BOLETÍN INTERNACIONAL - ENERO 1997 - NOTICIAS

Pie de foto:

Multitud hambrienta, frente a un almacén en Goma, Zaire, en noviembre de 1996. A menos que se protejan los derechos humanos, no se pondrá fin a la crisis que atraviesa África Central.

© AP/ David Guttenfelder

REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS

Crisis de derechos humanos en África Central

Cientos de miles de personas siguen corriendo peligro de muerte en el este de Zaire y países vecinos. Décadas de desgobierno y atrocidades masivas han enfrentado a las poblaciones. Pero los numerosos y dispares grupos de Ruanda, Zaire y Burundi tienen algo en común: todos corren grave riesgo de que los maten o torturen las fuerzas del gobierno o rebeldes.

En octubre de 1996, cientos de civiles murieron en el este de Zaire a manos de tropas zaireñas y de un grupo armado tutsi. Cuando los rebeldes tomaron la ciudad de Bukavu, los periodistas contaron 82 cadáveres, incluyendo el del arzobispo de Bukavu, que había acusado a los rebeldes de recibir apoyo del gobierno ruandés. Las tensiones étnicas en la región llevaban años alimentándose, exacerbadas por los reiterados abusos de las tropas zaireñas. Tanto éstas como los desertores continúan cometiendo abusos entre la población civil, especialmente en Ruanda y Burundi.

Hacia el 18 de noviembre, las fuerzas rebeldes mataron en Chimanga, al sur de Bukavu, a unas 500 personas --refugiados ruandeses y desplazados zaireños--. Muchos campamentos de refugiados en el este de Zaire han quedado vacíos. Algunos de los refugiados --en su mayoría hutus-- que llegaron cuando el Frente Patriótico Ruandés controlado por los tutsis tomó Ruanda en 1994, han regresado a su país. Su futuro es incierto, dados los continuos abusos que allí se comenten. Los que permanecen en Zaire podrían sufrir también hambre y enfermedades o ser víctimas de la continua violencia.

Estos refugiados habían huido a Zaire después del genocidio de Ruanda, en el que murieron cerca de un millón de personas. Según informes, miembros del antiguo gobierno y de las milicias responsables del genocidio habían estado recibiendo entrenamiento militar en los mismos campamentos o en su entorno, habían intimidado a los refugiados y los habían extorsionado con un "impuesto de guerra" para alimentar sus esfuerzos de reinvadir Ruanda.

En el este de Zaire vivían también decenas de miles de refugiados burundeses que habían escapado de las matanzas a manos del ejército y las milicias tutsis y hutus. Muchos han tenido que volver a Burundi donde las fuerzas de seguridad han acorralado y asesinado a cientos de hombres cerca de la frontera o en la capital, Bujumbura.

Con el agravamiento de la crisis en la región, AI emitió un llamamiento para que se protegieran los derechos humanos*, pidiendo una fuerte presencia internacional en el este de Zaire, Burundi y Ruanda. Los campamentos de refugiados han de ser lugares seguros para los no combatientes.

AI pidió a quienes debatían intervenciones internacionales o regionales que basaran sus propuestas en proporcionar protección y ayuda a todos los grupos en peligro, subrayando que nadie ha de ser obligado a volver a un país donde podría sufrir abusos, y que todas las tropas que se envíen a la zona deben tener como prioridad la protección de los derechos humanos.

AI pidió asimismo a todos los combatientes que cesaran los ataques contra civiles, y a los oficiales en la región que dejaran de incitar a la violencia. Solicitó también que los responsables de abusos comparecieran ante la justicia e instó a la comunidad internacional a que diera recursos para reforzar los sistemas de justicia penal en Zaire, Ruanda y Burundi, y a que persiguiera a los sospechosos en otros países. AI pidió también a la comunidad internacional que previniera las transferencias de armas a la zona.

* Véase : AFR 02/15/96/s.

REINO UNIDO

Otra muerte bajo custodia policial

AI siente preocupación por el creciente número de muertes bajo custodia en el Reino Unido ocurridas a consecuencia de presuntos malos tratos o del uso excesivo de la fuerza al controlar a los detenidos. Muchas de las víctimas eran de raza negra o de etnias minoritarias.

Ibrahima Sey, solicitante de asilo gambiano de 29 años de edad, murió bajo custodia policial en marzo de 1996.

Tras una disputa doméstica, Ibrahima Sey accedió a ir a la comisaría si lo acompañaba un amigo. Al llegar allí, como la policía tratara de separarlos, Ibrahima Sey sufrió una gran agitación. Su amigo declaró: «...lo último que vi de Ibrahima fue que estaba tumbado boca abajo, mientras la policía le tiraba del brazo por detrás como si fueran a esposarlo».

La policía manifestó que Ibrahima Sey se sintió indispuesto y que lo llevaron al hospital, donde falleció. El informe provisional de una autopsia concluyó que la muerte se había producido tras un periodo de esfuerzo excesivo y que Ibrahima Sey sufría hipertensión cardiaca. Sin embargo, un patólogo independiente no encontró indicios de tal enfermedad.

