Índice AI: NWS 11/28/92/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A:Encargados de Prensa

DE:Prensa y Publicaciones

Fecha:17 de julio de 192

ADICION AL SERVICIO DE ACTUALIZACION SEMANAL 28/92

Esta adición al servicio de actualización semanal contiene puntos externos sobre Pérez de Cuéllar, Turquía y Burundi.

1. INICIATIVAS DE LAS SECCIONES

Informe Anual - 9 de julio

Parece que el Informe Anual ha sido un gran éxito en cuanto a medios de comunicación se refiere y nos gustaría confirmarlo reuniendo todos los recortes de prensa internacional que podamos, en especial en vista del cambio en la fecha de publicación.

Si aún no lo han hecho, les rogamos envíen a la Oficina de Prensa del SI copias de la información aparecida al respecto en sus medios de comunicación nacionales.

Documento de preguntas y respuestas sobre Siria - Corrección

Rogamos adviertan que el Índice AI del documento de preguntas y respuestas sobre Siria debe ser "MDE 24/20/92/s".

Sección Española - comunicado de prensa

La Sección española está preparando un comunicado de prensa para el 22 de julio de 1992, coincidiendo con una cumbre de jefes de Estado lationamericanos que se celebrará en Madrid. La Sección también enviará el Informe Anual e información pertinente sobre cada país participante en la cumbre a su Embajada en España.

La fecha de publicación del comunicado de prensa es el miércoles 22 de julio a las 00:01 horas, un día antes del comienzo de la cumbre, fecha que coincide con la publicación del comunicado de prensa sobre Siria.

Para más información sobre el comunicado de prensa o las acciones de la Sección, rogamos se pongan en contacto con el encargado de prensa español, César Diaz. La Oficina de Prensa del SI tiene copia del texto en español.

2. ASA 17/WU 04/92 INTERNO PARA RESPUESTA

17 de julio de 1992

Varias agencias de prensa, entre ellas la agencia Reuters, han publicado noticias de un discurso pronunciado por Javier Pérez de Cuéllar, ex-Secretario General de las Naciones Unidas. Según esas noticias, Pérez de Cuéllar sugería en su discurso que los informes de violaciones de derechos humanos en China se han exagerado, en especial los informes de la represión de las manifestaciones de la plaza de Tiananmen en junio de 1989.

Algunos periódicos han difundido la noticia citando informes de Amnistía Internacional junto a las manifestaciones de Pérez de Cuéllar. Los encargados de prensa pueden utilizar el siguiente punto de actualización semanal para enviar cartas a los directores que publiquen la noticia de esta manera. No pretendemos buscar publicidad para este punto y les rogamos que respondan sólo a los artículos donde se mencione a Amnistía Internacional en relación con ese discurso.

INTERNO - SÓLO PARA RESPUESTA

CHINA: AI CONFIRMA LA ESCALA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS TRAS LAS DUDAS SUSCITADAS POR PEREZ DE CUELLAR

Tras la matanza de manifestantes pacíficos ocurrida en Pekín en junio de 1989, Amnistía Internacional publicó informes sucesivos en los que la organización concluía que en Pekín las tropas habían disparado de forma indiscriminada y deliberada contra la multitud sin previo aviso. Entre los muertos por las tropas se encontraban personas que huían de los disparos, otras que se encontraban en edificios residenciales e incluso personas aplastadas por vehículos militares. Muchas de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. El clima de terror que siguió a la represión militar hizo imposible recabar información precisa sobre el número de muertes. Sin embargo, la cifra de 200 civiles muertos que dan las autoridades chinas parece extremadamente baja.

Amnistía Internacional basa su información en distintas fuentes, entre ellas fuentes oficiales y extraoficiales chinas. La organización ha remitido reiteradamente su información al gobierno chino. En los tres años transcurridos desde la matanza de Pekín, el gobierno chino no ha explicado satisfactoriamente la suerte que corrieron centenares de presos ni ha respondido a los informes detallados que denuncian que muchas de las personas detenidas desde 1989 han sido sometidas a tortura y malos tratos.

Tres años después de la represión de las protestas pacíficas en favor de la democracia que concluyeron con la matanza de centenares de civiles, las violaciones de derechos humanos siguen siendo generalizadas en toda China. Millares de presos políticos, entre ellos centenares de presos de conciencia, siguen detenidos. Continúan celebrándose juicios sin las debidas garantías, y siguen dándose casos de tortura, detención durante períodos prolongados sin cargos ni juicio y ejecuciones sumarias. No se han producido intentos de introducir salvaguardias fundamentales para impedir que sigan ocurriendo violaciones de derechos humanos como el uso de la tortura para extraer confesiones.

