Amnistía Internacional - Boletín Mayo de 1994

Noticias

La policía hace caso omiso de los ataques contra ahmadis

Durante los últimos meses, la comunidad ahmadi de Lahore ha sido objeto de numerosos ataques por un grupo musulmán armado. En 13 incidentes ocurridos entre octubre de 1993 y febrero de 1994, dos ahmadis fueron asesinados y más de una docena resultaron heridos de gravedad.

La comunidad religiosa ahmadi —con cuatro millones de miembros en Paquistán— se considera una de las varias decenas de sectas del Islam. No obstante, los musulmanes ortodoxos la califican de herética, y la legislación paquistaní les prohíbe llamarse musulmanes y practicar su culto.

Testigos presenciales describieron a los agresores como «jóvenes barbudos de entre 20 y 30 años», reconociendo a algunos de ellos como «estudiantes de la Facultad de Medicina Allama Iqbal, de Lahore».

Al parecer, la policía de Lahore se ha negado a investigar los incidentes, incluso cuando los familiares de las víctimas proporcionaban los nombres de los agresores o el número de sus placas de matrícula. En uno de los incidentes, los asaltantes arrastraron a dos personas, a quienes habían propinado una paliza brutal, a una comisaría de policía local; parece que la policía registró una denuncia contra las víctimas, pero no tomó medida alguna contra los agresores.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Paquistán a enjuiciar a cualquier policía que se hubiese confabulado con los agresores. La organización señaló que compete al gobierno velar por que la policía registre e investigue exhaustivamente todas las quejas relativas a dichos incidentes, llevar a la justicia a los agresores, y tomar medidas efectivas para impedir más atentados.

AI también ha exhortado a todas las autoridades religiosas y a los líderes políticos de Paquistán a que condenen tales ataques. q

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS

Tras la masacre de Hebrón, Israel debe revisar su política policial

AI ha solicitado al gobierno israelí que someta a un examen exhaustivo la actuación de sus fuerzas en los Territorios Ocupados, especialmente en vista de la matanza de febrero en la mezquita de Haram al-Ibrahimi, en al-Khalil (Hebrón).

Durante el ataque, unos 29 palestinos fueron asesinados por un colono israelí y, durante las dos semanas siguientes, 31 palestinos y un civil israelí cayeron abatidos por los tiros de las fuerzas israelíes. La matanza de al-Khalil se produjo tras meses de repetidos actos de violencia contra palestinos por parte de los colonos israelíes, actos que calificaban a menudo como represalias por ataques de grupos armados palestinos. Las muertes causadas por las fuerzas israelíes concuerdan con el persistente e injustificado uso de fuerza mortífera que se ha venido observando en los Territorios Ocupados desde hace más de seis años.

El gobierno israelí ha iniciado una investigación judicial de la matanza. AI considera éste un paso positivo, pero cree que, además, el ejército y la policía paramilitar de frontera deben recibir equipo y entrenamiento adecuados para el control de masas o, en su defecto, deben ser retirados de la región y reemplazados con agentes de la policía ordinaria que hayan sido entrenados adecuadamente.

AI también ha instado a que se introduzca en los Territorios Ocupados un equipo internacional de observadores de derechos humanos que sea efectivo y esté facultado para tratar incidentes concretos con las autoridades israelíes y palestinas.

Tras los homicidios arbitrarios de civiles israelíes en los últimos meses, y amenazas de ataques similares, AI ha exhortado a los grupos armados responsables a poner fin a éstos y otros abusos. q

[pie de foto:] Soldados israelíes en Rafah, Gaza, vigilan a unos palestinos que les arrojaron piedras tras la masacre de Hebrón.

CAMERÚN

Los soldados matan a más de 55 árabes shuas

Las tropas enviadas para restablecer el orden en la región más septentrional de Camerún han dado muerte a más de 55 campesinos árabes de la comunidad shua —principalmente mujeres y niños— como venganza, al parecer, por la muerte de un soldado.

La matanza ocurrió el 17 de febrero en Karena, a orillas del lago Chad. El día anterior, el jefe de la localidad y un soldado habían muerto en un incidente en el que participó un grupo de bandoleros. Según parece, durante un servicio fúnebre celebrado en honor del jefe, las tropas rodearon la localidad, dispararon indiscriminadamente contra los residentes y prendieron fuego a sus casas.

Más de 55 personas resultaron muertas, entre ellas nueve mujeres y 35 niños; la víctima más joven fue un bebé de seis semanas. Muchos murieron carbonizados. Más de 90 personas resultaron heridas.

Pese a haber sido enviado para poner freno a la violencia entre los árabes shuas y el grupo étnico kotoko, y para controlar los ataques de los bandoleros, aparentemente el ejército ha escogido como blanco a los árabes de la comunidad shua. Las atrocidades cometidas en Karena se suman a los informes de detenciones, torturas y asesinatos de los árabes shuas —algunos de ellos, al parecer, denunciados por los kotokos— que se produjeron en enero en otras zonas del extremo norte del país.

AI ha condenado la matanza de Karena y ha pedido que se someta a juicio a sus responsables y se ponga punto final a las ejecuciones extrajudiciales. q

Burundi: AI pide una investigación de la masacre de marzo

Después de la matanza de marzo, en la que más de 200 civiles desarmados habrían sido asesinados por el ejército, AI ha instado a las autoridades de Burundi a que inicien una investigación de estas muertes y pongan a sus autores en manos de la justicia. La organización también ha exhortado a los jefes militares burundeses a que condenen públicamente los asesinatos y velen por que sus tropas usen únicamente los métodos estrictamente necesarios para el desempeño de sus funciones.

El ataque tuvo lugar por la noche, en la zona de Kamenge, en Bujumbura, la capital. Las víctimas fueron principalmente miembros del grupo étnico hutu y entre ellas figuraban niños. Los mandos militares niegan la participación de las fuerzas de seguridad, pero el empleo de bayonetas y la rapidez de la operación indican lo contrario. Muchos cadáveres fueron transportados en camiones militares y arrojados a los ríos Ntahanga y Rusizi.