Las declaraciones de la policía confirmaron que se había utilizado contra Ibrahima Sey un aerosol incapacitante CS después de la detención y mientras estaba esposado. Las normas sobre aerosoles CS sólo permiten su uso principalmente en defensa propia, en incidentes violentos o para manejar a sujetos violentos. Sin embargo, al parecer, había al menos cinco agentes intentando controlar a Ibrahima Sey cuando le lanzaron el aerosol.

AI ha pedido una investigación independiente de esta muerte.

Foto: AI INICIA EN SUDÁFRICA SU CAMPAÑA SOBRE NIGERIA

El secretario general de AI, Pierre Sané, se reunió con el arzobispo Desmond Tutu en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 5 de noviembre de 1996, para hablar de los motivos de preocupación de AI en Nigeria. Tres días después, en Johannesburgo, expuso en una conferencia de prensa la preocupación de AI por la crisis de los refugiados en Zaire, y advirtió que una crisis en Nigeria podría tener consecuencias tan graves como las de la región de los Grandes Lagos. Ese día, tres funcionarios de AI fueron detenidos 12 horas en la capital nigeriana. AI ha pedido que se ponga fin al hostigamiento a los defensores de los derechos humanos en Nigeria.

Conferencia internacional sobre la tortura

La Conferencia Internacional sobre la Tortura, que AI celebró en Estocolmo el 6 de octubre de 1996, pidió a las organizaciones de derechos humanos del mundo que renovaran la lucha contra la tortura adoptando estrategias nacionales para su abolición.

A la Conferencia, que inició un plan de acción mundial, asistieron 120 delegados de 50 países, y fue organizada por la Sección sueca de AI, con la colaboración de otras Secciones.

«Durante demasiado tiempo, los gobiernos han incumplido su compromiso de poner fin a la tortura», dijo Dick Oosting, presidente de la conferencia y ex secretario general adjunto de AI. «Ya es hora de que los que trabajan por los derechos humanos en todo el mundo se unan para intensificar la lucha contra la tortura y exijan responsabilidades a los gobiernos.»

El Plan de Acción contra la Tortura pide a las organizaciones no gubernamentales que establezcan sistemas de vigilancia para detectar cualquier caso de tortura, y contempla que se preste apoyo especial a los grupos sociales vulnerables para aumentar así su conciencia de lo que constituye tortura, de sus derechos y de cómo defenderlos.

Las organizaciones de derechos humanos deberían oponerse a todas las formas de abuso sexual por parte de agentes del Estado, y trabajar unidas para documentar y oponerse a las transferencias de equipo, conocimientos y formación destinados a usos militares, de seguridad o policiales que faciliten la tortura, ya sea a manos del gobierno o de fuerzas de oposición.

El plan se refiere al papel de la policía, uno de los primeros grupos que corren el riesgo de violar los derechos humanos. Por ello, actuar para prevenir la tortura policial es fundamental en la estrategia para combatir la tortura en todo el mundo.

Noticias breves

t Amnistía Internacional ha pedido que aumente la protección de los derechos humanos ante la próxima retirada de la Misión de Verificación de la ONU en Angola, prevista para febrero de 1997. El respeto al derecho a la vida ha sufrido la erosión de más de 30 años de guerra, y las instituciones angoleñas de protección de los derechos humanos siguen siendo débiles, por lo que la partida de la fuerza internacional para el mantenimiento de la paz podría estar seguida de un resurgimiento de los abusos. AI ha recomendado varias salvaguardas, entre ellas una comisión de derechos humanos que incluiría inicialmente supervisores internacionales, pero que se podría convertir finalmente en una institución nacional.

t Un número creciente de civiles han muerto o "desaparecido" en Argelia en los últimos años, advierte AI en un informe publicado en noviembre de 1996. Según la organización, mientras algunos matan, torturan y secuestran en nombre de la "lucha antiterrorista", otros lo hacen en el de la "guerra santa". AI pide a las autoridades que investiguen los abusos, acaben con la impunidad de las fuerzas de seguridad y disuelvan las milicias respaldadas por el gobierno como primer paso para poner término a los abusos masivos; y a todos los grupos armados de oposición que pongan fin a su campaña contra los civiles. Véase: Argelia: Miedo y silencio: una crisis oculta de derechos humanos, índice de AI: MDE 28/11/96/s.

t Aumenta el número de menores víctimas de tortura en Turquía por la pasividad del gobierno a la hora de implantar garantías e introducir reformas largo tiempo pendientes, afirma AI en un informe publicado en noviembre de 1996. Los niños detenidos han sufrido terribles actos de crueldad bajo custodia policial, como palizas, descargas eléctricas y duchas con mangueras de agua helada. Véase: Turquía - Niños expuestos a sufrir tortura, morir bajo custodia y "desaparecer", índice de AI: EUR 44/144/96/s.

ZONAS BAJO JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD PALESTINA

Detenciones políticas prolongadas, tortura y juicios sin garantías

Los abusos contra los derechos humanos son generales y sistemáticos en las zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina desde que se creara ésta en mayo de 1994, afirma AI en un informe publicado en diciembre de 1996*. Los abusos incluyen detenciones arbitrarias a gran escala, las detenciones prolongadas sin cargos ni juicio de cientos de detenidos políticos y el uso cada vez más extendido de la tortura. Al menos nueve personas han muerto bajo custodia de los servicios de seguridad palestinos en circunstancias en que la tortura parece haber estado presente.