Desde 1989 algunos presos de conciencia han sido condenados a cadena perpetua tras juicios que no cumplían las normas internacionales de justicia. Otros han sido detenidos en aplicación de procedimientos administrativos que no fueron supervisados por organismos judiciales independientes. Muchos presos políticos liberados en los últimos dos años han sido objeto de severas restricciones en sus derechos civiles, económicos y políticos fundamentales.

3. EUR 44/WU 05/92 EXTERNO

17 de julio de 1992

TURQUÍA: LAS PROMESAS GUBERNAMENTALES DE UNA REFORMA RELATIVA A LOS DERECHOS HUMANOS SIGUEN SIN CUMPLIRSE

Amnistía Internacional siente preocupación porque a pesar de las promesas de reforma, el gobierno turco no ha tomado medidas para detener las contínuas violaciones de derechos humanos en Turquía.

El 1 de julio, el ministro de Asuntos Exteriores turco afirmó que el gobierno "había tomado medidas radicales y avanzado en el tema de los derechos humanos". Sin embargo, no se ha aprobado ni una sola parte de la prometida legislación de derechos humanos que se espera desde hace tiempo. La primera sesión parlamentaria del nuevo gobierno turco llegó a su fin esta semana, y a excepción de la clausura de una prisión especial de aislamiento en Eskisehir en noviembre, no se han tomado medidas ejecutivas prácticas o significativas en el campo de los derechos humanos.

Un insatisfactorio proyecto de reformas que no cumplía las normas internacionales y que fue bloqueado por el presidente y devuelto al Parlamento en junio tendrá que esperar a ser debatido de nuevo en septiembre. Ha sido suavizado todavía más, y ahora incluye una reserva de modo que durante dos años algunas ligeras mejoras, tales como la detención acortada y el derecho téorico a contar con un abogado, no se aplicarán a los detenidos sospechosos de delitos políticos o procedentes del sureste del país de mayoría kurda, precisamente los presos que corren mayor riesgo de tortura.

Mientras tanto, siguen registrándose casos de tortura y muerte bajo custodia, y los detenidos en todo el país siguen sin contar con la protección de las salvaguardias más elementales contra la tortura. En una declaración aparecida en el periódico británico The Guardian el 23 de junio de 1992, Ünal Erkan, gobernador de la Región de los Poderes de Emergencia, afirmó que las denuncias de tortura planteadas por Amnistía Internacional procedían de "terroristas, no de amas de casa, carniceros y panaderos".

Sólo cinco días después, un ayudante de laboratorio, Ismail Yilmaz, fue acusado por un vecino de agresión sexual y detenido por la policía en Estambul. Según sus propias declaraciones, corroboradas en su totalidad por informes médicos detallados y fotografías de sus lesiones, fue interrogado bajo tortura seis veces en dos días, y durante ese tiempo sufrió golpes en manos y glúteos, le aplicaron descargas eléctricas en el pene y le dejaron a merced de los ataques de perros policía entrenados.

Además de las antiguas preocupaciones de la organización en relación con la tortura, Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre un nuevo hecho registrado en Turquía en los últimos 12 meses: un espectacular aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. El nuevo gobierno no ha respondido a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional pidiendo el establecimiento de comisiones de investigación encargadas de examinar estas denuncias, tal como recomiendan los Principos sobre la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas.

En contraste con la complaciente opinión expresada por Mehmet Karaman, el ministro de Estado responsable de los derechos humanos -"sería imposible para cualquier órgano de gobierno matar a un sospechoso que se encuentre en su poder"-, Amnistía Internacional sigue recibiendo denuncias bien fundadas de ejecuciones extrajudiciales de todas las partes del país, pero principalmente del sureste kurdo donde está en vigor el estado de emergencia.

Como muchas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Siddik Tan era miembro de la Asociación Turca de Derechos Humanos y del Partido Popular de los Trabajadores, y tenía familiares que, según las autoridades, pertenecían al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que libra una guerra de guerrillas en favor de un Estado Kurdo independiente. Siddik Tan murió el 20 de junio de 1992 en una casa de vecinos de Batman a consecuencia de los disparos realizados por un grupo de asaltantes. Anteriormente había perdido la vista en un ojo en un atentado con bomba contra su coche en junio de 1991. En diciembre de ese año su hijo Riza fue detenido y más tarde denunció que le torturaron en la comisaría de policía de Bitlis y luego le condujeron a las afueras de la ciudad donde le dispararon hiriéndole gravemente en las piernas.