Parecería que el propósito de la matanza era hacer una demostración de fuerza, orquestada por el ejército, tras la negativa de algunos civiles de la comunidad hutu de Kamenge a dejarse desarmar por los gendarmes; también constituiría una represalia por la muerte, unos días antes, de varios gendarmes en un tiroteo con hutus armados.

Estas muertes se inscriben en el cuadro de violencia que ha arrasado Burundi desde que el ejército asesinó al presidente Melchior Ndadaye —de etnia hutu— y a otras autoridades del gobierno, en el golpe de Estado perpetrado el 21 de octubre de 1993.

Amnistía Internacional teme que se produzcan más muertes, a menos que las autoridades tomen medidas urgentes para impedirlo.

RUMANÍA

Proyecto de ley amenaza las libertades civiles

El proyecto de enmienda del Código Penal rumano contravendría los tratados internacionales de derechos humanos ratificados o firmados por Rumanía. AI ha instado a los miembros de la Cámara de Diputados a que rechacen los cambios, que fueron aprobados por el Senado el 2 de febrero.

El proyecto de ley enmienda una serie de disposiciones del Código Penal, entre las que se incluyen los artículos 200 (Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo), 239 (Escándalo Público); 236 (Ofensa Grave al Estado o la nación); y 168 (Comunicación de noticias falsas). AI teme que estas disposiciones impongan restricciones arbitrarias y excesivas a la libertad de expresión y al derecho de reunión y de asociación.

En varias ocasiones a lo largo de 1993, AI comunicó a las autoridades rumanas su inquietud respecto del artículo 200, apartado 1, que prevé la detención, el enjuiciamiento y el encarcelamiento de adultos que realizan, de común acuerdo, actos homosexuales en privado. AI también pidió la puesta en libertad de presos acusados o condenados en aplicación de esta ley.

La enmienda al artículo 200, apartado 1, castiga las «relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, cuando causan un escándalo público» con penas de uno a cinco años de cárcel. La incorporación a la ley del concepto de «escándalo público» podría generar interpretaciones judiciales variables y contradictorias, dando lugar al enjuiciamiento de adultos únicamente por actos realizados de común acuerdo y en privado que no resultarían delictivos de ocurrir entre personas heterosexuales en circunstancias similares. q

[pie de foto:] Milorad Mutascu fue acusado en virtud del artículo 200 y encarcelado en Timisoara del 21 de enero al 12 de mayo de 1993.

EL SALVADOR

Cinco niños reunidos con sus familias 12 años después

Doce años después de "desaparecer" entre las manos del ejército salvadoreño, cinco niños han sido localizados y reunidos con sus familias.

Nelson Ramos, María Elsi Romero, Andrea Mejía, Angélica y Marta Abrego figuraban entre los 50 niños que los militares se llevaron en helicópteros durante un ataque contra civiles en Chalatenango en mayo de 1982.

A mediados de enero de 1994, exactamente dos años después de finalizar el conflicto armado en el país, los familiares supervivientes hallaron a los niños —ahora adolescentes— en un orfanato de La Libertad.

Las familias de unas 7.000 personas "desaparecidas" durante la guerra siguen aguardando noticias de su suerte. El gobierno ha puesto trabas a sus esfuerzos por conseguir que se haga justicia: la ley de amnistía de 1993 impide la investigación judicial de asesinatos y "desapariciones" ocurridos antes de 1992. En junio, un nuevo gobierno deberá enfrentarse con sus apremiantes requerimientos.

«Ahora la lista de las personas desaparecidas tiene cinco personas menos», dice la familia, «y los demás ¿dónde están?» q

CHINA

Estrictos controles estrangulan libertad de culto

Según los informes, al menos 30 predicadores protestantes y líderes católicos de China han sido detenidos o han visto restringidos sus movimientos durante los últimos meses. AI cree que muchos son presos de conciencia recluidos por ejercitar pacíficamente su derecho a la libertad de culto. A mediados de febrero, varios cristianos de nacionalidad extranjera también pasaron unos días detenidos, en aplicación de las nuevas normativas nacionales sobre actividades religiosas, en vigor desde el 31 de enero. Dichas normativas confirman las restricciones a la libertad de culto impuestas durante los últimos años en varias disposiciones locales.

La nueva reglamentación dispone que las actividades religiosas sólo pueden llevarse a cabo en lugares registrados oficialmente o controlados por organizaciones religiosas oficiales. Además, se proscriben las actividades religiosas que se considere «socavan la unidad y la estabilidad nacionales» y el material religioso «cuyo contenido sea perjudicial para el interés público en la sociedad china». Las nuevas disposiciones nacionales afectarán especialmente a los grupos religiosos que organizan reuniones en domicilios particulares.

Pan Yiyuan, líder de una iglesia domiciliaria protestante, fue detenido el 2 de febrero y, según informes, está recluido en el Centro de Detención de Zhangzhou. La policía irrumpió en su domicilio, ubicado en Zhangzhou, provincia de Fujian, y confiscó su correspondencia privada, diarios, libros religiosos, cintas sonoras, películas de vídeo y ejemplares de la Biblia. También registraron la residencia de su madre, Xu Birui, de 83 años de edad. Xu Birui se halla sometida a arresto domiciliario, con orden de presentarse a diario en la oficina local de la seguridad pública para ser interrogada sobre sus actividades religiosas.

