Amnistía Internacional: Boletín, marzo de 1995

Noticias

[pie de foto pág. 1:]Los padres de Muzafar Ahmed Mirza, un joven maestro detenido por las fuerzas de seguridad de Jammu y Cachemira en octubre de 1991. Un mes después, moría de septicemia, causada por las torturas. El Tribunal Superior del estado ordenó una investigación por asesinato que no parece haberse realizado.

© Ghulam Nabi Khayal

INDIA

Tortura y muerte aguardan al detenido

Cientos, si no miles, de personas han muerto bajo custodia en el estado indio de Jammu y Cachemira desde 1989, año en que hizo erupción el conflicto entre el ejército indio y los grupos secesionistas. La mayoría de las víctimas han sido jóvenes a quienes se sospechaba vinculados con la oposición armada.

AI posee información precisa* sobre 715 personas detenidas durante los últimos cinco años a quienes, al parecer, se torturó hasta matarlas o simplemente se despachó a tiros; pero la cifra real es probablemente más elevada. En marzo de 1993, el periódico Times of India se refirió a los asesinatos bajo custodia en Jammu y Cachemira como un «fenómeno casi cotidiano».

Por lo general, las detenciones ocurren donde se realizan operaciones de contrainsurgencia. Durante ofensivas periódicas para aplastar a la oposición, los soldados penetran en una ciudad o en un pueblo, congregan a cientos de hombres y mujeres y se llevan a cualquiera que les parezca sospechoso de apoyar a la oposición armada.

Rara vez se comunica a los familiares la razón de una detención o el lugar de reclusión. A los detenidos se los tortura casi sin excepción, dicen los informes, y muchos quedan mutilados. A Ghulam Mohammad Bhat, un anciano de Sopore, fue necesario amputarle los pies como resultado de los seis días que pasó suspendido cabeza abajo mientras estaba a disposición del ejército.

En julio de 1993, un oficial entregó a la policía local el cadáver de Abdul Jabbar Mir, maestro de 50 años de edad de Baramulla, detenido por el ejército el día anterior. Un informe policial indicaba que «todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, presentaba señales de tortura»; el médico que practicó la autopsia llegó a la conclusión de que el «difunto había sido sometido a muchas torturas».

El caso de Abdul Jabbar Mir es típico de cientos de muertes bajo custodia en este estado de la India. El ejército insiste en que «le dispararon cuando trataba de fugarse»; que se sepa, no se ha detenido o acusado a nadie en relación con esta muerte. Los únicos aspectos excepcionales del caso son: que la propia policía dejó constancia de que la causa de la muerte había sido la tortura; y que esta conclusión fue refrendada posteriormente por una autopsia.

En los primeros años del conflicto, las fuerzas de seguridad apenas se esforzaron por encubrir las muertes bajo custodia. Simplemente arrojaban los cuerpos desfigurados de las víctimas a un río o al borde de un camino, o los entregaban sin comentarios a la policía o a sus familiares.

Recientemente el gobierno ha tratado de encubrir estos asesinatos atribuyéndolos a “encuentros” violentos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados. Pero las autoridades rara vez presentan pruebas que corroboren la versión oficial de los hechos; por otra parte, la policía ha confirmado en muchos casos que las víctimas murieron bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Aunque el gobierno de la India niega sistemáticamente que la tortura bajo custodia sea generalizada, Krishna Rao, el gobernador de Jammu y Cachemira, reconoce abiertamente que la tortura es una práctica corriente. En 1993, declaró a India Today: «Me duele sinceramente que la tortura acabe en muerte... He advertido a las fuerzas de seguridad que deben tener cuidado».

Son tantos los pacientes llegados de centros de interrogatorios y tortura que ingresan con afeccioes renales agudas que algunos médicos de Jammu y Cachemira se refieren a esta condición como “nefropatía por tortura física”.

Aunque el gobierno indio ha prometido investigar las denuncias sobre torturas y muertes bajo custodia, las investigaciones siguen siendo infrecuentes, y no se conoce ni un solo caso en que se haya enjuiciado a un miembro de las fuerzas de seguridad por matar a un detenido.

Los grupos armados de oposición, por su parte, han cometido también numerosos abusos, tomando rehenes civiles, torturándolos e incluso matándolos. Amnistía Internacional, que condena sin reservas estos abusos, les ha pedido repetidamente que respeten los principios del derecho internacional humanitario.

* Véase Índice de AI: ASA 20/01/95

[pie de foto pág. 2:]Soldados colombianos. © ASCODAS

COLOMBIA

Promesas electorales incumplidas

En agosto de 1994, al tomar posesión de su cargo, el presidente Ernesto Samper Pizano declaró que los derechos humanos constituirían una de las áreas prioritarias de su gobierno. No obstante, varias medidas tomadas recientemente contradicen su promesa de propulsar un programa de derechos humanos y ponen en tela de juicio la voluntad política del gobierno para poner fin a la crisis.

Colombia ha sufrido más de un decenio de torturas, “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales. Que la principal causa de la violencia sea el narcotráfico es un mito: en realidad, las fuerzas armadas colombianas han respondido a las actividades de la oposición armada, que datan de hace mucho tiempo, con abusos graves y sistemáticos perpetrados con casi total impunidad.

