Amnistía Internacional: Boletín, febrero de 1996

Noticias

AUSTRALIA

[Pie de foto]: El Monumento a los Aborígenes Muertos bajo Custodia, también conocido como Monumento a John Pat, fue erigido en la antigua cárcel de Fremantle —hoy un museo—, cercana a Perth, Australia Occidental. John Pat, aborigen de 16 años, murió de las heridas que sufrió en la cabeza en una celda policial en 1983. Cuatro agentes y un auxiliar, acusados de homicidio involuntario, fueron absueltos. Un fragmento de la inscipción dice:

Este monumento es testigo del coraje del pueblo aborigen en su lucha por los derechos humanos en Australia. Fue erigido el 28 de septiembre de 1994, en memoria de todos los aborígenes muertos bajo custodia en Australia. Sus familias y comunidades tuvieron la valentía de pedir justicia».

En la fotografía, la madre y la tía de John Pat visitan el monumento durante la conmemoración, el pasado septiembre, del aniversario de su muerte.

© Deaths in Custody Watch Committee, Perth, con la autorización de Mavis Pat

Desproporcionado índice de muertes aborígenes

El 8 de diciembre de 1995, durante una inspección de rutina a las 12:30 de la noche, los guardias de una cárcel de Brisbane encontraron sin vida al preso Maurice Roland Fisher, aborigen de 17 años. Se había ahorcado de una sábana atada a una ventana mientras su compañero de celda, al parecer, dormía. Es la segunda muerte aborigen ocurrida en 1995 en el Centro de Detención Sir David Longland. La evaluación de la penitenciaría, donde había estado internado desde agosto, no mencionaba tendencias suicidas.

En 1995 murieron al menos 15 presos aborígenes, la mayor incidencia anual desde 1980, año en que se inició un registro nacional. El mayor incremento de 1995 se observó en el estado de Australia del Sur, donde murieron al menos seis. Otros cinco murieron, al parecer, después de ser perseguidos por vehículos policiales.

Con Maurice Roland Fisher se eleva el número de aborígenes muertos bajo custodia a no menos de 87 desde mayo de 1989, fecha en que culminó un periodo de nueve años investigado por una Real Comisión sobre la Muerte de Aborígenes bajo Custodia. En la mayoría de los casos se trató de jóvenes varones, muchos de los cuales se determinó habían cometido suicidio, con frecuencia mientras aguardaban ser sometidos a juicio. En su informe final, la Comisión hizo 339 recomendaciones, aceptadas en su mayoría por los gobiernos federal y estatal.

Actualmente, las personas de origen indígena representan sólo el 1,2 por ciento del total de la población mayor de 14 años. Sin embargo, según la información disponible, parece que durante 1995 más del 24 por ciento de todos los australianos muertos bajo custodia o durante operativos policiales han sido aborígenes o isleños del Estrecho de Torres.

En febrero de 1993, AI publicó un informe sobre los índices sumamente desproporcionados de encarcelamiento y criminalización de la población aborigen. Ésta, y en particular los menores de edad, continúa sufriendo índices elevadísimos de detención y encarcelamiento, especialmente por delitos menores. El pasado octubre, por ejemplo, un joven de 15 años que había hurtado un helado pasó 18 días en un centro de detención preventiva de máxima seguridad en Perth, Australia Occidental, a 600 km. de Kalgoorlie, ciudad donde lo habían detenido. Los menores aborígenes tienen una probabilidad 18,6 veces mayor de ser detenidos que cualquier otro sector de la juventud australiana, y en algunos estados representan más de la mitad del número de menores bajo custodia.

UZBEQUISTÁN

No se notifican las ejecuciones a las familias de los condenados

Las familias de los condenados a muerte en Uzbequistán se debaten en la incertidumbre, sin saber si sus seres queridos están vivos o muertos. Al parecer, ya no se aplican los procedimientos para notificar la denegación de clemencia, lo que ha agravado la brutalidad de un sistema que ni permite a los condenados despedirse de sus familiares ni entrega a éstos el cuerpo para su sepultura.

A veces, el primer indicio de la ejecución consiste en que, al acudir a la cárcel un familiar o abogado, se les comunique simplemente que el preso ya no se encuentra internado allí. En otros casos, la familia recibe por correo la comunicación de la muerte, sin que se le haya notificado oficialmente la denegación de clemencia. Las solicitudes de confirmación de la muerte del preso no reciben respuesta, por lo que los familiares se aferran ciegamente a la esperanza de que la comunicación haya obedecido a un error burocrático.

Tal es el caso de Dima Rassokhin, que tenía 21 años de edad cuando lo condenaron a muerte en 1992 por homicidio. A principios de 1994, cuando su madre lo visitó en la cárcel, la informaron de que Dima ya no estaba allí y, aunque recibió una partida de defunción, nunca se le notificó la denegación de clemencia. Sus pedidos de que se confirme la suerte de su hijo no han merecido más que silencio, y sigue alentando la esperanza de que el joven esté vivo.

