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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 31/94

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A: ENCARGADOS DE PRENSAÍndice de AI: NWS 11/31/94/s

DE: OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 1994

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - INDIA, INDONESIA, BULGARIA

INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

Kuwait - 24 de febrero - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 170/93

Mujeres - 8 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 161/26

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

Parlamento Europeo y Manual de «desapariciones» y homicidios políticos -23 de febrero VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 22/94

Turquía - 10 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 26/94

PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA

Arabia Saudita - 31 de marzo Les enviaremos más información próximamente.

Colombia - 16 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 123 + AAUU AMR 23/56+57/93/s

Sudáfrica - 23 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 05/94

Servicio de Noticias 31/94

Índice AI: ASA 20/WU 02/1994

16 de febrero de 1994

INDIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL HA RECIBIDO CON SATISFACCIÓN LA PROPUESTA PARA VISITAR JAMMU Y CACHEMIRA

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción un comunicado del ministro de Asuntos Exteriores, Dinesh Singh, según el cuál el gobierno está considerando la posibilidad de permitir la visita de la organización a los estados indios de Jammu y Cachemira. Una de las prioridades de Amnistía Internacional ─manifestada en numerosas ocasiones─ ha sido la visita a estos dos estados, ya que la situación de los derechos humanos en la zona suscita gran preocupación. Muy pronto, Amnistía Internacional presentará al gobierno de India la propuesta que está elaborando para realizar dicha visita próximamente.

Servicio de Noticias 31/94

ÍNDICE AI: ASA 21/WU 05/1994

16 de febrero de 1994

INDONESIA: EL GOBIERNO NO CUMPLE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Amnistía Internacional ha criticado al gobierno de Indonesia porque no está cumpliendo, salvo en contadas excepciones, ni con el espíritu ni con el contenido de las recomendaciones de la resolución adoptada en marzo de 1993 por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Timor Oriental,

En un documento publicado hoy, Amnistía Internacional acusa al gobierno indonesio de ocultar información sobre la suerte y la identidad de las víctimas de homicidios y desapariciones forzadas en la matanza de Santa Cruz. Aunque algunos militares y agentes de policía fueron juzgados en 1992, los responsables últimos de la matanza de Santa Cruz aún no han comparecido ante los tribunales, y sigue habiendo grandes discrepancias entre las penas que se imponen a los soldados y a los manifestantes civiles pacíficos.

Amnistía Internacional considera que el problema radica en el hecho de que no se hayan realizado investigaciones completas e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos ni en Timor Oriental ni en la misma Indonesia. Muy pocas veces los responsables de estos abusos son juzgados, y cuando lo son, reciben condenas muy cortas que no guardan relación con la gravedad del delito cometido.

El gobierno sigue sin liberar a los presos de conciencia de Timor Oriental encarcelados tras la matanza de Santa Cruz, y continúa deteniendo y atormentando a los supuestos opositores. Unos 20 presos de Timor Oriental permanecen encarcelados por delitos políticos; algunos de ellos cumplen penas de cadena perpetua, impuestas en juicios sin las debidas garantías.

Pero el problema de los presos políticos no es exclusivo de Timor Oriental. En el territorio de Indonesia y Timor Oriental unos 400 presos cumplen actualmente condena por delitos políticos. Decenas de presos políticos continúan detenidos en espera de juicio, entre ellos 21 activistas de derechos humanos arrestados en los últimos tres meses.

Amnistía Internacional ha señalado que el gobierno sólo ha empezado a cumplir una de las 11 recomendaciones que propuso el Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, en 1992. Y ni siquiera hay muchas garantías de que se esté respetando esta recomendación.

El gobierno ha tomado algunas medidas positivas, como la autorización de la visita de los enviados del secretario general de Naciones Unidas, y la autorización para que un Relator Especial de la ONU visite Timor Oriental en 1994. Pero, según el informe, las organizaciones humanitarias ─entre ellas Amnistía Internacional y la Cruz Roja─ no pueden visitar Timor Oriental. También hay muchas restricciones y coacciones que dificultan la labor de los grupos de derechos humanos locales.