Sólo en 1994, las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares ejecutaron extrajudicialmente a más de 1.000 personas. No menos de 150 personas “desaparecieron” durante su detención, y muchos cientos de presos fueron sometidos a torturas.

A diferencia de los presidentes anteriores, Ernesto Samper ha reconocido cierto grado de responsabilidad oficial por la crisis de derechos humanos que sufre Colombia. En septiembre puso en marcha un programa de derechos humanos que prometía atajar la impunidad y erradicar los grupos paramilitares.

Pero poco después, las autoridades rechazaron ciertas disposiciones de un proyecto de ley que habrían tipificado las “desapariciones” en el código penal y colocado la investigación y el enjuiciamiento en casos de derechos humanos bajo la jurisdicción de los tribunales civiles. Manteniendo la jurisdicción castrense para estos casos, el gobierno contribuiría a perpetuar la impunidad.

En diciembre, las autoridades anunciaron la creación de “asociaciones comunitarias de vigilancia rural” de composición civil, para ayudar a las fuerzas armadas en la recolección de información. AI teme que el ejército pueda suministrar armas a estos grupos de vigilantes civiles, y que éstos formen la base de un nuevo aparato paramilitar que pueda perpetuar prácticas ilegales de contrainsurgencia, como ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones”.

KENIA, TANZANIA, UGANDA, ZAMBIA Y ZIMBABUE

Acusaciones penales: la nueva mordaza para la oposición

Varios países africanos están recurriendo a formular cargos penales para reprimir a la oposición política pacífica sin necesidad de emplear tácticas que atraerían más fácilmente la censura internacional. AI ha documentado el empleo político de tales acusaciones en cinco Estados de África oriental y central: Kenia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue*.

Los cargos, que incluyen sedición, subversión y reunión o manifestación no autorizada, se aplican a menudo contra hombres y mujeres que tratan de fortalecer las bases de la sociedad civil; por ejemplo, periodistas, sindicalistas, abogados, defensores de los derechos humanos, personalidades académicas y miembros de partidos de la oposición.

En Kenia, por ejemplo, se han confiscado tiradas enteras de periódicos y publicaciones y se han clausurado imprentas. Desde enero, se ha intimidado, hostigado, detenido, multado y encarcelado a más de 20 periodistas.

También en Zambia se ha acosado a los periodistas. Durante el último año, prácticamente todos los empleados del periódico bisemanal The Post han sido detenidos en distintas ocasiones y acusados de diversos delitos, entre ellos difamación y “alarmar al público”. El periódico ha criticado la política oficial.

La criminalización de la actividad política pacífica es una grave violación de las normas internacionales de derechos humanos. Los cargos, que pueden pender sobre la cabeza de los acusados durante periodos prolongados, a menudo se retiran inmediatamente antes de la fecha fijada para el juicio; pero aun cuando no lleguen al juicio pleno, la preparación de la defensa —o de una serie de defensas para cargos distintos— es un ejercicio costoso y que exige mucho tiempo. Y no hay que olvidar que algunos activistas han sido declarados culpables y encarcelados.

En Tanzania, el gobierno de la isla de Zanzíbar ha optado por obstruir las actividades de los simpatizantes ordinarios del partido de oposición Frente Cívico Unido. Al parecer, al menos 15 personas han sido acusadas formalmente de poseer material sedicioso por tener en su poder grabaciones orales o vídeos de reuniones públicas del Frente Cívico Unido; uno de los acusados ha recibido una pena de tres meses de cárcel.

* Véase Índice de AI: AFR 01/01/95

Noticias breves

* En diciembre, Bjørn Westh, ministro de Justicia de Dinamarca, anunció que se había abandonado el uso del “doble cerrojo”. En su informe de junio de 1994 sobre Dinamarca, AI había calificado este método de restricción física de detenidos como trato cruel, inhumano y degradante. AI ha solicitado al ministro de Justicia que mantenga informada a la organización sobre los resultados de la revisión exhaustiva de otros métodos de restricción física, y de las medidas tomadas para garantizar que todos los detenidos disfruten de acceso a un médico y a los servicios sanitarios, y reciban agua y alimentos.

* El nuevo gobierno de Nepal ha hecho público su compromiso con los derechos humanos. AI desea que llegue a plasmarlo en la realidad. La organización considera muy positivas las promesas de crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos, abolir la pena de muerte e introducir leyes para compensar a las personas torturadas. La tortura y los malos tratos en custodia policial han preocupado a la organización en este país desde hace muchos años.

* El 18 de enero, un equipo de investigación de AI llegó a Kigali, la capital de Ruanda, para dar comienzo a un proyecto de investigación de tres meses en Ruanda, Burundi y el este de Zaire. El equipo está integrado por un miembro del Secretariado Internacional especializado en África Central; Matthew Ganda, un ex funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, oriundo de Sierra Leona; y Holo Makwaia, un abogado de Tanzania.

[pie de foto pág. 8:]Un investigador de AI entrevista a dos hombres con grilletes en los pies. ©ZDF, Alemania

PAQUISTÁN

Encuentros en un viaje de investigación de AI

Una investigadora de AI habla sobre su reciente visita a Paquistán.

