EXTERNO (Puntos 4) Indice AI: NWS 11/02/91/s

INTERNO (Puntos 1) Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Gran Bretaña

A:ENCARGADOS DE PRENSA

DE:PRENSA Y PUBLICACIONES

FECHA:17 DE ENERO DE 1991

SERVICIO DE ACTUALIZACION SEMANAL 02/92

Este servicio de actualización semanal contiene artículos externos sobre Siria, EE UU, Yugoslavia, Zaire y Sri Lanka.

1. INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO

Haití - 22 de enero de 1992 (provisional)

Se está acabando un documento externo sobre violaciones de derechos humanos en Haití y sobre nuestra preocupación por las prácticas de asil ode EE UU en los últimos meses. Este documento será distribuido con un comunicado de prensa como parte de una acción de respuesta rápida. El momento coincidirá con otra vista judicial que se va a celebrar esa semana. El documento externo no estará listo hasta el lunes 20 de enero, fecha a partir de la cual enviaremos a las Secciones el comunicado de prensa y la introducción del documento mediante fax, télex o correo electrónico. Somos conscientes de que este aviso se ha demorado mucho y que algunas Secciones no podrán hacer mucho en relación con esto, pero, les rogamos que hagan cuanto puedan.

Acción de mujeres - 5 de febrero de 1992

Comunicado de prensa y documento de preguntas y respuestas sobre violaciones y agresiones sexuales bajo custodia, que seguirá a un artículo en la sección Enfoque del Boletín Informativo.

Filipinas - 26 de febrero de 1992

Comunicado de prensa y probablemente documento de preguntas y respuestas que acompañarán a un documento sobre ejecuciones extrajudiciales. En principio, está previsto que el lanzamiento de la campaña se lleve a cabo en Manila.

India - 27 de marzo de 1991

Comunicado de prensa para la campaña contra las violaciones, torturas y muertes bajo custodia. Está previsto que el lanzamiento principal de la campaña internacional se lleve a cabo en Londres.

Pedimos disculpas a las Secciones que han solicitado información sobre el documento de datos y cifras. Anna, que ha estado trabajando sobre este tema, ha estado enferma esta semana - en cuanto que se incorpore se encargará de vuestras preguntas.

1.MDE 24/WU 01/92 EXTERNO

17 de enero de 1992

SIRIA: PRESO DE CONCIENCIA LIBERADO

Según informes, Ghassan Najjar, preso de conciencia cuyo caso figuraba en los llamamientos del Trigésimo Aniversario de Amnistía Internacional, fue liberado el 21 de diciembre de 1991. Las autoridades sirias no han ofrecido ninguna explicación de su liberación. (Les rogamos que consulten el Servicio de Actualización Semanal NWS 11/48/91/s, del 20 de diciembre y MDE 24/WU 03/91 EXTERNO, párrafo 6)

Ghassan Najjar, ex miembro de la Asociación de Ingenieros Sirios, llevaba recluido sin cargos ni juicio desde su detención en abril de 1980. Figura entre un grupo de ingenieros, médicos y abogados a los que detuvieron tras el día de huelga nacional el 31 de marzo de 1980 en petición del fin del estado de emergencia en Siria, que llevaba en vigor desde 1963, la abolición de los tribunales de seguridad del Estado y la liberación de todos las personas que permanecían recluidas sin juicio. Como consecuencia de la huelga, el consejo de médicos, y los colegios de ingenieros y abogados fueron disueltas mediante decreto presidencial. La mayoría de las personas a las que detuvieron en ese momento siguen recluidas sin cargos ni juicio.

2.AMR 51/WU 03/92 EXTERNO

17 de enero de 1992

EE UU: EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE LOUISIANA NIEGA EL PERDÓN A CONDENADO A CADENA PERPETUA QUE HABÍA PRESENTADO RECURSO DE APELACIÓN

Buddy Roemer, gobernador de Louisiana hasta el 13 de enero, concluyó su mandato negando el perdón a Gary Tyler, un hombre de raza negra que está cumpliendo una sentencia a cadena perpertua en la Penitenciaria del estado de Louisiana. Amnistía Internacional viene manifestando su profunda preocupación desde 1976 por los indicios de que se había producido un grave error judicial a causa de su raza, o exacerbado por este motivo, y por el tenso ambiente de la época provocado, entre otros factores, por problemas raciales.

