AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: EUR 61/016/2003/s (Público)

Servicio de Noticias: 208

5 de septiembre de 2003

No difundir hasta las 00:01 horas GMT del 12 de septiembre de 2003

Turkmenistán: Derechos humanos, el capítulo omitido
en el libro «sagrado» del presidente Niyazov

La situación de los derechos humanos en Turkmenistán se encuentra desde hace años en un estado lamentable. Y, desde el presunto intento de asesinato contra el presidente Saparmurat Niyazov en noviembre del 2002, se ha deteriorado todavía más. Esto es lo que dice Amnistía Internacional, al iniciar hoy una serie de acciones para hacer frente a los atroces abusos que se cometen en este país.

«Aunque la nueva ola de represión es extraordinaria, lamentablemente no hace sino reflejar las prácticas crueles que los grupos de derechos humanos han documentado a lo largo de estos últimos años. »

Incluso antes de los sucesos de noviembre, ya existía en el país un clima de intolerancia extrema de la disidencia, con restricción de las libertades políticas y civiles, repetidos encarcelamientos de objetores de conciencia, persecución de las minorías religiosas, control férreo de los medios de comunicación y limitación de la libertad de expresión.

Desde noviembre pasado, decenas de hombres, mujeres y niños han sufrido detención, hostigamiento, desalojo de sus hogares y confiscación de sus bienes. Muchos de ellos, al parecer, han sido escogidos como blanco de estas acciones simplemente por sus vínculos familiares con opositores del régimen. Se han recibido informes dignos de crédito que denuncian la inflicción de torturas y malos tratos a los detenidos, y decenas de personas han sido condenadas a largas penas de prisión, incluso a cadena perpetua, después de ser juzgadas sin la menor sombra de garantías judiciales y declaradas culpables de participación en el supuesto intento de asesinato.

«Turkmenistán lleva demasiado tiempo olvidado por la comunidad internacional y, mediante las restricciones que imponen a la expedición de visados y el control tan estricto que ejercen dentro del país las autoridades hacen todo lo posible para evitar que haya en Turkmenistán medios de comunicación que puedan criticarlas», dice Amnistía Internacional.

«Sin verse sometido al escrutinio público internacional, el presidente Niyazov persigue libremente el culto a la personalidad. Hoy es el día de Rukhnama, una fiesta nacional en la que Turkmenistán celebra el libro «sagrado» que lleva ese título –Rukhnama (Libro del Alma)– en el que el presidente compara la Biblia y el Corán. El presidente Niyazov asegura que el libro «nació en [su] corazón por voluntad del Todopoderoso, y el pueblo turcomano debe vivir sus vidas siguiendo los preceptos de este libro».

Todo ciudadano tiene obligación de conocer de memoria partes del Rukhnama. Los alumnos y estudiantes, los profesores y los presos, deben recitar párrafos del libro en muchas ocasiones. Para aprobar los exámenes de entrada a la Universidad, se exige a los estudiantes que respondan a preguntas sobre el Rukhnama. Se conocen casos en que se ha negado la libertad a presos por rehusarse a jurar lealtad al presidente sobre el Rukhnama.

El dominio absoluto que ejerce el presidente sobre todos los aspectos de la vida turcomana y el culto a la personalidad de que se ha rodeado son las principales razones de que no se haya abordado la impunidad ni combatido los abusos generalizados que se cometen contra los derechos humanos.

El silenciamiento de la disidencia política

Desde que el país alcanzó la independencia en 1991, ya se han producido varias olas de represión contra los opositores políticos. Muchos han sido forzados a exiliarse; otros muchos han sido detenidos, encarcelados tras juicios injustos, condenados a arresto domiciliario y sometidos a tortura y malos tratos. Algunos de los que fueron posteriormente puestos en libertad fueron forzados a arrepentirse públicamente por televisión y prometer que no participarían en actividades políticas; en muchos casos tuvieron que hacer un juramento de lealtad al presidente. En los últimos años, las diversas «purgas» políticas se han traducido en descenso de categoría, despido o incluso encarcelamiento para numerosos altos cargos de la administración. Los sucesos de noviembre del 2002 provocaron una nueva represión masiva de la disidencia política.

Según las autoridades, el 25 de noviembre del 2002 unos opositores políticos atacaron la comitiva presidencial en Asjabad con la intención de asesinar al presidente y derrocar el orden constitucional. El presidente salió ileso. La investigación del presunto ataque y los juicios subsiguientes han ido acompañados de violaciones graves de los derechos humanos, que incluyen espeluznantes informes de tortura y malos tratos. A resultas de ello, la verdad de los hechos acaecidos el 25 de noviembre todavía no ha salido a la luz.