AI continúa luchando para obtener la libertad de otras personas aprehendidas anteriormente. Entre ellas figuran seis predicadores protestantes de la provincia de Anhui, detenidos desde julio y agosto de 1993: Dai Guiliang, Ge Xinliang, Dai Lanmei, Guo Mengshan, Liu Wenjie y Zheng Lanyun, todos ellos granjeros del departamento de Mengcheng, provincia de Anhui. Cuatro de ellos por lo menos han recibido penas administrativas de “reeducación mediante el trabajo”, que no son sino detención sin cargos ni juicio en un campo de trabajos forzados por periodos de hasta tres años. q

HAITÍ

Pese al pronunciado aumento que se ha registrado recientemente en el número de violaciones de derechos humanos en Haití, el gobierno de los EE UU no ha modificado su política de interceptar en el mar a quienes intentan abandonar el país, y sigue devolviéndolos por la fuerza a Haití sin evaluar sus solicitudes de asilo. A su regreso, algunos han sido objeto de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas. En marzo, las fuerzas armadas haitianas detuvieron a nueve personas de un grupo de 141 repatriados. Seis siguen detenidas, sin que se les hayan permitido visitas de funcionarios de las Naciones Unidas ni del gobierno de EE UU. Las violaciones de derechos humanos se han venido incrementando en Haití desde octubre, mes en que se desbarató el acuerdo de la isla de Gobernador para restablecer la democracia en Haití; otro factor del recrudecimiento de los abusos ha sido la retirada temporal de los observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, organizaciones que ahora cuentan con una presencia mucho más reducida en la isla. AI ha hecho un nuevo llamamiento al gobierno de los EE UU, manifestando que ahora más que nunca resulta necesario que se suspenda y revise urgentemente la política de repatriación forzada de los solicitantes de asilo haitianos. En la fotografía, una mujer embarazada es escoltada al descender de un navío estadounidense: uno de los 86 haitianos repatriados en enero de 1993.

GUATEMALA

Exhuman 200 cadáveres de fosas comunes

Los restos de casi 200 cadáveres exhumados de fosas comunes en la vecindad de Río Negro, localidad hoy desierta del departamento de Baja Vera Paz, en Guatemala, están siendo examinados por equipos de peritos forenses.

Los testigos y supervivientes de la matanza dicen que las tropas penetraron en Río Negro el 13 de marzo de 1982 en el momento más crítico de la campaña de contrainsurgencia del ejército, y violaron y asesinaron a las mujeres y dieron muerte a los niños. Los hombres, al parecer, habían huido poco antes para evitar que los forzasen a alistarse en las patrullas civiles, milicias obligatorias que actúan bajo el mando del ejército. Los militares alegan que los residentes de Río Negro pertenecían a la oposición armada y, al mismo tiempo, que la matanza fue perpetrada por las fuerzas de la oposición. El Ministerio Público ha prometido una investigación.

La exhumación de Río Negro se distingue de las otras, escasas, llevadas a cabo en Guatemala en los últimos años porque se trata de un número elevado de víctimas y porque, además, no se atribuyen los asesinatos a las patrullas civiles sino directamente al ejército guatemalteco. También cabe notar que las exhumaciones de Río Negro se han producido una vez reanudadas las conversaciones de paz entre los militares y la oposición armada. Las conversaciones han sido suspendidas en repetidas ocasiones debido a la negativa del ejército guatemalteco a aceptar el establecimiento de una Comisión de la Verdad para investigar los abusos atribuidos al ejército.

Mientras tanto, los equipos de peritos forenses han anunciado el hallazgo de otras fosas vecinas a las excavadas en Río Negro; esta vez, según se cree, se trataría de unos 300 restos mortales.

AI ha pedido a las autoridades que enjuicien a los responsables de la política de ejecuciones extrajudiciales masivas practicada por el ejército a finales de los años 70 y principios de los 80. También ha instado al gobierno a que encargue a una Comisión de la Verdad la investigación de abusos pasados —como la matanza de Río Negro— dentro de las actuales conversaciones de paz entre el ejército y la oposición armada. q

RUANDA

Inestabilidad y violencia políticas retrasan las salvaguardias de derechos humanos

La inestabilidad política ha contribuido a un incremento repentino de los asesinatos en Ruanda, y ha retrasado la puesta en práctica de importantes salvaguardias de derechos humanos. El gobierno provisional, que debía entrar en funciones poco después del acuerdo de paz firmado en agosto de 1993 entre el grupo de oposición Frente Patriótico Ruandés y las fuerzas gubernamentales, aún no lo había hecho seis meses después. Las ejecuciones extrajudiciales continuaron perpetrándose con total impunidad.

Desde el estallido del conflicto armado en octubre de 1990, más de 2.000 civiles desarmados, principalmente de la etnia tutsi, han perdido la vida, aparentemente a manos de las fuerzas del gobierno y de pandillas hutus.

Al menos 37 personas resultaron muertas y decenas más heridas el 22 y 23 de febrero de 1994 en ráfagas de violencia política en Kigali, la capital, y en la prefectura sureña de Butare. Ninguno de los perpetradores ha sido identificado. Las garantías de derechos humanos establecidas en el acuerdo de paz prevén la creación de una comisión investigadora de los abusos pasados.

ÚLTIMA HORA

AI ha condenado la matanza de miles de personas tras el asesinato de los presidentes de Ruanda y Burundi el pasado 6 de abril, y ha pedido calma. Algunos informes estiman el número de víctimas en 20.000, incluyendo los ataques contra la población civil perpetrados tanto por las fuerzas armadas ruandesas como por los grupos de “vigilantes”. AI ha criticado a la comunidad internacional por organizar la evacuación únicamente de nacionales extranjeros, abandonando a su suerte al resto de la población. AI considera que la ONU debería haber parado la carnicería, y ha exhortado a la organización a que negocie un acuerdo que procure verdaderas garantías para los derechos humanos en el futuro, y envíe un número considerable de observadores de derechos humanos al país. q

Amnistía Internacional - Boletín Mayo de 1994

Llamada

GUINEA ECUATORIAL

Jacinto Nculu Abaga, sargento de 44 años de edad, se encontraba entre las decenas de presuntos opositores políticos —soldados y civiles— que fueron detenidos en agosto de 1993 en Malabo, la capital, ubicada en la isla de Bioko. En octubre fue declarado culpable de conspirar para derrocar al gobierno e instigar a la rebelión, y recibió una pena de 24 años de cárcel (reducida posteriormente a ocho años en virtud de una amnistía). El juicio distó mucho de ser imparcial. AI lo considera preso de conciencia.