AI ha pedido a las autoridades que procedan a abolir la pena de muerte y, hasta entonces, velen por que se observen estrictamente los procedimientos para comunicar a las familias el resultado de las peticiones de clemencia.

[Pie de foto]:Dima Rassokhint

Unos 1.200 presos políticos sospechosos de estar vinculados a la Hermandad Musulmana fueron puestos en libertad en Siria el pasado noviembre. Algunos llevaban 15 años detenidos sin que se los acusara formalmente ni juzgara. La puesta en libertad se debió a una amnistía presidencial con motivo del 25º aniversario de la llegada al poder del presidente Hafez al-Assad. El parlamento aprobó una nueva ley de amnistía el 19 de diciembre, aplicable en su mayoría a delitos no políticos. AI ha pedido a las autoridades sirias que pongan en libertad a todos los presos de conciencia y que introduzcan cambios legislativos para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.

AI ha instado al gobierno de Nepal y a todos los miembros de la Cámara de Diputados a que refuercen las disposiciones de un proyecto de ley que establecerá una comisión de derechos humanos. La organización acoge satisfecha esta iniciativa, pero le preocupa que una cláusula de exclusión que recoge el proyecto pueda poner en peligro la independencia de la comisión y exponer sus investigaciones a presiones políticas. También preocupa a AI la breve definición de "derechos humanos" que incluye el proyecto.

CHILE

Peligran las investigaciones sobre derechos humanos

Las investigaciones chilenas sobre violaciones de derechos humanos pasadas tienen un futuro incierto. El Congreso tiene a estudio proyectos de ley que ampliarían los efectos negativos de la Ley de Amnistía promulgada en 1978 por el gobierno militar. De convertirse en ley, el Proyecto Figueroa-Otero (el último de varios) obligaría a archivar todas las actuaciones judiciales contra los responsables de abusos cometidos en el primer quinquenio del gobierno del general Pinochet (1973-1990). Durante dicho periodo, el gobierno militar desató la mayor represión que haya conocido el pueblo chileno: la ejecución extrajudicial de más de 2.000 personas, la tortura de miles, y la "desaparición" de más de un millar. El proyecto de ley limitaría aun más las investigaciones en curso limitándose a localizar los restos mortales de los "desaparecidos", asegurando que las investigaciones se realicen en secreto total, y permitiendo el archivo de casos antes de que se hayan localizado los restos o de que se haya descubierto toda la verdad sobre lo ocurrido.

Por otra parte, los tribunales chilenos ya han venido archivando cada vez más casos de este tipo sin establecer la verdad completa sobre lo ocurrido: 24 casos relacionados con derechos humanos fueron archivados definitivamente entre agosto y diciembre de 1995. Resulta patente en dichas decisiones la presión del aparato militar, que pretende conseguir la total inmunidad procesal de los que perpetraron abusos durante el gobierno del general Augusto Pinochet.

Las presiones sobre el gobierno se han redoblado desde mayo de 1995, fecha en que la Corte Suprema confirmó las penas de siete y seis años de cárcel impuestas respectivamente al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza por el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y de la estadounidense Ronnie Moffit, perpetrado en 1976 en Washington. Estas condenas han suscitado una intensa ola de protesta castrense en Chile.

El proyecto de ley que prohíbe la iniciación de nuevos juicios surgió durante negociaciones mantenidas entre el gobierno y el partido derechista de oposición Renovación Nacional. No obstante, el gobierno chileno lo ha presentado como parte de un paquete legislativo —que incluye enmiendas constitucionales— destinado a completar la transición a la democracia y aumentar el control civil de las instituciones claves.

AI ve con alarma los persistentes intentos de obstruir las investigaciones sobre derechos humanos en Chile. El derecho internacionalmente reconocido a un remedio legal efectivo en casos de abusos consta de tres elementos esenciales: verdad, justicia e indemnización. Si bien es cierto que en Chile se han dado pasos sustanciales en el sentido de observar el derecho de los familiares de las víctimas a recibir indemnización, también es cierto que, de archivarse las investigaciones y los procesos, se privaría a las víctimas de abusos y a sus familias de los medios legales de establecer la verdad y lograr que se haga justicia.

Llamada Internacional

MYANMAR

Ye Htut fue detenido el 27 de septiembre de 1995 en Rangún por agentes del servicio de inteligencia militar por enviar "noticias fraguadas" a grupos disidentes myanmaros en el extranjero «a fin de engañar a otras naciones en lo referente a Myanmar». En diciembre fue condenado a siete años de cárcel. Es un preso de conciencia.