«Al cuarto día de nuestra estadía en Karachi, regresábamos de una rueda de entrevistas, cansados, sudorosos y deseosos de descanso. Cuando nuestro automóvil atravesaba un suburbio de Karachi, alcancé a ver, a través de resquicios entre las tiendas, un enorme campo vacío. Algo no estaba bien: en Karachi, con 12 millones de habitantes, no hay espacios desocupados.

Pronto supimos por qué. El campo estaba rodeado por soldados armados. En el centro del campo, tres hombres vestidos de civil interrogaban a otro. Uno de los interrogadores golpeaba al hombre en la espalda y en las nalgas con un palo de madera, y otro le pegaba en la cara con un tubo de goma. Se les aproximó un hombre uniformado, que interrogó a la víctima a gritos mientras la paliza continuaba.

Nos quedamos helados. Avanzamos entre la silenciosa multitud de espectadores, pasando frente a los soldados armados, confiando en que nadie se pusiera nervioso y apretara el gatillo.

El oficial del ejército se volvió hacia nosotros, impaciente: «¿Qué desean?».

Abrí mi bolso lentamente y le mostré mi identificación, diciendo con toda la autoridad de que pude hacer gala: «Somos de Amnistía Internacional. Venimos a investigar qué pasa aquí».

Pude ver que el nombre de AI no le decía mucho, pero enfrentarse con una mujer extranjera que exigía imperiosamente una respuesta lo dejó confundido.

«¿Quién es este hombre?», pregunté.

«Es un contrabandista de narcóticos, debe mostrarnos dónde ha ocultado las drogas.»

«Quizá sea así, pero está prohibido golpear a los sospechosos. Debe llevarlo a la comisaría de policía e interrogarlo allí como se debe, sin usar violencia.»

Nuestro militar no supo cómo responder y se alejó. Comenzaron entonces a interrogar a otro hombre, pero esta vez se limitaron a amenazarlo con el tubo de goma.

Al volver al taxi, me fallaron las fuerzas. No habíamos logrado detenerlos, pero al menos habíamos visto lo que ocurría y lo habíamos filmado. La próxima vez que un funcionario paquistaní me asegure que la brutalidad policial y militar es una exageración inventada por la oposición, podré confrontarlo con mi experiencia personal.

Al día siguiente, devoramos los periódicos locales sin encontrar referencia alguna a la redada y la detención. Quizá sólo fuera una más entre decenas realizadas esa tarde, tan comunes que no eran dignas de mención.

Llegamos a Hyderabad seis días después. La segunda ciudad de la provincia de Sind no es un monstruo urbano como Karachi sino un centro provincial, donde se reciben todas las noticias del interior.

Cuando nos disponíamos a sentarnos a almorzar, un hombre se nos acercó y nos preguntó quiénes éramos. Cuando mi compañero le contestó que éramos representantes de Amnistía Internacional, el rostro del hombre se iluminó.

«Ustedes me ayudaron hace muchos años», nos dijo, «cuando estuve encarcelado seis años bajo la ley marcial. Recibí tantas cartas de Francia y Australia... El director de la prisión solía decir: “Debes de tener muchos amigos en el extranjero”.»

A mi compañero lo embargó la emoción. «Desde luego que lo recuerdo», dijo. «Yo redacté el expediente de su caso, y me puse en contacto con su familia.»

Los dos hombres se abrazaron en silencio. El ex preso de conciencia no encontraba las palabras: «Usted me defendió... Encontrarlo aquí un día... Estoy tan, tan... no sé cómo expresarlo...».

Pasamos la última semana en Peshawar, donde un cartel en el hotel decía: «No se permiten armas; los guardaespaldas armados deben depositar sus armas en la recepción.»

Las tribus de habla pashto de la zona tienen un código del honor sumamente estricto: por haber ayudado en la excarcelación del periodista Sailab Masood, su familia prácticamente me adoptó como a una hija. Sailab fue condenado a 16 años de cárcel en 1993 tras un juicio grotescamente injusto, pero al cabo de unas semanas lo pusieron en libertad.

Sailab tomó vacaciones para ayudarme a concertar reuniones. Me llevaron a ver a los jefes tribales para que me explicaran el sistema judicial de estas áreas. En Malakand, me entrevisté con fundamentalistas musulmanes que normalmente no habrían hablado con una mujer. Están intentando introducir tribunales islámicos. Los han torturado y han destruido sus hogares.

Al despedirnos de Peshawar, Sailab abrazó a los hombres del grupo. A mí, por ser mujer, no me podía abrazar, y me estrechó la mano durante un largo rato, diciendo: «Con su ayuda puedo enfrentarme con cualquier cosa».

Amnistía Internacional: Boletín, marzo de 1995

Llamada

KENIA

El 8 de mayo de 1994, Josephine Nyawira Ngengi, del movimiento pacífico conocido como “Libertad para los Presos Políticos”, fue detenida en Nakuru, 150 km al noroeste de Nairobi. La policía la retuvo ilegalmente, en régimen de incomunicación, durante 22 días. El 10 de junio la acusaron, junto a otras 18 personas, de robo a mano armada, delito para el cual es preceptiva la pena de muerte.

Al parecer, la policía keniana abusa de la ley sobre el robo a mano armada para detener a los críticos del gobierno acusándolos de delitos que no admiten fianza (véase pág. 2). AI teme que los cargos impuestos a Josephine Nyawira Ngengi sean deliberadamente falsos y que ella y algunos de sus coacusados hayan sido sometidos a torturas.

