dispone:

Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales (artículo 13).

El principio 33 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión dispone:

1. La persona detenida o presa o su abogado tendrá derecho a presentar a las autoridades encargadas de la administración del lugar de detención y a las autoridades superiores y, de ser necesario, a las autoridades competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o correctivas, una petición o un recurso por el trato de que haya sido objeto, en particular en caso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

[...]

4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin demora injustificada. Si la petición o recurso fueren rechazados o hubiere un retraso excesivo, el recurrente tendrá derecho a presentar una petición o recurso ante un juez u otra autoridad. Ni las personas detenidas o presas ni los recurrentes sufrirán perjuicios por haber presentado una petición o recurso de conformidad con el párrafo 1 del presente principio.

Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos disponen:

Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes(regla 36.2).

Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita, sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente (regla 36.3).

Sobre la revisión de las condenas, el Tribunal Europeo de Derechos, en la causa Hussain v Reino Unido, de 1996, explicó con más detalle la necesidad de revisar judicialmente las condenas. El demandante, Abed Hussain, había sido declarado culpable de asesinato a los 16 años y condenado a cadena perpetua a discreción de las autoridades británicas competentes. El Tribunal determinó que, sin una oportunidad regular y adecuada de revisión judicial,

cabría considerar que el joven ha perdido el derecho a su libertad para toda su vida, lo que plantea algunos interrogantes según el artículo 3 del Convenio Europeo.(127)

La revisión judicial debe adoptar la forma de vista oral, celebrada en el contexto del sistema basado en el principio de contradicción, con asistencia letrada y con la posibilidad de citar e interrogar a testigos.(128)

[fin de recuadro]

Capítulo 8

Recomendaciones

Amnistía Internacional cree que, de aplicarse, las medidas recomendadas a continuación mejorarán considerablemente la protección de los derechos humanos en la Federación Rusa.

Respecto a las normas internacionales de derechos humanos

La Federación Rusa debe garantizar el respeto y la aplicación de todas las normas internacionales relevantes de derechos humanos a fin de garantizar que todas las personas que se encuentren en su territorio gozan de acceso a la justicia.

Para ello debe tomar, entre otras medidas, las siguientes:

- Retirar las reservas que formuló al ratificar el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo) en relación con el artículo 5.3 y 5.4 (procedimientos de detención e internamiento).

- Presentar al Parlamento federal y adoptar sin demora leyes que permitan suspender la pena de muerte y autoricen la ratificación del Protocolo núm. 6 del Convenio Europeo. La Federación Rusa debe también proceder a ratificar rápidamente el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo, a fin de abolir la pena de muerte para los delitos cometidos en tiempo de guerra, además de en tiempo de paz.

- Autorizar inmediatamente la publicación completa de los informes y recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) sobre sus visitas a la Federación Rusa. Este material ha de ponerse a disposición del público en general y de la prensa especializada. La Federación Rusa debe también establecer dentro de la Presidencia un grupo conductor que garantice que las recomendaciones del CPT se ponen en práctica.

- Asegurarse de que ninguna persona es extraditada a un país donde corra el riesgo de ser ejecutada, torturada o sometida a procedimientos que no cumplan las normas internacionales sobre juicios justos.

Respecto a la necesidad de preservar y promover el respeto de la ley

La Federación Rusa debe velar por que se respete plenamente el sistema de justicia, a fin de proteger los derechos y combatir la impunidad, y por que se potencien los mecanismos no judiciales de protección de los derechos humanos, a fin de promover la rendición de cuentas.

Para ello debe tomar, entre otras medidas, las siguientes:

- Garantizar que se respeta la presunción de inocencia de todas las personas sospechosas o acusadas de algún delito mientras no hayan sido declaradas culpables de él en un juicio justo. Prácticas como la de afeitar la cabeza a los sospechosos varones y encerrar al acusado en una jaula en la sala del tribunal deben eliminarse ya que pueden afectar a la presunción de inocencia. Sólo se deben adoptar medidas extraordinarias de seguridad si cabe demostrar que el sospechoso constituye algún peligro o puede escaparse.

- Asegurar que los organismos competentes entablan acciones judiciales contra toda persona que no acate las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el registro de residencia. En particular, el presidente Putin debe adoptar todas las medidas políticas y jurídicas posibles para garantizar que las decisiones del Tribunal Constitucional se acatan.

- Reformar la Ley para Combatir el Terrorismo, de 1998, a fin de establecer claras líneas operativas de rendición de cuentas en las operaciones «antiterroristas». Las autoridades de la Federación Rusa deben garantizar que toda persona responsable de violar derechos humanos en el contexto de operaciones «antiterroristas» es enjuiciada en un procedimiento que cumpla las normas internacionales sobre justicia procesal, como recomienda el Consejo de Europa. Deben también velar por que las víctimas reciban la debida reparación.

- Recordar a todos los participantes en las operaciones «antiterroristas» —organismos encargados de hacer cumplir la ley, agentes de las fuerzas de seguridad y autoridades del gobierno, incluido el presidente— que sus acciones deben ajustarse a las normas internacionalmente aceptadas sobre el uso de la fuerza y respetar los derechos de los presuntos «terroristas» y de las víctimas.

- Adoptar una ley federal sobre la institución regional del defensor del pueblo que esté fundada en el artículo 2 de la Constitución y en la que se determine un mandato general de su trabajo que pueda ser ampliado pero no reducido por las cámaras legislativas regionales.

- Velar por que el Parlamento federal y el Parlamento de cada una de las partes constituyentes de la Federación que disponen de defensor del pueblo garanticen que éste realiza su trabajo y tomen medidas —incluida la de proporcionar la financiación adecuada— para garantizar la rápida aplicación de sus recomendaciones.