4. AFR 16/WU 02/92 EXTERNO

17 de julio de 1992

BURUNDI: CINCO PERSONAS CONDENAS A MUERTE Y 73 A PENAS DE CÁRCEL TRAS JUICIOS SIN LAS DEBIDAS GARANTÍAS

Amnistía Internacional siente preocupación porque cinco personas han sido condenadas a muerte y otras 73 a penas de cárcel que oscilan entre unos pocos años y la cadena perpetua tras juicios sin las debidas garantías en Burundi.

Los condenados formaban parte de unos 500 miembros del grupo étnico mayoritario hutu detenidos en relación con las actividades del Parti pour la libération du peuple hutu (PALIPEHUTU), Partido por la Liberación del Pueblo Hutu. El primer juicio contra partidarios del PALIPEHUTU se celebró en abril de 1992. El segundo tuvo lugar el 6 de julio y un tercero en el que se juzgó a 64 personas concluyó el 15 de julio. Las autoridades han acusado al PALIPEHUTU de tener responsabilidad en una serie de atentados violentos registrados en Burundi a finales de 1991 y en abril de 1992 y de intentar derribar al gobierno, cuyas fuerzas de seguridad se componen en gran medida de miembros de la minoría tutsi.

Amnistía Internacional insta a que todos los juicios políticos se desarrollen de acuerdo con las normas internacionales para un juicio justo. La organización declaró que los juicios que comenzaron en abril de 1992 no fueron justos en muchos aspectos. Según los informes, la mayoría de las personas juzgadas sufrieron palizas y otro tipo de malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad en el momento de la detención y durante el interrogatorio -sin embargo no se sabe que los tribunales hayan ordenado investigación alguna sobre los informes que indican que los acusados fueron torturados o sufrieron malos tratos; también se pueden haber usado declaraciones de los acusados extraídas mediante coacción como prueba para condenarles; y por último ninguno de los juzgados contó con representación legal ni se le dio la oportunidad adecuada para defenderse de los cargos que se le imputaban.

El primer juicio comenzó sin previo aviso en abril de 1992, y en él se juzgó a ocho personas detenidas a finales de julio de 1991, cuatro meses antes del estallido de violencia en el país. A principios de junio de 1992, seis de ellos fueron declarados culpables de alteración del orden público, subversión y colusión con los insurgentes y condenados a 20 años de cárcel. Otro fue condenado a dos años de cárcel y un octavo fue absuelto.

El 6 de julio fueron juzgadas otras 12 personas, todas ellas acusadas de participación en la violencia que sacudió la capital, Bujumbura, y el noroeste de Burundi a finales de noviembre de 1991. Una vez más, ninguno de los acusados contó con asesoramiento jurídico. El juicio sólo duró tres horas, y según los informes un alto funcionario de la Fiscalía comentó que la brevedad del juicio se debía a que los acusados eran "evidentemente culpables" (évideemment coupables). Los 12 fueron condenados el día del juicio. Dos fueron sentenciados a muerte tras ser declarados culpables de organizar reuniones para preparar los atentados de noviembre de 1991, de conspiración contra las instituciones del estado y de conspiración para matar a miembros de la comunidad tutsi y a los miembros de la comunidad hutu que se opusieran a ello. Cuatro fueron condenados a cadena perpetua y otros seis a penas que oscilaban entre cinco y 20 años de cárcel.

El 7 de julio comenzó otro juicio contra 64 acusados que concluyó el 15 de julio. Tres de ellos fueron condenados a muerte y otros 55 a penas de cárcel que oscilaban entre los 10 años y la cadena perpetua. Cinco personas fueron absueltas. Ninguna de las 19 personas declaradas culpables en los primeros dos juicios presentó una defensa substancial, pero un destacado acusado en el último juicio se defendió con fuerza de los cargos que se le imputaban. Antoine Ntirabampa, reconocido vice-presidente del PALIPEHUTU, fue detenido en septiembre de 1991 y acusado de instar a los refugiados residentes en el extranjero a volver clandestinamente a Burundi para llevar a cabo ataques armados. El negó las acusaciones e insistió en que se le permitiera presentar testigos de la defensa, pero no está claro si se le permitó hacerlo. El y otras dos personas fueron condenados a muerte tras ser declarados culpables de intentar derribar al gobierno de Burundi y de incitar a otros a cometer homicidios. Los otros fueron declarados culpables de participación en homicidos o saqueos. Una persona fue condenada a un año de prisión por confeccionar documentos de identidad falsos.

Hasta ahora los condenados en Burundi tienen derecho de apelación, pero Amnistía Internacional siente preocupación porque no han sido juzgados con las debidas garantías, en especial porque no se les permitió contar con asesoramiento jurídico y no pudieron defenderse adecuadamente. La organización también siente gran preocupación por las cinco condenas a muerte impuestas y pide su conmutación inmediata; las últimas ejecuciones de presos condenados a muerte en Burundi tuvieron lugar en 1981.