Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - Georgia: Amnistia Internacional insta al gobierno de Georgia a que aplique las recomendaciones del Comite contra la Tortura de la ONU

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ÍNDICE AI: EUR 56/06/96/s

22 DE NOVIEMBRE DE 1996


GEORGIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA AL GOBIERNO DE GEORGIA A QUE APLIQUE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU


Amnistía Internacional declaró hoy que el gobierno de Georgia debe aplicar de inmediato las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, que ayer examinó el informe inicial presentado por Georgia.


Amnistía Internacional ha presentado su propio informe a los miembros del Comité, en el que expresa sus preocupaciones por las denuncias del uso persistente y generalizado de la tortura y los malos tratos en Georgia.


«Aunque nos satisface que Georgia haya reconocido que no investiga adecuadamente las denuncias de tortura y no pone en manos de los tribunales a los responsables, instamos encarecidamente al gobierno a que mejore su historial de derechos humanos», ha declarado la organización.


Los resultados de la Comisión contra la Tortura reflejaban otras preocupaciones, expresadas tanto por Amnistía Internacional como por el gobierno de Georgia, sobre la falta de disposiciones adecuadas para indemnizar, restituir y rehabilitar a las víctimas de tortura, y la poca disposición que muestran muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a respetar los derechos de los presos. El Comité contra la Tortura también expresó su preocupación por el número de denuncias de tortura, especialmente en lo que se refiere a la obtención de confesiones.


Amnistía Internacional apoya las recomendaciones de la Comisión contra la Tortura, entre otras cosas que el gobierno facilite información sobre todos los casos concretos planteados durante la sesión y por las organizaciones no gubernamentales; que la figura de la tortura, tal como la define la Convención contra la Tortura de la ONU, sea incorporada al código penal de Georgia, y que se amplíen las facultades del organismo competente para garantizar que las denuncias de tortura se examinan adecuadamente y que se procesa a los responsables.


En su informe, Amnistía Internacional expresó las siguientes recomendaciones al gobierno de Georgia:


∙informar a todos los detenidos de sus derechos, incluido el derecho a denunciar los malos tratos ante las autoridades;

∙garantizar que a los detenidos sometidos a interrogatorio se les informa inmediatamente del cargo o cargos que se les imputa y que se les permite acceder de forma inmediata y regular al abogado que elijan, así como ver a sus familiares y a un médico;

∙poner en marcha inmediatamente investigaciones imparciales de todas las denuncias de tortura o maltrato de los detenidos, e investigar también cuando haya indicios razonables para creer que se han producido torturas o malos tratos, aunque no se haya formulado ninguna denuncia;

∙como parte de estas investigaciones, garantizar el examen médico inmediato, imparcial y profesional de las personas que denuncien torturas o que puedan haber sido torturadas;

∙poner a disposición judicial a los responsables de torturar o maltratar a los detenidos.

∙garantizar que todas las víctimas de torturas tienen acceso a los medios para conseguir una reparación, y el derecho ejecutable a una indemnización justa y adecuada, que incluya los medios para una rehabilitación lo más completa posible;

∙garantizar que en la formación del personal encargado de hacer cumplir las leyes y de cualesquiera otras personas que participen en la custodia, el interrogatorio y el tratamiento de cualquier individuo sujeto a cualquier forma de arresto, detención o prisión, se incluye la información sobre la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos;

∙establecer un sistema eficaz de inspección independiente de todos los lugares de detención;

∙modificar inmediatamente el artículo 46 de la Constitución para garantizar que ninguna circunstancia excepcional, situación o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública puede utilizarse como justificación de la tortura.

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