Índice AI: NWS 11/19/92/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC 1X 8DJ

Reino Unido

A:Encargados de Prensa

DE:Prensa y Publicaciones

FECHA:13 de mayo de 1992

SERVICIO DE ACTUALIZACION SEMANAL 19/92

Este Servicio de Actualización Semanal contiene puntos externos sobre Bangladesh, Angola, Perú, Bulgaria, Mongolia y Sudáfrica y puntos internos acerca de la publicación sobre Grecia y Sudáfrica y de la Sección Británica.

1. INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO

China (Tibet) - 20 de mayo de 1992

Se les ha enviado un comunicado de prensa y pronto recibirán el documento. Hoy les hemos enviado el documento de preguntas y respuestas.

Burundi - 28 de mayo - ROGAMOS TOMEN NOTA DE LA CORRECCION

(Información nueva)

Rogamos tomen nota de lo siguiente: el comunicado de prensa se les ha enviado con un error. En la página 1, en la última palabra del párrafo 4, el nombre del periodista debe escribirse: Renovat Ndikumana.

Paquistán - 3 de junio

Documento y comunicado de prensa específico sobre detenciones en Sind.

Sudáfrica - 10 de junio

Comunicado de prensa internacional y documento de preguntas y respuestas acompañando una publicación sobre la implicación de las fuerzas de seguridad en torturas y homicidios políticos desde el inicio de las reformas. También estamos considerando la posibilidad de organizar una conferencia de prensa - si les interesa, rogamos nos lo comuniquen.

Nepal - 17 de junio

Comunicado de prensa acompañando un documento sobre Nepal.

Grecia - 24 de junio

Comunicado de prensa acompañando una publicación sobre malos tratos.

Informe Anual - 9 de julio

Se confirma la hora de publicación a las 13:00 horas gmt. Posteriormente les pediremos información sobre la cobertura de los medios de comunicación, especialmente en vista del cambio de horario.

Les hemos enviado los resúmenes del Informe Anual. Las actualizacioes les llegarán la primera semana de junio.

POSIBLES INICIATIVAS DE PRENSA AÚN POR CONFIRMAR

Campaña de Pueblos Indígenas

Actualmente se están produciendo debates en el SI sobre la estrategia de medios de comunicación para el informe cuya fecha de publicación se fijará para septiembre u octubre. Ahora estamos considerando el material de medios de comunicación, los portavoces, cómo presentar el material, etc. Dado que es la primera vez que hacemos un informe como éste, nos gustaría contar con sus aportaciones y nos parece que deberíamos tener ocasión de debatir los problemas con anticipación. Si les interesa una conferencia de prensa, hágannoslo saber.

2.ASA 13/WU O1/92 EXTERNO

13 de mayo de 1992

BANGLADESH: AMNISTÍA INTERNACIONAL SIENTE PREOCUPACIÓN POR LOS INFORMES DE HOMICIDIOS EN LA REGIÓN DE CHITTAGONG HILL TRACTS

El 5 de mayo Amnistía Internacional escribió al gobierno de Bangladesh exponiendo su preocupación por los presuntos homicidios de varios cientos, quizás de un millar, de miembros de tribus en el pueblo de Lopgon, en la región de Chittagong Hill Tracts, el 10 de abril. Al parecer, las muertes tuvieron lugar en represalia por una agresión de Shanti Bahini (Fuerzas de la Paz), grupo tribal de oposición armada, contra un joven bengalí.

Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, algunos colonos bengalíes acompañados de miembros de la Fuerza de Defensa de las Aldeas, fuerza civil con categoría oficial, y de los paramilitares Ansars, rodearon el pueblo de Logong hacia el mediodía del 10 de abril. Luego reunieron a los habitantes - miembros de grupos tribales -, en el interior de sus casas y les prendieron fuego. Según los informes, centenares de personas murieron quemadas vivas y los que intentaron huir murieron acribillados a balazos. Los paramilitares Rifles de Bangladesh al parecer llegaron al lugar de los hechos poco después de que comenzase la matanza, pero no hicieron nada para detenerla. Según algunos informes, miembros de los Rifles de Bangladesh rodearon el pueblo impidiendo la huida de algunas personas y tampoco permitieron que otras acudieran junto a los muertos, moribundos y heridos.