Gary Tyler fue declarado culpable en noviembre de 1975 del asesinato de Timothy Weber, escolar de raza blanca de 13 años, que murió a consecuencia de los disparos recibidos durante los disturbios raciales que tuvieron lugar en Louisiana en 1974. Fue juzgado por un tribunal formado exclusivamente por personas de raza blanca y del que quedaron excluidos deliberadamente las personas de la comunidad negra. La acusación se basó fundamentalmente en el testimonio de una estudiante, Nathalie Blanks, que iba en el mismo autocar que Timothy Weber. Testificó haber visto Gary Tyler disparar la pistola pero después del juicio se retractó de su testimonio. Otros estudiantes que testificaron contra Tyler también se retractaron posteriormente y manifestaron que las policía les coaccionó para que hicieran esas declaraciones.

Gary Tyler estuvo representado por un abogado blanco especializados en casos civiles, no penales. En todo el año previo al juicio pasó sólo una hora con Gary Tyler. Además, no entrevistó a los testigos, no presentó testigos peritos, ni comprobó las pruebas físicas presentadas por el estado; tampoco puso objeciones a los graves errores cometidos en el juicio. Y el no objetar a las instrucciones que el juez dirigió al jurado significó perder las posteriores apelaciones sobre el caso.

Las prubas forenses de la acusación eran cuestionables y no implicaban de forma inequívoca y definitiva que Gary Tyler hubiera estado implicado en el asesinato.

La corte de apelaciones de EE UU del noveno circuito declaró en junio de 1980 que Gary Tyler había "sido condenado por cargos anticonstitucionales" y que su juicio había sido "fundamentalmente imparcial". La corte ordenó que se repitiera el juicio; sin embargo, revocó su decisión el 27 de abril de 1981, aunque reiteró su opinión de que el juicio había sido fundamentalmente imparcial. La Corte Suprema de EE UU declinó ver el caso.

En febrero de 1991 Gary Tyler presentó una nueva petición de perdón ante la Junta de Indultos de Louisiana, en la que solicitaba un perdón total "debido a que es inocente del cargo que se le imputa, el juicio fue fundamentalmente imparcial y le fue negada la presunción de inocencia, las cortes se han negado a intervenir a causa del error de su abogado y éste fue incapaz de recordar por qué habí cometido ese error ...". El 4 de diciembre de 1991 la Junta recomendó por unanimidad que la sentencia impuesta a Gary Tyler fuera conmutada por una pena de 50 años, lo que le hubiera colocado de inmediato como candidato a salir bajo libertad condicionada. Poco antes de dejar su cargo el 13 de enero, el gobernador de Louisiana , Buddy Roemer, negó el perdón por segunda vez a Gary Tyler. Si no hubiera tomado ninguna decisión su sucesor, Edwin Edwards, hubiera podido considerar el caso en cuanto que hubiera ocupado su cargo. La negativa de Roemer implica que el gobernador Edwards quizá no pueda examinar el caso hasta pasado otro año.

Tyler, que en el momento del homicidio tenía 16 años, siempre ha negado su participación en el crimen. Lleva 16 años en la cárcel. En 1989 y 1991 Amnistía Internacional escribió a la Junta de Indultos y al gobernador BUddy Roemer instándoles a que concediera el perdón a Gary Tyler.

Amnistía Internacional lamenta la dicisión del ex gobernador Roemer de rechazar el recurso de apelación de Gary Tyler a pesar de los convincentes indicios de que había sido víctima de un error judicial motivado por razones raciales y de las abundantes pruebas que le fueron enviadas sobre el buen historial penitenciario de Gary Tyler y de las perspectivas de liberación que tiene. Amnistía Internacional espera que el gobernador revise el caso de Gary Tyler lo más rápidamente posible y que le conceda el perdón.

3.AFR 62/WU 01/92 EXTERNO

17 de enero de 1992

ZAIRE: DESMENTIDOS LOS INFORMES SOBRE LA INVITACIÓN A AMNISTÍA INTERNACIONAL

Según informes aparecidos en la prensa belga y en otros medios de comunicación, el gobierno de Zaire ha invitado a Amnistía Internacional a que investigue un incidente ocurrido en mayo de 1991, en el que estudiantes de la universidad de Lubumbashi fueron agredidos por la noche por unos desconocidos y como consecuencia de lo cual algunos resultaron heridos y otros muertos.

Amnistía Internacional desea que quede claro que no ha recibido ningún tipo de invitación de las autoridades de Zaire.

Tras la agresión, Amnistía Internacional y otras organizaciones presionaron para que se llevara a cabo una investigación imparcial para averigurar, si como se creía de forma muy extendida, estaban implicados miembros de las fuerzas gubernamentales y de seguridad. A pesar de la investigación de una comisión parlamentaria a fines de mayo de 1990 y del procesamiento y subsiguiente declaración de culpabilidad de siete oficiales acusados de complicidad en la agresión, Amnistía Internacional ha seguido solicitando que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial, sin por ello sugerir que dicha investigación tenga que ser internacional o efectuada por una organización no gubernamental como Amnistía Internacional.

