Índice AI: NWS 21/003/2004

Llamada Internacional

(extracto de The Wire)

Abril de 2004

Filipinas

Defensores de los derechos humanos en la isla de Mindoro corren peligro antes de las elecciones

En el mes de febrero murieron dos defensoras de los derechos humanos en la zona oriental de la isla de Mindoro, en Filipinas.

Juvy Magsino, era abogada en favor de los derechos humanos candidata a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2004, y Leyma Fortu trabajaba para la organización de derechos humanos Karapatan. Ambas mujeres estaban afiliadas al partido de izquierdas Bayan Muna. El 13 de febrero de 2004, Juvy y Leyma se dirigían en automóvil a la casa de una amiga cuando dos hombres armados dispararon al vehículo, causando la muerte de ambas.

Aunque algunos observadores atribuyen el ataque a las tensiones electorales, se teme que los responsables puedan pertenecer a un grupo parapolicial vinculado a una brigada local de las Fuerzas Armadas de Filipinas.

En los últimos años se ha llevado a cabo una serie de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones militares para combatir la insurrección en Mindoro. Eden Marcellana, defensora de los derechos humanos que colaboraba con Karapatan, y Eddie Gumanoy, líder de una organización de campesinos, estaban investigando un patrón de abusos contra los derechos humanos en el que los afectados eran generalmente simpatizantes del partido Bayan Muna, cuando fueron secuestrados por 20 hombres armados en abril de 2003. Sus cuerpos se encontraron más tarde con disparos de bala en la cabeza y señales de tortura.

Según las conclusiones de una comisión de investigación y una sesión del Congreso, la Brigada 204 del ejército podía estar implicada en los homicidios. El entonces comandante de la Brigada fue trasladado a la espera de que se iniciaran posteriores investigaciones. No obstante, entre la información que llega sobre prácticas de intimidación a los testigos, no hay noticias de que se haya iniciado ningún proceso penal, y el ex comandante recibió un ascenso a principios de 2004.

Amnistía Internacional teme que en los próximos meses puedan producirse más homicidios de defensores de los derechos humanos en Mindoro a medida que avanza el proceso electoral.

Escriban cartas pidiendo que se lleve a cabo sin demora una investigación independiente y exhaustiva de los homicidios de Juvy Magsino y Leyma Portu, y que se lleve a los autores ante la justicia. Pidan asimismo que se enjuicie sin más dilación a las personas sospechosas de participar en presuntas ejecuciones extrajudiciales anteriores, incluidas las de Eden Marcellana y Eddie Gumanoy. Insten a las autoridades a adoptar medidas para evitar que se sigan produciendo muertes de defensores de los derechos humanos o de otros miembros de la población civil en Mindoro.

Envíen sus llamamientos a:

Presidenta

President Gloria Macapagal-Arroyo

Malacanang Palace

J.P. Laurel St.

San Miguel 1005

Manila, Filipinas

Fax: +632 736 2495/ 733 2107/ 736 1010

Correo electrónico: opnet@ops.gov.ph

Cuba

Un año después de la ola de represión, 79 presos de conciencia siguen encarcelados

Hace un año, el gobierno de Cuba llevó a cabo una masiva ofensiva contra opositores al régimen en la que se detuvo a al menos un centenar de personas. Muchas de estas personas fueron sometidas a juicios manifiestamente injustos y se les impusieron penas de cárcel de entre 6 y 28 años. Amnistía Internacional ha declarado a 79 de ellas presos de conciencia.

Tres de estos presos de conciencia aún no han sido juzgados. Los demás fueron acusados de actividades como la publicación de artículos en los que criticaban aspectos económicos, sociales o de derechos humanos en Cuba, de participar en grupos no oficiales que las autoridades consideran contrarrevolucionarios, o de mantener contactos con individuos a los que se considera hostiles a los intereses de Cuba.

Las autoridades cubanas justificaron la ola de represión contra los disidentes como una respuesta necesaria a la agresión de EE. UU. La legislación cubana prevé la imposición de severas penas de prisión a quienes son declarados culpables de apoyar la política estadounidense contra Cuba.