Por lo menos 59 personas han sido declaradas culpables en juicios celebrados a puerta cerrada ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Municipal de Asjabad, que carecen de independencia judicial. Ocho de ellas fueron condenadas a cadena perpetua –tres lo fueron in absentia– y 51 recibieron penas de entre 5 y 25 años de prisión. Los encausados no dispusieron de abogados independientes; algunos abogados defensores comenzaron al parecer su alegado diciendo: «Me avergüenza defender a una persona de su calaña... ». No se permitió el acceso de los observadores internacionales a las vistas judiciales. Muchos de los encausados fueron al parecer torturados o maltratados para forzarlos a «confesar» o para que incriminaran a otras personas.

Los familiares de muchas personas condenadas en conexión con los sucesos de noviembre del 2002 desconocen dónde se hallan recluidos los presos. Ni los familiares de los presos ni los representantes de organismos independientes han obtenido hasta la fecha autorización para visitarlos. La falta de transparencia no hace sino acentuar los temores que alberga Amnistía Internacional de que los presos aún corran peligro de sufrir torturas y malos tratos. Se han recibido informes, aún no confirmados, de que algunos de los presos han muerto bajo custodia como consecuencia de torturas. Muchos familiares de personas condenadas y encarceladas afirman que se les ha negado permiso para llevarles paquetes de alimentos y medicinas.

Represión de la disidencia religiosa

Las autoridades de Turkmenistán son también extremadamente intolerantes en materia de disidencia religiosa. En virtud de la Ley sobre Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas, las congregaciones religiosas han de estar registradas con las autoridades. Desde que, a principios de 1997, se decretó que volvieran a registrarse todas, sólo dos grupos han sido autorizados: la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Islam Sunní.

La Iglesia Ortodoxa Rusa y la comunidad musulmana sunní se encuentran bajo un control estricto del Estado, y los miembros de grupos religiosos registrados han sido perseguidos y castigados cuando se han atrevido a expresar cualquier tipo de crítica.

A los miembros de los grupos religiosos que no han sido autorizados oficialmente, como la Iglesia Apostólica de Armenia, los behaíes, los budistas, los seguidores de Hare Krishna, los Testigos de Jehová y los judíos, se les ha negado autorización para realizar cualquier práctica religiosa pública y han sufrido desde hace años encarcelamiento, deportación, exilio interno, desalojo de sus hogares y hostigamiento. Muchos han sido hostigados por las autoridades incluso por actividades religiosas celebradas en privado, por ejemplo, servicios religiosos realizados en domicilios privados. Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en que miembros de minorías religiosas han sido torturados o maltratados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En los últimos años, muchos misioneros extranjeros han sido devueltos a sus países y varios seguidores de etnia turcomana que propugnaban creencias religiosas distintas a las que contaban con aprobación oficial se han visto forzados a exiliarse o han sido objeto de reasentamiento forzado en el interior del país.

La sociedad civil

Las autoridades de Turkmenistán ejercen un estricto control sobre los activistas de la sociedad civil y han reducido drásticamente el espacio en que les está permitido operar. La comunidad de organizaciones de este tipo es relativamente pequeña, entre otras cosas porque los activistas corren un riesgo personal para poder llevar a cabo sus actividades. Los activistas de la sociedad civil han sufrido con frecuencia encarcelamientos, detenciones, persecución y hostigamiento, como el de tener que presentarse una y otra vez ante el Servicio de Seguridad.

Las autoridades han impedido en muchas ocasiones que los activistas de la sociedad civil, los periodistas y los simpatizantes de la oposición, entre otros, se reunieran con representantes de gobiernos extranjeros y de organizaciones internacionales, como la ONU y la OSCE, cuando éstos se encontraban de visita en Turkmenistán.

El castigo de los familiares

Las autoridades de Turkmenistán han perseguido con frecuencia a personas simplemente por las actividades políticas o religiosas, fueran reales o supuestas, de sus familiares: las han torturado, maltratado, detenido, hostigado; las han expulsado de sus hogares, demolido sus casas, despedido del trabajo. Muchos exiliados evitan criticar abiertamente a las autoridades de Turkmenistán por temor a poner en peligro a los familiares que aún tienen en el país.

Recomendaciones

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Turkmenistán a introducir sin dilación reformas fundamentales en el ordenamiento jurídico interno para que se ajuste a las obligaciones que ha asumido el país en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, y a mejorar drásticamente su trayectoria en derechos humanos.

La organización insta a la comunidad internacional a incrementar los esfuerzos realizados hasta la fecha para abordar las violaciones de derechos humanos en Turkmenistán y a comprometerse a una colaboración duradera a fin de mejorar la situación de los derechos humanos en este país.

Próximamente podrán consultar el texto íntegro del informe de Amnistía Internacional Turkmenistan: Clampdown on dissent en: http://web.amnesty.org/library/index/engeur610152003

Documento público

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