Tanto Josephine Nyawira Ngengi como otros coacusados han sido sometidos a juicio en dos ocasiones distintas: en agosto de 1994, en Nakuru, y en diciembre del mismo año, en Nyeri, 100 km al este de Nakuru. El caso no prosiguió en ninguna de las dos ocasiones. Sin embargo, la volvieron a detener de inmediato, imputándole el mismo delito. Actualmente aguarda juicio en Nyahururu, 60 km al nordeste de Nakuru, junto con otros 14 acusados. Los 15 niegan los cargos.

En 1992, Josephine Nyawira Ngengi participó en una huelga de hambre emprendida por mujeres amigas y familiares de presos políticos que hacían campaña por la libertad de éstos. En el momento de su detención, llevaba cierto tiempo asistiendo regularmente a las sesiones del juicio contra su hermano, G.G. Njuguna Ngengi, acusado junto con otros tres hombres de robo a mano armada. AI cree que los cargos son falsos y considera que los cuatro son presos de conciencia.

Por favor, escriba al presidente pidiendo que se revisen los cargos contra Josephine Nyawira Ngengi y sus coacusados o que se les devuelva la libertad si, como parece, han sido encarcelados por sus actividades pacíficas en la esfera política y de los derechos humanos: President Daniel arap Moi/Office of the President/P O Box 30510/Nairobi/Kenia.

IRÁN

Azizollah Amir Rahimi, de 73 años, general retirado y ex comandante de la Policía Militar, fue detenido en Teherán el 31 de octubre de 1994. Fue sometido a un interrogatorio y quedó en libertad al día siguiente, pero el 3 de noviembre lo volvieron a aprehender y, según informes, fue golpeado por agentes del servicio secreto iraní. A su hijo, Mehrdad Amir Rahimi, lo detuvieron el 8 de noviembre de 1994, tras protestar por la detención de su padre y entrevistarse con periodistas extranjeros. Ambos son presos de conciencia.

Azizollah Amir Rahimi ha criticado abiertamente al gobierno iraní. Hace poco tiempo hizo un llamamiento público al presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanyani para que renunciase al poder o introdujese reformas democráticas y pusiese fin de inmediato al «régimen de censura y delación y al imperio de los mullahs». Son muchas las personas encarceladas en Irán por cargos falsos tras criticar públicamente a las autoridades.

Según un informe difundido el 7 de noviembre por la Agencia de Noticias Iraní, la Dirección de Relaciones Públicas de la Justicia Militar anunció que el general —que está recluido en el Hospital de la Fuerza Aérea en Teherán— había «confesado durante su interrogatorio que consume opio porque padece problemas nerviosos». AI teme que tal “confesión” pueda haber sido obtenida mediante torturas.

En noviembre, la familia de Azizollah Amir Rahimi lo visitó en el hospital, pero desde entonces se desconoce el paradero de padre e hijo.

Por favor, escriba al presidente, pidiendo la libertad inmediata e incondicional del general retirado Azizollah Amir Rahimi y de su hijo: His Excellency Hojjatoleslam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani/The Presidency/Palestine Avenue/Azerbaijan Intersection/Teherán/República Islámica de Irán.

[pie de foto pág. 7:]Juan Carlos Chuchón y Pelagia Salcedo Pizarro, con sus dos hijos.

PERÚ

Pelagia Salcedo Pizarro y su esposo Juan Carlos Chuchón Zea fueron detenidos el 11 de diciembre de 1992 por la rama antiterrorista de la policía en San Juan de Lurigancho, un distrito de Lima. Mediante torturas, les obligaron a firmar un informe policial que indicaba que se los había hallado en posesión de explosivos ilegales y de folletos publicados por el Partido Comunista del Perú (PCP, Sendero Luminoso).

En febrero de 1993, el Consejo de Guerra Especial de la Marina les impuso sendas penas de 30 años de cárcel. Éstas fueron confirmadas en abril del mismo año por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

La policía fundó sus sospechas en la amistad de la pareja con Celso Chavelón Najarro quien, sin que sus amigos lo supieran, estaba sometido a vigilancia policial por sospecharse que pertenecía al PCP. No se presentaron pruebas de que Pelagia Salcedo o Juan Carlos Chuchón tuviesen vínculos con el PCP, ni se sabe que usaran o propugnaran la violencia; los cargos en su contra parecen obedecer a motivos políticos. AI cree que son presos de conciencia y ha pedido su puesta en libertad inmediata e incondicionalmente.

Resulta tristemente irónico que en 1982 el PCP intentara asesinar a la pareja por su oposición activa al grupo. En esa fecha, temiendo por su vida, decidieron abandonar su hogar en las laderas de los Andes y buscar refugio en Lima, donde Pelagia Salcedo tenía un puesto de venta en un mercado y Juan Carlos Chuchón trabajaba como albañil.

Por favor, escriban pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Pelagia Salcedo Pizarro y Juan Carlos Chuchón Zea, al: Excmo. Sr. Ing. Alberto Fujimori/ Presidente de la República del Perú/ Palacio de Gobierno/Plaza de Armas/ Lima 1/Perú.

