Índice AI:NWS 11/22/92/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A:Encargados de Prensa

DE:Prensa y Publicaciones

FECHA:5 de junio de 1992

ADICIÓ AL SERVICIO DE ACTUALIZACION SEMANAL 22/92

INTERNO

La siguiente actualización semanal explica en detalle la reciente polémica desatada en Sudáfrica a consecuencia de la publicación del informe provisional de la Comisión Goldstone, que ha estado investigando la violencia política en el país. El mensaje clave de esta actualización es que mientras el gobierno declara que ha quedado exonerado de cualquier tipo de participación en homicidios políticos, la comisión establece claramente que no es así. Por lo tanto, nuestro mensaje consistente en que las fuerzas seguridad están implicadas en homicidios políticos no queda diluido en esta polémica. Esta actualización puede enviarse a periodistas si están interesados en recibirla.

1. AFR 53/03/92 EXTERNO

5 de junio de 1992

SUDÁFRICA: UNA DECLARACION GUBERNAMENTAL EN LA PRENSA DESVIRTÚA LOS RESULTADOS DE LA COMISION GOLDSTONE SOBRE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA POLITICA

El 27 de mayo apareció un informe preliminar a cargo de la comisión judicial de investigación encargada de estudiar la violencia política en Sudáfrica, conocida como Comisión Goldstone. Ese informe responsabilizaba al gobierno de no tomar las medidas adecuadas para impedir o castigar las actividades ilícitas de las fuerzas de seguridad sudafricanas. En una declaración que acompañó el lanzamiento del informe de la Comisión, el gobierno declaró que el documento exoneraba a las fuerzas de seguridad y atribuía toda la culpa de la violencia política en el país exclusivamente al Congreso Nacional Africano (CNA) y al Movimiento Inkatha (IFP).

El juez Richard Goldstone del Tribunal de Apelación, presidente de la comisión que fue creada tras una serie de consultas multipartitas en aplicación de las condiciones del Acuerdo Nacional de Paz de septiembre de 1991, refutó la interpretación gubernamental en una declaración pública el 1 de junio. Subrayó que "de ninguna manera la Comisión en su informe... exoneraba a elementos de las fuerzas de seguridad de haber contribuido a la violencia en Sudáfrica o al gobierno de no haber tomado medidas eficaces y firmes para impedir la conducta delictiva de miembros de las fuerzas de seguridad".

El juez Goldstone también expresó "preocupación por la forma en que sus puntos de vista han sido usados injusta y selectivamente por representantes públicos, quienes, durante algunas semanas, han estado en posesión de toda la información". La resultante "desafortunada confusión... no podría haberse producido si todas las partes interesadas y especialmente todos los signatarios del Acuerdo Nacional de Paz hubieran tenido acceso al informe de la Comisión antes de que el gobienro y los portavoces de la policía lo comentaran públicamente".

La acción gubernamental del 27 de mayo tuvo lugar unas horas después de que la Comisión Goldstone hubiera emitido una declaración de prensa de cuatro páginas pidiendo a los dirigentes y partidarios del CNA y del Movimiento Inkatha que abandonaran la violencia como arma política y se comprometieran a utilizar eficazmente las estructuras del Acuerdo Nacional de Paz. En su declaración, la comisión opinaba que los violentos enfrentamientos entre partidarios del CNA y del Movimiento Inkatha que se registraban en ciertas zonas de las provincias de Transvaal y Natal creaban las circunstancias adecuadas para el irregular comportamiento de la policía.

En su informe provisional de 11 páginas al presidente del Estado el 29 de abril, la comisión se refería a una "escalada significativa de la violencia en las últimas semanas". La comisión declaraba que este hecho y otros factores le obligaban a publicar sus resultados en un momento que en otras circunstancias hubiera sido prematuro. Sobre la cuestión de las causas de la violencia, la comisión primero apuntaba que, a pesar de lo extendido del término "tercera fuerza" como explicación, hasta la fecha no había recibido información alguna que le permitiera concluir que la violencia era una "campaña organizada de forma sistemática y de ámbito nacional... [por] una organización siniestra y secreta". En vez de eso, la comisión creía que las causas de la violencia eran "muchas y complicadas", entre ellas las consecuencias de tres siglos de discriminación racial y la repercusión de las súbitas e inesperadas medidas del gobierno de legalizar y negociar con organizaciones políticas consideradas como:

"el enemigo de Inkatha, de los sudafricanos blancos y, lo que es más importante, de la policía y el ejército". Contribuir a la violencia era el papel de una fuerza policial y un ejército que, durante muchas décadas, han sido los instrumentos de opresión de sucesivos gobiernos blancos... para la mayoría de los sudafricanos [la policía y el ejército] no han tenido una orientación o una base en la propia comunidad.... [y] no son consideradas instituciones justas, objetivas o amistosas".

En su informe, la comisión expresaba la necesidad de evitar repartir la culpa entre las partes más importantes involucradas en la violencia. Sin embargo, la comisión no "tenía duda alguna" de que miembros y simpatizantes tanto del CNA como del Movimiento Inkatha eran culpables de acciones que habían producido lesiones e incluso la muerte a gran número de personas, y de que los dirigentes de estos grupos habían sido "lentos a la hora de tomar medidas adecuadas y eficaces para detener la violencia imponiendo la disciplina entre sus miembros y exigiéndoles responsabilidades".

En relación con las responsabilidades del Estado, la comisión advierte que "un historial de años de complicidad del Estado en acitividades clandestinas, entre las que se encuentran conductas delictivas,... ha permitido que personas críticas con el gobierno y otros, justa o injustamente, culpen de gran parte de la violencia actual a las fuerzas de seguridad". Además, la "conducta delicitiva bien documentada de miembros individuales de la Policía Sudafricana y de la Policía KwaZulu exacerban la opinión de muchos sudafricanos de que el gobierno o sus órganismos son partes activas responsables de la violencia". En otra parte del informe, la comisión expresaba preocupación por la visión extendida de la Policía KwaZulu como un "ejército privado del Movimiento Inkatha" y por los "inquietantes... indicios... relacionados con actividades ilícitas de altos cargos de la Policía KwaZulu". En relación con el papel del gobierno, la comisión comentaba que

"...nuestra historia reciente muestra que el gobierno no ha tomado medidas suficientemente firmes para impedir la conducta delictiva de miembros de las fuerzas de seguridad y de la policía ni para garantizar que los responsables son castigados pronta y adecuadamente."

En conclusión, la comisión recomendaba una serie de medidas urgentes para garantizar un mejor control de la violencia, mejores relaciones entre la comunidad y la policía, la protección de los testigos que aportaron pruebas a la comisión, y el fin de la práctica -particularmente entre los partidarios de Inkatha- de portar armas peligrosas en público.