Se ha detenido a varios activistas de derechos humanos y periodistas que han criticado a la Autoridad Palestina o que han desobedecido las órdenes del presidente Yaser Arafat. El Dr. Iyad al-Sarraj, comisionado general de la Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos, fue detenido tres veces por hablar de abusos cometidos en las zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. AI emitió acciones urgentes sobre su caso y, cuando visitó el Secretariado Internacional el pasado octubre, el Dr. Iyad al-Sarraj se mostró agradecido a todos los que habían trabajado en su favor.

Los delegados de AI que visitaron la zona en 1996 transmitieron sus preocupaciones al gobierno y autoridades de los cuerpos de seguridad, y formularon recomendaciones para acabar con la tortura.

Según informes, en agosto, el presidente Arafat declaró a un funcionario noruego que «no toleraría la tortura». En una visita a Noruega realizada en noviembre, se comprometió públicamente a poner fin a la tortura y a implantar un acuerdo que permitiría al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a cualquier preso de las cárceles palestinas. AI expresa su satisfacción por estas declaraciones y pide a la Autoridad Palestina que las ratifique con medidas concretas que pongan fin a los abusos contra los derechos humanos.

* Véanse documentos con índice de AI: MDE 15/68/96 y MDE 15/62/96.

Foto:

Mahmud Jumayel, de 26 años de edad, murió en julio de 1996 mientras se encontraba bajo custodia, después de que lo torturaran tres horas en la cárcel de Jneid, en Nablús, Cisjordania.

© AI

EL SALVADOR

Posible regreso de la pena de muerte

El Salvador ha dado un paso significativo hacia la reimplantación de la pena de muerte. El 10 de octubre de 1996, la Asamblea Legislativa aprobó una propuesta de reinstaurarla para los delitos de secuestro, homicidio agravado y violación. En 1993, se abolió la pena de muerte en El Salvador, salvo para los delitos excepcionales cometidos en tiempo de guerra internacional.

La propuesta fue presentada por miembros del partido gobernante ARENA, tras la ejecución en Guatemala de dos hombres condenados por violar y asesinar a una niña de cuatro años.

Para su entrada en vigor, las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa deben ser ratificadas por dos tercios de la siguiente Asamblea que se elija. Las próximas elecciones se celebrarán en marzo de 1997.

Amnistía Internacional considera que la reimplantación de la pena de muerte constituiría un importante revés para los derechos humanos y un grave incumplimiento de los compromisos internacionales de El Salvador, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, en relación con la pena de muerte, establece que «tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente» (artículo 4.2).

Rogamos envíen llamamientos contra la reimplantación de la pena de muerte, que constituye una violación del derecho a la vida, a: Dña. Gloria Salguero Gross, Presidenta de la Asamblea Legislativa/Honorable Asamblea Legislativa/Centro de Gobierno/San Salvador/El Salvador. Fax: +503 271 1143.

INDIA

Víctima de la tortura gana juicio tras 20 años de lucha

A rchana Guha lleva más de 20 años luchando para recibir compensación por las torturas que sufrió en una cárcel india, que le produjeron parálisis en ambas piernas.

En agosto de 1996, un juez metropolitano de Calcuta declaró a dos agentes de policía culpables de torturarla en 1974, y condenó a cada uno a un año de cárcel y a abonar una multa de 2.000 rupias (unos 57 dól.).

Archana Guha, directora de un instituto de enseñanza media de Calcuta, fue encarcelada junto con su cuñada, por cargos que después se retiraron. Permaneció tres años en prisión en espera de juicio, periodo en el que sufrió torturas tan graves que le paralizaron las piernas. Salió de la cárcel en una silla de ruedas en mayo de 1977.

Archana Guha recibió tratamiento médico en Dinamarca, en el Centro de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura, y actualmente puede caminar, aunque con dificultad. Amnistía Internacional lleva varios años difundiendo su caso.

Archana Guha emprendió acciones judiciales en 1977, con una denuncia privada contra cinco agentes de policía que la habían torturado y que hicieron todo lo posible para impedir la culminación de las actuaciones.

A lo largo de los años, Archana Guha ha recibido el apoyo de su hermano y asesor jurídico, Saumen Guha, que ha defendido el caso ante los tribunales y lo ha mantenido vivo.

Desde 1977, tres de los agentes presuntamente implicados han muerto y uno se ha retirado. Los dos agentes condenados han recurrido la sentencia.

Foto:

Archana Guha

© AI

BOLETÍN INTERNACIONAL - ENERO 1997 - ENFOQUE

Pies de fotos:

Las cruces y banderas de los manifestantes de Sydney portan los nombres de los más de 200 aborígenes australianos que han perecido en custodia desde 1980. Estas muertes se conmemoran desde 1983, el año en que John Pat perdió la vida a consecuencia de múltiples heridas recibidas en una celda policial.

©Con permiso del Aboriginal Deaths in Custody Watch Committee, Sydney

Muchas familias aborígenes tienen a un familiar en prisión y la mayoría conoce a alguien que ha muerto en custodia.

