Informe anual 2012
El estado de los derechos humanos en el mundo

Documento - República Democrática del Congo: Declaración de Amnistía Internacional ante el 60º. periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA


Índice AI: IOR 41/014/2004 (Público)

Servicio de Noticias 090/04

14 de abril de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLIOR410142004


República Democrática del Congo: Declaración de Amnistía Internacional ante el 60º. periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU


Amnistía Internacional viene siguiendo el desarrollo de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y reitera la importancia de una supervisión internacional efectiva de la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC).

Hace apenas una semana, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, condenó las atrocidades que continúan cometiéndose en la RDC y expresó su preocupación por el aumento de las luchas entre facciones en el seno del gobierno de unidad nacional de la RDC. En opinión de Amnistía Internacional, esto siembra dudas sobre la creencia de que la Comisión vaya a considerar la posibilidad de eliminar un mecanismo tan fundamental para la vigilancia internacional efectiva de los derechos humanos en este país.

Una visita de investigación de Amnistía Internacional acaba de regresar de la región oriental de la RDC. Los delegados de la organización han confirmado que la situación de los derechos humanos sigue siendo verdaderamente atroz, y entre otras conclusiones, han establecido que:

  • Casi todas las zonas de la región oriental de la RDC siguen bajo el control de hecho de diferentes grupos armados o milicias, y continúa la inseguridad generalizada.

  • Persisten los homicidios ilegítimos y las torturas de civiles: hombres, mujeres y niños continúan sufriendo ataques con machetes, armas de fabricación casera y armas pequeñas.

  • Continúa el saqueo y la destrucción en gran escala de casas, campos, escuelas, centros médicos y de nutrición e instituciones religiosas.

  • Todas las fuerzas armadas continúan utilizando niños soldados; en algunas zonas, se sigue reclutando a niños.

  • Las fuerzas armadas siguen perpetrando actos de violencia sexual contra mujeres de todas las edades, incluidas niñas de muy corta edad. En muchos casos, tras la violación los agresores hicieron deliberadamente o mataron a la víctima. Un número desconocido pero sin duda elevado de mujeres y niñas que fueron secuestradas sigue en poder de los grupos armados como esclavas sexuales.

  • Cientos de miles de personas que huyeron de la violencia se han convertido en desplazados internos y viven en circunstancias sumamente precarias. Se sigue negando el acceso de los agentes humanitarios a los lugares donde continúa la inseguridad, lo que empeora la difícil situación de los civiles.

  • Sigue existiendo una gran disponibilidad de armas, financiadas con la continua explotación de recursos por parte de las fuerzas combatientes.

Hasta el momento, el gobierno de transición de la RDC ha hecho pocos avances o ninguno en estas materias o en la mejora de la situación de la seguridad en el este del país. Los civiles de estas zonas siguen viviendo sumidos en el temor. Los retrasos y la falta de coordinación en la implantación de la reforma del ejército y del desarme, la desmovilización y la reintegración de combatientes innecesarios agravan esta situación.

La ausencia de un relator especial sobre la RDC provocaría una consternación generalizada entre quienes trabajan por lograr mejoras perdurables para los derechos humanos en el país. Y esta organización considera que sería especialmente desalentador para la población civil congolesa.

En este contexto, no es todavía el momento de reducir o hacer menos efectiva la vigilancia internacional de la situación de los derechos humanos en la RDC. Por el contrario, es importante garantizar que se continúan realizando investigaciones serias, independientes y autorizadas sobre los informes de violaciones graves de estos derechos.

Por consiguiente, Amnistía Internacional insta a la Comisión a que amplíe el mandato del relator especial.


Documento Público

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