NWS 21/010/2001

Turquía

Once pastores víctimas de tortura

En la noche del 23 de enero del 2001, varios gendarmes detuvieron a 11 pastores en sus casas en la provincia de Usak. La detención se basó en una denuncia anónima en la que se les acusaba de haber robado ovejas cinco años antes.

Los pastores quedaron en libertad transcurridos cuatro días. Según su testimonio, los tuvieron con los ojos vendados y esposados desde el momento de su detención; los golpearon brutalmente y los obligaron a sentarse en un suelo de cemento muy frío, tras haberles quitado los pantalones y la ropa interior. Dos de ellos denunciaron haber sido sometidos al método de tortura conocido como falaka (golpes en las plantas de los pies); dos más informaron de que les habían retorcido los genitales y, otro último, que le habían aplicado descargas eléctricas. Además los amenazaron con infligirles otras formas de tortura. La mañana siguiente a su detención fueron llevados, con los ojos vendados y las manos encadenadas, al hospital local, donde, al parecer, los médicos no los sometieron a un examen adecuado ni tomaron nota de sus denuncias.

Tras quedar en libertad presentaron denuncia formal contra los gendarmes y los médicos. Con el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos, cuatro de ellos fueron sometidos a un reconocimiento médico y el Colegio Médico de Esmirna concluyó en su informe que los resultados médicos psiquiátricos corroboraban las denuncias de tortura. Pese a ello, los pastores no pueden permitirse desatender a las ovejas para tratar de conseguir que se haga justicia.

Escriban a las autoridades turcas instándoles a que cumplan las obligaciones contraídas en virtud de la legislación nacional turca y de las normas internacionales de poner fin a la tortura y los malos tratos en prisión; abrir investigaciones independientes y exhaustivas sobre la presunta tortura a 11 pastores en Usak; y llevar a todos los responsables ante la justicia.

Envíen los llamamientos al ministro de Justicia: Professor Dr Hikmet Sami Türk, Minister of Justice, Adalet Bakani, Adalet Bakanligi, 06659 Ankara, Turquía. (Fax: +90 312 417 3954/418 5667).

************************

Myanmar

La libertad de expresión, penalizada

Win Htein (en la fotografía), de 53 años de edad, está cumpliendo una pena de 14 años de cárcel. Win Htein es uno de los auxiliares de Daw Aung San Suu Kyi, líder del principal partido de la oposición en Myanmar. Fue detenido durante una campaña de represión política llevada a cabo en el verano de 1996, en la que se condenó a penas de prisióna decenas de simpatizantes de dicho partido. En agosto de 1996 fue condenado, junto con otras cuatro personas, a siete años de cárcel. Lo acusaron de haberse encargado de llevar a cabo las gestiones pertinentes para que los otros encausados realizasen una grabación en vídeo de campos de arroz secos que se pretendía enviar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Once días más tarde fue condenado a otros siete años de privación de libertad en un segundo juicio. Lo acusaron en esta ocasión de realizar los preparativos para que un estudiante excarcelado fuese entrevistado por un periodista extranjero sobre la tortura infligida a presos políticos.

Ninguno de los dos juicios cumplió las normas de justicia procesal reconocidas por la comunidad internacional. Según fuentes no oficiales, los agentes que detuvieron a Win Htein le comunicaron que no necesitaban una orden de detención porque ya se había tomado la decisión de imponerle una pena de prisión.

Ésta es la tercera vez desde 1989 que Win Htein está recluido por el ejercicio pacífico de sus actividades políticas. Durante su anterior encarcelamiento fue torturado: lo privaron de agua durante un periodo de 27 días, lo obligaron a permanecer de rodillas en el suelo durante cinco días, y posteriormente a tumbarse boca abajo, esposado y con una capucha cubriéndole la cabeza; más tarde, le aplicaron el régimen de incomunicación y durante dos años y ocho meses le prohibieron salir de su celda y recibir visitas de su familia. Win Htein contrajo una inflamación vertebral y padece hipertensión arterial y migrañas que requieren tratamiento médico, tiene además dificultades para andar.

Escriban cartas pidiendo la liberación inmediata e incondicional de U Win Htein y que éste reciba atención médica adecuada hasta entonces.