Las acusaciones contra Ye Htut, detalladas en el periódico oficial The New Light of Myanmar (La Nueva Luz de Myanmar), consisten en haber "admitido" que había estado enviando material al extranjero desde 1991. Sin embargo, su hermana afirma que sólo le enviaba cartas que no contenían comentarios políticos, revistas myanmaras aprobadas por los censores del gobierno, y recortes de los dos periódicos oficiales.

En Myanmar es omnipresente la vigilancia, a cargo de agentes de inteligencia militar, de los críticos del gobierno o de personas relacionadas con ellos. Los myanmaros que se reúnen o comunican con extranjeros se exponen más que nadie a ser vigilados y, posiblemente, detenidos y encarcelados. AI cree que Ye Htut ha sido víctima de dicha política, y que se le ha detenido únicamente por ejercitar su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

Ye Htut estuvo internado inicialmente en dependencias de la inteligencia militar en Ye Kyi Aung, fuera de Rangún, y después fue transferido a la cárcel de Insein, a la espera de juicio. Se teme por la integridad física de Ye Htut debido a los malos tratos comunes en los centros de detención de Myanmar.

Por favor, pidan la libertad inmediata e incondicional de Ye Htut al: General Than Shwe/Chairman/ State Law and Order Restoration Council c/o Ministry of Defence/Signal Pagoda Road/ Rangún/ Unión de Myanmar.

JORDANIA

La mañana del 1º de junio de 1995, el apartamento de los hermanos Mahmud y Bashar al-Khalifeh al-Awamleh en Ammán fue rodeado durante algún tiempo por decenas de agentes de las fuerzas de seguridad. Hacia las 5 de la mañana siguiente los dos hermanos se despertaron cuando unos agentes de las fuerzas de seguridad treparon al balcón del apartamento.

Antes de entrar, descargaron una ráfaga de fuego sostenida de 15 minutos de duración, según dijo Bashar, sin previo aviso. Mahmud recibió cuatro impactos de bala y murió casi en el acto. Bashar resultó gravemente herido.

Durante los últimos cuatro años, la familia venía manteniendo una disputa con el gobierno jordano sobre varias cuestiones aparentemente relacionadas con puestos de trabajo, propiedad de tierras y acusaciones de corrupción. La familia había enviado facsímiles dentro y fuera del país en los que se hacían acusaciones contra el rey Hussein y el primer ministro Sherif Zayd bin Shaker.

Una delegación de AI que visitó Ammán contó más de 100 orificios de bala en las paredes del apartamento. La organización se dirigió por escrito al gobierno en junio de 1995 solicitando una investigación. Las autoridades no respondieron a dicha solicitud, y afirmaron que los hermanos habían recibido impactos de bala al resistirse a la detención. Aunque parece ser que durante el incidente Mahmud disparó con una pistola usada para la caza, este hecho no justifica el empleo de tal fuerza, al parecer sin previo intento de practicar una detención pacífica.

Por favor, escriban al primer ministro pidiendo que se realice una investigación exhaustiva e imparcial de las circunstancias de la muerte de Mahmud al-Khalifeh al-Awamleh y que se hagan públicos sus resultados: Sharif Zayd bin Shaker/Prime Minister and Minister of Defence/Office of the Prime Minister/PO Box 80/Ammán/Jordania.

[Pie de foto]:Mahmud al-Kharlifeh al-Awamleh

BOSNIA-HERZEGOVINA

Nura Berbi (en la fotografía), musulmana de Bosnia, y su madre Hasnija Demirovi, de 69 años, "desaparecieron" del apartamento de esta última en Banja Luka, ciudad de Bosnia controlada por Serbia, el 14 de agosto de 1995. En la tarde de ese día, dos hombres armados, uno de los cuales vestía ropas de camuflaje de tipo militar o policial, se presentaron en el apartamento de Hasnija pidiendo información sobre el paradero de Demil, su yerno. Alertada por teléfono de que buscaban a su esposo, Nura Berbi acudió al domicilio de su madre.

Hacia las 9 de la noche, dos vehículos fueron vistos abandonando el lugar. No se ha vuelto a saber de ninguna de las dos mujeres, y ni la policía ni otras autoridades han suministrado información alguna sobre su paradero, pese a las persistentes averiguaciones de su familia. Ésta cree que el secuestro se relacionó con varios intentos por parte de las autoridades de confiscar el negocio de la familia.

La mayoría de los musulmanes de Bosnia han abandonado la región o han sido expulsados de ella después de haber sufrido todo tipo de persecución: despido, confiscación de propiedad, detención arbitraria, trabajos forzados en condiciones peligrosas. Incluso han sido víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios.

Por favor, pidan una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del secuestro a: The Representative Office of the Republika Srpska/Biro Republike Srpske/Moše Pijade 8/11000 Belgrado/Yugoslavia.

ARABIA SAUDITA

[Pie de foto]:Ejecución pública en Arabia Saudita.