©Penny Tweedie/Panos Pictures

Izq.: Gavin Little muestra cómo la policía de Geraldton lo inmovilizó mientras le daban puñetazos y golpes en la cabeza con una porra.

Arriba: Las lesiones que dejaron las porras policiales después del tratamiento en el hospital.

© Gavin Little

Un joven aborigen describe los golpes que la policía infligió con sus porras a otro joven en Kalgoorlie.

© AI

Los delegados de AI discuten un artículo del Boletín con familiares de personas muertas en custodia.

© AI

Una celda policial. La probabilidad de morir en custodia es 16,5 veces mayor si el detenido es aborigen.

© AI

Australia: ¿Paladín de los derechos humanos?

Uno tras otro, los gobiernos de Australia han hecho alarde de su promoción de los derechos humanos dentro y fuera del país. El ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Downer, se comprometió en fecha reciente a abordar los «casos de derechos humanos que Amnistía Internacional nos ha hecho llegar» a través de las Embajadas y Altos Comisionados de Australia en el mundo.

El gobierno de coalición, en el poder desde marzo de 1996, ha declarado que sus políticas de derechos humanos se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por tanto, no juzga a otras naciones según «normas que no nos aplicamos nosotros mismos». Australia desempeñó un papel instrumental en julio de 1996 en el establecimiento de un foro informal para instituciones nacionales de derechos humanos de Asia y Oceanía.

Sin embargo, su historial en derechos humanos dista mucho de ser intachable. La comunidad aborigen se ha visto sometida a los malos tratos y abusos de los funcionarios del Estado, y es objeto de una discriminación sistemática. Numerosos incidentes de malos tratos han quedado sin castigo, y ciertas decisiones del gobierno desmienten su compromiso de respetar los derechos humanos.

Muerte de aborígenes detenidos

Daniel Yock, un joven aborigen de 18 años de edad, murió apenas media hora después de que lo detuvieran en Brisbane en noviembre de 1993, tras un altercado con un policía. Según los testigos, los agentes que lo detuvieron lo golpearon con pies y puños mientras yacía boca abajo en el suelo, con las manos esposadas a la espalda. El dictamen forense estableció como causa inmediata de la muerte una dolencia cardiaca, pero señalaba la presencia de lesiones recientes de carácter leve.

La muerte de Daniel Yock fue objeto de otra investigación oficial en octubre de 1995 cuando un ex agente denunció que la policía hacía uso sistemático de la violencia contra la juventud aborigen en la zona. Pero se prohibió la publicación de las actuaciones y las pruebas aportadas, y en noviembre pasado aún no se habían publicado las conclusiones de la investigación. Ningún policía ha sido acusado de la muerte de Daniel Yock ni siquiera sometido a sanción disciplinaria. Sin embargo, sí hay informes de que la policía menciona esta muerte al amenazar a niños aborígenes. En enero de 1996, durante el concierto de una banda aborigen en Brisbane, una niña de 12 años, asimismo aborigen, fue detenida por abofetear a un policía cuando éste amenazó a sus hermanos menores con "hacer un Daniel Yock".

La muerte bajo custodia de Daniel Yock es tan solo una de las muchas que las familias de las víctimas consideran sospechosas. Desde mediados del decenio de 1980 se ha denunciado en numerosas ocasiones que los malos tratos infligidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contribuyeron al número de muertes en prisión o bajo custodia policial. Casi una cuarta parte de las personas muertas bajo custodia en 1995 eran aborígenes, el porcentaje más alto desde 1980. El Instituto Australiano de Criminología señaló en un informe de septiembre de 1996 como "grave motivo de preocupación" el elevado número de aborígenes muertos cuando la policía trataba de detenerlos. Desde 1990, la mayoría de estas muertes han ocurrido en Australia Occidental.

El índice de muertes en prisión

Las muertes de aborígenes bajo custodia y los presuntos malos tratos administrados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley condujeron, en 1987, al establecimiento de una Comisión Real de investigación sobre muertes de aborígenes bajo custodia. Entre 1988 y 1991, la Comisión, un organismo de ámbito nacional, publicó pruebas de la discriminación y desigualdad social que padecen los indígenas australianos. También señaló el número desproporcionado de aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres que se encontraban bajo custodia como una de las causas principales del elevado índice de muertes de aborígenes bajo custodia: «demasiados aborígenes están bajo custodia con demasiada frecuencia».

Pese a no ser sino el 1,3 por ciento de la población adulta del país, los aborígenes representan el 30 por ciento de la población carcelaria, e incluso el 98 por ciento de los detenidos en las comisarías de policía de zonas remotas. Una vez en custodia, la probabilidad de morir de los aborígenes es 16,5 veces mayor que la de otros australianos. La Comisión llegó a la conclusión de que las evidentes deficiencias de los sistemas de custodia policial y penitenciaria y, en muchos casos, la falta de cuidados adecuados, habían contribuido al elevado índice de muertes.

