Amnistía Internacional: Boletín, noviembre de 1995

Noticias

ONU: IV Conferencia Mundial sobre la Mujer

Hablan las mujeres

Miembros de AI colocaron en una calle de China una cuerda de colgar ropa con 12 camisetas estampadas con las fotografías de 12 mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos. Hombres vestidos de civil observaron y filmaron el acto sin intervenir.

Se celebró una fiesta de cumpleaños para una mujer que no podía asistir. Tamborileros y acróbatas representaron imágenes como símbolos de la fuerza, la resistencia y el valor, todos ellos valores encarnados por la Dra. Ma Thida, presa de conciencia de Myanmar, que por tercera vez cumplía años en la cárcel.

En diversos países, los miembros de AI encendieron farolillos en las calles para llevar su mensaje de derechos humanos a los participantes del tradicional festival chino del otoño. Los delegados oficiales y participantes en el Foro de ONG aceptaron lucir cintas negras en memoria de las mujeres de todo el mundo cuyos derechos humanos han sido violados.

Éstos fueron sólo algunos de los actos con los que AI presentó el tema de las violaciones de derechos humanos contra las mujeres a la comunidad internacional reunida en Pekín con ocasión de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (ONU). La conferencia intergubernamental tuvo lugar en la capital del 4 al 15 de septiembre; el Foro de ONG, fuera de Pekín, del 30 de agosto al 8 de septiembre. Por primera vez figuraban en el programa los derechos humanos de la mujer, y AI aprovechó la oportunidad para afirmar de manera clara y categórica que todas las mujeres deben disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Durante su primer día en Pekín, los delegados de AI anunciaron lo que AI exigía de los gobiernos: que reafirmaran la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos de la mujer como decidieron en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993); que reconocieran que la mujer padece actos de violencia a manos del Estado, trataran de poner fin a esta situación y llevaran a los responsables ante la justicia; que afirmaran que la violación de mujeres durante conflictos armados es una violación de los derechos humanos; que se comprometieran a erradicar la violencia —como por ejemplo, la mutilación genital femenina— en el seno de la familia y de la sociedad; que garantizaran categóricamente los derechos humanos de las mujeres activistas; y que aceleraran la ratificación y la aplicación de los tratados internacionales que repercuten en los derechos humanos de la mujer.

Para reforzar este mensaje, las Secciones y los grupos de AI de todo el mundo participaron en un Día Internacional de Acción durante la Conferencia. En Filipinas, el Día culminó con un acto en el que se encendieron 15 grandes velas en un parque público para simbolizar los 15 pasos de AI para proteger los derechos humanos de la mujer. En los Países Bajos se creó un gigantesco mural mezclando fotografías de mujeres activistas con otras de miembros del público.

La Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, adoptada el 15 de septiembre, obliga a los gobiernos a tomar medidas concretas para impedir las violaciones de derechos humanos contra la mujer en tiempos de paz y de guerra. De traducirse en acción, estos compromisos podrían significar una mejora real para las mujeres.

No obstante, la duplicidad de los gobiernos quedó demostrada una vez más con el comportamiento del país anfitrión, tanto en el periodo preparatorio a la Conferencia como durante ésta. China ejecutó a 16 personas antes de la llegada de los delegados, según fuentes oficiales, debido a la necesidad de velar por la seguridad de éstos. Durante la Conferencia, los familiares de al menos 10 presos de conciencia y activistas chinos fueron sometidos a arresto domiciliario para impedir su contacto con extranjeros. Algunos participantes en el Foro de ONG fueron sometidos a severa vigilancia por parte de los funcionarios de seguridad que, entre otras cosas, los fotografiaron. AI protestó contra estas medidas.

El éxito de la Conferencia será juzgado en base a si los gobiernos ratifican los instrumentos de derechos humanos y los aplican tanto en la legislación como en la práctica. El verdadero éxito será obtener una reducción de las violaciones de derechos humanos contra la mujer.

La Dra. Habiba Hasan, del Comité Ejecutivo de la Sección paquistaní de AI, pide la libertad de Ma Thida, presa de conciencia de Myanmar, durante la fiesta de cumpleaños que se celebró en honor de ésta.

NEPAL: Presos de la cárcel distrital de Ilam, algunos de los 11 cristianos que el 21 de agosto fueron condenados a dos años de cárcel por hacer proselitismo. Entre ellos hay un ciudadano nepalí, un ciudadano indio y nueve refugiados bhutaneses de lengua nepalí. AI los considera presos de conciencia y ha pedido al gobierno que los ponga en libertad de inmediato y sin condiciones.