Jacinto Nculu Abaga fue sometido a torturas brutales en el cuartel militar donde lo recluyeron antes del juicio. La mayoría de las personas detenidas con él también fueron torturadas, y después puestas en libertad. El tribunal militar que lo enjuició junto con otros cinco soldados empleó procedimientos sumarios que cohartaron los derechos de los acusados, y les negó el derecho de apelar contra la sentencia. El fiscal no consiguió probar la existencia de la supuesta conspiración. Los otros cinco recibieron penas de tres años de cárcel cada uno (posteriormente reducidas a 18 meses).

Los casos de detenciones arbitrarias y tortura de activistas políticos sufrieron un pronunciado aumento a partir de julio de 1993, fecha en que los partidos de oposición anunciaron su intención de boicotear las elecciones —fijadas para septiembre de 1993— por considerar que la ley electoral restringía su libertad de expresión y asociación. Los comicios fueron aplazados hasta noviembre de 1993. El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (en el gobierno) resultó triunfante, pese al elevado índice de abstención y a denuncias de fraude electoral. En 1994 continuó la detención y tortura de activistas políticos.

Por favor, escriban pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Jacinto Nculu Abaga a: Excmo. Sr. General de Brigada Teodoro Obiang Nguema Mbasogo/Presidente de la República/Gabinete del Presidente/Malabo/Guinea Ecuatorial.

MÉXICO

Severiano Santiz Gómez, de 65 años, Sebastián Santiz López, también de 65, y Hermelindo Santiz Gómez, de 40 años, aparecieron sin vida en la vecindad de la comunidad indígena tzeltal de Morelia, estado de Chiapas, el 11 de febrero de 1994. Los tres habían sido detenidos arbitrariamente el 7 de enero por tropas del ejército que les infligieron torturas en el edificio de la iglesia local y después se los llevaron en una ambulancia militar.

Estas muertes se inscriben en un catálogo de violaciones de derechos humanos perpetradas en Chiapas tras el estallido de un combate encarnizado entre el grupo armado de oposición Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las tropas del gobierno mexicano.

El Ministerio de Defensa negó que las fuerzas armadas hubiesen detenido a los tres hombres, pero los delegados de AI que visitaron Chiapas del 18 al 22 de enero de 1994 se entrevistaron con decenas de residentes de la localidad de Morelia que habían presenciado la detención. Los delegados también se enteraron de que otras 31 personas aprehendidas en la localidad habían sido sometidas a palizas, puntapiés y quemaduras. Algunas han recobrado la libertad, pero otras siguen recluidas en la cárcel de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.

Este triple asesinato ha agudizado el temor de AI por la seguridad de otras personas "desaparecidas" en México desde principios de enero de 1994. AI también ha recibido con inquietud denuncias de hostigamiento de activistas populares y observadores de derechos humanos de la región, por miembros de las fuerzas armadas.

Por favor, escriban al presidente, pidiendo que se investiguen inmediatamente estas muertes, se enjuicie a los responsables y se averigüe el paradero de todas las personas denunciadas como "desaparecidas": Excmo. Sr. Lic. Carlos Salinas de Gortari/ Presidente de la República/ Palacio Nacional/ 06067 México D.F./México.

MARRUECOS

Abdallah Housby, de 35 años, profesor de matemáticas y miembro de la Unión Nacional de Educadores de Marruecos, ya ha pasado más de una cuarta parte de su vida en la cárcel debido a sus convicciones.

Lo detuvieron en noviembre de 1985, aparentemente después de una distribución de folletos por un grupo izquierdista proscrito. Después lo sometieron a torturas durante un periodo prolongado de incomunicación en un centro de detención secreto, donde lo obligaron a firmar una confesión. En febrero de 1986 lo enjuiciaron junto con otras 26 personas; las confesiones que les arrancaron mediante torturas fueron usadas para declararlos culpables. Abdallah Housby recibió una pena de 10 años de cárcel por conspirar contra la seguridad del Estado, pertenecer a una organización ilegal y distribuir folletos no autorizados.

Desde su encarcelamiento, se ha dedicado a estudiar derecho. Junto con los otros 26 presos, ha participado en numerosas huelgas de hambre —algunas, prolongadas, han afectado su salud— para protestar contra su encarcelamiento y contra las condiciones carcelarias. Algunos de estos reclusos fueron puestos en libertad al cumplirse sus condenas, y 11 quedaron libres por perdón real en agosto de 1991. Abdallah Housby y otros 11 siguen cumpliendo sus condenas de hasta 20 años de cárcel en la prisión de Oukacha, en Casablanca.

Amnistía Internacional considera que Abdallah Housby es un preso de conciencia, encarcelado únicamente por expresar sus convicciones profundas.

Por favor, escriban pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Abdallah Housby al ministro de derechos humanos: Son Excellence Monsieur Omar Azziman/ Ministre des droits de l'homme/ Bureau du Premier Ministre/ Palais Royal/ Rabat/ Marruecos.

Amnistía Internacional - Boletín Mayo de 1994

Enfoque

El precio de los derechos sindicales

En Corea del Sur, la policía antidisturbios se enfrenta a los trabajadores que se manifiestan contra la "funesta" legislación laboral (derecha). En Chad, un grupo de hombres vestidos de militares asesinan al presidente de uno de los principales sindicatos nacionales de camino al trabajo. En Indonesia, detienen a unos 19 sindicalistas la víspera de una huelga general.

