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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 63/94

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A: ENCARGADOS DE PRENSAÍNDICE AI: NWS 11/63/94/s

DE: OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO

FECHA: 31 DE MARZO DE 1994

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - SOMALIA, SUDÁFRICA (BOFUZATSUANA)

INICIATIVAS DE PRENSA ─ INTERNO

NOTA: El artículo adjunto sobre Somalia se enviará hoy a los medios de comunicación internacionales.

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

**Sudáfrica - 8 de abril** - Un informe sobre Bofuzatsuana y un comunicado de prensa sobre la lección que debe aprenderse de los sucesos de Bofuzatsuana. El comunicado de prensa va adjunto. El informe acaba de terminarse; se lo enviaremos el martes por correo urgente. Si necesitaran copias antes de este día, llamen a Dina a la oficina de prensa.

Hong Kong - 21 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94

Sindicalistas - 29 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62

Arabia Saudita - 10 de mayo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62

Burundi - 16 de mayo - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 53/94 Y 36/94

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

Turquía - 30 de marzo - VÉANSE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 46/94 Y 26/94

Suiza y el Comité contra la Tortura - 19 DE ABRIL - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94

Israel y los Territorios Ocupados y el Comité contra la Tortura - 25 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94

PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA

Informe anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94

Servicio de Noticias 63/94

AFR 52/WU 01/94/s

31 de marzo de 1994

LOS DERECHOS HUMANOS, CUESTIÓN PRIORITARIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SOMALIA

Tras la salida de Somalia de los últimos soldados de los 20.000, entre estadounidenses y occidentales, que participaban en la operación de mantenimiento de la paz en Somalia de las Naciones Unidas (UNOSOM II), Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a la ONU y a todos los grupos políticos somalíes para que aúnen sus esfuerzos en defensa de la paz y los derechos humanos, y ha instado a ambos a considerar los derechos humanos como cuestión prioritaria en el año que queda de mandato esta agitada operación humanitaria de la ONU.

Amnistía Internacional ha criticado la escasa atención que se ha prestado hasta ahora a los derechos humanos en la operación UNOSOM. «La ONU está obligada a proteger y promover los derechos humanos» ha afirmado la organización. En noviembre de 1993 se creó una Oficina de Derechos Humanos dependiente de la UNOSOM, y se ha propuesto el establecimiento de una Oficina de Denuncias al Ombudsman. Pero ambos organismos, según Amnistía Internacional, aún no disponen de la financiación ni del apoyo necesario para tratar con eficacia los abusos contra los derechos humanos, ya sean por parte de la ONU o de las fuerzas somalíes.

Aparte de las nuevas propuestas sobre derechos humanos que Amnistía Internacional está planteando a la ONU, la organización ha hecho un llamamiento a los grupos políticos rivales en Somalia para que lleven a la práctica la nueva declaración de paz y reconciliación que el general Aidid y Ali Mahdi firmaron en Nairobi el 24 de marzo. Amnistía Internacional les ha instado a hacer valer su autoridad sobre sobre sus milicias y simpatizantes armados y a acabar con los homicidios y el maltrato de los miembros de grupos políticos o clanes opositores. Según la organización, son los propios grupos políticos somalíes quienes deben hacer un serio intento de establecer la primacía de la ley y el respeto de los derechos humanos.

Los civiles somalíes han sufrido abusos contra los derechos humanos por parte de todos los bandos implicados en el conflicto. Los abusos perpetrados por las facciones somalíes en los últimos dos años fueron generalizados, si bien su documentación resultó bastante difícil. Los centenares de detenciones arbitrarias y homicidios cometidos en Mogadiscio por las tropas de la ONU y de Estados Unidos, que a su vez fueron con frecuencia el blanco de disparos y sufrieron en sus propias filas más de 100 bajas, echaron a perder la mayor operación multinacional de mantenimiento de la paz emprendida nunca por la ONU, que entró en su última etapa en mayo de 1993. Estos abusos eclipsaron los esfuerzos de numerosos funcionarios civiles de la ONU para cumplir su mandato humanitario. En el país aún permanecen casi 20.000 soldados de la ONU, con un mandato de reconstrucción y mantenimiento de la paz revisado por el Consejo de Seguridad de la ONU. «Es imprescindible que la ONU aprenda de sus errores para que no vuelva a cometerlos en futuras operaciones de mantenimiento de la paz» declaró Amnistía Internacional.