© Christian Solidarity International

EGIPTO

Civiles blanco de asesinato

AI ve con preocupación el creciente número de civiles que son escogidos como blanco de asesinatos por los grupos armados de oposición en Egipto. Desde enero,más de 30 civiles han sido asesinados. Entre el 17 y el 30 de agosto, al menos siete civiles desarmados fueron asesinados en el Alto Egipto. AI ha pedido a los grupos armados de oposición que dejen de asesinar deliberada y arbitrariamente a civiles.

Entre los muertos hubo cuatro agricultores de la provincia de Minya. El 17 de agosto, ‘Ala’ Hassan ‘Abdallah y Baha’ Mohammad ‘Abbas murieron por disparos en la localidad de Beni Obeid, y Fathi Mahmoud Mohammad fue abatido en su granja de Mallawy. Una semana después, Sa’id ‘Abd al-Muttalib Hussain fue asesinado en al-Roda, en la vecindad de Mallawy, según parece a manos de miembros de al-Gama’a al-Islamiya (Sociedad Islámica).

También murieron a manos de hombres armados ‘Abd al-Nour Qatis Abu Sa’ada, farmacéutico, su amigo ‘Issam Georgy Shahata, médico, y Fahmi Sadeq Tadros, joyero, el 29 y el 30 de agosto en la provincia de Minya.

Desde 1992, los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y grupos islámicos armados como al-Gama’a al-Islamiya y al-Yihad se han cobrado la vida de centenares de personas. La mayoría de las víctimas han sido miembros o simpatizantes de estos grupos y agentes de las fuerzas policiales o de seguridad. AI ha pedido a al-Gama’a al-Islamiya y a otros grupos armados egipcios que pongan fin al asesinato de civiles.

Desde 1993, miles de presuntos miembros o simpatizantes de grupos islámicos proscritos han sido detenidos arbitrariamente, y 48 han sido ejecutados tras juicios militares sin garantías. AI ha criticado la práctica de la detención administrativa de detenidos políticos, y ha exhortado al gobierno egipcio a que ponga fin a la tortura y maltrato de presos políticos y al uso de la pena de muerte.

UZBEKISTÁN

Nueva vida en Suecia para un ex preso de conciencia

“El día en que me pusieron en libertad, el director de la cárcel me entregó algunas cartas escritas en inglés y me dijo: Estas cartas llegaron hace unos meses. Probablemente se refieren a ti. Tú has estudiado inglés. ¿Qué dicen?» Pulatzhon (Pulat) Akhunov, preso de conciencia, se enteró así de los esfuerzos de AI en su favor.

El caso de Pulatzhon Akhunov salió en la Llamada Internacional de abril de 1994. El preso quedó en libertad el siguiente noviembre en aplicación de una amnistía presidencial. Posteriormente, sin embargo, fue víctima de una continua persecución por parte de las autoridades. Después de entrevistarse con un defensor de los derechos humanos local y con un periodista moscovita que habían trabajado para conseguir su libertad, la policía lo interrogó. Sus amigos, tras reunirse con él, también fueron interrogados, lo que les hizo temer reanudar los contactos. No le permitieron volver a su cargo de educador y, cuando trató de fundar un negocio, las autoridades frustraron sus planes. «Sentí como si hubiera cambiado una cárcel por otra», dijo.

Tuvo que abandonar Uzbekistán y, en agosto de este año, con el apoyo de AI, obtuvo asilo político en Suecia y ha comenzado allí una nueva vida. Sus experiencias en la cárcel le han hecho concebir el sueño de estudiar derecho para convertirse un día en abogado.

Pulatzhon Akhunov con su esposa e hijos en su nuevo hogar de Suecia.

BRASIL

Compensación sí, pero investigación no

El gobierno brasileño ha reconocido oficialmente la muerte de 136 personas “desaparecidas” entre 1961 y 1979 tras ser detenidas por agentes del Estado, y ha decidido finalmente pagar compensación a las familias. Pero no intentará esclarecer lo ocurrido.

En septiembre, se creó una Comisión Especial que, a solicitud de la parte interesada, podrá entregar a los familiares las partidas de defunción de las víctimas; abonar hasta $150.000 como compensación; tomar medidas para localizar los restos mortales; y evaluar las quejas sobre «familiares muertos por causas no naturales en dependencias policiales o similares».

La víspera de la votación legislativa, AI comunicó al Congreso su temor de que la legislación en cuestión no se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos, ya que no prevé la investigación independiente de todos los hechos relativos a las violaciones de éstos.