En muchas partes del mundo, los activistas sindicales pagan un precio muy alto por su labor: se los amenaza, detiene sin cargos, tortura y asesina, a menudo con la participación de las fuerzas de seguridad. En algunos países como China, el mero hecho de tratar de organizar un sindicato independiente puede deparar la detención y el encarcelamiento. Los siguientes son algunos de los países donde ser sindicalista puede conllevar una vida en continuo estado de temor.

AI documenta casos de este tipo todos los años, como puede verse en las páginas siguientes: historias —a veces terribles— de innumerables personas que han caído víctimas de las autoridades por sus opiniones políticas o sus actividades pacíficas de solidaridad con sus compañeros de trabajo. Desde estas páginas, AI pide a sus miembros que las defiendan.

INDONESIA

El gobierno ha llegado a una coyuntura crítica en sus relaciones con los trabajadores. Los derechos del trabajador son tan restringidos que EE UU está considerando la posibilidad de suspender los privilegios comerciales que tradicionalmente confiere a Indonesia.

La víspera de una huelga general convocada para el 11 de febrero, unos 19 sindicalistas fueron detenidos únicamente debido a sus actividades pacíficas. Según los informes, la mayoría fueron puestos en libertad, pero tres fueron acusados formalmente en aplicación del artículo 155 del Código Penal, uno de los artículos relativos a actividades que, según las autoridades, “siembran el odio”. El gobierno indonesio recurre a la detención por periodos breves y a las amenazas de acción legal para amordazar a sindicalistas y otras personas que participan en actividades pacíficas de oposición política.

A pesar de las considerables restricciones impuestas al derecho de huelga y de sindicación, durante los últimos tres años los paros laborales se han vuelto cada vez más frecuentes en Indonesia. La huelga general de febrero tenía por objeto lograr: la duplicación del jornal mínimo (elevándolo a 3,30 dólares), la mejora de las condiciones laborales, la autorización para sindicarse y el reconocimiento oficial de la agrupación que había convocado la huelga, el Sindicato Indonesio del Trabajo Próspero. En Indonesia existe sólo un sindicato reconocido oficialmente, y está patrocinado por el gobierno.

SUDÁFRICA

Durante el tenso periodo precedente a las primeras elecciones con sufragio universal, fijadas para finales de abril, los sindicalistas se han convertido en víctimas de los partidos de derecha que se oponen a participar en el proceso electoral, que han actuado con la connivencia o el consentimiento de las fuerzas de seguridad.

En la zona costera del norte de Natal, los sindicalistas afiliados al Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) —vinculado al Congreso Nacional Africano (ANC)— han sido objeto especial de ataques por tratar de organizarse en una región dominada políticamente por el Partido Inkhata por la Libertad y las autoridades de Kwazulú, “patria” nominalmente independiente.

Enoch Nzuza, dirigente regional de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica y miembro del ANC, ha sido hostigado sin cesar por agentes de la policía sudafricana y ha sobrevivido a varios intentos de asesinato —el último, el 12 de febrero— perpetrados por un “escuadrón de choque” vinculado con la policía kwazulú. Este “escuadrón” mató, en agosto de 1993, a un representante del citado sindicato. Nadie ha sido sometido a juicio por estos ataques.

BRASIL

En las zonas rurales del país, la vida de los sindicalistas pende de un hilo. En los últimos tres años solamente, se ha dado muerte a 23 dirigentes sindicales rurales. Desde 1964, en el marco de conflictos laborales y de tierras, 1.857 campesinos, indígenas y sus asesores han sido asesinados. Sólo el 3 por ciento de estos casos han sido llevados ante los tribunales. Con frecuencia, los asesinos son miembros de las propias fuerzas de seguridad, contratados por los terratenientes locales.

COREA DEL SUR

Unos 25.000 trabajadores se manifestaron en octubre en Seúl contra la legislación laboral, que los líderes sindicales han calificado de “funesta”. AI lleva muchos años exhortando al gobierno a que proteja la libertad de expresión y asociación, pero los dirigentes sindicales siguen viviendo bajo la amenaza constante de encarcelamiento en aplicación de leyes que proscriben muchas de sus actividades sindicales cotidianas.

En especial, el artículo 13(2) de la Ley sobre Mediación de Conflictos Laborales prohíbe la “intervención de terceros” en una disputa. Y así es como definen las autoridades el asesoramiento prestado a los sindicalistas en materia de derechos laborales y negociaciones salariales.

Ésta es la ley que se ha invocado recientemente para amenazar con la cárcel a los principales dirigentes sindicales del país. En marzo, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo* manifestó: «El Comité estima que la prohibición de la intervención de terceros en la solución de conflictos constituye una grave limitación al libre funcionamiento de las organizaciones sindicales. El Comité invita al gobierno a que abrogue esta prohibición». La prohibición, que se sepa, sigue en pie.

Brasil

En 1993, en el estado de Pará, apenas acabada la celebración local del 1º de Mayo, Arnaldo Delcídio Ferreira, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Carajás, fue asesinado a tiros mientras dormía. Su hijo de 17 años presenció el ataque. El terrateniente detenido en relación con este delito fue puesto en libertad posteriormente y se desconoce su paradero.

Arnaldo luchaba en pro de la reforma agraria, contra el desalojo de campesinos en conflicto con terratenientes locales, y contra la deforestación causada en la región por un proyecto de desarrollo financiado por capital internacional. También había colaborado estrechamente con Greenpeace, la organización internacional que se ocupa del medio ambiente.

Uno de los tres atentados anteriores contra la vida de Arnaldo Delcídio Ferreira, llevado a cabo en 1985, causó la muerte de la hermana Adelaide Molinari, con la que el sindicalista se hallaba conversando en aquel momento. La bala que dispararon contra Arnaldo le atravesó a éste el cuello y alcanzó a la religiosa. El pistolero acusado del homicidio fue detenido por la policía, pero también recobró la libertad y pasó a la clandestinidad.

Los familiares de Arnaldo —muchos de los cuales siguen participando activamente en el sindicato— han recibido amenazas de muerte, y sus domicilios han sido blanco de disparos. Su seguridad, y la de los otros sindicalistas de la zona, continúa preocupando a la organización.

