Documento - Autoridad Palestina: No se debe descartar la justicia
8 de noviembre de 2001
Índice AI: MDE 21/023/2001/s
Servicio de Noticias 197/01
Autoridad Palestina: No se debe descartar la justicia
Amnistía Internacional ha expresado preocupación ante la detención sin salvaguardias legales de presuntos miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP) y de Yihad Islámica.
«La Autoridad Palestina debe respetar la resolución del Tribunal Superior de Justicia palestino emitida el 7 de noviembre que ordenaba la inmediata puesta en libertad del abogado Yunis al Jarru y el Dr. Rabah Muhanna», ha dicho Amnistía Internacional.
Tras el asesinato del ministro israelí de Turismo Rehavam Ze'evi en Jerusalén, cometido por miembros del PFLP el 17 de octubre de este año, se practicaron más de 60 detenciones de personas sospechosas de pertenecer al Frente. El abogado Yunis al Jarru, ex vicepresidente del Colegio Palestino de Abogados de Gaza, y el Dr. Rabah Muhanna, el director de la Unión de Comités de Salud Laboral, asimismo de Gaza, fueron detenidos el 18 de octubre. El 27 de ese mes, el Centro Palestino de Derechos Humanos elevó los casos de estas dos personas al Tribunal Superior de Justicia, el cual ordenó al fiscal que explicara el motivo de las detenciones. El 4 de noviembre, el fiscal general palestino, Khaled alQidreh, declaró que se encontraban detenidos bajo la jurisdicción de los tribunales de Seguridad del Estado, acusados de perjuicio a los intereses del Estado. El Tribunal Superior de Justicia palestino rechazó el 7 de noviembre este argumento y ordenó la inmediata excarcelación de estas dos personas.
«La Autoridad Palestina tiene el deber de mantener el Estado de derecho y no debe mantener encarceladas a personas cuya detención se ha declarado ilegal», ha señalado Amnistía Internacional.
Unas 30 personas detenidas en Cisjordania como presuntos miembros del PFLP han sido puestas en libertad; otras 30 como mínimo, detenidas en Gaza y Ramala después del 18 de octubre, continúan detenidas.
«Los detenidos no han sido acusados debidamente, se ha hecho caso omiso de las salvaguardias legales y muchos detenidos no han tenido acceso a sus familiares», explica Amnistía Internacional. «Es importante que las personas detenidas sean tratadas con todo el respeto debido a sus derechos humanos en cumplimiento de la legislación palestina y de las normas internacionales.»
Amnistía Internacional ha visto con preocupación el traslado de los casos a los Tribunales de Seguridad del Estado ordenado por el fiscal general. «Los procesamientos ante los Tribunales de Seguridad del Estado, que casi invariablemente son jueces de los servicios de seguridad, son sumarios y descaradamente injustos», afirma la organización. «La presunción de inocencia y los derechos de la defensa se niegan de manera sistemática en estos juicios. »
Amnistía Internacional ve asimismo con preocupación que la Autoridad Palestina haya impuesto a cinco presuntos miembros de Yihad Islámica órdenes administrativas de detención de un año o seis meses. La organización ha recalcado que la Autoridad Palestina debe dar pleno cumplimiento a su obligación de no permitir que los que cometen actos reconocidos como criminales queden impunes. Los individuos implicados en el asesinato de civiles deben comparecer ante la justicia y ser castigados, pero esto debe hacerse respetando plenamente el derecho a un juicio justo», ha dicho la organización.
Se desconoce la base legal para las órdenes administrativas de detención, firmadas por el jefe de la policía, ya que la legislación palestina no contempla esta vía de detención, ni se menciona en el Código de Procedimiento Penal del 2001.
«Que el Estado deba proporcionar las pruebas que justifican la privación de libertad y que el detenido tenga acceso a estas pruebas y pueda impugnarlas con la ayuda de un abogado, es una garantía fundamental contra la detención arbitraria», explica Amnistía Internacional. «Las organizaciones de derechos humanos han pasado años luchando para que Israel dejara de hacer uso de la detención administrativa. Nos horroriza que la Autoridad Palestina introduzca a su vez un sistema tan viciado e injusto como éste.»
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria condenó ya en el pasado el uso israelí de la detención administrativa en los Territorios Ocupados diciendo: «La libertad individual no puede ser sacrificada en aras de la incapacidad del Gobierno de obtener pruebas o de presentarlas de un modo apropiado».
Información general
Entre 1995 y octubre del 2000, en las zonas bajo la Autoridad Palestina, centenares de detenidos palestinos pertenecientes a grupos radicales islámicos y a grupos políticos de izquierda opuestos al proceso de paz estuvieron encarcelados durante meses o años fuera del marco jurídico palestino. La mayoría fueron puestos en libertad en octubre del 2000, al comienzo de la presente Intifada. Su detención, y la de las personas encarceladas en el último mes, está relacionada con la presión que Israel y la comunidad internacional han ejercido para que se detenga a las personas implicadas en ataques violentos.
La Autoridad Palestina también mantiene encarcelados a unos 500 presos «de seguridad», por sospecharse que colaboraban con las autoridades israelíes o estaban vendiendo tierra a los judíos. Algunos han estado encarcelados hasta siete años sin cargos ni juicio, y la mayoría fueron torturados inmediatamente después de practicarse su detención. Sólo un puñado han llegado a comparecer ante la justicia, y han acabado siendo juzgados sin las debidas garantías por los Tribunales de Seguridad del Estado.
Amnistía Internacional ha pedido insistentemente a la Autoridad Palestina que ponga en libertad a todos los presos de conciencia, por tratarse de personas que se encuentran recluidas debido a sus creencias sin que hayan nunca usado, ni propugnado el uso, de la violencia. Los otros presos políticos deben ser juzgados sin dilación y con todas las salvaguardias judiciales debidas, ante tribunales capaces de garantizar un juicio justo en virtud de las normas internacionales; de lo contrario, también ellos deben ser puestos en libertad.
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Documento público
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