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29 de septiembre de 1995

CROACIA: VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN DE KRAJINA

El temor a ser víctimas de hostigamiento, agresiones u homicidio tanto por parte de soldados como de miembros de las fuerzas de seguridad tiene en vilo a la población de la región de la Krajina, en Croacia, donde se ha producido un vacío de vigilancia tras la intervención militar del ejército croata el 4 de agosto.

En una carta dirigida al gobierno de Croacia, Amnistía Internacional afirma que efectivos del ejército y las fuerzas de seguridad croatas han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», malos tratos, hostigamiento y destrucción sistemática de viviendas en la región de Krajina contra la población civil, en particular contra personas de avanzada edad.

Concluida la semana pasada una visita de investigación de AI a esta región, la organización de derechos humanos ha expresado preocupación porque, si bien muchos de los abusos se cometieron a principios de agosto, durante los primeros días de la intervención militar, a partir de que las fuerzas croatas tomaron ciertas regiones que se hallaban en poder de los serbios (los Sectores Norte y Sur, antes Zonas Protegidas de la ONU), se han sucedido violaciones de todo tipo.

El 18 de septiembre, en la zona de Mokro Polje, cuatro individuos con uniforme militar verde irrumpieron en el domicilio de una mujer serbia de ochenta y dos años. Uno de los soldados empuñó su fusil contra los labios de la anciana y le gritó que abriera la boca. Cuando ella apartó el cañón otro soldado la amenazó con clavarle un cuchillo en la garganta si no les daba dinero. Otra mujer de la misma edad denunció que a ella la había obligado a desnudarse un soldado vestido de camuflaje amenazándola con arma blanca, y que también le había exigido dinero. Ambas mujeres ya no se atreven a estar solas en su casa y se han refugiado en la de algún vecino.

«Nuestro temor por la seguridad e integridad de estas personas se basa en la aparente ausencia de una vigilancia apropiada, que provoca que la población serbia que aún queda en estos territorios no esté debidamente protegida frente a los abusos o al acoso de soldados y civiles» afirman los delegados de Amnistía Internacional.

El 12 de septiembre, dos soldados croatas entraron armados en la vivienda de un anciano de ochenta y cuatro años ─parcialmente ciego y sordo─ y le preguntaron si tenía armas. Al salir arrojaron granadas de mano al interior de la casa cuando el viejo seguía dentro; la metralla le causó heridas leves y no dejó intacta una sola ventana.

«Lamentablemente, informes como éstos no son excepcionales y nos tememos se ha matado y herido a muchas personas con la aplicación de esta política de destrucción sistemática de viviendas ─ha declarado Amnistía Internacional─. Está claro que hacer arder las viviendas resulta un método muy eficaz para borrar u ocultar la evidencia de otros abusos».

Amnistía Internacional cree que esta destrucción sistemática de viviendas la han perpetrado soldados o al menos con el beneplácito oficial, y que supone la imposición de un castigo colectivo a los serbios residentes en la zona además de un factor determinante para disuadir del regreso.

Amnistía Internacional ha recibido informes que señalan como posible la ejecución extrajudicial de decenas de civiles. Los delegados de la organización encontraron dos cadáveres en estado de descomposición en uno de los pueblos que visitaron, que presentaban indicios de haber sido víctimas de homicidios ilegítimos. En otro lugar recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales a cargo de soldados tras las cuales los propios vecinos de la localidad habían enterrado los cadáveres.

Según informes procedentes de funcionarios de la ONU y periodistas, al menos cinco personas murieron en el pueblo de Grubori, donde se ha confirmado que estaba operando la Policía Especial Croata. El cadáver de un anciano de ochenta años fue encontrado tendido en su cama en un charco de sangre con señales evidentes de haber recibido un disparo en la cabeza desde corta distancia. La bala había entrado por detrás del oído izquierdo y salido por la garganta. Un individuo fue hallado muerto en un campo, otros dos aparecieron con heridas de bala en la cabeza, y se encontraron los restos de una mujer de noventa años entre las ruinas de su casa, medio derruida por el fuego.

«Como consecuencia de la gran inseguridad experimentada por la mayoría de la población serbia que queda en la zona, se han producido casos de homicidio ilegítimo o ejecución extrajudicial en que los habitantes de la localidad estaban demasiado atemorizados para denunciar los hechos ante las autoridades o los representantes de organizaciones presentes en la zona» afirma Amnistía Internacional.

La organización averiguó que los serbios que aún residen en la zona de Knin temían seriamente por su seguridad. Se quejaban de que apenas se veía a la policía croata civil en sus pueblos, pero en cambio era habitual la presencia de soldados uniformados o civiles croatas. La policía civil solía encontrarse en las carreteras principales y en las ciudades, mientras que en los pueblos sólo se observaba la presencia de unidades de la Policía Especial, lo cual no tranquilizaba precisamente a la población serbia, ya que en la práctica son soldados entrenados para operaciones especiales.

«Entre los muchos individuos que llevan más de siete semanas en paradero desconocido después de que las fuerzas croatas tomaron el control, algunos en realidad podrían haber 'desaparecido'. Más de 120 de las 200 tumbas recientemente excavadas en el cementerio de Knin no tienen identificación ninguna, lo cual dificulta aún más la resolución de casos de personas desaparecidas» afirma la organización de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Croacia: a ordenar a soldados y policías que se abstengan de realizar cualquier acto de violencia o intimidación contra civiles; a ofrecer protección eficaz y ostensible a todos los individuos; a ordenar la apertura de investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de ejecución extrajudicial, «desaparición», malos tratos, destrucción de viviendas o cualquier otra violación de los derechos humanos; y a poner en manos de la justicia a cualquier sospechoso de haber perpetrado tales violaciones.