Índice AI: NWS 11/13/93/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A:Encargados de prensa

De:Prensa y Publicaciones

Fecha:23 de febrero de 1993

SERVICIO DE ACTUALIZACION SEMANAL 13/93

NOTA DE EDAI: Pedimos disculpas por el retraso en enviarles este Servicio de Actualización Semanal 13/93 que, debido a la mudanza, se traspapeló. No incluimos ahora los apartados sobre Inciativas de Prensa porque la información que contenían ha quedado desfasada; si desean información acutalizada sobre ellos consulten los Servicios de Actualización Semanal 14/93, 15/93 y 16/93. Esperamos que este lamentable error no les haya ocasionado demasiados inconvenientes. Gracias.

2.AMR 38/WU 02/93 EXTERNO

23 DE FEBRERO DE 1993

JAMAICA:UNA MOCIÓN CONSTITUCIONAL APLAZA LA REANUDACIÓN DE LOS AHORCAMIENTOS

Este artículo actualiza la información del documento externo que publicó Amnistía Internacional en enero de 1993 con índice AMR 38/01/93 y título Jamaica - Moves to resume hangings: Amnesty International's concerns.

En el documento se describían los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la justicia de los procedimientos estipulados por una nueva ley sobre la pena de muerte aprobada en Jamaica en el mes de octubre de 1992. En aplicación de la citada ley, a los presos ya sentenciados a la pena de muerte por asesinato se les reclasifica el delito cometido según las nuevas categorías de asesinato "capital" y "no capital". Una junta compuesta por tres jueces de la Corte de Apelación iba a realizar una revisión definitiva de las clasificaciones de asesinato capital de los presos, lo que se estimó supondría una reanudación inminente de las ejecuciones.

Ahora, la Corte de Apelación de Jamaica ha acordado aplazar la revisión de los casos de todos los presos cuyos delitos han sido reclasificados como "asesinato capital" en aplicación de la nueva ley sobre la pena de muerte. Este aplazamiento se ha acordado a la espera de que se celebre la vista de una moción constitucional en la que se pone en cuestión la justicia del proceso de reclasificación.

La Corte Suprema de Jamaica estudiará el 1 de marzo de 1993 esta moción. En caso de que el fallo de esta corte sea negativo se presentará un recurso ante la Corte de Apelación de Jamaica que llevaría el caso ante el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (CJCPR), con sede en Londres y que es la última instancia de apelación para Jamaica. Así pues, el proceso de revisión podría retrasarse algún tiempo y no se espera que se expidan órdenes de ejecución en el futuro inmediato.

La moción constitucional es un caso de prueba que se presenta en nombre de varios presos concretos, aunque las cuestiones que se plantean afectan a todos los que les han sido reclasificados sus delitos como "asesinato capital". En la moción se argumenta que se violan los derechos fundamentales de los presos a la protección de la ley y a un juicio justo en aplicación de la Constitución de Jamaica. Entre los motivos que se dan para mantener este argumento se encuentran el hecho de que a los presos no se les informó sobre el fundamento por el que su delito fue reclasificado y que tampoco se les proporcionó una representación jurídica en aquel momento. Asimismo, se argumenta que la conclusión de "asesinato capital" para esos casos significaría dar por hechas cuestiones que en el juicio inicial no quedaron establecidas o que eran necesarias para que el jurado emitiera su veredicto de asesinato. Por ejemplo, la nueva ley estipula que, en los casos en que se pruebe una "organización común", sólo se impondrá la pena de muerte al homicida de hecho, mientras que a los cómplices se les impodrán penas de cadena perpetua. Sin embargo, esta distinción no se aplicaba cuando la mayoría de los presos que se encontraban a la espera de ser ejecutados fueron juzgados y, además, en muchos casos los informes al respecto no son claros.

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en Jamaica se realizaron en el mes de febrero de 1988. Cuando la nueva ley entró en vigor en octubre de 1992 había más de 270 presos condenados a morir. En aplicación de la nueva ley, desde el pasado mes de octubre se han conmutado las sentencias a muerte por penas de cadena perpetua a más de 60 presos, y a más de un centenar les ha sido reclasificada su sentencia a muerte como "asesinato capital".

En cuatro de los casos clasificados como "asesinato capital" en aplicación de la nueva ley ─los de Paul Kelly, Carlton Reid, Leroy Simmonds y Clifton Wright─ el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado la opinión de que los presos deberían ser puestos en libertad basándose en que sus derechos a un juicio justo en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han sido violados. El Comité de Derechos Humanos ha recomendado la conmutación de las sentencias a muerte impuestas en los casos de Ivan Morgan y Earl Pratt basándose en que sus derechos también han sido violados en aplicación del mismo Pacto. A pesar de que Jamaica ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no ha actuado en relación con las recomendaciones sobre estos seis casos y los presos permanecen condenados a muerte.

Amnistía Internacional continúa formulando llamamientos en favor de la conmutación de las penas de muerte impuestas a todos los presos, algunos de los cuales llevan en espera de ser ejecutados desde hace 15 años. Asimismo, Amnistía Internacional ha instado al gobierno jamaicano a que actúe en relación con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre los casos citados, y a que cumpla sus obligaciones como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.