Saná (Yemen).— Hoy, 18 de junio de 2005, un año después de su creación, el Comité de Saná ha pedido garantías a los gobiernos de la región del Golfo Pérsico de que todas las personas detenidas y recluidas en el contexto de la “guerra contra el terror”, incluidas las que han sido transferidas desde la Bahía de Guantánamo en Cuba o desde otros centros de detención, reciben un trato humano y acorde con las normas internacionales de derechos humanos.

“Cientos de personas se enfrentan a la amenaza de acabar en otro ‘agujero negro’ al ser transferidos desde Guantánamo a sus países de origen. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos, especialmente los de la región del Golfo Pérsico, para que se aseguren de que ningún detenido es torturado y todos tienen derecho al debido proceso judicial, celebrado de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos” pidieron los participantes de una reunión celebrada en la capital yemení, Saná.

Es la segunda reunión organizada desde la creación del Comité en abril de 2004 para el seguimiento de las cuestiones relacionadas con los detenidos sin ningún control judicial en Guantánamo y otros lugares. Como resultado de esta reunión, a la que asistieron familiares de detenidos, activistas de derechos humanos, parlamentarios y abogados de la región y otras partes del mundo, se acordaron formas de ampliar el mandato del Comité, reforzar la coordinación, elevar al máximo la presión sobre los gobiernos e intentar por todos los medios proporcionar asistencia letrada a los familiares de todos los detenidos.

Los participantes de la reunión solicitaron también el fin de la detención arbitraria e ilegal de cientos de personas en la Bahía de Guantánamo y otros lugares del mundo. Dijeron que había llegado el momento de cerrar Guantánamo y pidieron a las autoridades estadounidenses que revelaran la situación en otros centros bajo su autoridad.

Asimismo expresaron su satisfacción por algunos de los escasos avances que se han producido el año pasado en relación con los detenidos en Guantánamo. Según afirmaron, entre esos avances estaba la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos según la cual los tribunales estadounidenses son competentes para estudiar impugnaciones sobre la legitimidad de las detenciones de Guantánamo, así como el acceso a abogados que anteriormente había sido denegado.

“Tales medidas constituyen un avance en el establecimiento del Estado de derecho para los varios cientos de ciudadanos no estadounidenses que permanecen bajo custodia militar en Guantánamo. Sin embargo, ha transcurrido un año desde que la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los tribunales estadounidenses eran competentes para estudiar los recursos y ni un solo detenido ha conseguido la legítima revisión de su detención —afirma Clive Stafford Smith, abogado que representa a varios nacionales de países del Golfo recluidos en Guantánamo—. Nos siguen preocupando los que permanecen detenidos sin control judicial.”

Cientos de detenidos continúan en régimen de incomunicación en lugares secretos, privados de acceso a una autoridad judicial y en peligro de sufrir tortura o malos tratos. Como solicitaron los participantes de la reunión, estas personas deben ser puestas en libertad si no son acusadas de delitos comunes reconocibles y juzgadas con todas las garantías que exigen las normas internacionales, sin posibilidad de aplicar la pena de muerte.

“Transformar Guantánamo en un centro penitenciario permanente no hará que sea una opción más aceptable” afirmaba un familiar de un yemení detenido en Guantánamo, en respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de construir un nuevo módulo en Cuba, anunciada el viernes 17 de junio.

“Los gobiernos de la región del Golfo Pérsico no deben utilizar las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Estados Unidos para justificar sus propios abusos —afirma Abdel Salam Sidahmed, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África— Tanto el gobierno de Estados Unidos como los gobiernos de los países del Golfo deben revelar el nombre y la localización de los detenidos y permitirles pleno acceso a abogados, médicos y familiares, así como acceso inmediato al Comité Internacional de la Cruz Roja.”

Los participantes de la reunión recordaron a Estados Unidos y otros países donde hay personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” su obligación de evitar la devolución de ciudadanos extranjeros a países donde corren peligro de sufrir violaciones graves de sus derechos humanos, y afirmaron que toda persona detenida tiene derecho a recibir protección, lo que incluye tener acceso a abogados, familiares y asistencia médica. Más aún, todos los Estados deben garantizar el estricto cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en toda colaboración entre Estados y todo programa de formación en materia de seguridad.

Los familiares de los detenidos pidieron ser informados con todo detalle sobre las condiciones físicas y psicológicas de sus familiares y que les permitieran intercambiar correspondencia con ellos. Asimismo solicitaron que se les proporcionara asistencia y apoyo adecuados, lo que incluía asistencia letrada.