Amnistía Internacional expresó su preocupación particularmente por la escala de la matanza. La organización no ha podido verificar en fuentes independientes el número de muertos, pero los informes recibidos hablan de centenares. En el momento del incidente, un grupo de visitantes de Dhaka, entre ellos activistas de derechos humanos, abogados, periodistas, parlamentarios y el Fiscal General Adjunto de Bangladesh, se encontraban cerca de Logong para participar en un festival tribal. Aunque se les impidió realizar una investigación exhaustiva sobre las muertes, pudieron hablar con varios testigos presenciales. Un comunicado conjunto emitido por algunos de ellos el 19 de abril afirmaba que "más de 400 casas fueron incendiadas y más de 200 niños, mujeres y ancianos resultaron muertos". Según los informes, el Brigadier Sharif Aziz de Khagrachari confirmó al grupo la muerte de 138 personas. Muchos grupos de derechos humanos de Bangladesh creen que el número de muertos supera esa cifra con creces.

Amnistía Internacional comunicó al gobierno de Bangladesh su preocupación porque algunas de las muertes aparetemente fueron consecuencia del homicidio deliberado de personas indefensas por miembros de las fuezas de seguridad, entre ellos La Fuerza de Defensa de las Aldeas y los Ansars. Amnistía Internacional señaló al gobierno de Bangladesh que las ejecuciones extrajudiales están prohibidas por varias normas internacionales de derechos humanos así como por la constitución de Bangladesh, que establece: "No se privará a ninguna persona de su vida ni de su libertad personal salvo cuando la ley así lo disponga".

Amnistía Internacional pidió al gobierno de Bangladesh una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial para determinar las circunstancias en que se produjeron las muertes de Logong y si algunas de éstas fueron ejecuciones extrajudiciales o producidas por el uso ilegal e innecesario de la fuerza por las fuerzas de seguridad. También debería investigarse el hecho de que al parecer los Rifles de Bangladesh no tomaron medidas para impedir los hechos. Amnistía Internacional instó al gobierno a garantizar que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad presuntamente responsable en ejecuciones extrajudiciales o en otras violaciones de derechos humanos comparecerá ante la justicia. Amnistía Internacional también pidió al gobierno que garantizase que todo el personal encargado de hacer cumplir la ley recibe instrucciones claras en el sentido de que no debe usarse fuerza letal excepto cuando exista una verdada amenaza para sus vidas y sólo como último recurso.

3.AFR 12/WU 02/92 EXTERNO

13 de mayo de 1992

INTERNO

El SI enviará este punto a periodistas interesados en Angola en particular o en temas africanos en general. Los encargados de prensa de cada Sección pueden hacer lo mismo y también ponerlo en conocimiento de los periodistas especializados en temas religiosos antes de la visita del Papa a Angola a principios de junio de 1992. Asímismo, rogamos llamen la atención de los encargados de captación de apoyos de su Sección sobre este punto.

EXTERNO

ANGOLA: HOMICIDIOS POLITICOS A PESAR DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Según un informe de Amnistía Internacional, a lo largo del pasado año en Angola se han producido una serie de homicidios políticos pese a los acuerdos de paz firmados en mayo de 1991.

El presidente José Eduardo dos Santos y Jonas Savimbi, dirigente de la Uniao Nacional para a Independência Total de Angola, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), firmaron los Acuerdos de Paz para Angola en mayo de 1991 y acordaron poner fin a la guerra divil de 16 años. Sin embargo, ninguna de las dos partes ha investigado las muertes ni ha hecho comparecer a los responsables ante la justicia.

Tras una visita realizada por representantes de Amnistía Internacional a Angola, la organización ha publicado un informe titulado Angola: an appeal for prompt action to protect human rights, (Angola: Un llamamiento en favor de medidas urgentes para proteger los derechos humanos), pidiendo al gobierno, a UNITA y a otras entidades que eviten nuevas muertes.

Las muertes de presos más ampliamente difundidas en los últimos meses han sido las ejecuciones por fuerzas de UNITA de los ex-oficiales de UNITA Pedro "Tito" Chingunji y Fernando Wilson dos Santos y al menos tres de sus familiares. Fueron ejecutados en la segunda mitad de 1991 y habían estado encarcelados en Jamba, base de UNITA al sureste de Angola. UNITA emprendió su propia investigación, pero sin garantizar la independencia e imparcialidad de la misma, y todavía no ha hecho públicos sus resultados.

En los últimos meses se han registrado otros homicidios por razones políticas. Entre los atribuidos al gobierno se encuentran la muerte de seis personas en una manifestación, al parecer pacífica, celebrada en noviembre de 1991 en apoyo de los grupos separatistas que luchan por la independencia de Cabinda, un enclave angoleño entre las Repúblicas de Zaire y Congo. En esa manifestación también resultaron heridas 20 personas. Entre las muertes atribuidas a oficiales de UNITA se encuentran los asesinatos de cuatro oficiales de la fuerza aérea gubernamental, dos de los cuales al parecer fueron enterrados vivos, en marzo de 1992.