Amnistía Internacional analiza en el informe la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de marzo de 1993 y hace algunas recomendaciones a la Comisión y a los Estados miembros de Naciones Unidas. La organización concluye que mientras la mayoría de las recomendaciones de la Comisión se refieren específicamente a Timor Oriental, los problemas identificados y las propuestas ofrecidas deberían ser aplicados también a la propia Indonesia. Al centrarse en la situación de los derechos humanos en Timor Oriental, los estados miembros de las Naciones Unidas han pasado por alto el problema de las sistemáticas violaciones de derechos humanos infligidas por las fuerzas de seguridad en todo el archipiélago indonesio. Por ello, la organización insta a la Comisión a que en su periodo de sesiones de este año apruebe una nueva resolución reiterando las mismas recomendaciones del año pasado para Timor Oriental, pero que amplíe el ámbito de aplicación a Indonesia.

Servicio de Noticias 31/94

ÍNDICE AI: EUR 15/WU 01/1994

16 de febrero de 1994

BULGARIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL HA ESCRITO AL PRESIDENTE PARA PEDIRLE LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

Amnistía Internacional siente gran preocupación por la decisión de la Asamblea Nacional de Bulgaria de someter a votación próximamente la supresión de una moratoria sobre la pena de muerte, en vigor desde el 20 de julio de 1990. El 15 de febrero, la organización escribió al presidente de Bulgaria, Zhelyu Zhelev, para expresarle sus temores.

La preocupación de Amnistía Internacional surgió cuando el presidente en una entrevista de radio el 6 de febrero de 1993, declaró: «En principio, me opongo totalmente a la pena de muerte porque se ha demostrado científicamente que no reduce los índices de delincuencia...Pero ante la situación de extrema violencia que estamos viviendo, estoy a favor de que se suprima la moratoria sobre la pena de muerte hasta que se reemplace en la legislación la pena de muerte por cadena perpetua».

Amnistía Internacional manifestó que aunque el presidente Zhelev parecía reconocer que no hay pruebas convincentes de que la aplicación de la pena de muerte reduce el número de delitos graves, su declaración sugería que el aumento de la delincuencia en Bulgaria justifica la reanudación de las ejecuciones hasta que se reemplace en la legislación la penas de muerte por la cadena perpetua.

En abril de 1992, en vísperas de la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Amnistía Internacional pidió a Bulgaria que firmara el Convenio y también su Sexto Protocolo, por el cual Bulgaria se comprometía formalmente a abolir la pena de muerte en tiempo de paz.

En julio de 1992, el presidente Zhelev escribió a Amnistía Internacional: «En su resolución del 12 de marzo de 1992 el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros de la Comunidad Europea y del Consejo de Europa que adoptaran las medidas necesarias para abolir la pena de muerte. De acuerdo con esto, estamos haciendo todo cuanto está en nuestra mano para abolir de la legislación búlgara esta medida inhumana y alinearnos con la mayoría de los Estados europeos, en los que esto hace tiempo que es una realidad.»

Amnistía Internacional recordó en su carta al presidente Zhelev que la pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida y con el derecho a no ser objeto de penas crueles, inhumanas o degradantes. La organización considera que la pena de muerte es esencialmente injusta y arbitraria, por muy grave que sea el delito cometido y por muy escrupulosos que sean los procedimientos de aplicación. Es irreversible y, aunque las salvaguardias judiciales sean muy rigurosas, siempre existe la posibilidad de matar a una persona inocente. La pena de muerte no sirve ni para proteger a la sociedad ni para aliviar el sufrimiento causado a las víctimas del delito. Está claro que el uso de la pena de muerte puede hacer que las sociedades no se molesten en buscar otros métodos efectivos para acabar con los delitos graves.

Amnistía Internacional ha instado al presidente a rechazar la reanudación de las ejecuciones. Atendiendo al artículo 28 de la Constitución búlgara, que afirma: «Todas las personas tienen derecho a la vida», la organización declaró que ha instado también al presidente Zhelev a que pida al Tribunal Constitucional de Bulgaria que lleve a cabo una revisión judicial de la pena de muerte, esperando que esto lleve a la abolición de este castigo.