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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 98/94

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A: ENCARGADOS DE PRENSAÍNDICE AI: NWS 11/98/94/s

DE: OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO

FECHA: 10 DE MAYO DE 1994

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - INDIA, CHINA, NICARAGUA, PERÚ, GRECIA

INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

Arabia Saudita- 10 de mayo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62/94

Burundi - 17 de mayo - VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 81/94, 53/94 y 36/94

China - 1 de junio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 81/94

Paquistán - 29 de junio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 81/94

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA

Informe anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94

Servicio de Noticias 98/94

Índice AI: ASA 20/WU 04/94

10 de mayo de 1994

INDIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE LA LIBERACIÓN DE PRESOS DE

CONCIENCIA

Amnistía Internacional siente preocupación porque, según informes, los dos dirigentes políticos de la Conferencia All-Party Hurriyat en Jammu y Cachemira fueron detenidos de nuevo sin cargos ni juicio el viernes 6 de mayo, inmediatamente después de que el Tribunal Supremo ordenara su liberación.

Los dos hombres, Sayed Shah Geelani y Abdul Gani Lone son, al parecer, presos de conciencia. Los dos fueron detenidos por primera vez en octubre de 1993 tras encabezar manifestaciones en Jammu y Cahemira en protesta por el asedio armado del santuario musulmán más importante de Cachemira, que había sido ocupado por separatistas cachemirenses. Los dos hombres han permanecido detenidos desde entonces en virtud de la Ley de Seguridad Pública.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno indio que aclare los motivos de su detención y si existen cargos criminales contra ellos, pero no ha recibido respuesta. La organización cree que están detenidos por expresar pacíficamente sus ideas políticas.

El 16 de octubre de 1993, el ejército indio rodeó la mezquita de Hazratbal, considerada como un lugar sagrado por los musulmanes de la conflictiva región de Jammu y Cachemira, porque un grupo de entre 20 y 50 separatistas cahechemirenses armados habían entrado en la mezquita. El gobierno afirmó que había recibido información según la cual los separatistas se trataba de un intento de robar una reliquia religiosa que se guarda dentro del edificio, pero según informes recientes, los militares lo acordonaron porque creían que un líder de los separatistas se encondía allí. Según los informes, unos 150 civiles quedaron atrapados dentro de la mezquita.

Durante el mes siguiente hubo muchos enfrentamientos entre civiles locales y las fuerzas de seguridad indias, se convocaron huelgas y se impusieron toques de queda durante las 24 horas del día en varias zonas. Sayed Ali Shah Geelani y Abdul Gani Lone fueron detenidos después de encabezar una de las manifestaciones, y no se tienen noticias de que hayan usado la violencia o abogado por ella.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a Abdul Gani Lone y a Syad Ali Shah Geelani.

Servicio de Noticias 98/94

Índice AI: ASA 17/WU 08/94

10 de mayo de 1994

CHINA: CONTINÚAN LAS DETENCIONES MIENTRAS EL PARLAMENTO DE CHINA ESTUDIA LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS LEYES QUE INCREMENTEN EL PODER PARA DETENER A LOS DISIDENTES

Amnistía Internacional ha pedido la liberación de cuatro miembros de la Asociación de Derechos Humanos, con sede en Shanghai. Según informes, tres de ellos fueron detenidos la semana pasada en esta ciudad y el otro lleva recluido desde mediados de abril.

Li Guotao, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Shanghai, fue detenido el 1 de mayo. Los otros dos miembros detenidos recientemente son Dai Xuezhong, activista local arrestado dos días después de Li Guotao y Ling Muchen, artista detenido el 6 de mayo cuando estaba a punto de tomar un avión a EE UU, donde iba a estudiar.

Otro miembro de la asociación, a la que las autoridades de Shanghaile negaron la legalización el año pasado, fue detenido el mes pasado durante la visita a Shanghai del primer ministro francés. A Wang Fuchen no se le ha vuelto a ver desde entonces. Las detenciones de estas personas son las últimas de una serie de detenciones de disidentes que se han producido tanto en Shanghai como en Pekín a los largo de los dos últimos meses.

Las noticias de estos arrestos se producen inmediatamente después de un informe publicado por la Agencia de Noticias Nueva China el 5 de mayo, según el cual el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo -el parlamento chino- estaba estudiando un borrador de disposiciones suplementarias que se añadirían a la ley existente sobre delitos contra el orden público. Si se adopta el texto, añadirá 18 nuevos delitos públicos a a los ya incluidos en la ley existente.

Amnistía Internacional siente preocupación porque varios de los 18 nuevos delitos parecen tener como objetivo reprimir a los miembros de grupos religiosos no autorizados, a miembros de grupos étnicos que abogan por la independencia nacional y a disidentes políticos.

Según informes, los nuevos delitos incluyen, por ejemplo, «alterar el orden público y dañar la salud de las personas mediante actividades religiosas»; «avivar los conflictos entre las nacionalidades, dañando su unidad e incitando a la separación de las nacionalidades»; «llevar a cabo actividades en nombre de una organización social no aurtorizada» o «continuar trabajando en nombre de una organización después de haber sido revocada su legalización, o de haber sido disuelta o simplemente prohibida»; y «desobedecer las disposiciones de control» mientras se encuentran bajo vigilancia, privados de derechos políticos o en libertad condicional.