Amnistía Internacional: Boletín, marzo de 1995

Enfoque

Los derechos humanos, un derecho de la mujer

Para millones de mujeres, la década de 1990 se ha traducido en terror, miseria y la necesidad apremiante de luchar por que se haga justicia. Lo que une a todas ellas, trascendiendo diferencias de clase social, raza, cultura, fe religiosa, nacionalidad y origen étnico, es la vulnerabilidad frente a las violaciones de sus derechos humanos fundamentales, y la lucha tenaz por reivindicarlos.

Los gobiernos del mundo les han fallado por partida doble. No sólo han sido incapaces de garantizarles el disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales: el derecho de la mujer a la igualdad, el desarrollo y la paz es el tema de la próxima Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer; sino que no han hecho nada para prevenir —e incluso en ocasiones han permitido— que se violaran los derechos civiles y políticos de la mujer, como es el derecho a que no la torturen, asesinen, hagan "desaparecer", detengan o encarcelen arbitrariamente.

La responsabilidad de estos abusos no cabe sólo a los gobiernos. En el marco de los conflictos nacionalistas, étnicos y secesionistas que proliferan por todo el mundo, los grupos armados de la oposición también han adoptado tácticas represivas y terroristas.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer reconoce «la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos». Pero el concepto de la universalidad de los derechos humanos se ve socavado por gobiernos que insisten en subordinarlos a la seguridad nacional, a estrategias económicas y a tradiciones locales. Cuando se aplican a la mujer, los criterios son aun más restrictivos.

En muchos países, las mujeres que reivindican sus derechos humanos fundamentales se enfrentan con la tortura, la cárcel o la muerte. Pese a ello, en las últimas dos décadas han ido surgiendo organizaciones de mujeres que se dedican a buscar a familiares “desaparecidos”; reivindican derechos esenciales como el derecho a la subsistencia; emprenden campañas contra la tortura o contra la violencia en el hogar; o reclaman un trato equitativo en el trabajo, la tenencia de tierras o el crédito bancario.

Con harta frecuencia, esta oleada de valor, perseverancia y creatividad se ha topado con un muro: la represión y la indiferencia oficial. Pocos gobiernos reconocen la labor de las organizaciones de derechos humanos femeninas como un ejercicio legítimo de derechos civiles y políticos fundamentales. Pero éstas desempeñan un papel decisivo en la lucha por proteger los derechos humanos de la mujer en todo el mundo.

LAS MUJERES EN LA GUERRA

Ya hace medio siglo que los Convenios de Ginebra declararon ilegal la violación de mujeres durante la guerra: «Las mujeres serán especialmente amparadas [...] contra la violación, contra el forzamiento a la prostitución y contra todo atentado a su pudor.» Pero los dictados del derecho internacional no se escuchan y las mujeres siguen siendo siendo violadas, aterrorizadas y degradadas en todos los conflictos armados contemporáneos.

Los combatientes la consideran parte del legítimo botín de guerra, pero la violación es un acto de tortura, prohibido expresamente por las "reglas de la guerra" y por la legislación internacional de derechos humanos. Sin embargo, son pocos los gobiernos y los grupos armados de oposición que han tomado medidas para prevenirla.

En Bosnia-Herzegovina, las fuerzas armadas han cometido innumerables abusos. Las mujeres han sido violadas en sus hogares por soldados de la propia localidad, y por tropas de paso; en los centros de detención, han sido forzadas por soldados y por guardias. Muchas violaciones han sido organizadas y sistemáticas, encerrándose a las mujeres en hoteles y otros edificios de fácil acceso para los soldados.

Aunque todas las partes en pugna han intervenido en estos abusos, la mayoría de las víctimas han sido mujeres musulmanas violadas por los soldados serbios y las milicias que les asisten. Los abusos sexuales contra la mujer forman parte de una estrategia bélica de intimidación y abusos contra musulmanes y croatas, que ha dejado sin hogar —expulsadas o forzadas a huir— a millares de personas. El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia refirió que la violación se estaba empleando como instrumento de "limpieza étnica", y que, por ejemplo, se habían recibido informes dignos de crédito sobre violaciones perpetradas en presencia de un pueblo entero para aterrorizar a la población y obligar a ciertos grupos étnicos a huir.

La violación durante la guerra no es un acto fortuito ni insignificante. Su uso generalizado refleja el efecto aterrorizante que tiene sobre la mujer, el poder que confiere al violador sobre la víctima, y el desprecio que muestra por la mujer. También refleja la desigualdad de condiciones que vive la mujer en tiempos de paz. El ataque sexual continuará siendo una de las armas predilectas del agresor hasta que los gobiernos no decidan cumplir con su obligación de garantizar la igualdad de condiciones y poner fin a la discriminación contra la mujer.

Durante las hostilidades —ya sean conflagraciones internacionales, guerras civiles o conflictos de menor intensidad—, los derechos humanos de la población civil se ven subordinados al provecho militar. En la Primera Guerra Mundial, apenas el cinco por ciento de los muertos fueron civiles. En la Segunda Guerra Mundial la cifra ascendió al 50 por ciento. A mediados de esta década, el 80 por ciento de las bajas de guerra han sido civiles —en su gran mayoría, mujeres y niños.