© Gabriel/Sipa Press

Desmesurado aumento de las ejecuciones públicas

En 1995 se llevó a cabo en el país el número más elevado de ejecuciones públicas en un solo año registrado por AI. A finales de diciembre se había ejecutado a 192 personas. Todas las víctimas fueron condenadas a muerte tras juicios que carecieron de las garantías mínimas reconocidas internacionalmente para los acusados de delitos capitales.

Durante la detención preventiva se niega a los acusados los derechos más fundamentales, incluyendo el derecho a consultar con abogados y el derecho a disfrutar de representación letrada oficial durante el juicio. Por otra parte, los tribunales han omitido una y otra vez investigar denuncias de tortura y, según parece, continúan admitiendo como pruebas de cargo las "confesiones" obtenidas por la fuerza.

A lo largo de los años ha aumentado en el país el número de delitos punibles con la pena de muerte. La pena capital fue introducida para delitos relacionados con narcóticos en 1987. Desde entonces, al menos 170 presos han sido ejecutados en casos relacionados con narcóticos, tras juicios en que se ha hecho caso omiso de las normas mínimas de imparcialidad reconocidas internacionalmente. La medida se ha tomado pese a que no existen pruebas convincentes de que la pena de muerte disuada más de traficar con narcóticos que otros castigos.

También ha aumentado el número de ejecuciones por otros delitos. ´Abdullah ´Abd al-Rahman al-Hudhayf fue ejecutado el 12 de agosto de 1995, en Riad, tras un juicio secreto. Lo declararon culpable de atacar con ácido a un agente de seguridad y de mantener vínculos con el Comité para la Defensa de los Derechos Legítimos, organización con sede en Londres, proscrita en Arabia Saudita.

Las ejecuciones, a menudo en público, suelen ser mediante decapitación con una espada. Seis somalíes fueron decapitados el 31 de mayo de 1995 en Jeddah, tras un juicio por homicidio, robo y uso de narcóticos. Uno de ellos, ´Abd al-´Aziz Muhammed Isse, fue declarado culpable de un delito que, al parecer, había sido cometido antes de que entrara en Arabia Saudita. Según parece, no se tomó en cuenta su fecha de llegada al país, que podía haberse verificado en los registros del aeropuerto de entrada. Es uno de los numerosos presos que al parecer esperan en la antesala de la muerte en Arabia Saudita.

AI ve con suma preocupación el incremento del número de ejecuciones públicas, y ha hecho un llamamiento a las autoridades sauditas para que suspendan todas las ejecuciones. La organización también ha pedido al gobierno que vele por que se observen las garantías internacionales de imparcialidad durante las actuaciones judiciales.

SOMALIA

Los dirigentes políticos deben proteger los derechos humanos

AI ha pedido a los dirigentes políticos somalíes que pongan fin a los abusos de sus soldados y simpatizantes, y que declaren que protegerán y fomentarán los derechos humanos de toda la población.

Éstos han sido blanco de graves abusos en Somalia durante los últimos 25 años. Desde la desintegración del Estado en 1991, no ha existido un gobierno central reconocido ni un sistema jurídico capaz de impedir los abusos. La ONU no ha logrado restablecer el respeto por los derechos humanos y, tras la retirada de su contingente en marzo de 1995, los abusos han continuado, especialmente durante los frecuentes enfrentamientos armados entre facciones de distintos clanes en Mogadiscio y otras regiones. También han combatido entre sí las milicias de los clanes en la secesionista "República de Somalilandia", del noroeste.

Los abusos cometidos en 1995 por algunos de los grupos políticos incluyen el homicidio deliberado y arbitrario de opositores civiles pertenecientes a clanes rivales, la detención arbitraria de opositores políticos pacíficos, entre ellos periodistas, la toma de rehenes entre el personal de agencias de ayuda humanitaria y otros civiles, la violación de mujeres y la tortura de prisioneros. También se han administrado castigos crueles como amputaciones y flagelaciones, se han llevado a cabo ejecuciones sumarias y se ha desplazado por la fuerza a comunidades minoritarias.

AI propone* una estrategia para fortalecer los derechos humanos en Somalia. Aunque principalmente tarea de los propios somalíes, AI también pide a la comunidad internacional —la ONU, los gobiernos pertinentes, las organizaciones internacionales no gubernamentales e intergubernamentales— que trabajen para fomentar los derechos humanos en Somalia.

* Véase «Somalia: La instauración de los derechos humanos en un Estado desintegrado»(Índice de AI: AFR 52/03/95/s).

Amnistía Internacional:Boletín,febrero de 1996

Enfoque

[Pie de foto]:Los familiares lloran a dos de los 17 campesinos asesinados por el ejército mexicano en Guerrero el 28 de junio de 1995.