Ninguna persona responsable en alguna de las 18 muertes que Amnistía Internacional ha documentado desde 1991 ha comparecido ante la justicia. Desde la independencia en 1975, ni el gobierno ni UNITA han llevado a cabo investigaciones oficiales sobre los informes que indican que sus oficiales han matado deliberadamente a presos u otros opositores políticos. Entre las víctimas se encuentran centenares de personas muertas o "desaparecidas" bajo custodia tras una intentona fallida de golpe Estado contra el gobierno en 1977, y gran cantidad de miembros de UNITA sospechosos de oponerse a las políticas o a la dirección de UNITA durante la década de los 80.

Las muertes de opositores políticos registradas desde mayo de 1991 constituyen claras violaciones de los Acuerdos de Paz que estipulan el fin de toda violencia contra la población civil, la liberación de todos los presos detenidos en el contexto del conflicto, el respeto a la libertad de expresión, asociación y circulación, y la ampliación de la autoridad gubernamental a zonas bajo el control de UNITA. Sin embargo, ninguna de las dos partes ha querido arriesgarse a una investigación imparcial que pudiera hallarles a ellos o a sus partidarios responsables en violaciones de derechos humanos. En virtud de los términos de los Acuerdos de Paz, las decisiones han de tomarse consensuadamente entre el gobierno y UNITA - esto significa que en la práctica cada parte puede vetar cualquier acción que pudiera afectar a sus intereses políticos a corto plazo. En consecuencia, las disposiciones que protegen los derechos humanos en los Acuerdos de Paz han sido burladas o han encontrado obstáculos para su aplicación.

En su informe, Amnistía Internacional pide a todas las partes firmantes de los Acuerdos de Paz que reafirmen su compromiso de hacer respetar los derechos y libertades fundamentales, que investiguen y pongan remedio a las violaciones de derechos humanos y que tomen las medidas necesarias para promover su respeto y protección. Amnistía Internacional también ha pedido a los observadores internacionales en los Acuerdos de Paz para Angola, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en su conjunto que utilicen su influencia en apoyo de una mayor protección de los derechos humanos en Angola.

4.AMR 46/WU 02/92EXTERNO

13 de mayo de 1992

PERÚ: AI INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LAS VIDAS DE LOS PRESOS

Amnistía Internacional escribió al presidente Alberto Fujimori el 12 de mayo instándole a garantizar la seguridad y las vidas de todos los presos trasladados desde la prisión Miguel Castro Castro en Lima, Perú, tras una operación combinada de la policía y el ejército para recuperar el control de la penitenciaría.

Según los informes, la operación, que comenzó el 6 de mayo, produjo la muerte de al menos 28 presuntos miembros del grupo clandestino alzado en armas Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) y de dos agentes de las fuerzas de seguridad.

Una vez las autoridades recuperaron el control de la prisión, los internos fueron trasladados a hospitales o a otros centros de detención. Un número indeterminado de presos - entre tres y 130 según distintas declaraciones de funcionarios - se encuentran en paradero desconocido.

Aunque Amnistía Internacional reconoce el derecho de las autoridades a controlar sus prisiones, la organización instó al gobierno a hacerlo adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y las vidas de todos los presos trasladados fuera de la prisión Miguel Castro Castro o de los que siguen allí.

Amnistía Internacional también instó al gobierno a que proporcione de inmediato una lista completa de los nombres de:

- todos los presos detenidos en la prisión de Miguel Castro Castro antes de la operación iniciada el 6 de mayo de 1992;

- los internos y los miembros de las fuerzas de seguridad muertos y heridos en el transcurso de la operación de las fuerzas de seguridad;

- los internos trasladados desde la prisión al hospital o a otros centros de detención, informando de su paradero actual;

- los internos de los que no se sabe nada desde que las autoridades recuperaron el control del establecimiento.

La organización instó a la autoridades a informar públicamente del lugar donde se encuentran actualmente los cuerpos de las personas muertas y a ordenar inmediatamente una autopsia completa e independiente de los cadáveres para determinar la hora, la forma y la causa de la muerte. También pidió que a las personas heridas y hospitalizadas se les permita el acceso a sus familiares y abogados independientes.

5.EUR 15/WU 01/92 EXTERNO

13 de mayo de 1992

BULGARIA: VISITA DE AI PARA PROMORCIONAR LA ORGANIZACIÓN

Una delegación de Amnistía Internacional visitará Bulgaria desde el 14 al 21 de mayo para estudiar la posibilidad de ampliar la organización de AI en ese país. La delegación incluye un miembro del personal del Secretariado Internacional de la organización en Londres y un miembro de la Sección Neerlandesa de AI.