Como respuesta a la Comisión Real, y con objeto de reducir la cifra de muertes en estas circunstancias, el gobierno federal y los gobiernos estatales han prometido en repetidas ocasiones reducir el número de aborígenes encarcelados. A pesar de esta promesa, 100 aborígenes por lo menos murieron bajo custodia en siete años (1989-1996), un número superior al periodo de nueve años y medio que investigó la Comisión. Aunque hubo menos muertes en dependencias policiales, las muertes en prisión alcanzaron la cifra más alta entre julio de 1995 y junio de 1996.

Malos tratos policiales

Según la Comisión Real: «Una proporción excesiva de la intervención policial en las vidas de la población aborigen de Australia ha sido arbitraria, discriminatoria, racista y violenta... La desconfianza con la que tantos aborígenes ven a la policía se basa no sólo en la conducta de ésta a lo largo de la historia sino también en la experiencia contemporánea del contacto con muchos agentes.»

Muchos aborígenes opinan que prácticamente nada ha cambiado desde la publicación de los informes.

Por ejemplo, varias asesorías jurídicas aborígenes emitieron tarjetas con información sobre sus derechos y obligaciones en caso de detención. Pero tuvieron que interrumpir su distribución al saberse que la policía había golpeado o intimidado a numerosos aborígenes que al ser detenidos habían mostrado la tarjeta y pedido ver a un abogado.

Después de largas demoras, Gavin Little descubrió en enero de 1996 que había agotado todas las vías permitidas en su denuncia contra el policía que, en noviembre de 1990, le asestó por lo menos cuatro golpes de porra en la cabeza.

Gavin Little se hallaba con su hermano a la puerta de su casa, en Geraldton, cuando varios policías pararon a interrogarlos. Los hermanos fueron detenidos, afirman, sin que se les comunicara la razón. Según un informe del Defensor del Pueblo hecho público en 1995, dos agentes sujetaron a Gavin Little y un tercero lo golpeó en la cabeza con una porra cuando la víctima se inclinó hacia adelante. Requirió tratamiento en un hospital. El Fiscal General halló retrasos injustificables en las investigaciones internas de la policía sobre este caso, y recomendó que se acusara formalmente de agresión a uno de los agentes. Sin embargo, el informe del Defensor del Pueblo señaló «razones legales de orden técnico» que impedían que se procesara al agente. Gavin Little fue condenado en 1991 por «obstaculizar el trabajo de la policía», «resistirse a la autoridad» y «agredir» a un funcionario público.

En enero de 1996, una mujer aborigen a la que acababan de violar fue retenida bajo custodia policial en el Territorio del Norte durante más de 15 horas en circunstancias que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Los agentes la detuvieron inicialmente bajo sospecha de ebriedad, pero extendieron el plazo al descubrir que había una orden de búsqueda y captura pendiente contra ella por no haber comparecido ante el juez en relación con un cargo menor. Pese a haber sido violada, los agentes de policía retrasaron el examen médico, que señaló heridas internas y la necesidad de tratamiento.

Después del examen la mujer pidió que la dejaran regresar a su casa, pero la policía rehusó. También le negó los analgésicos que solicitó e incluso convenció a la psicóloga enviada por el médico para que se fuera sin verla. La policía la condujo al juzgado en una furgoneta que no la protegía de la lluvia. Fue puesta en libertad bajo fianza y posteriormente multada en relación con la orden pendiente.

Cuando el Defensor del Pueblo investigó las quejas de la mujer, varios agentes declararon que no habría recibido mejores cuidados en su "primitivo" hogar aborigen. El Defensor del Pueblo señaló numerosos fallos en el deber de cuidado y prevención de los agentes respecto a las personas bajo su tutela , y recomendó que se hiciera público su informe. El presidente del Congreso decidió que no se publicara.

Menores

En algunos estados, del 50 al 60 por ciento de los menores bajo custodia son aborígenes, aunque éstos representan menos del cuatro por ciento de la población juvenil. En Australia Occidental y Queensland, los aborígenes menores de edad corren un riesgo 30 veces mayor de que los encarcelen que otros menores. Las comunidades aborígenes de toda Australia han denunciado una y otra vez el reiterado hostigamiento, intimidación y maltrato sin motivo aparente al que la policía somete a sus menores.

En Queensland se acusó de privación ilegal de libertad a seis policías que se llevaron a tres niños aborígenes, de entre 12 y 14 años de edad, a una zona industrial ubicada a 14 km. del centro de Brisbane para que «reflexionaran sobre su mala conducta». La policía los había aprehendido en un centro comercial una noche de mayo de 1994, pero ni había presentado cargos contra ellos ni los había conducido a la comisaría. En la investigación que llevó a cabo la Comisión de Justicia Penal, los menores declararon que, al llegar a una solitaria orilla del río, hacia las 3 de la madrugada, los agentes de policía los amenazaron con torturarlos y ahogarlos, y los abandonaron en la oscuridad.

En el juzgado, en febrero de 1996, el abogado que defendía a los agentes intimidó a los menores. El magistrado, que se refirió a los niños por error como "acusados", no procesó a los agentes por considerar insuficientes las pruebas de que el traslado de los menores se hubiera realizado contra su voluntad. Los seis agentes se reintegraron a sus puestos, quedando en suspenso las sanciones disciplinarias, pendientes de periodos de "buen comportamiento".