© Elsa Medina / La Jornada

México: Violencia e impunidad

La población mexicana lleva padeciendo violaciones de derechos humanos desde hace más de veinte años. Y pese a que últimamente se han tomado medidas administrativas para mejorar la protección y el respeto de estos derechos, la escala de las denuncias que siguen recibiéndose sobre abusos graves es alarmante. La matanza policial de 17 campesinos desarmados, ocurrida el 28 de junio de 1995 en el estado sudoccidental de Guerrero, y la práctica generalizada de torturar a los detenidos ilustran la inefectividad de estas medidas para acabar con los abusos de los agentes del gobierno.

Entre la población mexicana, que asciende a más de 91 millones, las víctimas más frecuentes siguen procediendo de las capas menos favorecidas de la sociedad y especialmente del campesinado indígena. Sin embargo, todos los ciudadanos corren peligro, especialmente los miembros de la judicatura, prelados católicos, periodistas, opositores políticos, defensores de los derechos humanos, inmigrantes centroamericanos y activistas homosexuales. Hasta los niños.

Los que cometen estos abusos tienen poco que temer. Los tribunales rara vez imponen penas a los que violan los derechos humanos; y los funcionarios acusados suelen ser transferidos a otras jurisdicciones o departamentos y, a veces, incluso reciben ascensos. Reina la impunidad.

Las consecuencias de denegar el derecho a la justicia para las víctimas de abusos se han puesto de relieve en la situación que vive el estado meridional de Chiapas, donde tales abusos persisten desde hace años.

Las denuncias sobre "desapariciones" han disminuido considerablemente en los últimos años en México, aunque siguen recibiéndose informes sobre casos esporádicos. Al menos 14 indígenas tzeltales siguen "desaparecidos" desde que el ejército los detuvo durante el levantamiento de Chiapas en enero de 1994. En 1995 "desaparecieron" al menos dos personas, debido según se cree a sus actividades pacíficas en favor de los derechos civiles. La mayoría de los casos de "desaparición" para los que se dispone de firmes indicios de la participación de agentes del Estado no han sido investigados por las autoridades.

Las graves irregularidades y deficiencias en el sistema de justicia penal y el desempeño de los órganos encargados de hacer cumplir la ley parecen facilitar los abusos de los agentes, especialmente de la policía.

Contribuye a mantener esta situación la falta de independencia del poder judicial, que está atado al gobierno y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde hace más de seis décadas. Los tribunales siguen aceptando confesiones, a menudo obtenidas por la fuerza, como pruebas principales contra los acusados.

Los sectores menos privilegiados y los que no tienen voz en la sociedad, especialmente los pueblos indígenas, corren más riesgo de no ser juzgados con imparcialidad. Pese a las reformas legislativas de la administración anterior para facilitar intérpretes a los acusados, la mayoría de los indígenas que no hablan español siguen siendo procesados sin la asistencia obligatoria de un intérprete.

La parcialidad en los juicios también afecta con frecuencia a aquéllos a quienes las autoridades consideran una amenaza para el status quo político. AI ha documentado decenas de juicios sin garantías en México, incluyendo juicios contra presos de conciencia. La organización ha pedido al presidente Ernesto Zedillo que adopte de inmediato medidas efectivas para proteger los derechos humanos en su país.

[Pie de foto]:María Teresa Méndez Santiz, de 20 años, y sus hermanas Cristina, de 18, y María, de 16, indígenas tzeltales de Santa Rosita Sibaquil, en Chiapas, fueron violadas y sometidas a otras formas de tortura por soldados del ejército mexicano en la vecindad de Altamirano, en Chiapas, el 4 de junio de 1994.

[Pie de foto]:El Dr. Polo Uscanga

[Pie de foto]:Algunas de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que perpetró el ejército en Chiapas después del levantamiento de enero de 1994 en ese estado.

La falta de independencia de la judicatura se puso de manifiesto recientemente en el caso del juez Abraham Polo Uscanga, miembro de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Federal, quien sufrió, precisamente, por críticar públicamente este problema.

El Dr. Polo Uscanga fue amonestado en enero de 1994 tras su decisión de poner en libertad a ocho personas que habían sido acusadas de terrorismo sin pruebas, y algunas de ellas, además, torturadas para que confesaran, en un caso ocurrido en la ciudad de México.

El 23 de marzo de 1995, el Dr. Polo Uscanga se negó a dictar órdenes de detención por cargos de fraude, al parecer infundados, contra los líderes de un sindicato independiente de conductores y mecánicos de autobuses del transporte público de la ciudad de México. El sindicato había organizado previamente una acción industrial contra los planes gubernamentales de privatizar el servicio de transporte, y se cree que las autoridades escogieron como blanco a sus dirigentes para frenar nuevas acciones sindicales. Al parecer, el Dr. Polo Uscanga fue amenazado por el presidente de la Suprema Corte para que permitiera las detenciones y, como consecuencia, el juez renunció a su cargo el 1 de abril de 1995.