Chad

El 26 de junio de 1993, en la capital, Yamena, M’Bailao Mianbe se dirigía en automóvil a su trabajo, como de costumbre. Pero esta vez lo siguieron cuatro soldados en un jeep militar: M’Bailao Mianbe y dos transeúntes fueron abatidos a tiros.

M'Bailao Mianbe era un sindicalista conocido en Chad. En 1992 había participado en la organización de una serie de huelgas nacionales contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno y para apoyar a funcionarios públicos que no habían percibido sus sueldos. El gobierno había respondido deteniendo a sindicalistas y a sus líderes, y proscribiendo un sindicato. Algunos dirigentes sindicales fueron despedidos de sus puestos.

Por entonces, M'Bailao Mianbe era presidente del Sindicato de Funcionarios de la Administración General y líder de uno de los partidos de oposición de Chad. También era director de un comité estatal encargado de reducir el personal del ejército chadiano y supervisar la reintegración a la vida civil de los soldados desmovilizados, proyecto financiado por el gobierno francés.

El 24 de junio de 1993, M'Bailao Mianbe descubrió que más de 40.000 dólares habían desaparecido de las arcas del proyecto de reintegración, y anunció en la radio nacional su intención de descubrir y nombrar a los responsables.

Dos días después cayó muerto a tiros. Las autoridades dicen haber detenido a los responsables pero, que AI sepa, no se han formulado cargos.

M'Bailao Mianbe no es el único sindicalista de Chad que se sospecha ha sido asesinado por miembros de las fuerzas de seguridad del país.

Haití

Mientras se hallaba bajo custodia militar, Cajuste Lexius recibió una paliza brutal que le causó una insuficiencia renal. Los golpes le cubrieron de llagas las nalgas, y pasó dos días sin conocimiento.

Su único “delito” había sido distribuir un comunicado de prensa apoyando una huelga general convocada para el 26 de abril de 1993 con objeto de exigir la restitución del presidente Jean-Bertrand Aristide. Junto con otros dos activistas de la Central General de Trabajadores —uno de los sindicatos independientes más importantes del país—, Cajuste Lexius fue detenido en la capital, Puerto Príncipe, unos días antes de la huelga. Los llevaron a una comisaría de policía, y después los transfirieron al Servicio de Investigación de Grupos Delincuentes.

Los tres fueron sometidos a palizas mientras se encontraban bajo custodia, y su estado requirió atención médica.

En septiembre de 1991, las tropas haitianas derrocaron violentamente al gobierno democráticamente elegido del presidente Jean- Bertrand Aristide. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han sido responsables de asesinatos políticos, torturas y malos tratos, y detenciones masivas sin orden judicial.

Indonesia

Marsinah, una obrera indonesia de 25 años, pagó cara su actividad en el movimiento sindical. Marsinah había participado en una huelga con sus compañeros de trabajo de una fábrica de relojes de Java Oriental. El ejército había intervenido en el conflicto, y el 5 de mayo de 1993 un capitán citó a 13 obreros para que se presentaran en el cuartel militar local, donde se les dijo que, de no renunciar a sus puestos, se los acusaría formalmente de celebrar reuniones ilegales e instigar a la huelga.

Esa tarde, preocupada, Marsinah acudió al cuartel en busca de sus compañeros. Unas horas después, un testigo vio cómo la metían en una camioneta blanca. Su cuerpo apareció tres días después en una choza junto a un campo. Estaba ensangrentado y cubierto de hematomas, y el cuello presentaba señales de estrangulamiento. La autopsia constató que la habían violado. Además, sus agresores le habían introducido un objeto contundente en la vagina, causándole una hemorragia.

La indignación que despertó el hecho entre los activistas sindicales y los grupos de derechos humanos obligó a la policía a iniciar una investigación, de la que no tardó en hacerse cargo la inteligencia militar. Las autoridades negaron que la muerte de Marsinah se hubiese relacionado con el conflicto laboral o que los militares hubiesen participado en ella. Sin embargo, en noviembre de 1993 se anunció que una de las diez personas detenidas en relación con el caso era el jefe militar local que había colaborado estrechamente con los directores de la fábrica para poner término a la huelga. Según testigos, estaba en la camioneta que se llevó a Marsinah.

Sin embargo, no se lo acusó de homicidio, sino que le imputaron una falta disciplinaria por dejar de dar parte a sus superiores de la comisión de un delito, y se ha decidido juzgarlo ante un tribunal militar. AI ha solicitado que el juicio se realice ante un tribunal civil y que las actuaciones estén abiertas al público.

China

La esposa y la hija de 10 años de Liu Jingsheng, veterano activista democrático de 39 años, no lo han visto desde el 1º de junio de 1992. Ese día, la policía de Pequín lo detuvo por sus actividades “contrarrevolucionarias” —entre ellas, el promover la formación de sindicatos independientes—. Junto con otras 15 personas aprehendidas por cargos similares, Liu Jingsheng sigue recluido en espera de juicio. Ninguno de los detenidos ha podido ver a sus familiares.

Liu Jingsheng, que trabajaba en la industria química, ha sido acusado de mantener vínculos con el Comité Preparatorio de la Unión de Sindicatos Libres de China —que propugnaba la fundación de sindicatos independientes— y de distribuir folletos en favor de la democracia.

Todas las personas detenidas en junio de 1992 a las que posteriormente se acusó formalmente, tenían el juicio fijado para octubre de 1993. Sin embargo, las actuaciones fueron aplazadas y se retiraron los cargos, aparentemente, por falta de pruebas. A pesar de ello, aún no han recobrado la libertad.

AI cree que son presos de conciencia, encarcelados por ejercitar pacíficamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Colombia

El pasado 30 de diciembre, Wilson Monsalvo Navarro, vicepresidente del Sindicato de Campesinos y Agricultores de Guaimaro (Salamina-Magdalena), recibió una llamada telefónica advirtiéndole que sufriría la misma suerte que otros sindicalistas, que habían sido asesinados por su participación en disputas sobre la propiedad de la tierra.