Amnistía Internacional teme que la mayor parte de los 79 presos hayan sido recluidos deliberadamente en cárceles alejadas de sus lugares de residencia y sus familias y que, según los informes, algunos presos hayan permanecido en régimen de aislamiento durante periodos prolongados a modo de castigo por su actividad política. Además, se han recibido denuncias de malos tratos a manos de los guardias de prisión y de otros reclusos quienes, de acuerdo con la información disponible, actúan con la complicidad de los primeros. Según informes, cuando Víctor Rolando Arroyo Carmona protestó por los malos tratos, tres guardas lo empujaron al suelo y le golpearon en la cara y en el cuerpo. Al parecer, los guardas le atraparon las piernas con una puerta para tenerlo inmovilizado mientras lo golpeaban.

Existen numerosos informes a propósito de enfermedades que padecen los reclusos y que se han agravado debido a las condiciones de la cárcel y a que no se les proporciona un acceso adecuado a asistencia médica.

Además, en algunos casos, la información disponible indica que las autoridades han acosado a los familiares de los presos, debido a sus actividades de disidencia o a sus esfuerzos en favor de parientes encarcelados. Según informes, dicho acoso ha adoptado la forma de amenazas, citaciones, interrogatorios y restricciones del acceso a los reclusos.

Escriban cartas pidiendo que se ponga inmediatamente en libertad incondicional a todos los presos de conciencia de Cuba, incluidas las personas detenidas durante la ola de represión de hace un año. Entretanto son liberados, pidan a las autoridades que proporcionen a los reclusos asistencia y tratamiento médicos adecuados cuando lo necesiten.

Envíen sus llamamientos a:

Su Excelencia Dr. Fidel Castro Ruz

Presidente de los Consejos, de Estado y de Ministros

La Habana, Cuba

Fax: +537 333 085

Correo electrónico: siva@ceniai.cu, o: f_castro@cuba.gov.cu

Estados Unidos

Otra injusticia en Texas en relación con la pena de muerte

El 18 de mayo de 2004 está prevista en Texas la ejecución de Kelsey Patterson, de 50 años, por un doble asesinato cometido en 1992. Kelsey padece desde hace tiempo trastornos mentales graves, habiéndosele diagnosticado esquizofrenia paranoide por primera vez en 1981.

No cabe duda de que Kelsey Patterson disparó contra Louis Oates y Dorothy Harris, pero tampoco parece haber muchas dudas de que detrás de este trágico crimen está la enfermedad mental. Patterson no intentó siquiera evitar la detención: después de disparar contra las víctimas, dejó el arma, se desvistió y cuando llegó la policía se paseaba calle arriba y abajo en calcetines y gritando cosas incomprensibles.

En el año 2000, un magistrado federal señaló que “Patterson no tenía ningún motivo para cometer los homicidios: dice que comete actos involuntarios y que está controlado por fuerzas externas mediante implantes en el cerebro y el cuerpo. Siempre ha sostenido que es víctima de una compleja conspiración de la que forman parte sus abogados y médicos, con los que se niega a colaborar. Desde 1984, se niega a que lo examine ningún profesional de la salud mental, se niega a recibir tratamiento dental y se niega a reconocer que sus abogados lo representan”.

Un jurado declaró a Kelsey Patterson apto para ser juzgado. Pero con su comportamiento en la vista que se celebró para determinar su aptitud y en el propio juicio celebrado en 1993 –cuando interrumpió en reiteradas ocasiones las actuaciones para ofrecer una alambicada explicación de los aparatos que tiene implantados y de otros aspectos de la conspiración de la que es objeto– dio claras muestras de que sus delirios no le permitían comprender racionalmente lo que estaba sucediendo ni tener capacidad para consultar con sus abogados.

A pesar de que se le ha comunicado la fecha de su ejecución, Kelsey Patterson parece vivir en la quimera de que se le ha concedido una suspensión permanente de la ejecución basada en su inocencia, puesto que ha escrito varias cartas a magistrados y miembros de la junta de indultos haciendo referencia a esta circunstancia.

Escriban cartas para detener la ejecución de Kelsey Patterson en aras de las normas morales y la reputación del estado de Texas y del conjunto de los Estados Unidos.

Envíen sus llamamientos a:

Presidenta de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas

Ms Rissie Owens

Presiding Officer, Texas Board of Pardons and Paroles

PO Box 13401

Austin, Texas 78711-3401

EE. UU.

Fax: +1 512 406 5482

y a:

Gobernador

Governor Rick Perry

Office of the Governor

PO Box 12428

Austin, Texas 78711-2428

EE. UU.

Fax: +1 512 463 1849