La delegación discutirá el desarrollo organizativo de AI con varias personas, entre ellas el grupo en formación de Sofía, y se reunirá con otras personas que han expresado interés por sus objetivos y actividades. Los delegados no trabajarán sobre puntos de derechos humanos en Bulgaria: esto es tarea del Departamento de Investigación de AI en el Secretariado Internacional en Londres, que se ocupa de investigar e informar de las violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

6.ASA 30/WU 01/92 EXTERNO

13 de mayo de 1992

MONGOLIA: VISITA DE AI PARA POTENCIAR LA ORGANIZACIÓN

Una delegación de AI visitará Mongolia desde el 29 de mayo al 5 de junio para estudiar la posibilidad de ampliar la organización de AI en ese país. La delegación incluye un miembro del personal del Secretariado Internacional de la organización en Londres y un miembro de la Sección de Estados Unidos de Amnistía Internacional.

La delegación discutirá el desarrollo organizativo de AI con varias personas y se reunirá con otras que han expresado su interés por los objetivos y actividades de la organización. Los delegados no trabajarán sobre puntos de derechos humanos en Mongolia: esto es tarea del Departamento de Investigación de AI en el Secretariado Internacional en Londres, que se ocupa de investigar e informar sobre las violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

7.EUR 25/WU 02/92 INTERNO

13 de mayo de 1992

URGENTE: ROGAMOS INFORMEN A SU JEFE DE PUBLICACIONES

El documento sobre Grecia, cuya publicación estaba prevista para el 24 de junio, ahora se publicará como un informe de nuevo formato (A5). El informe se centra en los casos de presuntos malos tratos y tortura registrados durante los últimos dos años. El apéndice contiene un resumen de los casos planteados por Amnistía Internacional a las autoridades griegas desde 1986.

El informe cuesta 4 libras esterlinas y se aplicarán los descuentos habituales. Las Secciones recibirán su hoja de pedido para esta publicación. Las Secciones que deseen rectificar su pedido deben enviar por FAX su correción a Talat Omer, del Secretariado Internacional, inmediatamente.

8.ACT 80/WU 01/92 INTERNO

13 de mayo de 1992

SECCIÓN BRITÁNICA: CONTACTOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZANDO EX-PRESOS DE CONCIENCIA

La Oficina de Prensa de la Sección Británica está confeccionando un directorio de ex-presos de conciencia y otros testigos a los que se podría recurrir para realizar giras informativas y apariciones ante los medios de comunicación organizadas por Secciones de toda Europa.

Si están en contacto con algún ex-preso de conciencia o con otros testigos a los que consideren preparados para hablar sobre su experiencia, les rogamos lo comuniquen a la Oficina de Prensa de la Sección Británica.

Rogamos incluyan lo siguientes detalles: Nombre, País, Datos Personales, Idioma (s) que habla, Resumen de su experiencia, Disponibilidad para hablar en radio/televisión, Disponibilidad para viajar, Experiencia con medios de comunicación - en el propio país y en el extranjero.

9.AFR 53/WU 02/92 EXTERNO

14 de mayo de 1992

INTERNO

El SI ha enviado la siguiente información a la prensa interesada en Africa, aunque no a las agencias internacionales, en forma de comunicado de prensa, para su inmediata publicación. Si la prensa les plantea preguntas sobre el informe de próxima aparición sobre Sudáfrica, rogamos no les proporcionen información adicional salvo que se publicará en el mes de junio.

EXTERNO

SUDÁFRICA: NUEVOS INDICIOS DE COMPLICIDAD DE LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO EN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CON NEGOCIACIONES POLÍTICAS EN UN PUNTO CRÍTICO

El gobierno sudafricano ha respondido a los nuevos indicios de complicidad de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos iniciando investigaciones oficiales, pero no ha emprendido acciones suficientemente firmes para poner fin a la participación de las fuerzas de seguridad en homicidios, tortura y otros abusos, según los informes de que dispone Amnistía Internacional.

A lo largo de 1992, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo indicios claros de la implicación de las fuerzas de seguridad en tortura, homicidios políticos y otras graves violaciones de derechos humanos. En una declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en enero de 1992, Amnistía Internacional subrayó que rara vez miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia, a pesar del compromiso contraido por el presidente F W de Klerk en julio de 1991 en el sentido de investigar todas las denuncias.

Amnistía Internacional teme que hasta que el gobierno no adopte medidas para demostrar públicamente que todos los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos comparecerán ante la justicia, el actual clima de terror y las pérdidas de vidas humanas continuarán, amenazando las perspectivas de una transición democrática en Sudáfrica.