Dos meses antes, Jaime Rodríguez Fontalvo, miembro del mismo sindicato y destacado activista de derechos humanos, fue asesinado por cuatro hombres armados. En 1991, el asesor sindical Eudaldo Sierra Caballero fue torturado y asesinado.

Nadie ha sido enjuiciado por estos delitos.

Las amenazas de muerte a Wilson Monsalvo Navarro han continuado durante este año. Amnistía Internacional ha expresado temor por su seguridad.

Es un temor que se intensifica ante el historial de asesinatos y hostigamiento de que han sido víctimas los miembros de este sindicato. La agrupación está integrada por unas 50 familias que, en 1990, ocuparon unas tierras cuya propiedad reclamaba un terrateniente local.

Desde la ocupación, los miembros del sindicato han sido hostigados y amenazados de muerte por personal de las fuerzas de seguridad y del Departamento Administrativo de Seguridad.

A pesar de que el gobierno ha expresado su compromiso de defender los derechos humanos, los miembros de las fuerzas de seguridad siguen actuando con total impunidad, escogiendo frecuentemente como víctimas a los sindicalistas y a los campesinos que participan en campañas relacionadas con derechos de propiedad de la tierra.

Marruecos

Abdelhaq Rouissi, funcionario de banca, “desapareció” de su domicilio de Casablanca hace casi 30 años. En su dormitorio se encontraron manchas de sangre.

Abdelhaq era un activista de la Unión Marroquí del Trabajo. Desde principios de los 60, el gobierno de Marruecos ha recurrido a las “desapariciones” para amordazar a la oposición política. Centenares de personas han sido recluidas en centros de detención secretos, a menudo en condiciones infrahumanas. Muchos han muerto, y se los ha sepultado en secreto. Otros, “desaparecidos” pero puestos en libertad años después, dijeron haber visto a Abdelhaq en varios centros de detención secretos. Informes recientes indican que se halla aún con vida, pero que su salud está quebrantada.

Animados por estos informes, sus familiares continúan luchando por conseguir su libertad. En octubre del año pasado, su hermana convocó una conferencia de prensa en Casablanca, junto con las familias de otros dos marroquíes “desaparecidos”, e hizo un llamamiento para que se les devolviese la libertad.

Ni este llamamiento ni las repetidas solicitudes de AI al gobierno pidiendo información sobre el paradero de Abdelhaq han hallado eco.

Turquía

La ciudad de Batman, en el sudeste de Turquía, es el punto focal de la industria petrolífera turca. Es también el centro del continuo conflicto armado entre las fuerzas del gobierno turco y el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

Sólo en los últimos tres años, se han registrado más de 350 asesinatos políticos en la provincia de Batman. Las fuerzas de seguridad se han visto implicadas en muchas de estas muertes. Entre las víctimas se han contado miembros de Petrol-Is, la unión de trabajadores del petróleo, de 62.000 miembros.

Münir Ceylan, su presidente, decidió que había llegado la hora de hablar claro. En un artículo publicado en el periódico Yeni Ülke (Tierra Nueva), hizo un llamamiento a los trabajadores para que hicieran todo lo posible por poner freno a la violencia. Fue detenido y declarado culpable de instigar a “la enemistad y el odio”, pese a que el artículo no propugnaba ninguna de estas coas, y lo condenaron a 20 meses de cárcel. Comenzará a cumplir su sentencia el 8 de junio.

Se ha producido un incremento dramático en el número de escritores, artistas, periodistas, activistas de derechos humanos y políticos encarcelados por expresar opiniones pacíficamente, especialmente por referirse a la cuestión de la minoría kurda del país. Desde que se inició el conflicto en las provincias del sudeste, nueve años atrás, han perdido la vida más de 10.000 personas, muchas de ellas civiles. La mayoría ha sido asesinada por las fuerzas de seguridad, pero el PKK también ha cometido graves violaciones de derechos humanos, como son la toma de rehenes y el asesinato arbitrario.

La defensa de los derechos sindicales universales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia de las Naciones Unidas que trata de hacer cumplir ciertas condiciones laborales mínimas en todo el mundo y defiende los derechos sindicales fundamentales, tales como el derecho de asociación.

Los sindicatos, y sus activistas, luchan por estos derechos. Pero los intentos de mantener o mejorar las condiciones de los trabajadores pueden no convenir a los intereses empresariales y gubernamentales.

La OIT ha elaborado dos convenios que, de ser ratificados y aplicados, pueden contribuir a proteger contra los abusos a trabajadores y sindicalistas: el convenio Nº 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el Nº 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Conforme a estos convenios, la OIT puede actuar cuando trabajadores y sindicalistas son víctimas de encarcelamiento político, juicios sin garantías de imparcialidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales o “desapariciones”.

Los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores pueden presentar quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, integrado por tres representantes gubernamentales, tres de la patronal y tres de los trabajadores. En los últimos años, el Comité ha investigado violaciones de los derechos humanos de trabajadores y sindicalistas en China, Colombia, El Salvador, Perú y Corea del Sur.

APOYO

AI apoya estos convenios, y ha instado a todos los Estados miembros de la OIT a que tomen medidas inmediatas para llevarlos a la práctica o, de no haberlos ratificado aún, que procedan a hacerlo.