Desde mayo de 1990 se han producido docenas de ejecuciones extrajudiciales y al menos 250 personas han muerto en los enfrentmaientos entre las fuerzas de seguiridad y grupos de civiles. Amnistía Internacional ha seguido instando al gobierno zaireño a que emprenda investigaciones independientes sobre estos casos y a que los autores sean puestos en manos de la justicia, asimismo, la organización ha solicitado que se adopten medicas preventivas, en especial sobre los límites del uso de la fuerza y de las armas de fuergo por las fuerzas de seguridad. Las autoridad no han respondido a estas peticiones.

Para mayor información, véase Servicio de Actualización Semanal del 11 de julio de 1990, número AFR 62/WU 01/90, y un informe titulado: The Republic of Zaire: Outside the Law - Security Force Repression of Goverment Opponents, publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 1990.

4.EUR 48/WU 01/92 EXTERNO

17 de enero de 1992

INTERNO

Para mayor información les rogamos que consulten Yugoslavia: Tortura y homicidios deliberados y arbitrarios en zonas de guerra (Índice AI: EUR 48/26/91/s).

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YUGOSLAVIA: MATANZAS DE CIVILES POR PARTE DE LAS FUERZAS PARAMILITARES SERBIAS; INFORMES DE HOMICIDIOS POR LAS FUERZAS CROATAS

Amnistía Internacional ha recibido información que confirma los informes sobre matanzas de civiles llevadas a cabo en noviembre y diciembre por fuerzas paramilitares serbias que actuaban en estrecha colaboración con las unidades del Ejército Nacional Yugoslavo (JNA). La organización también ha recibido información, que está investigando, sobre matanzas de las fuerzas armadas croatas.

El 18 de diciembre de 1991 unidades del Ejército Nacional Yugoslavo, al que seguían de cerca grupos paramilitars locales serbios, atacaron y ocuparon el pueblo de Skabrnja, localidad cercana al puerto adriático de Zadar. Muchos habitantes huyeron, pero otros fueron detenidos o muertos durante los registros que los paramilitares serbios hicieron en los domicilios, en el curso de los cuales saquearon y quemaron algunas de ellos. Con la excusa de que los alrededores del pueblo habían sido minados, ni los miembros de la misión de paz de la Comunidad Europea ni los del Comité Internacional de la Cruz Roja fueron autorizados a visitar Skabrnja los días 21 y 22 de noviembre. El 23 de noviembre el Ejército Nacional Yugoslavo entregó 35 cadáveres de Skabrnja y del pueblo vecino de Nadin a las autoridades croatas de Zadar. El 26 de noviembre fueron entregados otros 10 cadáveres de estos pueblos. Un informe publicado por el departamento de patología del Centro Médico de Zadar parece ser que respalda la afirmación de los vecinos de que salvo algunas excepciones los muertos eran en su mayoría civiles. El informe enumera 45 muertos de Skabrnja y Nadin. En su mayoría los muertos son personas de edad avanzada. Según el informes, todos salvo 14, murieron por disparos efectuados de cerca. Una mujer murió aplastada por un tanque. En algunos casos se dió muerte prácticamente familias enteras, como la familia Segaric, que perdió a seis de sus miembros.

Según informes, más de 60 personas, muchos de ellos ancianos de ambos sexos, fueron muertos en diciembre de 1991 en pueblos de los montes Papuk, una zona habitada predominantemente por serbios en la parte oriental de Croacia, que había permanecido bajo el control del Ejéricito Nacional Yugoslavo y de los grupos paramilitares serbios desde agosto de 1991. Tras una ofensiva croata en la zona, las fuerzas paramilitares serbias que se retiraban, incluidos serbios de la zona y miembros de unidades extremistas conocidas como "Aguilas Blancas", mataron al menos a 45 croatas, muchos de ellos hombres y mujeres de edad avanzada, en los pueblos de Vocin y Hum. Según informes, también se dió muerte a otras 20 personas de pueblos vecinos. Un informe publicado el 19 de diciembre por un equipo de peritos forenses de la universidad de Zagreb afirma que de 15 mujeres, 12 tenían edades comprendidas entre los 57 y 76; mientras que 11 de los hombres tenían entre 60 y 84. El informe manifestaba que la mayoría había muerto por disparo de bala; dos mujeres habían muerto como consecuencia de las heridas infligidas por un arma pesada y afilada, probablemente un hacha, mientras que la causa de la muerte de otras ocho víctimas no había sido establecida, debido a que sus cuerpos habían sido gravemente quemados.