Los ataques continuaron después de su renuncia. La noche del 27 de abril fue secuestrado en la capital. Sus captores lo golpearon y acuchillaron, y lo interrogaron sobre sus simpatías políticas, y sobre sus quejas públicas contra el presidente de la Suprema Corte. Antes de dejarlo en libertad, lo amenazaron para que guardara silencio. El juez tuvo que recibir asistencia médica en un hospital.

El Dr. Polo Uscanga hizo público su caso, lo que trajo más amenazas y ataques anónimos. El 10 de mayo, en la ciudad de México, estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo sin matrícula. Posteriormente, el juez acusó al presidente de la Suprema Corte de planear los ataques y amenazas.

La noche del 19 de junio, la familia del Dr. Polo Uscanga denunció la "desaparición" de éste. Al día siguiente encontraron su cuerpo, con una bala en la nuca, en su despacho. Aunque las autoridades sugirieron inicialmente que se trataba de un suicidio, las investigaciones probaron que había sido asesinado. Los responsables no han sido puestos en manos de la justicia.

TORTURA BAJO CUSTODIA

Félix Armando Fernández Estrada y Demetrio Ernesto Hernández Rojas fueron detenidos el 20 de octubre de 1994 en la ciudad de México, y torturados por la policía para obligarlos a confesar su participación en un ataque con explosivos ocurrido en el centro de la ciudad en enero de ese año. En 1984 ya habían sido detenidos y torturados debido a sus actividades políticas.

Los sometieron a descargas eléctricas, semiasfixia, golpes y amenazas de que se los haría "desaparecer" o se los asesinaría, y de que sus familias correrían la misma suerte.

Se les negó asistencia médica adecuada y los médicos no certificaron lesiones que podrían haber dado lugar a cargos contra la policía. Una delegación de AI comprobó la presencia de varias lesiones en sus cuerpos que concordaban con las torturas descritas.

Demetrio Hernández Rojas y Félix Armando Fernández Estrada fueron puestos en libertad sin cargos el 26 de abril y el 5 de mayo de 1995 respectivamente. Los responsables de su tortura y detención arbitraria nunca fueron juzgados, y las víctimas no han sido indemnizadas.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Una elevada proporción de los abusos que sufren los indígenas mexicanos se inserta en el contexto de conflictos sobre la propiedad de tierras. Los campesinos son víctimas frecuentes de las autoridades locales, incluyendo las fuerzas de seguridad, que respaldan a las grandes figuras locales.

En el estado meridional de Chiapas, los abusos contra las comunidades indígenas se han cometido en gran escala desde hace años. No obstante, muchas de las peores violaciones de derechos humanos en este estado han ocurrido tras el levantamiento de enero de 1994, y se relacionan con la ofensiva del ejército mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organización compuesta principalmente por indígenas, y que era desconocida hasta entonces.

El 1 de enero de 1994, el EZLN se apoderó de varios municipios de Chiapas. Una semana después, las fuerzas armadas mexicanas habían retomado la mayoría de las localidades. Una de sus acciones militares fue el bombardeo de civiles por unidades de la fuerza aérea. Las fuerzas de seguridad fueron, además, responsables de detenciones arbitrarias, tortura de detenidos, ejecuciones sumarias de presos y "desapariciones". Al menos 145 personas, entre ellas soldados, rebeldes y civiles, murieron durante estas operaciones militares.

En un incidente ocurrido a primeras horas de la mañana del 7 de enero, decenas de soldados llegaron a la localidad de Morelia, vecina a Altamirano, donde la población es principalmente indígena tzeltal. Las tropas forzaron su entrada en las casas, destruyendo propiedad y arrastrando afuera a los hombres. A muchas mujeres y niños los obligaron a pasar cerca de una hora echados en el suelo frente a sus domicilios. Los soldados se llevaron a los hombres a la plaza principal y los obligaron a tirarse boca abajo, postura en la que tuvieron que permanecer hasta entrada la tarde.

A tres líderes campesinos indígenas, Sebastián Santis López, Severiano Santis Gómez y Hermelindo Santis Gómez, los llevaron a la iglesia y allí los torturaron. Los hombres de la plaza los oyeron gritar, y después algunos vieron cómo los metían en una ambulancia militar. Fue la última vez que se los vio con vida. El 10 de febrero de 1994, aparecieron cerca de Morelia los tres cuerpos, con lesiones que indicaban que habían sido sometidos a ejecuciones sumarias. Las autoridades mexicanas han negado toda responsabilidad por su asesinato.

Las mujeres y los niños indígenas también corren peligro. El 4 de junio de 1994, en la vecindad de Altamirano, en Chiapas, María Teresa Méndez Santiz, de 20 años, y sus hermanas Cristina, de 18, y María, de 16, indígenas tzeltales, fueronvioladas y sometidas a otras torturas por soldados del ejército mexicano que las acusaron de apoyar al EZLN. Nadie ha comparecido ante la justicia.

