AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI:         MDE 29/012/2008        
Fecha:         23 de julio de 2008

Marruecos/Sáhara Occidental: Abogado defensor de los derechos humanos podría ser condenado por infracciones disciplinarias

Amnistía Internacional expresa preocupación porque el respetado abogado Tawfik Moussaef está acusado de infracciones disciplinarias que podrían guardar relación con su trabajo a favor de los derechos humanos y haber sido formuladas con la intención de intimidarlo o disuadirlo de realizar dicha labor. Está previsto que Moussaef comparezca ante el Tribunal de Apelación de Rabat hoy, 24 de julio, para responder de la acusación de actuación indebida al comentar un caso sometido a una investigación en curso. Si esta acusación se debe a su trabajo por los derechos humanos, Amnistía Internacional pide que se retire de inmediato.

Tawfik Moussaef está acusado de infringir la Ley núm. 1.93.162, que regula el ejercicio de la abogacía, y en concreto de sus artículos 12 y 36, que establecen, respectivamente, que los abogados no deben “decir ni publicar nada contrario a las leyes, los reglamentos, la moral pública, la seguridad del Estado y el orden público” y deben “respetar el secreto de una investigación y abstenerse de comunicar cualquier información procedente del expediente [del caso] y de publicar cualquier documento o carta relacionados con una investigación judicial abierta.” La acusación está relacionada con dos artículos publicados en el diario Annahar Al-Maghribiylos días 19 y 20 de agosto de 2006, titulados “El abogado de Ansar Al-Mehdi afirma que el caso se basa en hechos falsos” y “Este caso se basa en hechos falsos”, que incluían comentarios atribuidos a Tawfik Moussaef.

Los artículos se publicaron después de una entrevista con Tawfik Moussaef en la que éste expresó su preocupación ante el hecho de que uno de sus clientes, Badr Bouziki, había sido torturado y sometido a malos tratos mientras estaba detenido por presuntos actos terroristas. Moussaef también cuestionó la base jurídica de las autoridades de Marruecos para implicar a Badr Bouziki en lo que se conoce como el caso de Jammaat Ansar El Mehdi, organización a la que el ministro del Interior calificó de grupo terrorista armado. Alrededor de 50 presuntos miembros de este grupo fueron detenidos en agosto de 2006 y acusados de planear realizar atentados terroristas contra lugares turísticos, instalaciones estratégicas del gobierno e intereses extranjeros.

Según los artículos publicados en el Annahar Al-Maghribiy, Tawfik Moussaef había declarado que el caso Jammaat Ansar El Mehdi se basaba en hechos falsos. El abogado negó esta afirmación y, unos días después de la publicación de los artículos, escribió al diario para dejarlo claro. Moussaef sostiene que no carece de responsabilidad legal alguna por la mala interpretación que hizo el periódico de sus comentarios y por los demás añadidos que hizo.

A pesar de ello, el Procurador General de la Corona solicitó la adopción de medidas disciplinarias contra Tawfik Moussaef, acusándolo de infringir el código profesional de la abogacía. El caso fue remitido al Consejo del Colegio de Abogados de Rabat, que supervisa la actuación profesional de los abogados. El 3 de octubre de 2006, el Consejo decidió cerrar el caso, afirmando que Tawfik Moussaef no había revelado ninguna información secreta sobre una investigación en curso. El Consejo aceptó también que en los artículos publicados en el periódico se habían malinterpretado las declaraciones de Tawfik Moussaef.

El Procurador General de la Corona recurrió contra la decisión del Consejo ante el Tribunal de Apelación de Rabat el 9 de noviembre de 2006, solicitando que Tawfik Moussaef fuera objeto de medidas disciplinarias en aplicación del artículo 60 de la ley sobre la abogacía y sometido a una de las cuatro sanciones previstas: advertencia, amonestación, suspensión por un periodo máximo de tres años o expulsión de la abogacía.

A Amnistía Internacional le preocupa que Tawfik Moussaef pueda estar acusado de estas infracciones disciplinarias debido a su trabajo como abogado defensor de los derechos humanos. Moussaef ha actuado como abogado defensor de numerosas personas acusadas de cometer delitos relacionados con el terrorismo o sospechosas de haberlos cometido y ha denunciado y criticado públicamente el uso generalizado de la tortura y de los malos tratos en estos casos, así como la denegación del derecho a un juicio con las debidas garantías.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, de la ONU, dejan clara la importancia de que los abogados puedan hablar libremente de los derechos humanos. El principio 14 establece: “Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión.” Por su parte, el principio 23 dice: “Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión […] En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos […]”

Amnistía Internacional considera que la intimidación de abogados que expresan sus opiniones sobre los casos en los que trabajan, incluso cuando el caso afecta a violaciones de derechos humanos, es incompatible con la obligación de los Estados de proteger la función de los abogados y de la profesión de la abogacía. Por consiguiente, la organización pide a las autoridades marroquíes que protejan a los abogados de la intimidación y el hostigamiento, con arreglo a las leyes y normas internacionales. El principio 16 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados establece que “Los gobiernos garantizarán que los abogados […] no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”

Información complementaria
La Ley Antiterrorista marroquí, promulgada en mayo de 2003, no salvaguarda adecuadamente los derechos de los presuntos terroristas. La ley amplía el periodo de detención preventiva en casos de “terrorismo” hasta 12 días y limita el contacto entre los detenidos y sus abogados, lo que aumenta la vulnerabilidad de los primeros a la tortura y otros malos tratos. En los últimos años, cientos de islamistas y presuntos islamistas han sido detenidos por su supuesta pertenencia a “bandas criminales” o por planear presuntamente actos violentos, y se dice que decenas de ellos han sido torturados o han sufrido malos tratos. Muchos han sido declarados culpables basándose en pruebas supuestamente obtenidas bajo tortura o malos tratos y condenados a largas penas de prisión o, en al menos 12 casos, a la pena de muerte. Aunque parece que el uso de la tortura y otros malos tratos ha disminuido desde 2005, las autoridades marroquíes no han hecho responder de sus actos a los responsables. En la mayoría de los casos en los que se han denunciado torturas o malos tratos no se han abierto investigaciones o, cuando sí se han abierto, se han cerrado sin que se hicieran las debidas indagaciones o no han desembocado en el enjuiciamiento de los perpetradores.

FIN/