Según informes serbios, las fuerzas croatas protagonizaron una matanza de civiles en los pueblos de Divos y Paulin Dvor cerva de Osijek y en Podravska Slatina en diciembre. Amnistía Internacional ha solicitado más información sobre estos hechos.

Asimismo, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por los informes sobre malos tratos y duras condiciones de reclusión que padecen los civiles y los miembros de las fuerzas de seguridad croatas, muchos de ellos de Vukovar, capturados por el Ejército Nacional Yugoslavo. Los doctores del hospital de Vukovar que fueron detenidos en noviembre y que posteriormente quedaron en libertad han manifestado que los prisioneros, incluidos los heridos, eran golpeados regularmente por los guardias de la prisión de Sremska Mitrovica y en los campos provisionales de Begejci y Stajiveco en Vojvodina (Serbia). También describieron las condiciones de fuerte frio, escasa alimentación y falta total de higiene a la que estaban sometidos los prisioneros.

Amnistía Internacional ha solicitado más información sobre los informes que indican que serbios residentes en las ciudades croatas de Gospic, Daruvar y Zadar han sido detenidos y han desaparecido. La organización ha solicitado a todas las partes enfrentadas que respeten los derechos humanos internacionales y las leyes humanitarias, y que protejan a los no combatientes de las represalias y la violencia.

5.ASA 37/WU 01/92 EXTERNO

17 de enero de 1992

SRI LANKA: AI PREOCUPADA POR EL COMPORTAMIENTO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE INVESTIGACIÓN

Amnistía Internacional ha manifestado que temía que importantes pruebas sobre los brutales homicidios cometidos en ese país, nunca vieran la luz por la forma en que la comisión presidencial de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en Sri Lanka, la primera de este tipo que se crea, se estaba comportando.

La comisión fue creada en junio después de la muerte de 67 personas de los pueblos de Mahiladithivu y Muthalaikuda, al parecer a manos de soldados del campamento de Kokkadichcholai después de que dos miembros de la unidad murieran por la explosión de una mina cercana. Entre las víctimas figuraban 17 vecinos de esas localidad que murieron abatidos a tiros y posteriormente fueron quemados en el cráter perforado por una mina terrestre. A otros les encerraron en un molino al que posteriormente prendieron fuego.

Amnistía Internacional se puso en contacto de forma urgente con el gobierno el 15 de enero después de haberse enterado de que, según informes, la comisión únicamente había tomado declaración a uno de los militares de servicio ese día, el jefe del campamento, y que esta declaración la había prestado sin realizar ningún juramento.

Para Amnistía Internacional esto significa que ni el jefe ni ninguno de los soldados supuestamente responsables de las ejecuciones extrajudiciales fueron sometidos a nuevos interrogatorios sobre los sucesos de ese día, con lo que se dejaban muchas preguntas claves sobre datos y responsabilidades específicas sin contestar.

Según informes, la comisión que está viendo las pruebas en Colombo ha preguntado al abogado de los 17 militares de servicio en el campamento el día de los homicidios cómo deseaban deseaba proceder en la presentación de testimonios.

Esto es contrario a la práctica de la comisión, que hasta ahora había solicitado al Consejo de Estado que presentara los testimonios y que había permitido que los supervivientes y los testigos oculares a los que se había citado para ofrecer testimonio volvieran a ser interrogados.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por este abandono repentino de los procedimientos seguidos hasta el momento para los supervivientes y los familiares de las víctimas que prestaban testimonio y ha solicitado al gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos de la comisión se ajustan a la normativa internacional. En especial, la organización llamó la atención a las autoidades de Sri Lanka sobre el principio 10 de los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, que establece que:

"La autoridad investigadora tendrá poderes para obtener toda la información necesaria para la investigación. ... y tendrán también facultades para obligar a los funcionarios supuestamente implicados en esas ejecuciiones a comparecer y dar testimonio. Lo mismo regirá para los testigos. A tal fin, podrán citar a testigos, inclusive a los funcionarios supuestamente implicados, y ordenar la presentación de pruebas".

Amnistía Internacional tiene entendido que el gobierno solicitó recientemente a la comisión que agilizara los procedimientos. Aunque la organización valora la intención manifestada por el gobierno de acelarar las investigaciones sobre derechos humanos, también ha mostrado su preocupación por el hecho de que a los testigos de las víctimas y de sus familiares no les den plenas oportunidades de interrogar a todos los supuestos responsables de las ejecuciones extrajudiciales.