El 15 y 16 de mayo de 1992, reprentantes de 19 partidos políticos, entre ellos el Partido Nacionalista en el poder, el Congreso Nacional Africano (ANC), el Movimiento Inkatha (IFP) y el Partido Democrático (DP), se reúnen de nuevo en una segunda sesión plenaria del foro de negociaciones - la Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA). Las negociaciones, que se han llevado a cabo en grupos de trabajo desde la primera sesión plenaria en diciembre de 1991, se encuentran ahora en una etapa crítica. El 12 de mayo todos los grupos de trabajo menos uno informaron de los acuerdos provisionales alcanzados tras meses de debates.

Entre otras conclusiones surgidas de las negociaciones parece haber acuerdo en que debería establecerse una "autoridad ejecutiva de transición" para supervisar las actividades del gobierno actual, con el fin de garantizar un "clima favorable para la celebración de elecciones libres y justas". La autoridad propuesta, entre otras actividades, participará en el control de las fuerzas de seguridad.

Otro grupo de trabajo alcanzó el consenso sobre la necesidad de revisar la actual legislación de seguridad, con el fin de adecuar sus disposiciones a las "medidas necesarias para tratar las amenazas al orden público durante la fase política de transición". Parece que el grupo de trabajo no pudo alcanzar el acuerdo sobre la necesidad de acabar con los poderes que facultan a la policía para detener a individuos sin juicio, hecho que en Sudáfrica, como en todas partes, va asociado a graves violaciones de derechos humanos.

Las negociaciones de CODESA tienen lugar en un contexto de violencia política y terror crecientes en los municipios negros, campamentos de "squatters" (personas que ocupan ilegalmente un lugar) y trenes de viajeros habituales. La cifra mensual de muertos y heridos a lo largo de 1992 ha superado la de 1991. En abril de 1992, por ejemplo, al menos 356 personas murieron víctima de asesinatos premeditados, de la fuerza letal empleada por las fuerzas de seguridad sin existir provocación, de ataques contra comunidades enteras realizados por hombres fuertemente armados que se movían con impunidad, y del terror infligido aleatoriamente sobre viajeros habituales procedentes de zonas residenciales de población negra.

Las conversaciones continúan mientras siguen descubriéndose indicios de la participación directa de las fuerzas de seguridad en asesinatos políticos. A finales de abril de 1992, el Tribunal Surpemo de Natal concluyó que cinco agentes de policía habían asesinado a sangre fría a 11 presuntos activistas pro-ANC y miembros de sus familias en Trust Feed, Natal, en diciembre de 1988 por orden de la dirección local de Inkatha. Al mismo tiempo, el juez presidente encontró indicios de encubrimiento que implicaban a funcionarios de policía de alto rango, en los inicios de las investigaciones inmediatamente después de las muertes y a lo largo de 1991.

Algunos de los agentes implicados en el encubrimiento de los hechos de Trust Feed tenían la responsabilidad de investigar graves denuncias de violaciones de derechos humanos por la policía en otros incidentes. A pesar de la solicitud del juez de una investigación pública sobre los indicios de encubrimiento de la participación policial en la matanza de 1988, el gobierno sólo ha ordenado una investigación interna dirigida por un ex jefe de la Rama de Seguridad de la policía y un magistrado relacionado con un juicio muy controvertido de activistas pro-ANC acusados de traición a finales de la década de los 80.

El 8 de mayo de 1992, un periódico de Johannesburg, el New Nation, publicó pruebas documentales que relacionaban al actual Jefe de la Inteligencia Militar con los asesinatos de un dirigente vecinal pro-ANC, Matthew Goniwem, y de otros activistas en 1985. Sin embargo, el presidente F W de Klerk no ha suspendido al militar de sus funciones, aunque ordenó a un juez del Tribunal Supremo reanudar la investigación sobre las muertes de 1985 y prometió que "no quedará una sola piedra sin remover para averiguar toda la verdad en este asunto". La misma promesa que hizo el presidente en 1990 cuando ordenó que una comisión judicial investigara las graves denuncias de encubrimiento policial y participación del ejército en asesinatos políticos. A pesar de que la investigación de 1990 y una decisión judicial de 1991 revelaron pruebas de asesinato, envenenamiento, secuestro, incendio premeditado, perjurio y destrucción de pruebas por agentes de la Policía Sudafricana y la Fuerza de Defensa, no se ha producido un solo procesamiento.

Nota a los editores: Amnistía Internacional publicará un informe completo sobre Sudáfrica el mes próximo. En este momento no hay más información disponible.