Con frecuencia, las fuerzas gubernamentales se enfrentan con movimientos que reciben apoyo de determinado grupo étnico excluido del poder y privado de recursos. En un país tras otro, las tropas que realizan operaciones de contrainsurgencia escogen como blanco a mujeres simplemente por pertenecer éstas al grupo étnico "enemigo".

En enero de 1994, un movimiento indígena campesino se alzó en armas y se apoderó de varios pueblos en el estado mexicano de Chiapas, reclamando derechos de tierras y reformas electorales; tras varios días de lucha encarnizada, los rebeldes se retiraron a las montañas. Desde entonces, el ejército ha plagado de amenazas y ataques a las comunidades indígenas de la región. El pasado junio, cuando regresaban de vender sus productos en un mercado local, tres jóvenes indígenas fueron paradas en un control de caminos, violadas por 10 soldados, y amenazadas de muerte si mencionaban el incidente.

En las provincias del sudeste de Turquía, las mujeres han sufrido abusos similares. Desde julio de 1993, fecha en que el gobierno turco anunció que las fuerzas armadas seguirían una política de “conflicto total” contra el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), se han recibido informes diarios sobre violaciones de derechos humanos contra campesinos kurdos. En las zonas rurales donde se sospecha apoyo al PKK, los soldados han sometido a las mujeres a golpes y humillaciones públicas, sin perdonar a las embarazadas, las ancianas y las niñas. También se han denunciado violaciones en custodia policial, y muchas mujeres han "desaparecido".

El recrudecimiento de los conflictos armados en todos los rincones del globo ha obligado a millones de personas a huir hacia lugares más seguros. De 1981 a 1993, el total de refugiados en el mundo pasó de ocho millones a más de 20. Millones más han quedado desplazados en sus propios países.

Más del 80 por ciento de los refugiados son mujeres y niños. Las refugiadas son especialmente vulnerables durante la huida, cuando pueden ser atacadas por piratas, salteadores, agentes de las fuerzas de seguridad, vecinos, contrabandistas, e incluso otros refugiados. Algunos guardias de frontera han detenido a mujeres y niñas durante semanas para aprovecharse sexualmente de ellas. A veces, los contrabandistas ayudan a las refugiadas a cruzar las fronteras a cambio de dinero o de favores sexuales.

Una refugiada que escapó de las atrocidades del gobierno de Mengistu en Etiopía describe así su travesía hacia un país vecino: «Éramos cuatro: mis dos hijos —de cuatro y dos años de edad—, el guía y yo. Yo estaba encinta de cinco meses. En el camino nos pararon dos hombres que nos preguntaron a dónde nos dirigíamos. Cuando se lo dijimos, uno me llevó aparte y me dijo: "¡Sin sexo no hay paso!" [...] me tiró al suelo, me dio un puntapié en el estómago y me violó en presencia de mis hijos. Él sabía que yo estaba encinta, pero no le importó en absoluto.»

Millones de mujeres se ven atrapadas entre las fuerzas del gobierno y de la oposición armada, ninguna de las cuales escatima la violencia para alcanzar sus objetivos. En todas partes, los grupos armados de oposición han recurrido a tácticas brutales contra personas inocentes. Las mujeres han sido asesinadas, violadas, tomadas como rehenes y atormentadas por grupos armados de oposición, muchos de los cuales dicen luchar en defensa de los derechos de aquellos a quienes atacan.

En Argelia, el asesinato de mujeres por grupos militantes islámicos ha coincidido con medidas represivas del gobierno y un marcado deterioro del respeto por los derechos humanos. Desde febrero de 1992, fecha en que se declaró el estado de emergencia, se informa que más de 30.000 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad y los grupos musulmanes armados.

Estos grupos han ido intensificando la presión para que las mujeres usen el velo musulmán tradicional. Katia Bengana, estudiante de 16 años de Mefta (Blida), en Argelia, se negó a usar el velo pese a haber recibido reiteradas amenazas de muerte. En febrero de 1994, cuando regresaba del colegio con una amiga que llevaba velo, un pistolero les salió al paso, ordenó a la otra joven que se hiciera a un lado, y mató a tiros a Katia.

EN POS DE LA JUSTICIA

En febrero de 1990, la Dra. Manorani Savaranamuttu se vio transportada de súbito a un mundo de muerte, sufrimiento e intimidación cuando secuestraron y asesinaron a su hijo, el periodista Richard de Zoysa. Decenas de miles de personas han “desaparecido” o han sido asesinadas por las fuerzas gubernamentales en Sri Lanka.

Tres meses después del asesinato, una carta le advirtió: «Llora la muerte de tu hijo. Cualquier otra acción te acarreará la muerte... Sólo el silencio te protegerá. Sigue este consejo. Tu hijo desoyó los consejos y no hubo más remedio que matarlo...»

Pero la madre de Richard de Zoysa se negó a aceptar la mordaza, y emprendió una campaña para hacer pública la verdad sobre la muerte del periodista y para que los responsables respondieran ante la justicia. Pese a sus denodados esfuerzos, y a que afirmó poder identificar a uno de los secuestradores de su hijo como uno de los subjefes principales de la policía de Colombo, nunca se realizó una investigación independiente del secuestro y asesinato, y la investigación policial no arrojó resultado alguno.

