AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Fecha: 8 de agosto de 2008

Índice AI: MDE 12/019/2008

Egipto: No hay justicia para las 49 personas que serán juzgadas por un tribunal para estado de excepción

En vísperas del juicio de 49 personas por su presunta participación en protestas violentas, Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que dejen de utilizar tribunales especiales para estado de excepción que incumplen abiertamente las garantías básicas sobre juicios justos. La organización insta asimismo a las autoridades a abrir de inmediato una investigación minuciosa, independiente e imparcial sobre las denuncias de tortura de los acusados.

Cuarenta y nueve personas acusadas de participar en protestas violentas, entre las que hay nueve trabajadores y otros artesanos, serán juzgadas ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para estado de excepción) de la ciudad de Tanta, en el delta del Nilo, al norte de El Cairo, el 9 de agosto de 2008. Se han presentado diversos cargos contra ellas, como reunión de más de cinco personas con el fin de perturbar el orden y la seguridad públicos, destrucción deliberada de propiedades públicas y privadas, saqueo y robo, resistencia violenta y agresión a la policía durante el ejercicio de sus funciones y posesión ilegal de armas de fuego. Cinco de ellas, que al parecer han huido, serán juzgadas in absentia. Si son declaradas culpables pueden ser condenadas hasta a 15 años de cárcel.

El 5 de abril de 2008, el gobierno prohibió todas las manifestaciones antes de una huelga general prevista para el día siguiente en apoyo de las acciones sindicales de los trabajadores del sector textil de Mahalla, localidad a unos 120 km al norte de El Cairo. Miles de efectivos de la policía y las fuerzas de seguridad fueron desplegados en Mahalla, El Cairo y otras ciudades. Aunque las acciones previstas por los trabajadores textiles de Mahalla se desconvocaron tras la negociación con las autoridades y la presión del gobierno, en la ciudad se desataron las protestas contra la subida del coste de la vida. Al menos tres personas, entre ellas el escolar Ahmed Ali Mabrouk, murieron por heridas de bala y decenas resultaron heridas debido al uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad, muchos de cuyos efectivos también resultaron heridos. Unas 258 personas detenidas durante los enfrentamientos quedaron después en libertad sin cargos.

Las 49 personas que ahora van a ser juzgadas fueron detenidas entre el 13 y el 18 de abril de 2008, tras los enfrentamientos en Mahalla. Después de su detención, se las mantuvo hasta nueve días con los ojos vendados. Muchas denuncian que mientras estuvieron recluidas, inicialmente en las oficinas del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estadode Mahalla, y después en la sede del Departamento en Lazoghly (El Cairo), fueron golpeadas, les aplicaron descargas eléctricas y las amenazaron con abusar sexualmente de sus familiares mujeres.

Cuando comparecieron ante el fiscal los días 21, 22 y 23 de abril, sus abogados denunciaron la tortura y otros malos tratos a los que habían sido presuntamente sometidas. Sin embargo, no consta que se haya abierto ninguna investigación independiente sobre las denuncias. La principal prueba contra ellas es su “confesión”, presuntamente conseguida bajo tortura, de haber arrojado piedras a la policía, así como las declaraciones de testigos presenciales, todos ellos miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios. Algunos de los acusados afirmaron también que no habían participado en la protesta y que tenían testigos que lo podían confirmar. Aunque el fiscal escuchó algunos de estos testimonios, los desestimó considerándolos carentes de fundamento.

Las autoridades egipcias tienen derecho a establecer el orden público y procesar a los responsables de actos de violencia. Sin embargo, al hacerlo no deben reprimir las protestas pacíficas y los derechos a la libertad de expresión y reunión protegidos en virtud del derecho internacional. Los manifestantes de los que se compruebe que no han recurrido a la violencia deben quedar en libertad de forma inmediata e incondicional, y al resto debe juzgárselos con garantías, con arreglo a las obligaciones de Egipto en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Todas las personas acusadas permanecieron detenidas hasta el 2 de junio, cuando el fiscal ordenó la libertad bajo fianza de 20 de ellas, entre las que se encontraba una mujer de 58 años. Nueve de las personas puestas en libertad volvieron a ser detenidas de nuevo inmediatamente en virtud de la legislación de excepción por orden del ministro del Interior. Todas las personas que están bajo custodia se encuentran en la cárcel de Borj al-Arab, cerca de Alejandría. El 6 de junio, el fiscal remitió sus causas al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para estado de excepción) de Tanta.

Se trata de las primeras personas juzgadas por un tribunal de excepción tras la renovación del estado de excepción por las autoridades egipcias en mayo de 2008. Estos tribunales son tribunales especiales creados en virtud de las leyes de excepción. Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que utilizan pruebas conseguidas bajo tortura y otros malos tratos para conseguir sentencias condenatorias y que sus procedimientos habitualmente distan de cumplir las garantías procesales. Además, sus sentencias no tienen apelación y son definitivas tras ratificarlas el presidente.

Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias a que revoquen la decisión de remitir a los acusados al tribunal de excepción, ordenen que vuelvan a ser juzgados ante un tribunal ordinario y se aseguren de que su juicio es justo.

Las autoridades deben asimismo abrir una investigación completa, independiente e imparcial sobre los acontecimientos de Mahalla, que se saldaron con la muerte de tres personas. En concreto, la investigación debe centrarse en las circunstancias en las que la policía utilizó fuego real y garantizar que comparezca ante la justicia cualquier oficial o autoridad responsable de ordenar un uso excesivo de la fuerza.

Si desean más información, consulten Egipto: Detención de dirigentes del movimiento Kefaya; deben investigarse los homicidios policiales, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE12/006/2008/es

FIN/

Documento público

****************************************

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de

Amnistía Internacional en Londres llamando al número+ 44 20 7413 5566, o visitenhttp://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y

comunicados de prensa traducidos al español consulten

http://www.amnesty.org/es/research.