Respecto a la protección y el resarcimiento de los grupos especialmente susceptibles de sufrir abusos

La Federación Rusa debe garantizar que las personas que mayor riesgo corren de que se violen sus derechos, como los niños que nacen con discapacidad mental y los presos, reciben protección y resarcimiento.

A tal fin, y en relación con los niños con discapacidad mental, debe velar por que:

- se ratifique el Protocolo núm. 12 del Convenio Europeo, en el que se establece la prohibición general de la discriminación.

- el Parlamento federal siga la recomendación formulada por el defensor federal del pueblo en su informe del 2001 relativo a los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, en el que pidió la aprobación de una ley donde se definan los derechos jurídicos de tales personas y se prohíba su discriminación.

- el Parlamento federal apruebe legislación que prescriba los criterios y procedimientos mínimos que deben seguirse para separar a un niño de su familia e internarlo en una institución y que garantice la revisión periódica automática y sistemática del internamiento, tratamiento y bienestar del niño. Tal legislación deberá elaborarse en consulta con expertos cualificados, incluidas organizaciones no gubernamentales, y con aportaciones de los padres, y ha de prever que el interés superior del niño es la consideración primaria; que el niño está representado en todo momento por un experto independiente y adecuado, que –de ser posible– le pide su opinión, e interviene en el interés superior del niño, y que el fundamento de toda decisión de este tipo es sometido a revisión por un tribunal competente, independiente e imparcial.

- los tribunales establecidos con arreglo al sistema de justicia de menores sean los responsables de decidir el internamiento de los niños con discapacidad mental en instituciones tras solicitar la opinión bien fundada de todas las partes pertinentes para determinar el mejor interés del niño. El internamiento ha ser objeto de una revisión judicial regular y periódica, a la que se aporte un historial individual detallado elaborado por la institución y una relación de los esfuerzos realizados para hacer al niño lo más autosuficiente posible. Sobre la base de esta información, del testimonio de los familiares y, cuando proceda, de las entrevistas con el niño, el tribunal debe decidir si el niño debe reintegrarse a la comunidad.

- los ministerios de Salud, Trabajo y Bienestar Social elaboren estadísticas detalladas sobre los niños con discapacidad mental a su cuidado y las hagan públicas.

- se racionalice la administración de las instituciones que se ocupan de niños con discapacidad mental por medio del Comité de Coordinación Interagencial sobre los derechos de los niños recomendado por el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño. Se debe permitir la participación del Ministerio de Educación en cada etapa del desarrollo del niño para elaborar un programa educativo acorde con el artículo 2 del Protocolo núm. 1 del Convenio Europeo.

A tal fin, y en relación con los presos, debe velar por que:

- el Ministerio de Justicia sea completamente responsable desde el punto de vista operativo de la administración del sistema penitenciario, por lo que utilizará a su propio personal para prevenir y resolver disturbios donde quiera que puedan producirse. Este personal deberá haber recibido una formación especial a fin de que utilice técnicas no violentas siempre que sea posible y sepa evaluar el riesgo que representa cada preso individualmente.

- se aclare la relación entre los ministerios de Justicia e Interior. No se deben utilizar unidades especiales de policía sin la formación adecuada para mantener el orden dentro del sistema penitenciario, ni se debe utilizar a los presos para mantener la disciplina.

- el Ministerio de Justicia revise su política sobre los condenados a cadena perpetua y proponga reformas de la legislación existente a fin de adaptarla a las normas internacionales sobre el trato debido a los presos que cumplen largas condenas, y a las recomendaciones del CPT.

- se elimine la reclusión en régimen de aislamiento como forma habitual de castigo. Sólo debe imponerse esta forma de reclusión decidiéndolo caso por caso, durante periodos breves y claramente especificados y bajo supervisión médica. Si se recurre a formas especiales de inmovilización de los presos, como el uso de esposas, debe hacerse siempre de acuerdo con las normas internacionales pertinentes.

- los presos condenados a cadena perpetua tengan la oportunidad de que se someta periódicamente su condena a revisión judicial según un procedimiento basado en el principio de contradicción y con la participación de los propios presos.

- se lleve a cabo una revisión judicial sistemática de todas las condenas de cadena perpetua impuestas antes de la adopción del nuevo Código de Procedimiento Penal en diciembre del 2001.

Respecto a la necesidad de poner fin a las violaciones de derechos humanos en Chechenia

La Federación Rusa tiene que tomar sin demora medidas efectivas para poner fin al clima de impunidad imperante en Chechenia.

A este fin, y entre otras medidas, debe:

- realizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario, incluidos los crímenes de guerra, cometidas en Chechenia, y procesar a los responsables de acuerdo con las normas internacionales.

- permitir que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa vuelva a enviar una misión a Chechenia, con atribuciones para cumplir plenamente el mandato dispuesto por el Consejo Permanente en su decisión de abril de 1995, incluido el relativo a los derechos humanos.

- cursar invitaciones a los relatores especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y permitir el acceso sin restricciones a Chechenia de los medios de comunicación y observadores de derechos humanos independientes, incluidos los de las organizaciones internacionales.

Apéndice

Artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley:

a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.

b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley.

c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que se ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.

d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación; o su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.

e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.

f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.

2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1 c) del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la Ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.

4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.

5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.

Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo.

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan, o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;

b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;

c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan;

d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra;

e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la Audiencia.

Justicia en bruto:

La ley y los derechos humanos en la Federación Rusa

Portada

1) Puertas con barrotes impiden la entrada de las familias de los rehenes liberados al Hospital Núm. 13, donde decenas de víctimas recibieron tratamiento para los efectos del gas de fentanil y otras lesiones tras la ocupación y asalto del teatro de Moscú en octubre del 2002.

