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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 58/94

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A: ENCARGADOS DE PRENSAÍNDICE AI: NWS 11/58/94/s

DE: OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO

FECHA: 23 DE MARZO DE 1994

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - BULGARIA, SUIZA Y TURQUÍA (X2)

NOTA: Las traducciones al alemán, español y francés del punto adjunto sobre Suiza y el documento que lo acompañará estarán listas antes de la fecha de publicación.

INICIATIVAS DE PRENSA ─ INTERNO

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

Burundi - 16 de mayo - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 53/94 Y 36/94

Hong Kong - 21 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

China - 29 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 54/94

Turquía - 30 de marzo - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 46/94 Y 26/94

Suiza y el Comité contra la Tortura - 19 DE ABRIL - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94

Israel y los Territorios Ocupados y el Comité contra la Tortura - 25 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94

PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA

Arabia Saudita - 10 de mayo - Les mantendremos informados.

Informe anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94

Servicio de Noticias 58/94

ÍNDICE AI: EUR 15/WU 02/1994

23 DE MARZO DE 1994

BULGARIA: PREOCUPACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL POR LAS AGRESIONES CONTRA LA COMUNIDAD ROMANÍ (GITANA)

Amnistía Internacional siente grave preocupación por los informes sobre las agresiones por motivos raciales contra la comunidad romaní del pueblo de Dolno Belotintsi, iniciadas el 25 de febrero de 1994 y que han continuado desde entonces de forma esporádica. La organización de derechos humanos está especialmente preocupada por los informes que indican que la mayoría de la comunidad romaní fue obligada a abandonar sus domicilios y a huir del pueblo debido a que las autoridades no la proporcionó la protegió adecuada.

Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, las agresiones y los hostigamientos contra la comunidad romaní de Dolno Belotintsi comenzaron el 25 de febrero, después de que un soldado, que había desertado de su unidad, robó y asesinó a un vecino del pueblo. Los vecinos capturaron al soldado, que era miembro de la comunidad romaní, y lo entregaron a la policía.

Esa tarde comenzaron una serie de ataques contra los domicilios romaníes para obligar a los integrantes de esta comunidad, compuesta por unas 20 familias, a abandonar el pueblo. Los vecinos forzaron las casas romaníes, rompieron las ventanas y destruyeron muebles y otros enseres domésticos. Muchas de las casas forzadas estaban vacías en ese momento, debido a que sus ocupantes habían huido por miedo. Después, por la noche, un grupo de hombres del pueblo, armados con hachas, horcas, estacas y pistolas, obligaron a unos 30 romaníes a que abandonaran sus domicilios y a que iniciaran una marcha de ida y vuelta a Nikolovo, pueblo situado a unos 3 kilómetros. La mayoría de estas personas a las que obligaron a realizar esta marcha eran mujeres con sus hijos y ancianos, que no habían huido del pueblo. Una de ellas, Vania Nilolova, realizó la marcha con su bebé de 10 días. Durante la marcha, les dirigieron insultos racistas, les amenazaron con arrojarles por el puente y a algunas de las mujeres las amenazaron con agresiones sexuales.

Según informes, las agresiones continuaron con la misma intensidad durante los siguientes dos días. Después de una reunión de los vecinos del pueblo el 27 de febrero, se envió una carta al Presidente de la República pidiéndole que expulsara a los romaníes del pueblo y que levantara la moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte. Sólo se dio permiso para permanecer en el pueblo a tres de las 20 familias. Se decidió que los demás serían expulsados.

Según informes, aunque las víctimas de las agresiones presentaron varias denuncias, una de ellas, por ejemplo, después de la marcha y otra después de la reunión del pueblo, no recibieron en ningún momento protección del Departamento de Policía Regional ni del fiscal del condado. Un agente de policía local, destinado en el pueblo, afirmó que no había estado presente cuando se obligó a los romaníes a realizar la marcha ni cuando la reunión del pueblo. Según informes, el agente también dijo que había pedido refuerzos al Departamento de Policía Regional, pero que no se los habían enviado y que había tenido miedo a intervenir por su propia seguridad. Como consecuencia de estas agresiones, la mayoría de los habitantes romaníes han huido del pueblo.

Amnistía Internacional cree que la presunta falta de una adecuada protección frente la violencia racial contra la comunidad romaní de Dono Belotintsi, representa una violación flagrante de las normas internacional de derechos humanos de las que Bulgaria es Estado parte. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que todos los Estados partes se comprometen a respetar y a garantizar para todos los individuos de su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción de ningún tipo por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otras condiciones sociales.

Amnistía Internacional ha escrito a menudo al gobierno búlgaro manifestándole su preocupación por los informes sobre las torturas o malos tratos que agentes de policía han infligido a miembros de la comunidad romaní. Cada vez que lo ha hecho, la organización ha instado al gobierno búlgaro a que acate sus obligaciones como Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y a emprender sin dilación investigaciones imparciales; a hacer públicos los resultados y a llevar ante los tribunales a todos los responsables de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha obtenido ninguna respuesta del gobierno búlgaro sobre estos casos. Amnistía Internacional siente preocupación debido a que esta aparente impunidad puede provocar más actos de violencia racial, como los perpetrados en el pueblo de Dolno Belotintsi.

