AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: EUR 63/011/2006 (Público)

Servicio de Noticias 154/06

16 de junio de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR630112006

Bosnia y Herzegovina: La retirada de la ciudadanía no debe dar lugar a violaciones de derechos humanos

Amnistía Internacional, el Comité de Helsinki para los Derechos Humanos en Bosnia y Herzegovina y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos han expresado hoy 16 de junio de 2006 su preocupación por las actividades de la Comisión Estatal de Bosnia y Herzegovina para el Examen de Decisiones sobre Naturalización de Ciudadanos Extranjeros, activa desde marzo de 2006, que podrían dar lugar a la transferencia de personas a países donde corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Según las enmiendas a la Ley de Ciudadanía de Bosnia y Herzegovina, que entró en vigor en noviembre de 2005, la Comisión tiene encomendada la tarea de examinar la situación de los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad bosnia entre el 6 de abril de 1992 y el 1 de enero de 2006.

La Comisión puede proponer al Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina que retire la ciudadanía, entre otros, a aquellas personas que se considere que la han conseguido sin atenerse a la normativa vigente, o sobre la base de información falsa, siempre que los individuos afectados no resulten apátridas como consecuencia de ello.

Según la información recibida, las actividades de la Comisión podrían afectar a unos 1.500 individuos, muchos de los cuales al parecer llegaron a Bosnia y Herzegovina para unirse a las fuerzas musulmanas bosnias como combatientes voluntarios extranjeros durante la guerra de 1992-1995, o para trabajar con organizaciones benéficas islámicas durante y después de la guerra.

Amnistía Internacional, el Comité de Helsinki para los Derechos Humanos en Bosnia y Herzegovina y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos consideran preocupante que las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros para retirar la ciudadanía podrían no estar sujetas a un recurso efectivo de apelación, y piden garantías a las autoridades de Bosnia y Herzegovina de que se adoptan todas las salvaguardias procesales, incluido el derecho a interponer recurso de apelación, para que todas las decisiones sobre la condición de ciudadanos se atengan a los principios del debido proceso.

Además, Amnistía Internacional, el Comité de Helsinki para los Derechos Humanos en Bosnia y Herzegovina y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos instan a las autoridades de Bosnia y Herzegovina a garantizar que las personas a quienes se les retire la nacionalidad no son expulsadas, extraditadas o transferidas por cualquier otro medio a un país donde puedan correr peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, como la pena de muerte, torturas o penas y tratos inhumanos o degradantes.

Como queda reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda transferencia a un país donde la persona afectada pueda ser sometida a tortura o a pena o trato inhumano o degradante supone una violación del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del que Bosnia y Herzegovina pasó a ser Estado Parte el 12 de julio de 2002.