AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 30/007/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 142/07

26 de julio de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE300072007

Túnez: Satisfacción por las excarcelaciones, pero persiste la necesidad de reformas

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la reciente excarcelación del preso de conciencia Mohammed Abbou y otros 21 presos políticos que cumplían largas condenas en Túnez. No obstante, centenares de personas más que fueron sometidas a un juicio injusto continúan encarceladas. La organización pide a las autoridades tunecinas que anulen o reformen las leyes que permiten imponer penas de prisión por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y asociación.

Los 22 presos fueron excarcelados en virtud de un indulto concedido por el presidente tunecino el 24 de julio, con motivo del cincuentenario de la República de Túnez. Todas las excarcelaciones son condicionales. Todo ex preso que incumpla las condiciones de su excarcelación puede ser detenido de nuevo y obligado a cumplir el resto de su condena si así lo decide el ministro de Justicia, sin ningún procedimiento judicial, o sometido a arresto domiciliario durante el mismo periodo.

El abogado y defensor de los derechos humanos Mohammed Abbou fue puesto en libertad tras haber cumplido 28 meses de una condena de tres años y medio que le había sido impuesta en abril de 2005 en un juicio injusto, al que Amnistía Internacional asistió en calidad de observadora. Fue condenado por denunciar la práctica de tortura en Túnez en un artículo publicado en Internet en 2004 y por haber agredido presuntamente a una colega suya en 2002. Aunque el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria aprobó en noviembre la opinión de que su detención era arbitraria, Mohammed Abbou continuó recluido en la cárcel de El Kef, donde las autoridades penitenciarias lo sometieron a hostigamiento en varias ocasiones y le suspendieron o restringieron las visitas de su esposa.

La mayoría de los otros 21 presos políticos excarcelados llevaban más de 14 años en prisión por su pertenencia a la organización islamista prohibida Ennahda (Renacimiento), cargo del que habían sido declarados culpables en juicios injustos ante los tribunales militares de Bouchoucha y Bab Saadoun en 1992. Algunos, como Sahbi Atig y Mohamed Gueloui, habían sido condenados a cadena perpetua.

Unos 30 presos más de Ennahda, incluido el ex presidente de la organización, Sadok Chourou, condenados también en juicios injustos a principios de la década de 1990, no han sido excarcelados. Continúan recluidos en distintas prisiones de Túnez. Según informes, algunos están mal de salud y necesitan tratamiento médico urgente por haber sufrido malos tratos y malas condiciones de reclusión en la cárcel durante muchos años, incluida reclusión en régimen de aislamiento por largos periodos. Entre éstos figuran Ridha Boukadi, Mondher Bejaoui y Wahid Serairi.

Asimismo, las autoridades tunecinas continúan privando de libertad a alrededor de un millar de personas encarceladas en aplicación de la legislación antiterrorista de 2003, presuntamente por pretender ir a combatir a Irak o por pertenecer a una organización terrorista o a una asociación no autorizada. Muchas cumplen largas condenas impuestas en juicios injustos. También se ha recluido por cargos de terrorismo a personas devueltas a Túnez desde otros países. Se les ha aplicado la legislación antiterrorista o el código de justicia militar.

A pesar de estas excarcelaciones, los ex presos políticos continúan sujetos a medidas arbitrarias, en virtud de las cuales se les niega el derecho a trabajar o a viajar, así como el acceso a servicios médicos. Al ex preso político y activista de los derechos humanos Lassad al-Jouhri se le niega el carné de identidad desde su excarcelación en 1998, y las autoridades no permiten a su esposa ni a sus hijos hacerse el pasaporte. Él ha sido sometido reiteradamente a hostigamiento con objeto de intimidarlo. En junio de 2007 estuvo varias horas detenido. En ese tiempo le pidieron que firmara un documento por el que se comprometía a renunciar a su trabajo en favor de los presos políticos y sus familias, pero se negó a hacerlo.

Otros ex presos políticos están sujetos a control administrativo, en forma, por ejemplo, de una condena adicional en virtud de la cual las autoridades pueden decidir su lugar de residencia y obligarlos a cambiarlo si consideran que no es apropiado. Los ex presos bajo control administrativo no pueden dejar sin autorización la residencia que les ha sido asignada. Con frecuencia, esta práctica se ha utilizado claramente como pretexto para ejercer persecución. Abdallah Zouari, ex preso político y colaborador del periódico de EnnahdaAl Fajr,lleva cinco años sujeto a control administrativo desde que cumplió la pena de 11 años de prisión que le fue impuesta por pertenencia a Ennahda. Cuando quedó en libertad, lo obligaron a fijar su residencia en Lakhriba, remoto pueblo próximo a la ciudad meridional de Zarzis, situada unos 500 km al sur de su casa de Túnez capital, donde vive su familia. Está estrechamente vigilado, con un automóvil y una motocicleta de la policía aparcados delante de su casa, y lo siguen constantemente. Es ya habitual que las peticiones que presenta para que le permitan visitar a su esposa y a sus hijos en Túnez queden sin respuesta. Sus cinco años de control administrativo, que debían haber acabado en junio de 2007, se han prorrogado 26 meses, sin que las autoridades le hayan dado ninguna explicación.

Amnistía Internacional pide al gobierno tunecino que cumpla las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos y de su propia legislación y levante las restricciones impuestas a los ex presos políticos. Asimismo, la organización insta a las autoridades a que reformen o anulen todas las leyes que continúan permitiendo imponer condenas de prisión por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión.

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