Esta última disposición afectará especialmente a los ex presos políticos, que son sometidos normalmente a diversas restricciones tras su liberación si se considera que han violado las limitaciones que se les habían impuesto.

Las disposiciones suplementarias propuestas serán el complemento de una ley sobre orden público que entrará en vigor en 1987. En virtud de esta ley, los ciudadanos pueden ser multados, detenidos durante un periodo de hasta 15 días o recibir una advertencia formal para delitos menores relacionados con el orden público, tales como entorpecer el tráfico o tener una pelea en un lugar público. No se sabe si el alcance de las penas que propone seguirá siendo el mismo para los nuevos delitos.

Esta ley pertenece a la categoría de ley administrativa. Confiere a la policía la facultad de determinar si se ha cometido un delito y de imponer las penas estipuladas por la ley. Así, la policía puede imponer multas o periodos de detención por su cuenta, sin ningún proceso judicial, por infracciones de la ley que no se consideran lo suficientemente graves como para castigarlas mediante el procedimiento legal que establece la legislación penal china.

Amnistía Internacional siente preocupación porque la legislación propuesta, si se adopta, incrementará los ya amplios poderes de que goza la policía en China para detener y castigar, sin tener que rendir cuentas de su actuación, a cualquier persona que, en su opinión, se oponga a la política oficial. La organización de derechos humanos insta a los legisladores chinos a que no adopten disposiciones que lleven a cometer violaciones de derechos humanos.

Servicio de Noticias 98/94

Índice AI: AMR 43/WU 01/94

10 de mayo de 1994

NICARAGUA: EL JUICIO POR LA MUERTE DE JEAN PAUL GENIE, UNA PRUEBA DE LA PERSISTENCIA DE LA IMPUNIDAD

A Jean Paul Genie Lacayo lo mataron en octubre de 1990. Tres años después, su caso sigue sin resolverse, pero el juicio contra los presuntos autores de su muerte, celebrado ante un tribunal militar, se ha convertido en una prueba de la subordinación de la autoridad militar a la civil en Nicaragua.

En agosto de 1993, el gobierno nicaragüense promulgaba una Ley de Amnistía en respuesta a la espiral de violencia política e indicaba que uno de los objetivos que perseguía con esa ley era obtener la confianza pública en el compromiso del Estado de investigar las violaciones graves de derechos humanos y procesar a los responsables.

Amnistía Internacional ha afirmado: «El juicio por la muerte de Jean Paul Genie Lacayo es sólo uno de los muchos casos que indican que el gobierno de Nicaragua hasta ahora no ha cumplido ese compromiso».

La organización de derechos humanos duda seriamente que la jurisdicción militar sea la apropiada en este caso. Amnistía Internacional exponía detalladamente sus preocupaciones en una carta enviada recientemente a la presidenta de Nicaragua y afirmaba que no considera que el sistema judicial militar vigente en el país garantice un juicio imparcial en este caso. La organización siente especial preocupación porque las fuerzas armadas parecen haber obstaculizado cada una de las etapas de la investigación sobre el homicidio.

Amnistía Internacional teme también que las próximas etapas del proceso no se desarrollen de acuerdo con las normas internacionales, debido a la legislación vigente en Nicaragua sobre las apelaciones en el marco de la jurisdicción militar. En el caso de que se presente recurso de casación por la sentencia emitida por el fiscal militar, la Auditoría Militar tiene la facultad de remitir el proceso a la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista para que determine si el recurso deberá ser admitido. Si el recurso es aceptado, lo examinará la Corte Suprema de Justicia, en la cual podrán integrarse, como miembros adicionales, cuatro militares nombrados por la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista.

Amnistía Internacional siente especial preocupación por el nivel de participación del ejército en el juicio teniendo en cuenta que el actual comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista está acusado de encubrimiento en el homicidio de Genie.

Amnistía Internacional ha afirmado: «La aplicación de la jurisdicción militar en este caso permite una intromisión indebida por parte de las autoridades militares que constituye una flagrante violación al debido proceso.»

La organización de derechos humanos cree que este es sólo uno de los numerosos ejemplos que demuestran la existencia de una constante de persistente impunidad para los abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales y por los grupos de rebeldes armados en Nicaragua, a pesar de las declaraciones hechas por el gobierno al aprobar la Ley de Amnistía.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades nicaragüenses a tomar las medidas adecuadas para garantizar que el caso de Jean Paul Genie, así como otros casos de presuntas violaciones de derechos humanos, se remitirá a tribunales competentes que puedan garantizar un juicio justo, pronto e imparcial.

La organización ha declarado: «En el futuro debe legislarse para que sean los tribunales civiles los que lleven a cabo todas las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en las que estén presuntamente implicados miembros de las fuerzas de seguridad»

Amnistía Internacional ha instado asimismo a que se investigue rigurosamente todo indicio de obstrucción a lo largo de este proceso, y que se enjuicie tanto a los responsables de haber cometido el crimen como a los que obstaculizaron las investigaciones. «Como mensaje inequívoco a la sociedad nicaragüense, reanimaría la convicción pública de que ya no habrá impunidad para los que violen los derechos humanos», ha afirmado la organización.