© AP/Sergei Grits

Cap. 1 –

2) Familiares de personas en paradero desconocido se congregan en las inmediaciones de la oficina del representante especial del presidente para las Libertades y los Derechos Humanos en la República de Chechenia, en Znamenskoe, año 2000. Aunque algunos observadores extranjeros se han referido a veces al representante como «defensor del pueblo», lo cierto es que forma parte del gobierno de la Federación Rusa y no tiene atribuciones para realizar investigaciones por su cuenta. © Leo Erken/Panos Pictures

3)

El respeto de la ley

El ecologista Aleksandr Nikitin fue detenido en 1995 por una acusación falsa de espionaje. Amnistía Internacional adoptó su caso como preso de conciencia. Aunque lo privaron de libertad durante años para someterlo a investigación y modificaron numerosas veces las acusaciones que se le imputaban, las autoridades no consiguieron que fuera declarado culpable: mientras lo mantenían en prisión, los tribunales devolvieron su causa 13 veces pidiendo nuevas investigaciones. Tras la decisión del Tribunal Constitucional de abril de 1999 (véase supra), el Tribunal Municipal de San Petersburgo lo absolvió sin dilación y ordenó su puesta en libertad. El Tribunal Supremo confirmó la decisión, que había sido impugnada por el fiscal. A pesar del complicado marco político existente, el poder judicial hizo valer su independencia, coherencia y respeto de la ley. La imagen muestra a Aleksandr Nikitin junto con sus dos abogados, sosteniendo el documento por el que fue detenido, un informe en el que se acusaba a la Federación Rusa de verter residuos nucleares en el Mar del Japón.

© Alexander Natruskin/Reuters/popperfoto.com

4) Galina Starovoita, miembro del Parlamento, murió de un disparo efectuado a la entrada de su casa, en San Petersburgo, en noviembre de 1998. Su muerte es uno de los muchos asesinatos que se han cometido desde 1991 y aún no se han resuelto. © AP

5) Lydia Andreevna, oriunda de Novo-Cheboksary, en los Montes Urales, en la escuela chechena donde vivió durante cuatro meses. Abandonó su trabajo y su hogar para ir a buscar a su hijo, recluta desaparecido en acción, pero afirma que no recibió ninguna ayuda de las autoridades rusas. El defensor federal de los derechos humanos, Oleg Mironov, criticó las graves violaciones de derechos humanos infligidas –así como padecidas– por los soldados federales en Chechenia. Algunos diputados pidieron inmediatamente que se celebrara una votación para destituirlo. © Heidi Bradner/Panos Pictures

6) Anatolii Pristavkin, novelista y jefe de la Comisión Nacional de Indultos, en la sala de reuniones de ésta en 1997. Durante su mandato, la Comisión fue uno de los medios más efectivos de protección de los derechos humanos de la década de 1990, consiguiendo en 1999 que se conmutaran todas las condenas de muerte. En el 2002 la Comisión Nacional fue sustituida por 88 comisiones regionales, cuya labor no tiene unas directrices claras.

© AP/Alexander Zemlianichneko

Cap. 2 –

7) Escena de devastación en Grozni, Chechenia, año 2000. En esa época no había tribunales en Chechenia a los que pudieran recurrir los civiles en busca de resarcimiento por violaciones de sus derechos. © Heidi Bradner/Panos Pictures

8) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia. En varios casos de violaciones de derechos humanos, el Tribunal ha ordenado a la Federación Rusa que pagara indemnizaciones a las víctimas, y el gobierno lo ha hecho. En enero del 2003, el Tribunal admitió a trámite la primera de seis denuncias de Chechenia presentadas por cuestiones como pérdida de bienes, tortura, ejecución arbitraria y falta de un recurso efectivo. © Consejo de Europa

9) Raisa Kachuri consuela a su madre tras una explosión de gas, causada por metralla, que destruyó su casa en Grozni, Chechenia. © Martin Adler/Panos Pictures

Cap. 3 –

10) Un joven de 18 años aguarda la sentencia tras ser juzgado ante un tribunal de la Región de Moscú, año 2002. Durante todo el juicio estuvo encerrado en una jaula metálica de la sala. A todos los acusados varones se les afeita la cabeza como a los presos penados. Los observadores internacionales afirman que estas prácticas perjudican el derecho del acusado a ser considerado inocente mientras el tribunal no lo declare culpable. © Kommersant/Ivan Shapovalov

11) Unos abogados reciben formación sobre los juicios con jurado en la Academia Rusa de Jurisprudencia, Moscú. En virtud del nuevo Código de Procedimiento Penal, se están introduciendo en todo el país los juicios con jurado para los delitos graves, aunque en Chechenia el sistema no comenzará hasta el 2007. © Sean Sprague/Panos Pictures

Cap. 4 –

12) Yuri Luzhkov, el alcalde de Moscú, ha declarado que «la Constitución rusa no se aplica en Moscú» y ha seguido manteniendo el sistema de permisos de residencia, desdeñando cumplir los fallos judiciales de que se aboliera por ser inconstitucional. © AFP/Getty Images

13) Unos obreros de la construcción tayikos se marchan de Jimki de regreso a casa antes de su expulsión en noviembre del 2002. Desde el año 2000 los tayikos que se desplazan a Rusia han podido viajar sin necesidad de visado. Las normas internacionales disponen que toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular y a elegir su lugar de residencia libremente. © Mikhail Solovyanov/Moscow Times