Después de los incidentes de Dolno Belotintsi, Amnistía Internacional ha vuelto a escribir al gobierno búlgaro y le ha instado a que inicie sin demoras una investigación exhaustiva e imparcial sobre esos incidentes, y a que le informe de sus conclusiones.

A Amnistía Internacional también le gustaría que le informaran sobre las medidas que el gobierno búlgaro va a tomar para garantizar que los miembros de la comunidad romaní que fueron obligados a abandonar Dolno Belotintsi pueden volver en condiciones de seguridad a sus domicilios.

Servicio de Noticias 58/94

ÍNDICE AI: EUR 44/WU 09/1994

NO PUBLICAR ANTES DEL 30 DE MARZO DE 1994

TURQUÍA: LA DISCRIMINACIÓN AMENAZA A LOS SOLICITANTES DE ASILO DE PAÍSES NO EUROPEOS

La protección a los refugiados en Turquía ha alcanzado un punto crítico, y la seguridad de cientos de solicitantes de asilo y de refugiados está amenazada, ha dicho Amnistía Internacional en un informe que publica hoy.

Recientemente, cientos de iraquíes, iraníes y tunecinos han sido devueltos a la fuerza a los países de los que llegaron, a pesar de que muchos corrían el peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos en esos países. Por contraste, a fines de los años 80, en Turquía se concedió protección a unas 330.000 personas de etnia turca que habían huido de Bulgaria y, más recientemente, desde el inicio del conflicto en Bosnia-Herzegovina en 1992, unos 20.000 refugiados musulmanes de Bosnia han sido aceptados en Turquía.

Según Amnistía Internacional, «aunque Turquía tiene derecho a controlar la admisión de personas en su territorio, esto no debe entrar en conflicto con las obligaciones que ha contraído en virtud de su adhesión los instrumentos internacionales de derechos humanos; todas las personas, independientemente del país de procedencia, tienen el derecho universalmente reconocido de que se impida que sean devueltas a un lugar donde pueden ser encarceladas, torturadas o muertas».

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Turquía que acate las obligaciones que ha contraído al adherirse a los instrumentos internacionales de no devolver forzadamente a las personas a países donde pueden sufrir graves violaciones de derechos humanos, de establecer procedimientos de asilo justos y eficaces para todos los solicitantes de asilo y de ofrecer garantías públicas de que los recientes acuerdos de seguridad con otros países no pondrán en peligro a los refugiados y a los solicitantes de asilo.

En los últimos meses, se ha repatriado forzadamente a más de 300 iraquíes de Turquía al norte de Iraq. Entre ellos había varias personas reconocidas como refugiados y otras cuyos casos estaban siendo examinados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR); algunas estaba en espera de ser admitidas en otros países. En enero de este año, se expulsó al menos seis solicitantes de asilo iraníes, entre ellos uno que había sido reconocido como refugiado. En 1993, dos refugiados tunecinos fueron encarcelados en Túnez después de ser repatriados forzadamente por las autoridades turcas.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 prohíbe repatriaciones forzadas de este tipo. El gobierno turco dice que sólo tiene obligaciones con los europeos, de acuerdo con el objetivo original de la Convención, centrado en las personas que se convirtieron en refugiadas después de la II Guerra Mundial. Pero de los más de 120 países que forman parte de la convención y de su protocolo posterior, sólo Turquía y otros dos Estados mantienen esta limitación geográfica.

Turquía se encuentra en medio de una zona asolada por los conflictos. A fines de los años 80, miles de iraquíes huyeron de allí después de las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno iraquí, y otras 500.000 huyeron para escapar de la violenta represión de un levantamiento que se produjo en Iraq después del fin de la Guerra del Golfo en 1991. Cientos de solicitantes de asilo iraníes entran en Turquía todos los años. Y en los últimos dos años, decenas de ciudadanos tunecinos, que huían de la tortura y los malos tratos, han pedido protección en Turquía.

No existen disposiciones legales para que las personas que no son de países europeos pidan asilo a las autoridades turcas. A lo largo de los años, se ha logrado un acuerdo extraoficial entre el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y el gobierno turco, el cual permite a los solicitantes de asilo de países no europeos permanecer en Turquía mientras el ACNUR examina sus casos y hasta que se encuentre un país que admita a las personas que se reconozca como refugiados. Pero ahora parece que este acuerdo se está derrumbando. Por ejemplo, a fines de diciembre de 1993, la policía detuvo a varios solicitantes de asilo iraquíes cuando iban a ponerse en contacto con la oficina de la ACNUR en Ankara y, a pesar de las protestas del organismo internacional, las repatriaron forzadamente a Iraq.

