AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: MDE 19/005/2004 (Público)

Servicio de Noticias 048/04

1 de marzo de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE190052004

Libia: El camino para garantizar la protección de los derechos humanos.

Conclusiones iniciales de la visita de Amnistía Internacional

Al final de la primera visita efectuada en 15 años a la República Árabe Libia Popular y Socialista, Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción las garantías ofrecidas por las autoridades libias sobre el estudio de sus recomendaciones. La organización de derechos humanos ha pedido a Libia que ponga en marcha un programa significativo de reformas en materia de derechos humanos para abordar los asuntos que son motivo de preocupación desde hace tiempo y convertir de una vez por todas la protección de los derechos humanos en una realidad.

El último día de la visita, los delegados de Amnistía Internacional fueron recibidos en Sirte por el coronel Muamar al Gadafi, máximo dirigente de la Revolución. El coronel Gadafi debatió varios asuntos con los delegados y manifestó su aprecio por los comentarios y recomendaciones de la organización.

“Ha sido una grata oportunidad regresar a la Yamajiriya después de 15 años” afirmó Claudio Cordone, presidente de la delegación de Amnistía Internacional.

“Consideramos muy positivo el acceso sin precedentes que tuvimos a las autoridades libias y a otros, en particular los presos. Estamos deseando que Libia se comprometa seriamente con un proceso de rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado y de reforma de cara al futuro.”

Cuatro delegados de Amnistía Internacional visitaron Libia durante dos semanas, entre el 14 y el 29 de febrero de 2004. La organización publicará en breve un informe basado en sus conclusiones a partir de la visita, así como cualquier otra respuesta que obtenga de las autoridades libias.

“Les aseguro que la dirección tomada de fomentar la protección de los derechos humanos en Libia es irreversible” manifestó el secretario del Comité General del Pueblo para las Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional, Abd al-Rahman Shalgam, a Amnistía Internacional durante la visita.

Los delegados de Amnistía Internacional celebraron varias reuniones con Muhammed al-Misrati, secretario del Comité General del Pueblo para la Justicia y la Seguridad Pública. También se reunieron con Karima al-Madani (responsable de Asuntos de la Mujer en el Congreso General del Pueblo), con Omar Shalbak (fiscal general) y con jueces, abogados y agentes de policía y de las fuerzas de seguridad.

Al inicio de la visita, Amnistía Internacional entregó un memorándum pormenorizado a las autoridades libias. En este documento, la organización instaba a la adopción de medidas concretas para abordar los asuntos que constituyen motivo de preocupación desde hace tiempo y para ajustar plenamente la legislación y la práctica en Libia a las normas internacionales de derechos humanos. Entre los asuntos tratados en el memorándum y debatidos con las autoridades y otros durante la visita se encontraban la reforma de las leyes, las prácticas de reclusión y procesamiento que quebrantan la legislación libia y las normas internacionales, y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Asuntos relacionados con los derechos humanos

Entre los casos planteados a las autoridades libias por los delegados de Amnistía Internacional estaban los de un grupo de miembros de la Hermandad Musulmana declarados culpables en aplicación de la Ley 71 de 1972, que penaliza la formación de partidos políticos. Amnistía Internacional pudo determinar durante la visita que no habían sido declarados culpables de ninguna actividad relacionada con el uso o la apología de la violencia y, por lo tanto, ha solicitado su excarcelación. Los delegados de la organización subrayaron que toda persona acusada de actividades que conllevan violencia debe ser juzgada con las debidas garantías.

En este contexto, los delegados de la organización pusieron de relieve una práctica reiterada de celebración de juicios sin las debidas garantías ante tribunales excepcionales, concretamente el Tribunal Popular. Si bien los delegados consideraban positiva la oportunidad que se ofrecía a los acusados con dificultades económicas de utilizar los servicios de un abogado de oficio ante el Tribunal Popular, señalaron que habían tenido conocimiento de numerosos casos en que se había impuesto un abogado designado por el tribunal a acusados que deseaban contar con un abogado de su elección.

Asimismo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la práctica generalizada de la reclusión prolongada en régimen de incomunicación —sin contacto con el exterior—, especialmente por parte de los servicios de seguridad interna, lo que constituye un quebrantamiento de la legislación libia y de las normas internacionales. Dicha práctica propicia la tortura, frecuentemente utilizada en Libia como han confirmado los testimonios pormenorizados recogidos durante la visita.

