Llamada internacional

Colombia

Amenazas de muerte a sindicalistas

El 18 de abril, Raquel Galvis recibió una llamada telefónica en la que le advertían que si pasaba por un puesto de control militar la matarían. El autor de la llamada dijo que era miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar respaldada por el ejército. Raquel Galvis pertenece a la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR).

Al día siguiente, Jaime Ernesto Carrillo, presidente de la ASEDAR, recibió una amenaza de muerte por escrito. Decía: «Cuide de sus hijos o no los volverá a ver». La introdujeron por debajo de la puerta de su casa, y le avisaron de ello cuando se hallaba reunido con unos delegados de Amnistía Internacional. En los últimos meses se han sucedido en el departamento de Arauca las amenazas de muerte de grupos paramilitares contra sindicalistas, líderes campesinos y defensores de los derechos humanos.

Las amenazas más recientes se han producido después de una serie de detenciones masivas practicadas en noviembre de 2002 en el municipio de Saravena, donde las fuerzas de seguridad reunieron a unas 2.000 personas y las llevaron al polideportivo local para interrogarlas antes de dejarlas marchar. Ochenta y cinco de ellas, entre las que había líderes de sindicatos y organizaciones cívicas y juveniles, quedaron detenidas. Según informes, las filmaron y les hicieron desfilar delante de la prensa como si fueran miembros de los grupos armados de oposición ELN y FARC. No les permitieron ver a sus abogados hasta el día siguiente. Estas y otras detenciones similares practicadas en gran escala en Arauca y otras partes del país en los últimos meses forman parte de operaciones de las fuerzas de seguridad en las que han participado representantes de la Fiscalía General de la Nación. Estos agentes firman a menudo órdenes de detención y de registro in situ, basándose, no en investigaciones legales, sino en sospechas de las fuerzas de seguridad o de informantes.

Amnistía Internacional teme que los sindicalistas y otros defensores de los derechos humanos del departamento de Arauca estén siendo víctimas de una estrategia coordinada del ejército y los grupos paramilitares con la que se pretende tacharlos de subversivos, tanto a ellos como a sus organizaciones, con lo que corren el riesgo de ser objeto de procedimientos judiciales arbitrarios y de ataques de grupos paramilitares.

Envíen llamamientos por escrito, expresando temor por la seguridad de los miembros de ASEDAR y de otros sindicalistas y defensores de los derechos humanos de Arauca pidiendo al gobierno que tome medidas decisivas para garantizar su seguridad.

Envíen los llamamientos al presidente de Colombia: Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Santafé de Bogotá, Colombia. Fax: + 57 1 342 0592

Israel y los Territorios Ocupados

Se niega el derecho a recibir atención médica a una mujer sometida a detención administrativa

Asma Muhammad Suleiman Saba’neh, residente en el campo de refugiados de Yenín, de 40 años de edad y madre de seis hijos, fue detenida por el ejército israelí el 11 de febrero de 2003. Está sometida a detención administrativa sin cargos.

Hace casi diez años le diagnosticaron y trataron un tumor cerebral. Se lo extirparon, pero menos de cinco años después le detectaron otro en el mismo sitio, por lo que tuvo que ser operada de nuevo. Se encontraba bien hasta principios de este año, cuando comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y le apareció un edema, síntomas que hicieron temer que se le hubiera reproducido el tumor o tuviera otro mal grave. Fue examinada con rayos X, pero resultó imposible hacer un diagnóstico, por lo que su médico recomendó un escáner CT. Sin embargo, antes de que pudiera hacérselo fue arrestada. Se dictó contra ella una orden de detención administrativa por tres meses, que cumple el 11 mayo, pero puede ser prorrogada. El ejército israelí no ha ofrecido ninguna explicación de su detención, aparte de decir que Asma Muhammad Suleiman Saba’neh constituye un «riesgo para la seguridad», que es la razón que suele aducir para justificar las detenciones administrativas.

Las personas sometidas a detención administrativa pueden estar recluidas sin cargos ni juicio indefinidamente, en virtud de pruebas «secretas», por lo que es prácticamente imposible impugnar al legalidad de la detención o defender judicialmente al detenido. Su continua reclusión impide a Asma Saba’neh someterse a la exploración que requiere su problema médico, que podría deberse a un nuevo tumor a una infección. En ambos casos, la rapidez del examen y el tratamiento son esenciales.