14) La policía de San Petersburgo comprueba la identidad de unos romaníes. En dos operaciones policiales llevadas a cabo en Moscú en el año 2002 se detuvo a casi 2.000 romaníes, de los que sólo unos cuantos fueron procesados posteriormente. A otros los expulsaron de la ciudad. © Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos

15) Unos 180 chechenos, recién llegados a Moscú en el tren de Grozni al reanudarse el servicio ferroviario, presentan su documentación en la comisaría de policía de Paveletskii en noviembre del 2002. Los controles de identidad son un rasgo constante de la vida de los grupos minoritarios en Moscú. © Vladimir Filonov/Moscow Times

Cap. 5 –

16) Agentes de las fuerzas especiales sacan a unos rehenes de la Casa de la Cultura de Moscú. Las autoridades no dispusieron que hubiera suficientes camillas para todos los sobrevivientes o ambulancias para trasladarlos al hospital. Muchos heridos tuvieron que ser transportados en autobuses, tumbados en el suelo, sin atención médica y sin escolta que despejara el tráfico. © Sergei Karpukhin/Reuters/popperfoto.com

17) El cadáver de un hombre al que se tomó por uno de los secuestradores yace a la entrada de la Casa de la Cultura de Moscú tras el asalto al edificio efectuado por las fuerzas de seguridad el 26 de octubre del 2002. Según testigos presenciales, las fuerzas de seguridad dispararon contra los secuestradores estando éstos ya inconscientes. Amnistía Internacional cree que debían haber sido puestos a disposición judicial; asimismo, la organización teme que entre ellos hubiera personas a las que se confundió con secuestradores porque eran miembros de minorías étnicas. © AP/Gazeta

18) Mujeres a la espera de poder ver a sus seres queridos entre los que estaban siendo tratados en el Hospital Núm. 13 de Moscú el 27 de octubre del 2002, al día siguiente del asalto al teatro. Unos 400 sobrevivientes fueron trasladados a este hospital, que era el más próximo al teatro, pero que contaba con un personal muy reducido, de sólo 50 personas. La información sobre qué gas se había utilizado para poner fin a la crisis no se comunicó inmediatamente al personal médico. Según los informes, muchos de sus pacientes murieron, en unos casos porque tardaron mucho en atenderlos y, en otros, porque les dieron de alta demasiado pronto. © Yuri Kadobnov/AFP/EPA/Getty Images

Cap. 6 –

19) Niños con discapacidad mental confinados permanentemente en sus camas. © Sergei Koloskov

Cap. 7 –

20) Agentes de las Unidades Especiales (Antidisturbios) de la Policía listos para entrar en acción en Chechenia en julio del 2001. Tras prestar servicio en Chechenia pueden ser destinados a operaciones de mantenimiento del orden en los servicios penitenciarios de cualquier parte de la Federación Rusa. Fueron agentes enmascarados como éstos los que agredieron a presos desarmados en la colonia AM-244/9-11 de Chepets en abril del 2001.

© AFP/Getty Images

21) Salman Raduev. © AFP/Getty Images

22 y 23)

El área de ejercicio, chapada en acero, de la prisión de «Isla de Fuego». © TV Channel Russia

La entrega de alimentos a un preso, en su celda. © TV Channel Russia

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(1) El presente informe está basado en muy diversas fuentes, como testimonios escritos de víctimas, informes de oficinas del defensor del pueblo y ONG de derechos humanos locales; artículos de la prensa regional y electrónica; textos jurídicos, sentencias judiciales, cuestiones planteadas en el Parlamento e informes del gobierno, y declaraciones de la comunidad internacional. Asimismo, se inspira en gran medida en material recogido directamente sobre el terreno en el curso de visitas al país, especialmente el material recabado por los observadores de juicios; entrevistas con jueces, miembros del Parlamento y oficinas locales del defensor del pueblo; trabajo con ONG locales de derechos humanos, y entrevistas in situ con víctimas de violaciones de derechos humanos.

(2) La Federación Rusa tiene 89 partes constituyentes: 49 regiones (oblasts), 21 repúblicas, 10 distritos autónomos (okrugs), seis territorios (krais), dos ciudades federales y una región autónoma.

(3) V. Terebilov, en Perestroika demands legal reform (Novosti, Moscú, 1988), cita estas cifras para el 1 de noviembre de 1988.

(4) Véanse, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional sobre la URSS, Prisoners of Conscience: Their Treatment and Conditions (Índice AI: EUR 46/004/1980), así como otros informes temáticos sobre el encarcelamiento de observadores de Helsinki, el encarcelamiento de baptistas, la imposición de penas a miembros de sindicatos libres y la imputación de cargos falsos a disidentes.

(5) Las cuatro constituciones se promulgaron en 1918, 1924, 1936 y 1977.

(6) Encontrarán más información detallada sobre el sistema de propiska en el informe de Amnistía Internacional «Dokumenty!» – Discriminación por motivos raciales en la Federación Rusa (Índice AI: EUR 46/001/2003/s).

(7) En octubre de 1993, tropas del gobierno sitiaron y bombardearon el Parlamento, que posteriormente fue disuelto, como consecuencia de haber votado persistentemente en contra de unos proyectos de ley del presidente Yeltsin.

(8) La Federación Rusa ha tenido dos constituciones, una promulgada en 1991, cuando el país se convirtió en Estado soberano, y otra promulgada en diciembre de 1993 tras la disolución forzada del primer Parlamento soberano.