Envíen los llamamientos al Ministerio de Asuntos Exteriores: Lieutenant General Khin Nyunt, Secretary 1, State Peace and Development Council, c/o Ministry of Defence, Ahlanpya Phaya Street, Yangon, Unión de Myanmar. Fax: +95 1 549 642 (escriban c/o Ministry of Foreign Affairs).

************************

Estados Unidos

Aplicación racista de la pena de muerte

Está previsto que Thomas Miller-El sea ejecutado el 21 de febrero del 2002 en Texas. Fue condenado en 1986 por el asesinato de un hombre de raza blanca, Douglas Walker, durante un atraco.

Thomas Miller-El, de raza negra, es uno de los 15 hombres condenados a muerte en el condado de Dallas entre 1980 y 1986. De las 180 personas que integraron los jurados de estos juicios, sólo 5 eran de raza negra. Los fiscales rechazaron a 56 de las otras 57 personas de raza negra que cumplían los requisitos para ser jurados haciendo uso del derecho de recusación sin causa (peremptory challenge), es decir, el derecho a rechazar a posibles miembros de un jurado durante el proceso de selección sin necesidad de motivar su decisión.

En 5 de los 15 procesos del condado de Dallas había acusados de raza negra. Todos ellos, a excepción de Miller-El, fueron juzgados por jurados constituidos íntegramente por personas de raza blanca. El jurado que decidió en la causa seguida contra Miller-El estaba integrado por 11 blancos y 1 negro, tras recusar sin causa el fiscal a 10 posibles jurados de raza negra.

La única persona de raza negra cuya participación en el jurado se aceptó era un hombre que opinaba lo siguiente sobre la ejecución: «Se consuma con demasida rápidez. No sienten dolor [...] Que les unten con miel y los tengan vigilados sobre un lecho de hormigas [...] A eso es a lo que yo llamo castigo».

Un manual de prácticas jurídicas destinado a fiscales que se seguía empleando en la década de los ochenta en el condado de Dallas contenía las siguientes recomendaciones sobre la selección de los miembros del jurado: «Lo que buscan es un individuo fuerte y equilibrado que crea que el acusado es una persona de una clase distinta a la suya». El manual aconsejaba no elegir a personas de razas minoritarias o con «dolencias físicas» ni a judíos, aduciendo como razón que estos «normalmente siente empatía con el acusado».

Más de 700 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos desde 1977. En el 80 por ciento de estos casos, el delito original incluía el asesinato de una víctima blanca, pese a que el número de víctimas de asesinato blancos y negros es prácticamente el mismo. En agosto del 2001, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial subrayó la «preocupante correlación» entre la raza, tanto de la víctima como del acusado, y la aplicación de la pena capital en Estados Unidos. El Comité instó a Estados Unidos a garantizar que «no se impone ninguna condena de muerte a consecuencia de una discriminación racial».

Envíen llamamientos a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas pidiéndole que indulte a Thomas Miller-El: Texas Board of Pardons and Paroles, P.O. Box 13401, Austin, TX 78711-3401, Estados Unidos (fax: +1 512 463 8120); y al gobernador de Austin: Governor Rick Perry, State Capitol, PO Box 12428, Austin, TX 78711, Estados Unidos (fax: +1 512 463 1849).

Actualización de casos incluidos en Llamadas Internacionales

Angola

João Zaba quedó en libertad condicional el 24 de septiembre, tras haber cumplido algo más de seis meses de la pena impuesta. João Zaba trabajaba para el Bando Mundial y estaba cumpliendo una pena de nueve meses de prisión por publicar un artículo en Internet en el que respaldaba la independencia de Cabinda, enclave angoleño. Para más información, véase la edición de octubre del 2001 de The Wire.

Vietnam

El 19 de octubre, el padre Thadeus Nguyen Van Ly fue condenado a un total de 15 años de cárcel y 5 años de libertad condicional, en un juicio que duró sólo media jornada. Entre otros cargos, se le acusó de «desobedecer una orden de reclusión dictada por un organismo estatal y socavar la política de unidad», invocándose disposiciones de vaga redacción incluidas en la legislación nacional de seguridad para penalizar sus actividades pacíficas de disidencia. Tras haber pasado 10 años en prisión anteriormente, el padre Ly se enfrenta ahora a otra pena de prisión de larga duración exclusivamente por la expresión pacífica de sus opiniones políticas y creencias religiosas. AI está pidiendo su liberación inmediata e incondicional. Véase la edición de septiembre del 2001 de The Wire.