AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 30/007/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 268/04

26 de octubre de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE300072004

Túnez: Amnistía Internacional pide un mayor respeto por los derechos humanos tras la reelección del presidente Ben Ali

Tras la reelección, para un cuarto mandato, del presidente Ben Ali por un 94,49 por ciento de los votos –según cifras oficiales provisionales–, Amnistía Internacional pide al presidente tunecino que respete las obligaciones contraídas por su país en virtud de la ley de Túnez y de las normas internacionales de derechos humanos, y que ponga fin a las violaciones de derechos humanos que han azotado el país durante más de una década.

Desde principios de la década de 1990, la libertad de expresión, asociación y reunión ha estado notablemente restringida en Túnez. Se ha negado a las organizaciones independientes de derechos humanos el permiso para registrarse legalmente o se han obstaculizado sus actividades. La libertad de prensa es prácticamente inexistente, y el gobierno ha bloqueado repetidamente el acceso a varios sitios web de Internet.

Amnistía Internacional siente preocupación por los recientes informes de ataques contra detractores políticos y conocidos críticos del gobierno, lanzados en un aparente intento de intimidar a estas personas y obstaculizar sus actividades políticas. Jallel Zoughlami, fundador del periódico mensual no autorizado Qaws al-Karama (el Arco de la Dignidad), y su hermano Nejib llevan detenidos desde el 22 de septiembre, acusados de tres cargos penales. Su detención se llevó a cabo después de que, según los informes, fueran atacados en el centro de la ciudad de Túnez por varios hombres que, al parecer, pudieron marcharse sin ser detenidos por la policía. Amnistía Internacional teme que la pelea pudiera haber sido provocada deliberadamente por la policía para castigar a Jallel Zoughlami, conocido crítico del gobierno de Ben Ali.

Los detractores políticos también ven limitada con frecuencia su libertad de circulación. El 13 de octubre, Moncef Marzouki, dirigente del partido político no autorizado Congreso para la República (Congrès pour la République, CPR), fue interceptado e interrogado durante tres horas en el aeropuerto de Túnez cuando se dirigía a París para participar en una conferencia de la oposición tunecina. Finalmente le permitieron viajar, pero, según los informes, lo acusaron de participar en una reunión no autorizada, dirigir un partido político no reconocido y atacar la moral de la nación.

Además, el 11 de octubre, Hamma Hammami, dirigente del partido no autorizado Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (Parti Communiste des Ouvriers Tunisiens, PCOT), fue agredido en público por hombres vestidos de civil que se cree que eran agentes de policía. Sus agresores le desgarraron la camisa, le rompieron las gafas y le insultaron.

Este tipo de represión está teniendo lugar en un clima de desprecio por la ley y por las normas internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades tunecinas. Durante años, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por las violaciones sistemáticas de derechos humanos –incluido el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión–, los ataques a defensores de los derechos humanos, la tortura y los malos tratos bajo custodia, los juicios injustos en casos políticos, la discriminación y las medidas arbitrarias en prisión, y el acoso a los presos políticos excarcelados y sus familias.

Información complementaria

Según cifras oficiales muy controvertidas, más del 99 por ciento de los votantes aprobó una serie de cambios constitucionales en un referéndum celebrado en mayo de 2002. La nueva Constitución eliminó las restricciones al número de mandatos presidenciales introducidas inicialmente por Ben Ali poco después de su llegada al poder en 1987, teóricamente para mejorar las libertades democráticas y abolir la presidencia vitalicia. Además, las reformas del código electoral introducidas en 2003 prohibieron el uso de canales y emisoras de radio privados o extranjeros para pedir a los electores que voten o se abstengan de votar a un candidato o una lista de candidatos, una medida que perjudica a los candidatos de la oposición. Quien viole esta sección del código puede ser multado con 25.000 dinares tunecinos (unos 20.800 dólares estadounidenses).

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que una “ley antiterrorista” introducida en diciembre de 2003 se utilice para castigar actividades políticas pacíficas. La ley contiene una definición de “terrorismo” muy amplia, y hace temer que pueda dar lugar a encarcelamientos injustos. También permite que la detención preventiva se amplíe durante un periodo no definido, y carece de salvaguardias para las personas que se enfrentan a la extradición a países en los que puedan sufrir violaciones graves de derechos humanos. Las disposiciones existentes en la legislación tunecina sobre el “terrorismo”, especialmente el artículo 123 del Código de Justicia Militar y el artículo 52 del Código Penal, se han utilizado para castigar actividades pacíficas de oposición.