(9) En 1999, 13 personas fueron condenadas a muerte en Chechenia en aplicación de la ley islámica y ejecutadas públicamente, pero desde entonces persiste en toda la Federación Rusa una suspensión efectiva de las condenas de muerte. De conformidad con el nuevo Código de Procedimiento Penal del 2001, en enero del 2003 debían introducirse por todo el país los juicios con jurado, pero en Chechenia el proceso se ha retrasado hasta el 2007.

(10) Artículo 15.4 de la Constitución de 1993 de la Federación Rusa.

(11) Entre los años 1995 y 2000, el Tribunal Constitucional emitió 19 decisiones sobre procedimiento penal por las que se integraron en la Constitución normas específicas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo). Estas normas se incluyeron luego necesariamente en el nuevo Código de Procedimiento Penal, adoptado en diciembre del 2001.

(12) Decisión núm. 7-P, de 20 de abril de 1999, sobre una pregunta planteada por el Tribunal Municipal de Irkutsk, el Tribunal Regional de Irkutsk y el Tribunal del Distrito de Sovetskii de Nizhni-Novgorod.

(13) El artículo 34 del Convenio Europeo dispone: «El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de par-ti-cu-lares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho». El artículo 46 obliga a los Estados Partes a cumplir las sentencias definitivas del Tribunal en todos los litigios en que sean partes.

(14) Permitían presentar denuncias relacionadas con las huelgas, los arrendamientos de tierras, el derecho de los periodistas a acceder a la información oficial y la violación de los derechos de los ciudadanos por organismos del poder ejecutivo.

(15) Novie Izvestiia, 18 de julio del 2002.

(16) Paradójicamente, ambos pleitos se referían a acciones de campaña realizadas en el año 2001, época en que el presidente Putin había dado por finalizada la fase militar de la guerra de Chechenia. Ninguna de las partes mencionó este detalle ante el tribunal, ni tampoco el juez se refirió a él en ninguno de los pleitos.

(17) Véanse los informes de Amnistía Internacional Prisoners of Conscience in the USSR: Their Treatment and Conditions (Índice AI: EUE 46/004/1980) y Human Rights in a Time of Change (EUR 46/022/1989), publicados en 1980 y 1989 respectivamente.

(18) Cifras ofrecidas por Anatolii Pristavkin en una conferencia sobre el indulto organizada por la Presidencia de la Federación Rusa y el Consejo de Europa en Veliki Novgorod los días 25 y 26 de octubre del 2000.

(19) Se puede consultar el informe de sus actividades durante el año 2000 en www.ombudsman.gov.ru (en ruso).

(20) Las 22 partes constituyentes eran las siguientes: Altai, Amur, Astrakán, Bashkortostán, Ingushetia, Kaliningrado, Kalmukia, Kemerovo, Komi, Krasnodar, Krasnoiarsk, Lipetsk, la región de Moscú, Perm, Samara, Saratov, Smolensk, Stavropol, Sverdlovsk, Tartastán, Volgogrado y Saja (antes Yakutia).

(21) Véase, por ejemplo, el informe del 2000 del defensor del pueblo de la región de Astrakán, donde se enumeran 132 decretos de la administración regional considerados inconstitucionales o inválidos por no haberse publicado nunca. No obstante, los decretos no se suspendieron tras la aparición de ese informe.

(22) Los denominados «comités antisionistas» de la época de Brezhnev son un ejemplo de ello, y la comisión de derechos humanos de Fedor Burlatskii, de la época de Gorbachov, otro. Los comités antisionistas aparecieron durante un breve periodo en las ciudades importantes a finales de la década de 1970, establecidos aparentemente por miembros del público entre los que a menudo había destacados intelectuales judíos o militares. Criticaron la política israelí y estadounidense en Oriente Medio en plena guerra fría y desaparecieron en la época de Gorbachov. La Comisión Burlatskii de Derechos Humanos, formada por destacados abogados de Moscú, se estableció en 1988 con objeto de atender denuncias de particulares y mediar entre la URSS y los grupos de derechos humanos del extranjero. Cursó la primera invitación recibida por Amnistía Internacional para mantener conversaciones con las autoridades soviéticas.

(23) Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la ineficacia de estas investigaciones y la ausencia de procesamientos. Véase, por ejemplo, Federación Rusa: Negación de Justicia (Índice AI: EUR 46/027/2002/s).

(24) Según un estudio publicado en mayo del 2002 por INDEM, el centro de estudios con sede en Moscú, estos homicidios ilegítimos no se cometerían sin la aquiescencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que protegen a los sectores financieros y políticos, creando así redes de corrupción. La Fiscalía y la policía de tráfico son los principales responsables, denuncia INDEM, y sus protegidos proceden en su mayor parte de partidos políticos de todos los signos. Amnistía Internacional no está en condiciones de confirmar o refutar tales denuncias.

(25) Resolución 2001/24 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, doc. ONU E/CN.4/Res/2001/24. La resolución condena firmemente «el empleo continuo de la fuerza, de manera desproporcionada e indiscriminada, por las fuerzas militares rusas, los militares federales y los agentes estatales, entre otras cosas los ataques contra civiles y otras infracciones del derecho internacional, así como las violaciones graves de los derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes» en la República de Chechenia. Condena también firmemente «todas las actividades y ataques terroristas, así como las infracciones del derecho internacional humanitario perpetradas por los combatientes chechenos» y pide a las partes que tomen de inmediato medidas para poner fin a los combates constantes y al empleo indiscriminado de la fuerza y buscar con urgencia una solución política que respete plenamente la soberanía y la integridad territorial de la Federación Rusa. Asimismo, pide a las autoridades rusas que establezcan, «conforme a las normas internacionales reconocidas, una comisión nacional de investigación de amplia base e independiente que investigue sin demora las presuntas violaciones de los derechos humanos y contravenciones del derecho internacional humanitario cometidas en la República de Chechenia a fin de establecer los hechos e identificar a los responsables para enjuiciarlos e impedir que gocen de impunidad». Por último, reitera la petición, ya formulada en el 2000, de que se facilite la visita de los relatores especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y del representante del secretario general de la ONU sobre los desplazados internos.