Incidentes como los anteriores, así como el temor a las represalias, explican que la población aborigen se resista a denunciar los malos tratos a que los someten los agentes de orden público.

Pasividad del gobierno

El nuevo gobierno federal del primer ministro John Howard ha admitido que es urgente solucionar el problema de las muertes de aborígenes bajo custodia, pero no ha mostrado ninguna urgencia en darle solución. Aunque admitió la "falta de coordinación" entre el gobierno federal y los estatales a la hora de cumplir las recomendaciones de la Comisión, y afirmó que celebraría una cumbre de todos los ministros estatales y federales pertinentes para poner remedio a la situación, la cumbre no se celebrará hasta mayo de 1997 --en un primer momento se anunció en 1995--. Aparte de la cumbre, el gobierno apenas ha mostrado voluntad política para hacer que los gobiernos de los distintos estados y territorios rindan cuenta de las muertes de aborígenes bajo custodia.

En sus primeros meses en el poder, el gobierno impuso restricciones a muchas organizaciones aborígenes fundadas o financiadas como resultado de las recomendaciones de la Comisión. A pesar de que permanece bajo custodia un número desproporcionado de menores aborígenes, se suprimió la financiación federal de muchos programas comunitarios y de apoyo a la juventud.

Los políticos han subrayado el coste de las medidas que se han puesto en práctica desde el informe de la Comisión, por ejemplo mejoras en las condiciones de las celdas de comisarías y prisiones. Aunque estas medidas no han reducido el número de muertes bajo custodia, los programas gubernamentales creados para corregir las desventajas de los aborígenes han producido una marea de protesta. El propio primer ministro ayudó a reforzarla en el segundo semestre de 1996 cuando tardó varias semanas en rebatir las declaraciones de varios políticos, que afirmaban que los aborígenes gozaban de más privilegios que desventajas, lo que llevó a un importante debate público sobre racismo en el que hubo también comentarios públicos contra la inmigración asiática.

Otras muertes bajo custodia y disparos de la policía

No son sólo los detenidos aborígenes los únicos que mueren bajo custodia después de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En junio de 1996, una investigación parlamentaria recomendó una investigación judicial independiente de la muerte bajo custodia policial de Stephen Wardle y denuncias de que la policía hostigó a su familia cuando ésta rechazó la versión oficial de la policía sobre su muerte.

La muerte de Stephen Wardle se debió a los efectos tóxicos de medicinas y alcohol, y ocurrió en un calabozo de la policía del este de Perth, horas después de que lo detuvieran bajo sospecha de embriaguez, en febrero de 1988. A su llegada al centro de detención no se registró ninguna herida visible en su cuerpo. Las investigaciones oficiales de su muerte no explicaron muchas circunstancias polémicas, como las numerosas heridas del cadáver, ni las modificaciones en los archivos policiales y la desaparición de pruebas.

Cinco de las 10 personas que perdieron la vida en Victoria en 1994 a causa de disparos de la policía tenían un historial de enfermedades mentales. En uno de los casos, la investigación del magistrado público puso en tela de juicio la justificación policial para disparar a quemarropa contra una mujer aborigen que se negaba a soltar un hacha, causándole la muerte. Las pruebas que se presentaron en otra investigación de octubre de 1996 hicieron sospechar que el agente que había matado a un ladrón se había infligido lesiones a sí mismo para simular que éste lo había atacado. En los 11 meses siguientes, hasta noviembre pasado, no se denunció ninguna muerte por disparos en Victoria.

Preso de conciencia

El encarcelamiento de un activista político durante las elecciones federales de 1996 sacó a relucir el conflicto entre las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos y su legislación nacional. La legislación electoral australiana prevé varios métodos de cumplimentar las papeletas de voto. Albert Langer había propugnado públicamente el uso de uno de ellos por considerar que los demás favorecían a los partidos mayoritarios. Pero, pese a que dicho método es legal, la ley prohíbe incitar a los votantes a emplearlo, y Albert Langer fue condenado en febrero de 1996 a 10 semanas de cárcel por desobedecer una orden judicial que vedaba sus actividades.

Código Penal de Tasmania

En 1994, el Comité de Derechos Humanos [de la ONU] ha establecido que algunos artículos de la Ley de 1924 que introdujo el Código Penal de Tasmania infringen las obligaciones que ha contraído Australia en virtud del Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos artículos castigan los actos homosexuales de adultos varones practicados en privado y con pleno consentimiento de las partes, incumpliendo el compromiso de garantizar la protección contra la injerencia ilícita en la privacidad de la persona. Pese a la intervención federal, Tasmania desoyó las recomendaciones y es el único estado australiano en el que se castigan con la cárcel tales actos homosexuales. En lugar de derogar los artículos infractores como recomendaba el Comité de Derechos Humanos, el gobierno de Tasmania propuso, en enero de 1996, un aumento de la pena máxima para estos actos, de 21 a 25 años de cárcel.