Incluso dentro de Turquía, la situación de los solicitantes de asilo es insegura, y corren el peligro de que la policía turca los hostigue y someta a malos tratos. Asimismo, desde agosto de 1993, en Turquía han sido asesinados tres iraníes que pertenecían a grupos de oposición en circunstancias que sugerían que los homicidios fueron perpetrados por agentes iraníes. El clima de inseguridad ha aumentado con los protocolos de acuerdo sobre problemas de seguridad comunes con Irán y con la aplicación de los acuerdos de extradición vigentes. Aunque los funcionarios turcos insisten en que estos acuerdos no se refieren a las personas que huyen de la persecución política, Amnistía Internacional sigue preocupada debido a que los protocolos de seguridad pueden, en realidad, servir de obstáculo a los solicitantes de asilo iraníes que huyen de las violaciones de derechos humanos. Además, en enero de 1993, el gobierno turco también acordó con Túnez impedir que los miembros de la oposición se refugiaran en Turquía, e informar sobre sus actividades si los encontraban.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades turcas que supriman las limitaciones geográficas que impiden que los refugiados de países no europeos obtengan el asilo en Turquía, que establezcan procedimientos justos y satisfactorios para tramitar todas las peticiones de asilo, y que ofrezcan garantías públicas de que los acuerdos de seguridad con otros países no serán un obstáculo para las personas que piden asilo en Turquía ni ampararán su repatriación forzada a países donde pueden sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Dado que en la actualidad a los refugiados de países no europeos no les permiten permanecer en Turquía, la única protección eficaz que pueden recibir es su admisión legal en otros países; para los que no lo consiguen, el riesgo de la deportación aumenta según transcurren los meses. Amnistía Internacional ha instado a los países que tienen programas de admisión de refugiados que tramiten las peticiones rápidamente y que tengan muy en cuenta los riesgos que corren estas personas. Amnistía Internacional también ha pedido a los demás gobiernos que no devuelvan a los solicitantes de asilo de países no europeos a Turquía, porque este país no ofrece una protección real a estos solicitantes de asilo.

Servicio de Noticias 58/94

ÍNDICE AI: EUR 44/WU 10/1994

23 DE MARZO DE 1994

TURQUÍA: HOSTIGAMIENTOS A LOS OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SUDESTE: ¿QUÉ OCULTA TURQUÍA?

Amnistía Internacional siente preocupación por los informes sobre los hostigamientos y la obstrucción que están sufriendo las delegaciones extranjeras que visitaron Turquía para vigilar la situación en las provincias de sudeste durante el Nevruz, la fiesta de año nuevo kurda que tiene lugar el 21 de marzo, y las elecciones locales del 27 de marzo. En 1992, las fuerzas de seguridad mataron a más de 100 civiles kurdos durante los disturbios que se produjeron después de las manifestaciones en relación con la festividad.

Más de 300 periodistas, activistas de derechos humanos, abogados y políticos extranjeros han ido como observadores a las provincias mayoritariamente kurdas del sudeste donde está vigente la legislación de emergencia. Muchos han informado que les están impidiendo moverse libremente y establecer contacto con las personas de la zona, o investigar los informes sobre violaciones de derechos humanos; en varios casos, la policía ha confiscado los pasaportes de los delegados y les ha prohibido salir del hotel o les ha exigido que haya policías presentes que presencien los diálogos que mantengan con los representantes de la Asociación de Derechos Humanos Turca, o incluso entre delegaciones.

Dos delegaciones de alemania fueron deportadas de Van a Estambul y Ankara, y la policía detuvo a dos miembros de la sección local de la Asociación de Derechos Humanos, aunque posteriormente los liberó. Ali Kurt y Zeynel Kirak, los intérpretes que acompañaban a un delegación de Frankfurt, fueron detenidos en la localidad de Dicle, en la provincia de Diyarbakir, mientras la delegación era trasladada a Diyarbakir.

Siete miembros de una delegación británica que viajaba a Siirt fueron sacados de su autobús, detenidos junto con sus intérpretes kurdos e interrogados antes de ser liberados. Una delegación suiza, integrada por 10 personas, fue detenida a su llegada al aeropuerto de Van, aunque la liberaron a las dos horas. La delegación informó que en todos sus desplazamientos iban acompañados de una fuerte escolta policial. Un delegación británica informó que las fuerzas de seguridad tomaron notas y filmaron sus conversaciones con las personas de la zona.

En enero, Amnistía Internacional manifestó que se estaba empleando la censura informativa para ocultar las violaciones de derechos humanos cometidas en la zona por las fuerzas de seguridad al amparo del estado de emergencia. Aunque la tortura ha sido un motivo de preocupación en Turquía desde hace tiempo, la organización ha registrado cientos de homicidios políticos desde 1991, muchos en circunstancias que sugerían la participación de las fuerzas de seguridad. En los últimos meses, las desapariciones forzadas, fundamentalmente de activistas políticos y habitantes kurdos de la zona, han aumentado gravemente. Amnistía Internacional también se ha dirigido a la dirección del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) para condenar las amenazas que han dirigido a los civiles que rompan su boicot a las elecciones locales. Al parecer, miembros del PKK ya han abatido a tiros a dos candidatos.

Amnistía Internacional cree que la vigilancia por parte de observadores extranjeros y nacionales es fundamental para evitar los abusos contra los derechos humanos, tanto de las fuerzas de seguridad como de las guerrillas del PKK.