BOLETÍN NOVIEMBRE DE 1996: LLAMADA INTERNACIONAL

KUWAIT

Ibtisam Berto Sulaiman al-Dakhil, periodista kuwaití de 38 años de edad, fue acusada de “colaboracionismo” con Iraq durante la ocupación de Kuwait, y condenada a cadena perpetua en la Prisión Central de Kuwait. Es una presa de conciencia.

Ibtisam trabajaba en el periódico kuwaití al-Qabas, clausurado por las fuerzas de ocupación y reemplazado por al-Nida', publicación enteramente bajo su control. Se negó a trabajar para al-Nida’ pero, después de ser detenida por los iraquíes en dos ocasiones, se vio obligada a hacerlo. Poco después de retirarse las fuerzas iraquíes, Ibtisam dio parte de lo ocurrido a la policía kuwaití.

En abril de 1991 la citaron para someterla a interrogatorio y después la detuvieron. En junio de 1991, el Tribunal de la Ley Marcial la declaró culpable de “colaboracionismo” junto con otras 14 personas que también habían trabajado en al-Nida'. Ibtisam y otros cinco acusados fueron condenados a la pena de muerte, conmutada después por cadena perpetua. Otras cuatro presas de conciencia, condenadas a penas de 10 años de cárcel en relación con el mismo caso, fueron indultadas por el emir en abril de este año (véase el Boletín de julio).

Las actuaciones del Tribunal de la Ley Marcial carecieron a todas luces de las garantías debidas. A muchos de los abogados defensores se les negó el acceso a sus clientes y no se les permitió interrogar a los testigos de cargo; algunos acusados fueron declarados culpables únicamente en base a “confesiones” obtenidas con torturas; y a todos se les negó el derecho de apelación. Después de levantarse la Ley Marcial, los casos de “colaboracionismo” pasaron a la jurisdicción del Tribunal de Seguridad del Estado, cuyas actuaciones tampoco se ajustaron a las normas internacionales de imparcialidad.

+ Por favor, escriban pidiendo su libertad inmediata e incondicional a: HH Shaikh Sa'ad al-‘Abdallah al-Sabah/Prime Minister/Al-Diwan al-Amiri/Kuwait.

Ibtisam Berto Salaiman al-Dakhil

BURUNDI

Se informa que, durante las semanas posteriores al golpe militar del 25 de julio que llevó al poder al comandante Pierre Buyoya, las tropas gubernamentales dieron muerte a más de 6.000 civiles desarmados. Pese a las promesas del comandante, las ejecuciones extrajudiciales masivas no han disminuido.

En el municipio de Giheta, provincia central de Gitega, se dice que sepultaron a 4.050 civiles, asesinados entre el 27 de julio y el 10 de agosto. Los asesinatos se cometieron, en su gran mayoría, al entrar el ejército en sus pueblos, presuntamente para obtener información sobre las fuerzas rebeldes.

También hubo matanzas perpetradas por las fuerzas oficiales en las provincias de Bujumbura Rural, Muramvya, Kayanza, Bubanza y Cibitoke. La esposa y cuatro hijos de Honorata Murishi fueron ejecutados extrajudicialmente el 29 de julio en la zona de Muhuta, en la provincia de Bujumbura Rural. Una de las víctimas contaba apenas tres años de edad. El 7 de agosto, soldados de Kiganda, Kanerwa y Bweza, junto con estudiantes de Kiganda, dieron muerte a más de 200 personas en Rutegama, provincia de Muramvya. Dos días después, se registraron 39 ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Mutimbuzi.

El 19 de agosto, fuerzas del gobierno acompañadas por civiles de etnia tutsi asaltaron el centro de salud de Mubuga, provincia de Ngozi, asesinando a siete personas y saqueando las instalaciones.

+ Por favor, escriban pidiendo se investiguen los homicidios y se les ponga fin: Lt-Col. Firmin Sinzoyiheba/ Ministre de la Défense National/ Ministère de la Défense Nationale/BP 20/ Bujumbura/ Burundi.

GUATEMALA

Santiago Coc Pop, de ocho años de edad, y Maurilia Coc Max, de siete, nacieron en un campo para refugiados en México. Crecieron junto a los niños de otras familias guatemaltecas que habían abandonado su país empujadas por las brutales operaciones de contrainsurgencia que lanzó el ejército de Guatemala a finales de los años 70 y principios de los 80, y que se cobraron la vida de decenas de miles de guatemaltecos y arrasaron centenares de pueblos de las zonas montañosas del país.

En 1994, tras más de una década en el exilio, estas familias regresaron a su patria. El gobierno guatemalteco había firmado en 1992 un acuerdo con representantes de los refugiados en el que se reconocían los derechos de los que regresaran al país, se garantizaba su seguridad y se les prometían tierras. Las familias de Santiago y Maurilia se establecieron en la finca Xamán, en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz.

Un año después, el 5 de octubre de 1995, Santiago Coc Pop y Maurilia Coc Max murieron cuando una patrulla militar irrumpió en la finca y abrió fuego indiscriminadamente. La acción se saldó con un total de 11 miembros de la comunidad muertos y 30 personas heridas por los disparos de los militares, entre ellas tres soldados.

Santiago regresaba caminando a la finca después del tiroteo cuando un soldado le disparó en una muñeca, y después lo persiguió y le disparó en la cabeza y el pecho, dándole muerte. Maurilia resultó herida de bala en la espalda y murió en circunstancias que aún no se han esclarecido.

Las investigaciones judiciales de la matanza se han visto entorpecidas por amenazas contra los testigos y los abogados de las víctimas y, al parecer, por la ocultación de pruebas e irregularidades durante el proceso judicial.

+ Por favor, escriban pidiendo se investigue exhaustiva e imparcialmente la matanza, se enjuicie a los responsables y se indemnice a los familiares, a: Excmo. Sr. Presidente D. Álvaro Arzú Irigoyen/ Palacio Nacional/Ciudad de Guatemala/ Guatemala; y a: Gral. Julio Arnoldo Balconi Turcios/Ministro de Defensa Nacional/Palacio Nacional/Ciudad de Guatemala/Guatemala. Por favor, envíen copia a: Fundación Rigoberta Menchú/ 1ª Avenida 9-18/Zona 1/Ciudad de Guatemala/Guatemala.