(26) Figura en el dictamen 193 (1996) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, EOPIN193.WP 1403, disponible en francés y en inglés en el sitio web de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, accesible desde el portal general: www.coe.int.

(27) Las reservas se refieren a los artículos 5.3 y 5.4 del Convenio Europeo, relativos a la obligación de garantizar que las personas detenidas preventivamente son llevadas ante un juez y juzgadas en un plazo razonable o puestas en libertad en espera del juicio, y a la obligación de garantizar que toda persona privada de libertad tiene derecho a comparecer ante un tribunal que determine sin demora la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.

(28) Publicado en ITAR-TASS.

(29) Índice AI: EUR 46/027/2002/s.

(30) Declaración pública sobre la Federación Rusa, 10 de julio del 2001, CPT/Info (2001) 15.

(31) Citado en Interfax el 6 de marzo del 2003.

(32) Véase Federación Rusa: Es preciso que se haga justicia (Índice AI: EUR 46/030/2003/s).

(33) Artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo y artículo 6 del Convenio, respectivamente.

(34) Artículos 3, 6 y 5.3 del Convenio Europeo, respectivamente.

(35) Artículo 6.1 del Convenio Europeo.

(36) Artículos 2, 3 y 13 del Convenio Europeo y artículo 1 de su Protocolo 1, respectivamente.

(37) Doc. de la ONU CCPR/C/69/D/770/1997.

(38) Citado en el dictamen núm. 193 (1996), sobre la solicitud de ingreso en el Consejo de Europa presentada por la Federación Rusa, Opinion No. 193 (1996) on Russia’s request for membership of the Council of Europe. Assembly debate on 25 January 1996 (6th and 7th sittings). Véase Doc. 7443, report of the Political Affairs Committee y Doc. 7463, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights. Text adopted by the Assembly on 25 January 1996. OPIN193 (1996).

(39) Ibídem.

(40) Índice AI: EUR 46/021/2002/s.

(41) Véase Amnistía Internacional: Comisión de Derechos Humanos de la ONU: Decepcionante rechazo de la resolución sobre Chechenia (Índice AI: EUR 46/033/2003/s).

(42) Resolución 1323, disponible en francés y en inglés en el sitio web del Consejo de Europa: www.coe.int.

(43) Véase la sección de jurisprudencia de la página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en www.echr.coe.int.

(44) Una la había presentado Dinamarca contra Turquía por presuntos malos tratos infligidos a un ciudadano danés detenido en 1996, y la otra, Chipre contra Turquía por las consecuencias de las operaciones militares turcas llevadas a cabo en el norte de Chipre en 1974.

(45) Recomendación 1600 (2003), 2 de abril del 2003. [Traducción no oficial.]

(46) «Pravo i Sila», Moskovskii komsomolets, 18 de mayo de 1991, citado en Executive Power and Soviet Politics, ed. Eugene Huskey, Nueva York, 1992.

(47) Véase la sección de archivos del sitio web del Ministerio de Justicia: www.minjust.ru.

(48) Véase, por ejemplo, Torture in Russia: This Man-Made Hell (Índice AI: EUR 46/004/1997).

(49) En 1998 la administración del sistema penitenciario quedó en manos del Ministerio de Justicia por haber sido esta medida uno de los compromisos contraídos por la Federación Rusa al ingresar en el Consejo de Europa.

(50) Véase el informe más reciente de Amnistía Internacional sobre este asunto: Federación Rusa: Negación de Justicia (Índice AI: EUR 46/027/2002/s), publicado en el 2002.

(51) Así ocurría a pesar de la obligación contraída por el Estado en virtud del artículo 9.4 del PIDCP, según el cual toda persona privada de libertad ha de tener acceso a un tribunal que determine la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si es ilegal.

(52) Catedrático A.S. Gorelik, Dr. A.D. Nazarov y Dr. N.G. Stoyko, «Spravedlivost sudebnogo razbiratelstva i obespechenie prava na zashchitu v ugolovnom sudoproizvodstve» («Garantías de las vistas judiciales y derecho a la defensa en la justicia penal»), Krasnoiarsk 2000.

(53) Estas circunstancias son las siguientes: a) Si el acusado ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente. b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley. c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que se ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido. d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente. e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo. f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.

(54) Según información pública de la Secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, disponible en www.coe.int.

(55) Se estableció en la Ley de Aplicación del Código de Procedimiento Penal de la Federación Rusa, de 18 de diciembre del 2001, núm. 177-F3.

(56) Era una decisión sobre denuncias presentadas por tres ex detenidos: S. Malenkin, R. Martynov y S. Pustovalov. Se puede consultar el texto completo en ruso en www.ks.rfnet.ru.

(57) El Tribunal decidió en otros fallos que el sistema de propiska restringía ilegalmente los derechos electorales de los habitantes de Osetia Septentrional-Alania (noviembre de 1995), e impedía, asimismo ilegalmente, que la población del Territorio de Krasnodar pudiera cerrar contratos (octubre de 1998). En octubre de 1991, el Comité de Supervisión Constitucional de la URSS ya había resuelto que el sistema de propiska violaba el derecho a la libertad de circulación.

(58) Véase «A Commentary to the Constitution», ed. V.A. Chetverin, Moscú 1997, p. 168, nota al pie 48.

(59) Fallo del 4 de abril de 1996 (Núm. 9-P).