Las conversaciones de paz iniciadas a mediados de enero de 1994 entre el gobierno mexicano y el EZLN fueron suspendidas en febrero de 1995, después de que el gobierno lanzara una ofensiva contra los líderes del EZLN y ordenara a los operativos policiales y militares apostados en Chiapas que tomaran el territorio controlado por los rebeldes. Las operaciones se desarrollaron entre el 9 y el 14 de febrero, periodo en el que los rebeldes se fueron retirando a regiones montañosas aisladas. Durante esos días y los siguientes se denunciaron graves abusos a manos de las fuerzas de seguridad, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. En otras partes del país también hubo redadas policiales contra presuntos miembros del EZLN en las que se detuvo arbitrariamente a decenas de personas, convirtiendo a algunas en "presos de conciencia", y se torturó brutalmente a muchas. El 9 de febrero de 1995, en Cacalomacán, estado de México, se detuvo a ocho obreros de una fábrica de zapatos, entre ellos un joven de 16 años y cuatro mujeres, por sospecharse que pertenecían al EZLN. En un centro de detención secreto, los torturaron brutalmente para que firmaran confesiones que no les permitieron leer, y dos días después los transfirieron a la cárcel, donde aún esperan juicio.

Después de las redadas de febrero de 1995, el gobierno mexicano ofreció seguir las negociaciones con el EZLN, y a finales de año las dos partes habían reanudado las conversaciones de paz.

LOS MIEMBROS DE LA OPOSICIÓN

Los activistas de organizaciones populares o partidos políticos que critican al gobierno y a las estructuras dominantes de poder del PRI siguen sufriendo abusos.

Entre las víctimas de la represión política en México se destacan los miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), agrupación política de centroizquierda muy popular entre los sectores indigentes, incluyendo el campesinado indígena.

El PRD afirma haber documentado 292 asesinatos de sus activistas entre julio de 1988 y enero de 1995. En la mayoría de los casos, los responsables de los ataques actuaron con la tolerancia de las autoridades y han quedado sin castigo.

En algunas regiones del país, hasta las autoridades superiores siguen recurriendo a extremos de violencia para sofocar cualquier oposición. En el estado de Guerrero, 17 campesinos fueron asesinados y 19 resultaron heridos a manos de la policía del estado el 28 de junio de 1995.

Las víctimas formaban parte de un grupo numeroso de campesinos desarmados, incluyendo niños, que se desplazaban en camiones con dirección a Atoyac de Álvarez, cerca de Acapulco, en Guerrero, para exigir en una manifestación la libertad de Gilberto Romero Vázquez, activista campesino "desaparecido" el 24 de mayo de 1995. Muchos pertenecían, como Gilberto Romero, a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), grupo defensor de los derechos de los campesinos.

Según los informes, decenas de policías estatales, junto con "guardias blancas" (pistoleros a sueldo), interceptaron los camiones en una barricada cerca de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, y dispararon durante 15 minutos. Las autoridades locales confirmaron después informes de que el gobernador del estado había ordenado a las fuerzas de seguridad que dispersaran la manifestación en Atoyac de Álvarez, de ser necesario con violencia.

El ataque del 28 de junio había sido planeado, hasta el punto de que fue filmado por miembros del gobierno del estado. La película fue sometida a cortes e interpolaciones para que respaldara las afirmaciones iniciales de las autoridades del estado en el sentido de que los campesinos habían muerto durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Pero un médico que atendió a los heridos en el escenario de la matanza declaró que no había visto armas entre los campesinos. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del gobierno, confirmaron que los campesinos habían sido asesinados mientras iban desarmados, y que al menos uno, Daniel López Castañeda, había sido ejecutado sumariamente de un tiro a quemarropa. Entre los miembros del gobierno estatal presentes durante el ataque, figuraban el director general de Gobernación, el subprocurador, un jefe de policía del estado, un funcionario del ministerio público y un funcionario de la dirección de Gobernación.

Las investigaciones oficiales de la matanza de Guerrero realizadas por las autoridades del estado estuvieron plagadas de irregularidades. Los médicos forenses locales falsificaron los resultados de las autopsias y no hicieron constar la presencia de lesiones concordantes con ejecuciones sumarias. Muchos de los responsables, entre ellos importantes funcionarios del gobierno, han quedado impunes. Es más: parece que después del incidente llegaron a la región cientos de agentes de policía, y durante las semanas siguientes los activistas campesinos locales fueron amenazados e intimidados.

[Pie de foto]:Llanto en el funeral por las víctimas de la matanza de Guerrero. Muchas de ellas pertenecían a una organización defensora de los derechos campesinos.