Desafiando repetidas amenazas de muerte, la Dra. Savaranamuttu asumió un papel destacado en el Frente de las Madres, movimiento que agrupa a 25.000 madres de “desaparecidos” en Sri Lanka. «Ellos esperan que uno se encoja en un rincón y muera de temor», manifestó en 1991. «Pero las mujeres dicen: “Nos enloquecíamos de dolor, solas en nuestra casa”. Ahora al menos hacemos algo.»

Manorani Savaranamuttu es una de las innumerables mujeres cuyos nombres no llegan al dominio público pero que han defendido resueltamente sus principios sin temor a las consecuencias.

En todo el planeta, la pobreza obliga a las mujeres a trabajar en fábricas miserables a cambio de jornales miserables. Los patrones las consideran más baratas y más dóciles que los hombres. Cuando se organizan para defender sus derechos, los poderosos las ven como una amenaza, y pueden hacerles perder el empleo y hasta la vida.

En Indonesia, el salario mínimo dispuesto por las autoridades es inferior al necesario para la subsistencia, y aun así, rara vez se paga en el sector industrial. Las mujeres reciben aproximadamente la mitad del salario de los hombres. En 1993, cuando la dirección de una fábrica de relojes pulsera en Java Oriental decidió no pagar siquiera el inadecuado salario oficial, los obreros se declararon en huelga. Una joven llamada Marsinah fue elegida para mantener negociaciones con la compañía. Dos días después, Marsinah fue secuestrada, y su cuerpo ensangrentado y cubierto de hematomas fue encontrado en una choza junto a un arrozal, a más de 100 km de su casa.

Una organización de derechos humanos investigó el incidente y llegó a la conclusión de que los responsables del asesinato de Marsinah eran altos cargos militares. Es poco probable que se les haga responder ante la justicia en un país en el que las fuerzas de seguridad parecen poder matar impunemente.

Eren Keskin ejerce de abogada y defensora de derechos humanos en Turquía. Por haber defendido a miembros del PKK, la han hostigado y amenazado reiteradamente. «Estamos tomando las medidas para tu ataúd», le dijeron por teléfono. Han disparado contra ella, ha sido agredida por un agente de policía y la han sometido a detención arbitraria y malos tratos. Eren Keskin también podría ser condenada a dos años de cárcel por cargos de “propaganda separatista”, por haber enviado al Parlamento de Bélgica un mensaje acerca de la situación de la minoría kurda en Turquía.

Con frecuencia, las activistas políticas acaban encarceladas. En Myanmar, la Dra. Ma Thida, cirujana y escritora, cumple una pena de 20 años por distribuir información sobre la oposición y prestar apoyo a la Liga Nacional para la Democracia, partido que ganó las elecciones en 1990 pero al que los militares se negaron a entregar el poder.

Las mujeres representan casi la tercera parte de los cientos de presos políticos detenidos en el Tíbet por las autoridades chinas. Muchas han sido torturadas. La mayoría son monjas que cumplen penas de “reeducación mediante el trabajo”, por participar en actos de protesta en favor de la independencia del Tíbet.

En todas partes, las mujeres trabajan activamente en sus comunidades, organizando redes de apoyo, proyectos de salud y educación y guarderías infantiles. Algunos gobiernos ven como una amenaza estas contribuciones a la vida de la comunidad.

En el Perú, las autoridades afirman que las activistas comunitarias simpatizan con la oposición armada, pretexto que han esgrimido para perseguirlas. Una de estas mujeres, Santosa Layme Béjar, ha trabajado en proyectos locales de salud para sectores indigentes desde 1983. En febrero de 1994 la detuvieron, acusándola de pertenecer al grupo armado Sendero Luminoso, bajo cargos formales de “terrorismo”. Resulta irónico que Santosa Layme Béjar haya recibido también amenazas de muerte de Sendero Luminoso por haberse opuesto pública y enérgicamente a sus actividades.

LAS MUJERES CORREN PELIGRO

La violación y otras torturas y abusos sexuales son experiencias conocidas para las mujeres detenidas en muchas partes del mundo. Se usan para arrancar información o confesiones durante los interrogatorios, o para humillar e intimidar a las detenidas.

También se viola y agrede sexualmente a las mujeres para castigar a comunidades enteras. En 1992, cuando los militares iniciaron una operación contra la caza furtiva en el Parque Nacional de Salonga, en Zaire, los soldados violaron a más de una docena de escolares de 13 a 15 años; a un hombre lo obligaron a punta de fusil a violar a su hija de 18 años.

En algunos países, la ley dispone castigos especialmente crueles, inhumanos y degradantes para delitos cometidos principalmente por mujeres.

En Sudán, desde que el gobierno militar promulgó un nuevo Código Penal en marzo de 1991, cientos de mujeres han sido flageladas por violar la legislación sobre “moral pública”. El castigo por usar ropa que, según las autoridades, atenta contra el pudor público, puede llegar a 40 azotes. También en Irán se ha flagelado a las mujeres por no observar las disposiciones sobre el vestido.

En Bangladesh, las mujeres corren riesgos especiales en las zonas en que los consejos municipales locales controlados por militantes islámicos se han erigido en árbitros de la ley islámica y en encargados de su cumplimiento. Durante los últimos tres años, estos consejos, los salish, que no forman parte del aparato judicial ni tienen autoridad legal alguna, han ordenado la ejecución y la tortura o maltrato de mujeres.