(60) Índice AI: EUR/46/001/2003/s.

(61) Los gobiernos de las repúblicas de Saja (antes Yakutia), en Siberia oriental, y de Adigueya, en el sur de la Federación Rusa, impugnaron la legalidad de esta ley, pero su constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Supremo el 12 de abril del 2002 (Fallo Núm. 8-P).

(62) Artículo 29 de la Ley sobre los Principios Generales para la Organización de los Órganos Legislativos (Representativos) y Ejecutivos del Poder del Estado en las Partes Constituyentes de la Federación.

(63) Ibídem artículo 29.1.2.

(64) Ibídem artículo 29.1.3.

(65) Ibídem artículo 29.1.6.

(66) Según el artículo 3 de la Ley sobre los Principios Generales para la Organización de los Órganos Legislativos (Representativos) y Ejecutivos del Poder del Estado en las Partes Constituyentes de la Federación.

(67) Artículo 15.4 de la Constitución. En caso de discrepancia prevalecen las normas internacionales.

(68) Las autoridades han mostrado una actitud contradictoria hacia la inmigración. En el 2002, el Ministerio del Interior, que es responsable del Servicio Federal de Migración, se mostró a menudo partidario de restringir la afluencia de trabajadores migrantes y de cobrar impuestos a quienes los contrataban. En cambio, el Instituto de Previsión Económica Nacional de la Academia de la Ciencia opinaba lo contrario. Su directora, Zhanna Zaenchkovskaia, dijo al periódico Kommersant el 25 de abril del 2002 que la adopción de una política más estricta en materia de inmigración iba en contra del sentido común y de la realidad económica.

(69) Rossisskaia gazeta, 31 de julio del 2002.

(70) Índice AI: EUR 46/001/2003/s.

(71) Amnistía Internacional publicó varios comunicados de prensa sobre este asunto. Véase, por ejemplo, Federación Rusa: Los chechenos, perseguidos en Moscú y en Chechenia (Índice AI: EUR 46/047/1999/s).

(72) Este caso se documenta en detalle en una información presentada por Human Rights Watch al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial con ocasión de ir a examinar éste el 217º informe periódico de la Federación Rusa, el 24 de febrero del 2003. Puede consultarse el texto íntegro de la información en www.hrw.org.

(73) Citado en el periódico MK, el 30 de octubre del 2002.

(74) Según las quejas de chechenos de Moscú recibidas entre el 28 de octubre del 2002 y el 9 de febrero del 2003 por el diputado del Parlamento federal Aslambek Aslakhanov.

(75) El número total de rehenes varía según las fuentes. Algunas mencionan la cifra de 979 basándose en la lista de nombres y resultados elaborada en el sitio web <www.grani.ru> el 28 de noviembre del 2002. Las cifras indicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ruso en Nezavisimaya gazeta el 6 de noviembre del 2002 son inferiores. De acuerdo con esta fuente había 858 rehenes, 121 menos de los contabilizados en <www.grani-ru>.

(76) Según el sito web <www.grani.ru>, el general de división sobrevivió, pero su hija murió a causa del gas utilizado por las autoridades para poner fin a la toma del teatro.

(77) Citado en (www.Newsru.com) el 27 de octubre del 2002.

(78) El Ministerio de Salud ruso dijo a mediados de diciembre que habían muerto 129 rehenes. En la misma fecha, <www.grani.ru> documentó la muerte de 139 personas y dijo que continuaba sin saberse nada de otras 68, de las que dio el nombre.

(79) Véase el informe de Amnistía Internacional Concerns in Europe and Central Asia, July-December 2002 (Índice AI: EUR 01/002/2003).

(80) El catedrático A. Heyndrickx, toxicólogo belga y experto de la ONU en crímenes de guerra perpetrados en Kosovo, dictaminó el 4 de noviembre del 2002 en una conversación con personal de la Jamestown Foundation, institución sita en Estados Unidos, que la substancia era una mezcla de fentanil y del compuesto tóxico BZ. Citado en <www.chechnya.jamestown.org>.

(81) Orden del alcalde de Moscú del 24 de enero del 2003, disponible en el sitio web www.mos.ru.

(82) En enero del 2003 se informó de que nueve rehenes ucranianos tenían intención de demandar a las autoridades federales rusas por daños morales y materiales, pero Amnistía Internacional ignora si lo han hecho.

(83) Se pidió a Amnistía Internacional que no diera el nombre del lugar por si a la ONG local que le había facilitado la visita se le negaba el acceso en el futuro.

(84) Datos del borrador del tercer informe de la Federación Rusa al Comité de los Derechos del Niño.

(85) Orden del Ministerio de Salud de la URSS sobre indicadores y contraindicadores médicos para el ingreso en orfanatos, de 5-7 de septiembre de 1978, núm. 14/12/2495 MK.

(86) Se puede consultar el informe en ruso en su sitio web: www.ombudsman.gov.ru.

(87) Doc. de la ONU CRC/C/15/Add.110, del 10 de noviembre de 1999.

(88) Se han adoptado, por ejemplo, la Ley de Pensiones y Prestaciones por Discapacidad, la Ley de Inválidos de Guerra y la Ley de Servicios Sociales para Ancianos Inválidos.

(89) Decisión núm. 288, de 12 de marzo de 1997, del gobierno de la Federación Rusa, sobre «confirmación de la calidad de los establecimientos de formación especial (correctiva) para la educación de alumnos con discapacidad mental», de la que es complemento la decisión núm. 212, del 10 de marzo del 2000, sobre «reforma de la calidad de los establecimientos de formación especial (correctiva) para la educación de alumnos con discapacidad mental».

