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24 de septiembre de 1999

Egipto: Es hora de incluir los derechos humanos en el programa de trabajo

Con motivo de la celebración, el próximo 26 de septiembre, del referéndum sobre la confirmación del presidente Hosni Mubarak en su cargo por cuarta vez, Amnistía Internacional pide la aplicación de salvaguardias eficaces contra las violaciones de derechos humanos en Egipto.

«Los ciudadanos egipcios tienen derecho a sentirse seguros si son detenidos e interrogados por las fuerzas de seguridad —ha manifestado hoy la organización—. Sin embargo, continuamos recibiendo informes sobre personas de toda condición que han sido torturadas y maltratadas bajo custodia».

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que no se hayan realizado con prontitud y de manera exhaustiva a imparcial investigaciones sobre centenares de denuncias de tortura presentadas en los últimos años. Las autoridades egipcias tampoco han revelado sus conclusiones sobre diversos casos de detención en los que se cree que la tortura causó o contribuyó a causar la muerte del detenido.

«El estado de excepción, en vigor desde 1981, ha comportado una restricción de los derechos y las libertades en Egipto», ha añadido la organización.

Varias leyes restrictivas amenazan el desarrollo de las instituciones civiles, entre ellas la enmiendas a la ley de prensa de 1996 que permiten imponer condenas de hasta dos años de cárcel a los periodistas por difamación. Asimismo, en mayo de 1999, el Parlamento egipcio aprobó una ley sobre organizaciones no gubernamentales que estipula penas de hasta un año de prisión por el incumplimiento de la nueva normativa.

La ampliación desde 1992 de la competencia de los tribunales militares por decreto presidencial ha establecido un sistema judicial por el que han sido juzgados sin las debidas garantías centenares de civiles, entre ellos presos de conciencia, que no han tenido derecho a apelar contra la condenas de varios años de cárcel que les han sido impuestas. Decenas de personas más, acusadas de pertenencia a grupos integristas islámicos armados, han sido condenadas a muerte y ejecutadas sin derecho tampoco de apelación.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la excarcelación a lo largo de los dos últimos años de miles de personas recluidas por razones políticas, pero continúa preocupada por los millares que siguen sometidas a detención administrativa. Muchas de ellas llevan años en esta situación y soportan terribles condición de reclusión. Según informes, la falta de la debida atención médica a los presos políticos preventivos y penados ha causado la muerte en varios casos.

«La protección de los derechos humanos en cumplimiento de las obligaciones que impone a Egipto el derecho internacional debe ser el punto clave del programa de trabajo del próximo mandato presidencial», ha señalado la organización.

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