Amnistía Internacional

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Índice AI: MDE 19/009/2004 (Público)

Servicio de Noticias 115/04

6 de mayo de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE190092004

Libia: Se deben anular las condenas de muerte impuestas a varios profesionales médicos extranjeros

El Tribunal Penal de Bengasi, Libia, ha condenado hoy a morir fusilados a seis profesionales médicos extranjeros.

“Estamos consternados por la imposición de estas condenas de muerte y pedimos a las autoridades que las anulen inmediatamente” ha manifestado Amnistía Internacional al conocer la noticia.

Los condenados son cinco profesionales de la salud búlgaros –Kristiana Malinova Valcheva, Nasya Stojcheva Nenova, Valentina Manolova Siropulo, Valya Georgieva Chervenyashka y Snezhanka Ivanova Dimitrova– y un médico palestino –Ashraf Ahmad Jum'a–

Habían sido acusados de infectar deliberadamente con el VIH a 426 niños cuando trabajaban en el hospital infantil de Al Fateh de Bengasi. Un sexto acusado búlgaro, Zdravko Marinov Georgiev, ha sido condenado a cuatro años de prisión. En el mismo juicio han resultado absueltos nueve médicos libios.

Los acusados extranjeros contaron a unos delegados de Amnistía Internacional que visitaron Libia en febrero de 2004 que habían sido torturados para obligarlos a firmar confesiones, de las que posteriormente se retractaron alegando que las habían hecho bajo coacción.

Dijeron que los habían sometido a métodos de tortura como aplicarles reiteradamente descargas eléctricas, colgarlos de los brazos, vendarlos los ojos y amenazarlos con lanzar contra ellos a perros furiosos, y golpearlos, incluso con la técnica conocida como falaqa (golpes en las plantas de los pies) y con cables eléctricos. No está claro todavía si han sido condenados sobre la base de estas “confesiones” o por otras pruebas.

“Amnistía Internacional recuerda a las autoridades libias que las pruebas obtenidas con torturas no pueden presentarse como tales en un proceso judicial”, ha señalado la organización.

Estas personas tienen derecho a apelar contra su condena ante el Tribunal Supremo. Si se confirma la pena de muerte, no puede ser ejecutada sin el consentimiento del máximo órgano judicial del país, el Consejo Supremo de Órganos Judiciales.

“Aunque las autoridades libias han expresado reiteradamente su intención de abolir la pena capital, se siguen imponiendo y ejecutando condenas de muerte –ha explicado Amnistía Internacional–. Las autoridades tienen que empezar a pasar de las palabras a los hechos y declarar una suspensión de la pena de muerte.”

En virtud de las denuncias de tortura, se han presentado cargos contra ocho miembros de las fuerzas de seguridad y dos personas más (un médico y un traductor) que trabajaban para éstas. Comparecerán junto con los profesionales de la salud libios y extranjeros ante el mismo tribunal penal de Bengasi.

En la vista de hoy, el tribunal se ha declarado incompetente para ver su causa. No se sabe si serán juzgados ante otro tribunal o si no se verán los cargos que les imputan ante un tribunal de justicia.

“Las personas acusadas de actos de tortura deben ser enjuiciadas conforme a procedimientos reconocidos internacionalmente como justos”, ha señalado Amnistía Internacional.

La organización reconoce la apremiante necesidad de llevar ante la justicia a todos los responsables de las trágicas consecuencias sufridas por los niños y sus familias. No obstante, es esencial respetar los derechos de los acusados en todas las etapas, desde el momento mismo de su detención.

Es sólo por medio de un juicio justo, que se atenga al debido proceso legal, como se sabrá la verdad de cómo se ha infectado a estos niños con VIH y se hará rendir cuentas a los responsables.

Documento Público

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