Solicitantes de asilo detenidos

Australia detiene automáticamente a los solicitantes de asilo que llegan al país sin autorización previa de entrada. Amnistía Internacional considera que esta práctica contraviene las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

La mayoría de los "refugiados del mar" que llegaron a partir de 1989 permanecieron detenidos durante todo el proceso de petición de asilo, que podía durar meses o incluso años. Más de 800 niños, entre ellos unos 70 bebés nacidos en el periodo de detención de sus padres, vivieron hasta dos años en recintos alambrados. En los últimos años, las autoridades de Inmigración se han esforzado por acelerar el procedimiento. Desde 1994, los solicitantes de asilo pueden recobrar la libertad por "motivos de compasión". Sin embargo, se beneficiaron de estas disposiciones menos de 60 de los 2.600 solicitantes de asilo detenidos entre noviembre de 1989 y septiembre de 1996.

De acuerdo con las normas internacionales, la detención de los solicitantes de asilo debe usarse sólo cuando sea estrictamente necesario y por razones específicas. No debe aplicarse a grupos enteros ni por la duración completa del proceso. Las personas que ejercitan el derecho a apelar contra la denegación de su solicitud de asilo se ven de hecho castigadas pues su detención prosigue.

Para poder seguir una petición de asilo, los solicitantes necesitan que se les comuniquen sus derechos en virtud del derecho internacional y australiano. Las normas internacionales también exigen que se le expliquen al detenido sus derechos y el modo de ejercitarlos. Sin embargo, el gobierno recientemente limitó el acceso de información a los solicitantes de asilo detenidos.

En marzo de 1996, los funcionarios de Inmigración se negaron a entregar cartas de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (HREOC) a los "refugiados del mar" chinos que según la Comisión se encontraban incomunicados en el centro de detención de Port Hedland. Las cartas se referían a una denuncia de presuntas violaciones de derechos humanos contra 34 adultos y 12 menores chinos que habían llegado por mar en febrero. La base para tal negativa fue que los detenidos no habían tratado de presentar queja ante la Comisión.

En junio, un tribunal federal ordenó al Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales que hiciera entrega de las cartas. Dos semanas después, el gobierno apeló contra la decisión y propuso medidas legislativas para restringir ciertos derechos de los solicitantes de asilo detenidos y para excluir a sus funcionarios del escrutinio independiente a que podía someterlos la legislación australiana de derechos humanos.

El compromiso se tambalea

En los últimos años, la aplicación de las normas de derechos humanos en Australia ha dependido a menudo de consideraciones políticas, constitucionales y administrativas.

En 1995, tanto el gobierno como la oposición en el Congreso apoyaron un proyecto de ley que, de aprobarse, permitiría a los funcionarios ignorar los tratados de derechos humanos internacionales que Australia ha ratificado aunque aún no ha puesto en práctica formalmente. El proyecto de ley fue la respuesta a la consideración de un tribunal superior que sostuvo que la ratificación de un tratado de derechos humanos creaba una "expectativa legítima" de que los funcionarios del gobierno tendrían en cuenta las disposiciones de ese tratado, incluso si éstas aún no se habían introducido en la legislación nacional. La propuesta prescribió con la celebración de elecciones en marzo de 1996, y se espera su reintroducción en 1997.

Un miembro del Comité del Senado que revisó el proyecto de ley dijo que, de ser aprobado «presentaría al mundo un doble rostro al permitir al gobierno alardear de sus compromisos con los tratados de derechos humanos, pero sin intención alguna de proteger esos derechos en el país».

Las negociaciones de julio pasado para un tratado económico con la Unión Europea volvieron a mostrar la duplicidad del gobierno. Una de las cláusulas del tratado comprometía a las partes a garantizar el respeto por «los derechos humanos fundamentales proclamados en la Declaración Universal». Australia se negó a aceptarla como vinculante.

En noviembre pasado, el primer ministro rehusó intervenir cuando las autoridades de Malaysia detuvieron y deportaron a 10 delegados australianos que asistían a una conferencia sobre Timor Oriental. Incluso puso en tela de juicio la universalidad de los derechos humanos al mostrarse comprensivo con la acción de las autoridades de Malaysia de poner fin a la conferencia. El primer ministro declaró al parecer que los delegados «no podían quejarse mucho» del trato recibido ya que las autoridades habían dejado bien claro lo que pensaban de la conferencia. Algunos delegados estuvieron recluidos como presos de conciencia cinco días, sin acceso a médicos o abogados y hasta tuvieron que rogar que les dieran agua.

BOLETÍN INTERNACIONAL - ENERO 1997 - LLAMADA INTERNACIONAL

INDONESIA

El 8 de julio de 1996, Dita Sari, líder del Centro Indonesio para la Lucha de los Trabajadores (PPBI) fue detenida junto con dos compañeros durante una manifestación de trabajadores en la ciudad de Surabaya, en Java Oriental. El PPBI trabaja por los derechos laborales en un país que tiene sólo un sindicato reconocido.

Según informes, Dita y sus compañeros recibieron una paliza durante su detención. Al principio se les acusó de delitos relacionados con la manifestación, pero posteriormente las autoridades trataron de vincular sus actividades sindicales con intentos de reavivar el comunismo, prohibido en Indonesia. El PPBI está afiliado al Partido Democrático del Pueblo, muchos de cuyos miembros han sido detenidos a raíz del atentado contra la sede del Partido Democrático Indonesio (PDI) en Yakarta, el 27 de julio, y los disturbios posteriores. Desde entonces, se ha detenido a más de 100 activistas pacíficos de varios ámbitos. Aunque Dita Sari estaba detenida, la han acusado de participar en los disturbios.