La matanza de cientos de civiles somalíes en Mogadiscio a manos de tropas estadounidenses y de la ONU ─entre los que se contaban mujeres y niños─ suscitó serias dudas sobre la legitimidad del uso de medios letales en estas operaciones. En una carta remitida al Secretario General Adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional criticaba la insuficiencia de los mecanismos investigadores sobre los homicidios cometidos por las tropas de la ONU y de EE UU. Por ejemplo, los informes indican que el 13 de junio de 1993, las fuerzas paquistaníes de la ONU abatieron a disparos a unos 20 manifestantes somalíes en Mogadiscio, entre los que había mujeres y niños; y el 12 de julio de 1993, las fuerzas estadounidenses mataron a más de 50 somalíes en un complejo residencial, entre ellos ancianos y jefes de clanes desarmados que previamente habían mantenido conversaciones con funcionarios de la ONU.

Amnistía Internacional ha reiterado sus llamamientos a la ONU para que informe públicamente sobre las investigaciones realizadas en torno a éstos y otros incidentes más recientes sobre homicidios presuntamente ilegítimos cometidos por las tropas estadounidenses y de la ONU. Las propias normas de la ONU obligan a este organismo a emprender «investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales» y a hacer públicas sus conclusiones.

La organización también ha enviado sendas cartas a los gobiernos de Paquistán, Canadá, Bélgica y Estados Unidos en relación con las denuncias de abusos cometidos por sus tropas en Somalia. Únicamente Canadá y Bélgica han contestado. En Bélgica, una comisión de investigación comunicó sus conclusiones al Parlamento y a la prensa, y los tribunales militares abrieron investigaciones sobre 13 casos. A su vez, una investigación militar canadiense derivó en el procesamiento de siete soldados y, en el primer consejo de guerra celebrado, que ha concluido este mismo mes, un soldado fue hallado culpable de tortura y homicidio involuntario de un adolescente somalí y condenado a cinco años de prisión. Amnistía Internacional declaró: «Confiamos en que la ONU y los países que participan en esta operación de la ONU estimen la acción canadiense como un ejemplo a seguir. Es fundamental que una operación como ésta se atenga en todo momento a las propias disposiciones de derechos humanos de la ONU. Los individuos que han cometido abusos no deben gozar de impunidad frente al procesamiento».

La operación de la ONU, inspirada en principios humanitarios, adquirió un tono ciertamente beligerante en los cinco meses (algo más) que siguieron a la emboscada y posterior matanza de 24 soldados paquistaníes de la ONU en Mogadiscio, suceso ocurrido en junio de 1993. En la consiguiente acción de caza y captura emprendida contra el general Mohamed Farah Aidid, dirigente de una facción somalí y considerado por la ONU como responsable de los citados homicidios, las tropas de la ONU detuvieron a centenares de somalíes, casi siempre por breves periodos de pocos días o semanas. Los ocho individuos que más tiempo permanecieron en detención, todos ellos oficiales de alta graduación del general Aidid, fueron finalmente excarcelados en enero de 1994 por orden del secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali. Los portavoces de la ONU dieron explicaciones contradictorias sobre los motivos y la base jurídica para encarcelar a personas sin cargos ni juicio, práctica que vulnera las salvaguardias internacionales de derechos humanos establecidas por la propia ONU. El Comité Internacional de la Cruz Roja consiguió establecer contacto con los detenidos, pero a los familiares y abogados no les permitieron acceder a ellos.