Los delegados de la organización solicitaron reunirse con varios presos. Pudieron celebrar largas entrevistas personales con varios de ellos, incluidos reclusos de la prisión de Abu Salim en Trípoli. Sin embargo, no quedó claro por qué no pudieron entrevistarse con otros, como por ejemplo el preso Ahmed 'Abd al-Qadir al-Thulthi, que permanece detenido desde 1986 y con quien Amnistía Internacional pudo entrevistarse en 1988. Sus familiares no han tenido noticias de él desde 1996.

El 16 de febrero, Amnistía Internacional asistió a una vista del juicio relacionado con 426 niños que resultaron infectados con el virus del sida cuando estaban al cuidado del hospital infantil Al Fateh de Benghazi, celebrado ante el Tribunal Penal de Benghazi. La organización se reunió con abogados de todas las partes. Tras la vista, se reunió también con familiares y niños pertenecientes a la Asociación en favor de los Niños Víctimas del Sida de Benghazi. Los delegados escucharon, de boca de los búlgaros y los palestinos acusados, graves denuncias de tortura, incluida la aplicación de descargas eléctricas, durante varios meses de reclusión en régimen de incomunicación. También entrevistaron a agentes del Estado que actualmente están siendo juzgados por tortura en relación con el mismo caso.

Amnistía Internacional planteó asimismo la necesidad de establecer la verdad en relación con los casos de “desaparición”, pendientes desde hace tiempo, ocurridos en circunstancias controvertidas dentro o fuera de Libia. Entre ellos están los de los ciudadanos libios Jaballah Matar, 'Izzat Yousef al-Magrif y Mansour al-Kikhiya, así como el del imán Musa Sadr, líder chií libanés, y sus dos compañeros.

La organización siguió presionando en favor de la abolición de la pena de muerte, objetivo que el coronel Gaddafi dijo seguir compartiendo, y señaló que el ámbito de aplicación de esta pena sigue siendo demasiado amplio en el proyecto de código penal que se está debatiendo en estos momentos. Por ejemplo, dicho proyecto todavía prescribe la pena capital para actividades que constituyen un mero ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Las autoridades libias invitaron a la organización a emitir más comentarios pormenorizados sobre el código.

La visita de Amnistía Internacional supuso una oportunidad para reunirse con organizaciones benéficas así como con grupos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, como la Sociedad de Derechos Humanos de la Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas. Varios abogados del Colegio de Abogados de Trípoli, que recientemente ha establecido un Comité de Libertades, señalaron a Amnistía Internacional las restricciones legales y de otra índole que siguen soportando quienes intentan actuar en este ámbito.

La organización de derechos humanos expresó su satisfacción por la reciente ratificación del protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por parte de Libia, en virtud del cual se establece la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y solicitó que ratifique sin demora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recomendaciones

El informe que Amnistía Internacional publicará próximamente estará basado en el memorándum presentado a las autoridades libias así como en las conclusiones de la visita, y contendrá un conjunto de recomendaciones para contribuir a una protección eficaz y duradera de los derechos humanos en el país.

Mientras, la organización ha pedido a las autoridades libias que adopten de inmediato una serie de medidas a fin de demostrar su compromiso con la protección permanente de los derechos humanos, como son:

1. excarcelar a las personas recluidas únicamente por su actividad política pacífica, incluidos los miembros de la Hermandad Musulmana condenados en aplicación de la Ley 71 de 1972;

1. estudiar la abolición del Tribunal Popular y trasladar su jurisdicción al sistema ordinario de justicia penal;

1. establecer mecanismos para llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales acerca de la suerte que han corrido los presos sobre los cuales no ha habido información desde hace años y las personas que han “desaparecido” dentro y fuera de Libia;

1. garantizar que los ciudadanos libios pueden trabajar activamente sobre los problemas de derechos humanos que afectan al país y establecer organismos independientes especializados en esa tarea, y que pueden comunicar sus conclusiones a las autoridades y al exterior sin miedo a represalias;

1. declarar una suspensión de todas las condenas a muerte en tanto no se lleve a cabo una revisión de la pena capital;

1. extender una invitación permanente a los expertos independientes de la ONU en materia de derechos humanos en el próximo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Documento público

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