© Elsa Medina / La Jornada

Los defensores y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de México han continuado fomentando entre la población del país la toma de conciencia en derechos humanos. Su excelente labor ha obligado al gobierno a reconocer la seriedad del problema. Recientemente, los defensores de los derechos humanos han desempeñado un papel clave en prevenir la escalada de violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto en Chiapas, pero también han sido víctimas de crecientes hostigamientos y amenazas. Resulta alarmante ver que los perpetradores parecen disfrutar de una impunidad total.

Entre los que sufren por defender los derechos humanos destacan los que defienden los derechos de los pueblos indígenas de México, incluyendo miembros de la Iglesia Católica. En junio de 1995, el obispo Arturo Lona Reyes, conocido defensor de los derechos humanos y presidente del Comité de Derechos Humanos Tepeyac, en Tehuantepec, estado de Oaxaca, sobrevivió al ataque de unos desconocidos que dispararon contra el automóvil en el que viajaba.

Decenas de defensores de los derechos humanos —incluyendo periodistas—, y miembros de organizaciones populares han sufrido ataques y amenazas de muerte. Entre muchos otros casos han figurado los de David Fernández Dávalos y José Lavanderos Yáñez, director y abogado, respectivamente, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización católica de la ciudad de México. En noviembre de 1995, Emilia González Sandoval, periodista y miembro fundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, en Chihuahua, también recibió numerosas amenazas de muerte. En septiembre, Marciana Campos Juárez, miembro del Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, en Hidalgo, Guanajuato, fue violada y golpeada por un individuo que la había amenazado anteriormente.

En julio de 1995, las hermanas Rocío y Norma Mesino Mesino se vieron obligadas a abandonar su comunidad en Guerrero cuando fueron amenazadas de muerte tras protestar por el asesinato de 17 miembros de la organización campesina a la que pertenecían, ocurrido el mes anterior. También se ha intentado asesinar a su padre, el líder campesino Hilario Mesino Acosta. Nadie ha rendido cuentas de estos ataques ante la justicia.

MEJORAS FUTURAS

La cuestión de las violaciones de derechos humanos en México aún no se ha resuelto satisfactoriamente. En enero y octubre de 1995, dos delegaciones de AI visitaron el país para investigar informes sobre violaciones de derechos humanos. En noviembre del mismo año, una delegación de alto nivel de la organización visitó México para reunirse con las autoridades.

La administración actual tiene la oportunidad de atacar el cuadro de abusos que se ha registrado en el pasado. AI exhorta al gobierno mexicano a que tome medidas para garantizar el respeto pleno por los derechos humanos para el año 2.000. Un primer paso sería poner en práctica las recomendaciones siguientes:

RECOMENDACIONES

Ž Las detenciones deben efectuarse bajo un riguroso control judicial y únicamente por personal autorizado.

ŽTodos los detenidos deben recibir una explicación oral y escrita, en un idioma que puedan entender, de cómo pueden ejercer sus derechos legales. Debe suministrarse un servicio de intérpretes en todas las fases de las actuaciones penales.

ŽDebe hacerse comparecer a todos los detenidos ante un juez prontamente después de su detención y debe permitírseles sin dilación el acceso a familiares y abogados durante la detención o encarcelamiento.

ŽEl gobierno debe facilitar asistencia letrada gratuita inmediatamente después de la detención a todos los acusados sin recursos.

ŽEl interrogatorio de los detenidos y de los acusados de delitos penales debe tener lugar en presencia de un abogado.

ŽLos presos y detenidos, ya se encuentren bajo jurisdicción civil o militar, deben ser internados únicamente en cárceles y centros de detención oficiales y conocidos del público, y en todo momento debe mantenerse a sus familiares enterados de su paradero.

ŽLas confesiones obtenidas con tortura, malos tratos u otras formas de coerción no deben admitirse jamás como prueba en actuaciones judiciales, excepto como prueba contra los perpetradores. Debe proporcionarse a detenidos y presos tratamiento médico adecuado.ŽTodos los informes sobre presuntas torturas u otras graves violaciones de derechos humanos, incluyendo "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, deben investigarse de manera pronta, exhaustiva e imparcial. Cualquier funcionario del estado a quien se declare responsable de tales actos debe ser suspendido de sus funciones y llevado ante los tribunales.

ŽEl gobierno debe garantizar el respeto pleno y la protección efectiva de los defensores de los derechos humanos y de las víctimas y los testigos de violaciones de derechos humanos.

ŽEl gobierno debe ordenar investigaciones efectivas sobre la suerte de los "desaparecidos".

ŽEl gobierno debe reconocer y, cuando sea el caso, ratificar, las normas internacionales de derechoshumanos, con las que deben conformarse la legislación y la práctica nacionales.Véase el informe de AI

«Violaciones de los derechos humanos en México: El reto de los noventa» (Índice de AI: AMR 41/21/95/s).