Amnistía Internacional ha instado a la ONU a emprender lo antes posible un programa de ayuda en materia de derechos humanos que incluya educación pública en derechos humanos. El aparato legal de la UNOSOM debería contribuir a idear sistemas constitucionales y jurídicos de protección de los derechos humanos, y a su vez la ONU podría organizar cursillos de formación en normativa internacional de derechos humanos destinados a las tropas de la ONU y a los cuerpos civiles de policía. Además, debería instruirse en derechos humanos tanto a los funcionarios de prisiones como a los policías somalíes recientemente reclutados con fondos de la ONU, y no debería permitirse a ninguna persona que haya estado implicada en graves violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Siad Barre (1969-1991) o en el curso de las ulteriores guerras entre clanes ─en las que decenas de miles de personas perdieron la vida y se registraron violaciones generalizadas de mujeres y tortura─ que desempeñe un cargo público en el cual pueda volver a perpetrar abusos contra los derechos humanos.

Índice AI: AFR 53/23/94/s

Distr: SC/PO

NO PUBLICAR ANTES DEL VIERNES 8 DE ABRIL DE 1994

SUDÁFRICA: APRENDER LA LECCIÓN DE LA CRISIS DE BOFUZATSUANA

Amnistía Internacional ha declarado hoy que la matanza de no menos de 100 civiles negros ocurrida en Bofuzatsuana es el producto de no haber intervenido las autoridades sudafricanas con prontitud y eficacia en la crisis que se viene azotando al país desde hace meses. En la provincia de Kwazulu/Natal, las autoridades han permitido que se declare una crisis de los derechos humanos semejante pero de mucha más envergadura, que hasta el momento se ha cobrado un número muy superior de vidas.

El informe de Amnistía Internacional titulado South Africa: Securing the Peace; Issues of justice and accountability in the wake of the Bophuthatswana uprising documenta una pauta de homicidios y otros abusos organizados contra los derechos humanos que el gobierno podría haber evitado con una acción oportuna. La organización también ponía en tela de juicio la disposición del gobierno a proteger a los ciudadanos que temen por sus vidas en un contexto de continuos disturbios en Kwazulu/Natal.

En los agitados incidentes que tuvieron lugar en Bofuzatsuana en la semana del 7 de marzo de 1994, se registraron muertes de civiles a manos de individuos paramilitares blancos de signo derechista, de la policía de Bofuzatsuana y de la Unidad de Estabilidad Interna de la Policía Sudafricana. Al final, la intervención del ejército fue una solución acogida con alivio por miles de sudafricanos negros desesperados que se veían expuestos a sufrir violentas agresiones o violaciones de sus derechos humanos por parte de la policía.

Los atemorizados habitantes de Bofuzatsuana recibieron con satisfacción el despliegue de tropas de la Fuerza Sudafricana de Defensa después de padecer durante meses un trato cada vez más represivo y violento por parte de la Policía de Bofuzatsuana, el terror de los disparos efectuados indiscriminadamente por invasores paramilitares de signo derechista y el progresivo hundimiento de la «patria» en un estado de anarquía total. En su informe, Amnistía Internacional señalaba que los habitantes habían hecho pocas denuncias en relación con la conducta de los miembros de la Fuerza Sudafricana de Defensa en sus esfuerzos para restablecer la paz en el territorio.

Por el contrario, se presentaron denuncias graves contra los miembros de la Unidad de Estabilidad Interna de la Policía Sudafricana que hicieron acto de presencia en Bofuzatsuana entre los días 10 y 13 de marzo. En algunas zonas, al menos, sus métodos para sofocar los desórdenes públicos consistieron en disparar a matar. Amnistía Internacional afirma en su informe que los miembros de la Unidad de Estabilidad Interna estuvieron implicados en la muerte de 13 personas en Mabopane, en los homicidios mediante disparos de Thomas Leketo y otras personas en Temba, en lesiones causadas a decenas de personas en los municipios de Mabopane y GaRankuwa, y en agresiones a personas en el curso de registros domiciliarios o de arrestos en Temba, mafikeng y Mmabatho. Aún no se sabe con certeza a las órdenes de qué autoridades y en virtud de qué instrucciones actuaban estas Unidades de Estabilidad Interna en Bofuzatsuana.