Envíen llamamientos por escrito, pidiendo que se deje en libertad a Asma Muhammad Suleiman Saba’neh si no está acusada de ningún delito común reconocible y no va a ser juzgada con prontitud y de acuerdo con las normas internacionales. Asimismo, pidan que se le permita someterse de inmediato a la exploración y los cuidados médicos que necesite.

Envíen los llamamientos al primer ministro de Israel: Prime Minister, Office of the Prime Minister, 3 Kaplan Street, PO Box 187, Kiryat Ben Gurion, Jerusalem 91919, Israel.

Fax: +972 2 651 2631. Correo-e: pm_eng@pmo.gov.il

Argelia

«Desaparición» de un profesor

Mohamed Briki, profesor, «desapareció» el 13 de noviembre de 2002 en Mostaganem, localidad del oeste de Argelia. Hacia la seis de la tarde, unos hombres vestidos de civil y que, aunque no se identificaron, pertenecían, se cree, a la Seguridad Militar fueron a ver a su familia y preguntaron por él. Estuvieron en la casa más de dos horas, en el transcurso de la cuales hicieron uso de walkies-talkiespara comunicarse con el exterior. Dijeron que Mohamed Briki debía presentarse en la comisaría porque tenían que hacerle unas preguntas de rutina.

Esa noche, Mohamed Briki no regresó del trabajo. No se le ha vuelto a ver. Las fuerzas de seguridad no regresaron jamás a su casa para preguntar de nuevo por él, por lo que la familia está convencida de que, como en casos similares ocurridos en su vecindario, lo detuvieron. Las fuerzas de seguridad niegan tener recluido a Mohamed Briki o haberlo detenido alguna vez.

La familia presentó una denuncia contra la Seguridad Militar, pero no ha recibido ninguna que le permita saber qué suerte ha corrido Mohamed Briki. Su padre, agente de policía jubilado, cree que, si está todavía vivo, probablemente se encuentre recluido en secreto en el cuartel de Magenta de la Seguridad Militar, en Orán, donde se piensa que muchas personas «desaparecidas» en la región han estado recluidas en algún momento.

Desde 1993, y especialmente hasta1998, millares de hombres y mujeres han «desaparecido» en Argelia tras haber sido detenidos por miembros de las fuerzas de seguridad o por milicias armadas por el Estado. Se cree que la Seguridad Militar (conocida formalmente como Departamento de Información y Seguridad) es responsable de muchas de estas «desapariciones».

Millares de argelinos más han sido secuestrados por grupos armados durante la pasada década y no se les ha vuelto a ver. Las autoridades argelinas no han investigado ninguno de estos abusos.

Envíen en sus llamamientos la fotografía de Mohamed Briki incluida aquí y pregunten si se encuentra recluido en el cuartel de Magenta. Insistan en que, si está detenido, debe ser puesto de inmediato en libertad o acusado de algún delito común reconocible y llevado ante un juez.

Envíen sus llamamientos al jefe del Estado Mayor de la Seguridad Militar: Chef d'état major, 2ème Région militaire (Oran), Département du renseignement et de la sécurité, Caserne de Magenta, Oran, Argelia.

Actualización

En libertad un niño al cabo de casi un año de detención

Alexandre Nzeyimana tenía 12 años cuando fue detenido, en abril de 2002. Aunque la legislación burundesa no permite encarcelar a menores de 13 años, estuvo preso sin cargos durante casi un año. En febrero de este año lo dejaron por fin en libertad gracias a la mediación de la Asociación Burundesa para la Defensa de los Derechos de los Presos y de Amnistía Internacional.

Aunque se han hecho considerables mejoras, las condiciones imperantes en las prisiones y centros de detención de Burundi son duras, caracterizándose a menudo por el hacinamiento extremo y una insalubridad peligrosa. La prisión central de Mpimba, donde Alexandre Nzeyimana estuvo recluido, tiene capacidad para 800 reclusos; en la actualidad hay más de 2.500, entre ellos 80 menores. A menudo no se respetan los procedimientos de detención y reclusión establecidos, por lo que el número de detenciones arbitrarias y encarcelamientos ilegales es muy elevado.

Si desean más información sobre la difícil situación de los niños detenidos en Burundi, consulten el informe de Amnistía Internacional Burundi: Poverty, isolation and ill-treatment – juvenile justice in Burundi(AFR 16/011/2002), aunque el caso de Alexandre Nzeyimana no se menciona en él.

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