Michel Hansenne, director general de la OIT, explica:

«La OIT tiene hoy 169 Estados miembros y abarca el 98 por ciento, aproximadamente, de la población mundial. Desde ese punto de vista, jamás ha sido tan universal como ahora. Al mismo tiempo, la OIT ha proclamado siempre con firmeza y claridad que los valores que defiende son universales. Siempre se ha negado a aceptar que las normas se puedan medir con distinto rasero y que pueda haber «normas de segunda categoría para personas de segunda categoría. Es preciso reafirmar esta posición con tanta más fuerza cuanto que el mundo, cada vez más integrado e interdependiente, necesita funcionar con arreglo a normas aceptadas y respetadas por todos. De ahí que una de nuestras principales responsabilidades sea la de velar por que toda norma adoptada sea objeto de una amplia ratificación, con el compromiso solemne por parte de los Estados de respetarla. Distaríamos mucho de cumplir nuestra exigencia de universalidad si proclamáramos el principio de la universalidad de las normas sin ocuparnos a la vez de que sean aplicadas universalmente.»

Como ocurre con todos los convenios de este tipo, las garantías que ofrecen no pueden resultar efectivas hasta que los gobiernos no establecen los mecanismos necesarios (nuevas leyes, procedimientos para la presentación de quejas, etc.) que faciliten su observancia en los hechos. Muchos de los países que mencionamos al dorso los han ratificado pero no los han hecho entrar en acción, y sus trabajadores y sindicalistas continúan siendo víctimas de violaciones de derechos humanos a menudo horribles.

La OIT se estableció en 1919 en aplicación del Tratado de Versalles, asociada a la Sociedad de las Naciones. En 1945 se convirtió en la primera agencia especializada de las Naciones Unidas. Su caso es único entre las organizaciones intergubernamentales en cuanto a que posee una estructura tripartita en la que los representantes de los trabajadores y de los patrones participan en pie de igualdad con los de los gobiernos.

Manos a la obra

AI ha pasado a la acción en los casos que reseñamos en las páginas previas. Las Secciones de AI ya poseen información. Si no existe una Sección de AI en su país, puede participar en la campaña de la manera que se indica a continuación.

Brasil

Escriba a: Ilma. Sra. Edite Marília Crespo, Fiscal General del estado de Pará, Procuradoria de Justiça do Estado do Pará, 66.000 Belém, PA, Brasil, o a la embajada del Brasil en su país, pidiendo una investigación exhaustiva del asesinato de Arnaldo Delcídio Ferreira, en Carajás. Exhorte a las autoridades a que ratifiquen el convenio Nº 87 de la OIT, que garantiza a los trabajadores el derecho de fundar y dirigir organizaciones tales como sindicatos sin injerencia exterior.

Chad

Escriba, de ser posible en francés o árabe, al presidente de Chad: S.E. M. le Général Idriss Deby, Président de la République, Yamena, República del Chad, o a la embajada del Chad en su país, solicitando que se realice una investigación judicial exhaustiva del asesinato de M’Bailao Mianbe y que se hagan públicos sus resultados. Puntualice que Chad ha ratificado los convenios Nº 87 y 98 de la OIT, y pregunte qué pasos han dado las autoridades para aplicarlos.

China

Escriba a: Premier Li Peng, Guowuyuan (State Council), 9 Xihuangchenggenbeijie, Beijingshi 100032, República Popular de China, o a la embajada china en su país, expresando preocupación ante la detención arbitraria de Liu Jingsheng y otros desde 1992 por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y de asociación, y pidiendo a las autoridades que los pongan en libertad de inmediato y que ratifiquen los convenios Nº 87 y 98 de la OIT.

Colombia

Escriba a: Excmo. Sr. Lic. César Gaviria Trujillo, Presidente de la República, Palacio de Nariño, Santa Fé de Bogotá, Colombia, o a la embajada de Colombia en su país, expresando inquietud por la seguridad de Wilson Monsalvo Navarro y otros miembros del Sindicato de Campesinos y Agricultores de Guaimaro amenazados de muerte. Mencione que Colombia ha ratificado los convenios Nº 87 y 98 de la OIT y pregunte qué medidas se han tomado para facilitar su observancia.

Haití

Escriba a: S.E. M. le Général Raoul Cedras, Commandant-en-Chef des Forces armées d'Haïti, rue Geffrard, Puerto Príncipe, Haití, o a la embajada de Haití en su país, solicitando que se investiguen las denuncias de malos tratos infligidos a Cajuste Lexius y los otros dos sindicalistas detenidos el 23 de abril de 1993 en Puerto Príncipe. Haga notar que Haití ha ratificado los convenios Nº 87 y 98 de la OIT y pregunte qué están haciendo las autoridades con vistas a hacerlos cumplir.

Indonesia

Escriba a: Lt. Gen. Ali Said, Chairman of the National Commission on Human Rights, Departemen Kehakimman RI, Directorat Jenderal Pemasyarakatan, J1. Veteran Nº11, Jakarta Pusat, Indonesia, o a la embajada indonesia en su país, pidiendo una investigación exhaustiva e imparcial del asesinato de Marsinah. Pida a las autoridades que ratifiquen el convenio Nº 87 de la OIT como compromiso con los derechos humanos de todos los indonesios, incluyendo los sindicalistas.

Marruecos

Escriba a: S.E. M. Omar Azziman, Ministre des droits de l’homme, Bureau du Premier Ministre, Palais Royal, Rabat, Marruecos, o a la embajada de Marruecos en su país, expresando honda preocupación ante la detención secreta del preso de conciencia Abdelhaq Rouissi desde 1964, y pidiendo su inmediata libertad. Exhorte a las autoridades a que ratifiquen el convenio Nº 87 de la OIT para demostrar su determinación de proteger los derechos humanos de todos los marroquíes.

Turquía

Escriba a: Mrs. Tansu Çiller, Prime Minister, Office of the Prime Minister, Basbakanlik, 06573 Ankara, Turquía, o a la embajada turca en su país, solicitando que se vuelva a considerar el caso de Münir Ceylan, encarcelado por ejercitar pacíficamente el derecho a la libertad de expresión. Subraye que Turquía ha ratificado los convenios Nº 87 y 98 de la OIT, y pregunte qué pasos han dado las autoridades para asegurar que los sindicalistas pueden organizarse y reunirse libremente.