Amnistía Internacional ha manifestado que estos incidentes ponen de manifiesto una vez más la necesidad imperiosa de derogar la legislación aún vigente en Sudáfrica que permite a las fuerzas de seguridad hacer uso de medios letales en situaciones en que no son estrictamente necesarios para la defensa de la vida. Asimismo, ponen de relieve la necesidad urgente, tantas veces señalada, de impartir cursos de reciclaje a la Unidad de Estabilidad Interna y a los restantes cuerpos encargados de hacer cumplir la ley sobre métodos de vigilancia del orden público coherentes con la normativa sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego reconocidas en el ámbito internacional.

Los informes señalan que se ha desplegado otros 800 miembros de la Unidad de Estabilidad Interna han sido desplegados en la provincia de KwaZulu/Natal desde el 29 de marzo, de los cuales algunos, al parecer, fueron retirados este mismo año de East Rand. Tal y como Amnistía Internacional ha descrito pormenorizadamente en un informe anterior, en esta última región la Unidad de Estabilidad Interna se vio implicada en casos de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de individuos pertenecientes a unidades de autodefensa del Congreso Nacional Africano. Por el contrario, en ciertas zonas como el municipio de Umlazi, en Durban, los informes indican que la Unidad de Estabilidad Interna ha actuado con eficacia e imparcialidad para evitar derramamientos de sangre.

Aun así, la organización siente preocupación porque en el municipio de KwaMashu y en otras partes de la provincia de KwaZulu/Natal, donde a fines de marzo perdieron la vida más de 100 personas, los miembros de la Unidad de Estabilidad Interna no han protegido a los habitantes frente a los agresores armados, ni han detenido las flagrantes violaciones de la Ley Electoral de 1993 cuando estaban facultados y obligados a hacerlo, por lo que han suscitado sospechas de connivencia en estos incidentes violentos.

En su informe sobre los homicidios de Bofuzatsuana, Amnistía Internacional afirma que los paramilitares extremistas blancos contribuyeron de forma significativa a elevar el índice de víctimas registrado durante el periodo de agitación. El informe documenta varios incidentes de disparos no provocados por parte de blancos armados contra residentes locales negros ya desde el 10 de marzo, con anterioridad a la llegada de los varios miles de miembros del Afrikaner Volksfront (AVF) que esa noche ocuparon la base aérea de Mmabatho. Asimismo, en el informe se describen los ataques perpetrados entre los días 10 y 13 de marzo por hombres blancos, entre los que había guardias de seguridad que presuntamente simpatizaban con el Movimiento de Resistencia Afrikaner (AWB), contra habitantes de Bofuzatsuana en BaRankuwa y Temba, en el norte de Pretoria. La mayoría de estas fuerzas, de signo derechista, estaban presentes en el territorio de Bofuzatsuana durante el mandato del gobierno del entonces presidente Lucas Mangope y del dirigente del Afrikaner Volksfront, el general Constand Viljoen.

En su informe, Amnistía Internacional hacía un llamamiento a las autoridades para que, como parte del proceso de restablecimiento del orden en el territorio de Bofuzatsuana y de creación de un clima propicio para la celebración de unas elecciones libres y justas, aborde con carácter urgente la tarea de formar a las fuerzas locales de seguridad en métodos de vigilancia del orden público coherentes con las normas internacionalmente reconocidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, así como en métodos apropiados de tratamiento de todas las personas puestas bajo custodia.

Al mismo tiempo, exhortaba a las autoridades a emprender una investigación completa e independiente sobre la implicación de las fuerzas de seguridad en homicidios ilegítimos como consecuencia de un uso injustificado de los medios letales, ejecuciones extrajudiciales ─entre ellas las de dos miembros del Movimiento de Resistencia Afrikaner─ y actos de tortura.

En opinión de Amnistía Internacional, en Sudáfrica no podrá haber una paz duradera en tanto que las fuerzas de seguridad y demás funcionarios del Estado no asuman plenamente su responsabilidad sobre las violaciones de los derechos humanos que han cometido y no se haga justicia a las víctimas de tales violaciones.

NO PUBLICAR ANTES DEL VIERNES 8 DE ABRIL DE 1994