(90) Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Federación Rusa, CRC/C/65/Add.5, párr. 237.

(91) Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Federación Rusa, CRC/C/3/Add.5. En el informe posterior, la Federación Rusa dijo que se había mejorado la detección de abusos contra niños y había aumentado la proporción de niños al cuidado del Estado.

(92) Son todas directivas del Ministerio de Bienestar Social anteriores a la formación de la Federación Rusa: Directiva núm. 52, de 25 de abril de 1962, sobre «normas oficiales para el personal médico y educativo de los hogares para niños con retraso mental»; Directiva núm. 35, de 6 de abril de 1979, que confirmaba una disposición sobre «hogares infantiles y orfanatos para niños con retraso mental», y Directiva núm. 132, de 22 de octubre de 1986, epígrafe sobre «estructuras y personal ordinarios de las instituciones del Ministerio de Bienestar Social de la República Socialista Soviética Federativa de Rusia».

(93) Directiva núm. 132 del Ministerio de Bienestar Social, de 22 de octubre de 1986, epígrafe sobre «estructuras típicas y condiciones típicas de las instituciones del sistema del Ministerio de Bienestar Social de la República Socialista Soviética Federativa de Rusia».

(94) Núm. 463/1268, de 31 de agosto de 1995, sobre «especificaciones laborales para los trabajadores de las instituciones educativas de la Federación Rusa», y decreto núm. 46 del Ministerio de Trabajo y el Comité Estatal de Educación Superior, de 17 de agosto de 1995.

(95) Informe del Ministerio de Trabajo, pág. 26.

(96) Ibídem, pág. 47.

(97) En el informe se enumeran 15 reglamentos federales sobre discapacidad y 21 regionales.

(98) Vestnik, Boletín núm. 2(3) 2002 del defensor del pueblo de la Región de Moscú, www.ombudsmanmo.ru.

(99) Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, Federación Rusa, 18 de febrero de 1993, CRC/C/15/Add 4., párr. 6.

(100) Ibídem, párr. 17.

(101) Conclusiones finales del Comité de los Derechos del Niño, Federación Rusa, 10 de noviembre de 1999, CRC/C/15/ Add 110, párr. 36.

(102) Ibídem, párr. 39.

(103) Ibídem, párr. 40.

(104) Estas posibilidades se prevén en el artículo 12.4 del Código de Ejecución de Penas.

(105) Siglas de Otriad militsii osobogo naznacheniia.

(106) Se imputó el cargo en aplicación de los artículos 286.3, 208, 209 y 5 del Código Penal.

(107) Ésta es la explicación que se ofrece en el diccionario etimológico de la lengua rusa Ozhegov.

(108) Traducción no oficial.

(109) Encontrarán más información sobre la demanda en Application No. 47095/99 by Valerii Yermilovich Kalashnikov against Russia, en el sitio web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: www.echr.coe.int.

(110) Según el artículo 57.1 del Código Penal.

(111) Artículos 105, 277, 295, 317 y 357 del Código Penal, respectivamente.

(112) Artículos 80.2 y 126 del Código de Ejecución Penal.

(113) Artículo 118.3 del Código de Ejecución Penal.

(114) Artículo 112.6 del Código de Ejecución Penal.

(115) Artículo 127.6 del Código de Ejecución Penal.

(116) Declaración pública del 10 de julio del 2001, CPT/Inf(2001) 15. Traducción no oficial. Disponible en inglés y en francés en el sitio web del CPT: http://www.cpt.coe.int/documents/rus/2001-15-inf-eng.pdf.

(117) Información de Anatolii Pristavkin, asesor presidencial sobre cuestiones de indulto, febrero del 2003. El 3 de marzo del 2003, el Ministerio de Justicia informó en su sitio web de que se habían abierto ocho nuevas colonias de «régimen especial» y se habían construido 14 unidades más de «régimen especial» en las colonias existentes, pero no dijo dónde. Véase www.minjust.ru.

(118) Véanse los comunicados de prensa de www.minjust.ru del 17 y el 18 de diciembre del 2002.

(119) Artículo 50.3 de la Constitución. En el 2001, el Ministerio de Justicia envió una carta a los directores de las instituciones de trabajo correctivo, aconsejándoles remitir sólo las solicitudes de indulto de los presos que hubiesen cumplido ya dos terceras partes de su condena. Amnistía Internacional tiene copia de la carta. No se sabe bien cuándo un preso condenado a cadena perpetua tiene derecho, entonces, a presentar una solicitud de indulto.

(120) Según el artículo 175.9 del Código de Ejecución de Penas. En el Código no se indica cuál es la parte obligatoria de la pena en el caso de los condenados a cadena perpetua ni en el de otras categorías de presos. Es posible que esta información figure en reglamentos administrativos del Ministerio de Justicia.

(121) Artículo 176.1 del Código de Ejecución de Penas.

(122) Artículo 176.3 del Código de Ejecución de Penas.

(123) Información presentada en una conferencia sobre indultos organizada en noviembre del 2002 en el distrito de Odintsovski, Región de Moscú, entre la Presidencia de la Federación Rusa y el Consejo de Europa.

(124) Se establecieron tras un decreto del presidente Putin del 28 de diciembre del 2001 por el que se disolvió la comisión federal de indultos.

(125) Véase el capítulo 3 de este informe, en el que se describen los cambios efectuados respecto al Código de Procedimiento Penal.

(126) Traducción no oficial.

(127) El artículo 3 trata de la prohibición de la tortura.

(128) Causa Hussain v the United Kingdom, 21 de febrero de 1996, REF 00000561, disponible en www.echr.coe.int. Traducción no oficial.