En mayo de 1994, un salish condenó a Sapnahar, de 13 años, a ser azotada en público. Ocho meses antes, la niña había sido violada y había quedado encinta. El salish absolvió al presunto violador porque el delito no había sido presenciado por cuatro varones musulmanes y de buena reputación, como lo requiere la ley islámica. El embarazo de Sapnahar fue esgrimido como prueba para declararla culpable de mantener relaciones sexuales ilícitas y condenarla a recibir 101 azotes en público. La organización de mujeres activistas Bangladesh Mahila Parishad dio refugio a Sapnahar en un centro de rehabilitación antes de que pudiesen ejecutar la sentencia.

También se detiene, tortura, toma como rehén o se mata a las mujeres porque sus familiares o conocidos están vinculados con grupos políticos de oposición o los buscan las autoridades.

Un tribunal de Guinea Ecuatorial impuso una pena de 12 años de cárcel a María Teresa Akumu, de 18 años, por atentar contra la seguridad del Estado y amparar a presuntos conspiradores, al parecer debido a la presunta participación de su novio en un ataque contra un cuartel militar. Después de su detención, la torturaron y la privaron de alimentos. Su juicio fue a todas luces injusto. Mientras cumple su condena, la obligan diariamente a realizar trabajos domésticos en la casa de un funcionario del gobierno, y de noche la llevan de regreso a la prisión.

Otros países persiguen a las mujeres por su inclinación sexual. Vulnerables por ser mujeres, a las homosexuales se las marginaliza y estigmatiza aun más por ser lesbianas.

POR LOS DERECHOS DE LA MUJER

La discriminación es un mal fatal. Más mujeres y niñas mueren cada día a consecuencia de la discriminación y la violencia sexuales que por ningún otro tipo de violación de derechos humanos. Todos los años, como resultado directo de la discriminación, a millones de mujeres se las mutila, mata a golpes, se las quema vivas, se las despoja de sus derechos más fundamentales, y se las compra y vende como esclavas domésticas o sexuales en el marco de un comercio internacional no reconocido pero floreciente.

Las mujeres africanas han estado, desde hace años, en la vanguardia de la campaña para erradicar la mutilación genital femenina. Unos 110 millones de mujeres padecen lesiones graves y hasta fatales como resultado de esta práctica tradicional que muchas han sufrido en la niñez, y que se aplica a escala gigantesca: unos dos millones de niñas son mutiladas anualmente.

AI reconoce la importante labor que se realiza para erradicar la violencia doméstica, la mutilación genital, la prostitución forzada y otros actos de violencia cometidos contra la mujer tanto por particulares como por organizaciones. No obstante, el mandato de acción de AI no abarca dichos abusos, pues va dirigido principalmente contra las acciones de los gobiernos y los grupos de oposición.

La resolución de las Naciones Unidas que disponía la celebración de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993 no hacía referencia alguna a la mujer ni a las violaciones de derechos humanos fundadas en el sexo.

Lo que consiguió que se incorporara la cuestión de los derechos humanos de la mujer al orden del día en Viena fue la acción colectiva de las mujeres durante los años y meses que precedieron a la reunión. Como señaló una activista:

«La conferencia formaba parte de un proceso continuo para la mejora de los derechos de la mujer, y es por eso, precisamente, que las mujeres la identificamos como una oportunidad importante de hacer sentir nuestra presencia y de ser oídas. Y lo fuimos».

La “Declaración y Programa de Acción de Viena”, el documento final de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, acabó declarando: «Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales». En marzo de 1994, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró una Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.

La voz de las mujeres se oye en todas partes del mundo: exigiendo justicia, protestando contra la discriminación, reivindicando sus derechos, llorando a sus esposos muertos y consolando a sus hijas violadas.

La tarea del movimiento de derechos humanos internacional no puede ser otra que la de obligar a los gobiernos a que las escuchen y la de velar por que tomen las medidas concretas y necesarias para proteger y promover todos los derechos humanos, que son patrimonio de la mujer.

[pie de foto pág. 3:]Reunión de la Organización de Mujeres "Gabriela", de Filipinas. Las organizaciones no gubernamentales de mujeres desempeñan un papel decisivo en el campo de los derechos humanos. Su contribución debe ser reconocida. © Brenda Prince/FORMAT

[pie de foto págs.4-5:]Mujeres de un pueblo de Kosovo acuden a dar apoyo moral a un ciudadano albanés maltratado por la policía serbia. Las minorías étnicas y los grupos sociales menos favorecidos siguen siendo blanco de la violencia oficial en todo el mundo.© Melanie Friend/FORMAT

[pie de foto pág.4:]Esta mujer dio a luz a su hijo en una prisión de El Salvador. El encarcelamiento de las mujeres junto con sus hijos no debe incitar nunca a infligir torturas o malos tratos. © Jenny Matthews

[pie de foto pág.5:]Esta mujer tuvo que abandonar su casa de Zhokoza, Sudáfrica, en abril de 1994. Las mujeres con hijos constituyen la mayoría de los refugiados y desplazados del mundo. © Ken Oosterbrock/The Star

[pie de foto pág.6:]Ayse Nur Zarakolu, activista de derechos humanos y editora, ha sufrido repetidas veces el acoso de las autoridades de su país, Turquía.