Índice AI: NWS 11/26/92/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A:Encargados de Prensa

DE: Prensa y Publicaciones

FECHA:1 de julio de 1992

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 26/92

A continuación encontrarán un avance del Servicio de Actualización Semanal NWS 11/26/92/s - Este artículo se refiere a Venezuela.

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3.AMR 53/WU 03/92 EXTERNO

1 de julio de 1992

INTERNO

Este artículo del Servicio de Actualización Semanal se envía a las Secciones para que coincida con el lanzamiento del informe sobre la tortura y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela, cuyo índice AI es AMR 53/05/92/s, enviado a las Secciones en el correo semanal del 1 de julio, y que estará disponible en español al mismo tiempo. En el informe se incluye información detallada sobre la aparente ejecución extrajudicial de al menos siete personas el día del intento de golpe de Estado, el 4 de febrero de 1992. El lanzamiento de este documento se realiza en una situación de creciente crisis política y malestar social en Venezuela en un contexto en el que se han recibido numerosas informaciones sobre violaciones de los derechos humanos (véase la Acción Urgente 203/92, Índice AI: AMR 53/07/92/s).

El SI enviará el informe a diveros medios de información especializados y de América Latina para que les llegue a lo largo de la semana del 15 de julio. Rogamos se aseguren de que los contactos de los medios de comunicación especializados de su país reciben el informe junto con una copia de este artículo del Servicio de Actualización Semanal, pero nunca antes de esa semana. Asimismo, rogamos pongan este asunto en conocimiento de su coordinador de campañas.

Índice AI: NWS 11/26/92/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A:Encargados de Prensa

DE: Prensa y Publicaciones

FECHA:1 de julio de 1992

EXTERNO

VENEZUELA:AMNISTÍA INTERNACIONAL HACE UN LLAMAMIENTO AL GOBIERNO PARA QUE PONGA FIN A LAS TORTURAS

En un documento en el que se incluye información detallada sobre las violaciones generalizadas de los derechos humanos que se están registrando en Venezuela, Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de ese país para que adopte medidas urgentes que pongan fin a la tortura.

El documento se publica en una situación de creciente tensión política en Venezuela y de un aumento de las denuncias de violación de los derechos humanos. En su informe, Amnistía Internacional hace hincapié en los casos de personas que fueron arrestadas de forma arbitraria y torturadas o maltratadas por miembros de los diversos departamentos de las fuerzas de seguridad, como la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional. En el documento también se analizan otras violaciones de los derechos humanos, entre ellas la aparente ejecución extrajudicial de al menos siete personas. La información sobre estas ejecuciones se recibió justo después del intento de golpe de Estado del pasado mes de febrero de 1992.

Por otra parte, Amnistía Internacional también manifiesta su preocupación porque el procedimiento de denuncia de las violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad parece ser en buena medida completamente ineficaz. La organización ha dicho: "Existen pruebas convincentes de que la tortura es generalizada en Venezuela y de que las fuerzas de seguridad están quedando impunes. En los últimos nueve meses hemos recibido informes de que al menos 60 personas han sido torturadas o maltratads".

"Las víctimas con frecuencia pertenecen a los sectores más emprobrecidos de la sociedad, a menudo son personas de las que se sospecha que han cometido un delito y en ocasiones se trata de menores. Hemos recibido informes según los cuales a un muchacho de 15 años la policía lo torturó hasta que perdió el conocimiento y luego lo sometieron a un simulacro de ejecución". Asimismo, activistas políticos, dirigentes estudiantiles y miembros de organizaciones populares locales también han sido sometidos a torturas y malos tratos a causa de sus actividades.

Una delegación de Amnistía Internacional, que visitó Venezuela en mayo de 1992, tuvo noticia de que el 4 de febrero de 1992, fecha del intento de golpe de Estado, fueron ejecutadas extrajudicialmente siete personas en la ciudad de Valencia. Según los informes, una de las víctimas era una estudiante a la que parece que el miedo impidió moverse mientras estaba tirada en el suelo de un autobús que miembros de las fuerzas de seguridad habían interceptado. Según los informes, la policía también disparó contra otro estudiante, que recibió el tiro en la espalda cuando salía de una casa en la que había buscado refugio. De acuerdo con la información recibida, otras cinco personas murieron a consecuencia de disparos cuando ya se habían entregado.

En esa misma localidad, el 4 de febrero la policía estatal de Carabobo arrestó también a otras 22 personas, a quienes infligieron golpes y descargas eléctricas con una picana eléctrica. A una de las detenidas, que estaba embarazada de cuatro meses en el momento de la detención, tuvo síntomas de aborto a causa de los golpes que recibió cuando fue detenida. Las fuerzas de seguridad acusaron a los detenidos de implicación en el golpe de Estado pero posteriormente quedaron todos en libertad por falta de pruebas.

Muy pocos casos de torturas y malos tratos han dado lugar a declaraciones de culpabilidad contra los responsables, y en los casos en que ha habido declaraciones de culpabilidad, los cargos han sido, con frecuencia, muy poco severos, dando lugar generalmente a la suspensión de las penas o a la libertad condicional. Entre los problemas existentes figuran los largos retrasos tanto en las investigaciones previas al juicio como en las actuaciones judiciales. Además, ha habido numerosos informes sobre la indulgencia mostrada por los tribunales para con los agentes de las fuerzas de seguridad y sobre manipulación política y corrupción.

Amnistía Internacional cree que la impunidad de que gozan en la práctica los responsables de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales es una de las razones principales de que persistan dichas prácticas. Por ejemplo, ni un sólo miembro del ejército o de las fuerzas de seguridad ha sido puesto a disposición judicial por violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de suspensión de garantías constitucionales en 1989. El gobierno venezolano no ha respondido a las preocupaciones expresadas por Amnistía Internacional en su informe sobre violaciones de derechos humanos en 1989.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al gobierno venezolano para que garantice que cualquier denuncia de torturas o malos tratos será inmediata y exhaustivamente investigada, y que los responsables de haberlos cometidos serán puestos a disposición judicial, de acuerdo con sus compromisos internacionales. La organización también ha pedido que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales del 4 de febrero de 1992 sean puestos a disposición judicial.