Se acusa a Dita Sari de violar la Ley Antisubversión, lo que conlleva la pena de muerte; de expresar "odio" contra el gobierno, delito que lleva aparejados siete años de cárcel; y de incitar a infringir la ley o a desobedecer una orden del gobierno, por lo que puede ser condenada a un máximo de seis años de cárcel. AI la considera presa de conciencia.

+ Por favor escriban pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Dita Sari a: Attorney General/ Agung Singgih S.H./ Jaksa Agung/ Jl. Sultan Hasanuddin No.1/ Kebayoran Baru/ Jakarta Selatan/ Indonesia. Fax: +62 21 720 8557.

Foto: Dita Sari

© Widi/ Jakarta Post

FEDERACIÓN RUSA

Aleksandr Nikitin, capitán de la marina retirado, está encarcelado desde el 6 de febrero de 1996, por el Servicio de Seguridad Federal (FSB), en San Petesburgo. El 30 de septiembre se lo acusó formalmente de traición por espionaje (artículo 64 del Código Penal ruso), revelación de secretos de Estado (artículo 74) y falsificación de documentos (artículo 196). Las acusaciones se basan en un decreto secreto del Ministerio de Defensa, el nº 71 de 1993, al que no han tenido acceso ni Aleksandr Nikitin ni su abogado.

Aleksandr Kikitin trabajaba para una organización ecologista noruega, la Fundación Bellona, reuniendo material sobre incidentes ocurridos en submarinos nucleares y las consecuencias para el medio ambiente. Es coautor del capítulo 8 del informe de Bellona titulado Fuentes de contaminación radiactiva: la Flota Norte rusa, basado en materiales que ya eran públicos. Las acusaciones contra Aleksandr Nikitin se fundamentaban en su trabajo. AI lo considera preso de conciencia.

El FSB ha conculcado reiteradamente la legislación rusa y las normas internacionales de derechos humanos en la investigación del caso. Organizó comités de expertos para revisar la alegación de que Aleksandr Nikitin obtuvo su información de fuentes públicas, y éstos se negaron a aplicar más legislación que dos decretos no publicados de 1992 y 1993, e ignoraron la Ley de Secretos de Estado, de rango superior y que prohíbe expresamente la clasificación de información sobre medio ambiente y salud pública como secreta. Una ley nacional sobre información promulgada en 1995 incluye una disposición similar. Además, Aleksandr Nikitin no ha tenido acceso a materiales públicos para preparar su defensa.

+ Por favor escriban la libertad inmediata e incondicional de Aleksandr Nikitin, a: Boris Yeltsin/ President of the Russian Federation/ Kremlin/ Moscú/ Federación Rusa. Fax: +7095 206 51 73.

LIBIA

Han pasado más de tres años desde que Mansur Kikhiya "desapareció", y los gobiernos de Libia y Egipto siguen callando sobre su suerte.

Mansur Kikhiya, destacado activista de derechos humanos libio y secretario general de la Alianza Nacional Libia, grupo de oposición radicado en el exterior del país, "desapareció" en diciembre de 1993 de un hotel de El Cairo. Podría haber sido secuestrado por agentes del gobierno libio.

Mansur Kikhiya fue ministro de Asuntos Exteriores de Libia entre 1972 y 1974. En 1975 lo nombraron representante permanente de Libia ante la ONU en Nueva York, cargo que ocupó hasta septiembre de 1980, cuando dimitió como protesta por la ejecución en Libia de oponentes políticos. Está casado, tiene dos hijos y es diabético.

Inmediatamente después de la "desaparición", las autoridades egipcias declararon que habían iniciado una investigación. En julio de 1995 y en noviembre de 1996, un funcionario egipcio informó a los delegados de AI que la investigación había concluido y que no se había cometido ningún delito en Egipto en relación con el caso. Nunca se han hecho públicos los resultados completos ni los métodos de la investigación.

+ Por favor escriban pidiendo información sobre el paradero de Mansur Kikhiya y preguntando qué medidas se han adoptado para investigar su "desaparición" a: Colonel Mu'ammar al-Gaddafi/Leader of the Revolution/ Office of the Leader of the Revolution /Trípoli /República Árabe Libia Popular y Socialista.Télex: 70 0901 20162 ALKHASU LY; y soliciten al gobierno egipcio que haga públicas todas las conclusiones y métodos de la investigación sobre la "desaparición" de Mansur Kikhiya: H.E. Muhammad Hosni Mubarak/President of the Arab Republic of Egypt/'Abedine Palace/El Cairo/ Egipto. Télex: 93794 WAZRA UN.

Actualización: Burundi

El servicio de correos de Burundi se ha suspendido. Rogamos envíen llamamientos (véase el Boletín de noviembre de 1996) por facsímil al Ministerio de Defensa de Burundi, fax +00 257 213 055, o por medio del representante del gobierno de Burundi en Bélgica: Embassy of the Republic of Burundi/ Square Marie Louise 46/ 1040 Bruselas/ Bélgica.