El gobierno, haciéndose eco de la opinión de las fuerzas armadas, argumenta que la posibilidad de ese tipo de investigación quedó excluida por la Ley de Amnistía de 1979. AI se opone a las amnistías cuyas condiciones impiden determinar toda la verdad de los abusos pasados y enjuiciar a los responsables.

AI también manifestó inquietud por que las disposiciones para la localización de los restos de los “desaparecidos” parecen poner el peso de la prueba en los familiares a quienes se ha mantenido cruelmente ignorantes de la suerte que corrieron sus seres queridos.

SIERRA LEONA

Ataque contra civiles desarmados

En el conflicto de Sierra Leona, los civiles desarmados están siendo sometidos a una campaña de terror: Han sido capturados y mantenidos como rehenes, sometidos a torturas y malos tratos, y asesinados arbitrariamente. Tanto los soldados del gobierno como los miembros de las fuerzas rebeldes han sido responsables de estos abusos.

En un informe reciente*, AI pide tanto a las fuerzas oficiales como a las rebeldes que pongan fin a la tortura y al asesinato arbitrario de civiles indefensos; y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia.

El conflicto estalló en 1991, y no cesó cuando el Consejo Nacional Provisional asumió el poder tras el golpe de Estado militar de abril de 1992.

Desde 1994, las tropas del gobierno participan cada vez más en asesinatos de civiles desarmados; las autoridades han imputado estas muertes a las fuerzas rebeldes del Frente Revolucionario Unido. En algunos casos, los soldados no brindan protección alguna a los civiles contra ataques rebeldes, e incluso han sido responsables de la tortura y ejecución sumaria de rebeldes , y de presuntos rebeldes y colaboradores. En septiembre de 1994, las tropas del gobierno detuvieron a un presunto rebelde en Bongor (Provincia Meridional), que murió después de que le acuchillaran la cara, el pecho y el abdomen.

Las fuerzas rebeldes han torturado, asesinado y secuestrado a numerosos civiles. Durante un ataque lanzado el 8 de junio contra la localidad ribereña de Port Loko, en la Provincia Septentrional, cuatro personas murieron en sus domicilios cuando los rebeldes les prendieron fuego. Al menos otros 20 civiles, entre ellos niños, se ahogaron en el río cuando intentaban escapar. Según parece, los rebeldes secuestraron a más de cien personas —incluyendo más de 50 escolares—, y se desconoce su suerte.

Millares han muerto durante el conflicto, y muchos miles más han quedado desplazados y han buscado refugio en casas de amigos o familiares, en campamentos para personas desplazadas en la propia Sierra Leona, o en las vecinas Guinea y Liberia.

Las iniciativas para traer la paz a Sierra Leona deben tomar en consideración los factores inherentes de derechos humanos, y cualquier acuerdo de paz al que se llegue en el país debe incluir garantías para los derechos humanos.

* Sierra Leone: Human rights abuses in a war against civilians (AFR 51/05/95)

[pie de foto:] Refugiados de Sierra Leona construyen un campamento en la vecina Guinea.

PORTUGAL

Abogado denuncia violento ataque policial

Un destacado abogado portugués ha presentado una queja ante el Fiscal General de la República en la que declara que el 21 de julio lo atacaron violentamente tres agentes de policía. Duarte Teives, que pasó 24 horas hospitalizado reponiéndose de las lesiones recibidas, ha sido a su vez acusado oficialmente de una serie de delitos que, afirma, la policía ha inventado para explicar su propia conducta. AI está tratando de averiguar si se ha iniciado una investigación de la denuncia sobre malos tratos.

La tarde del incidente, Duarte Teives llevó a su esposa en automóvil al Consejo Municipal de Lisboa, en la Plaza del Municipio, donde ella trabaja y tiene un permiso de estacionamiento. Mientras estacionaba, tres agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) lo abordaron para decirle que no podía estacionar allí debido a ciertas restricciones de tránsito especiales. Los agentes le pidieron que exhibiera el permiso de su esposa, y ésta entró en el edificio a buscarlo.

Durante la ausencia de su esposa, los agentes ordenaron a Duarte Teives que moviera el auto del sitio donde estaba estacionado. Duarte Teives se negó, manifestando que la orden era ilegal. Según sus declaraciones, los agentes lo agarraron y lo empujaron violentamente para que saliera del auto, y después lo metieron, también con violencia, en la parte posterior del vehículo de la PSP. Uno de los agentes le dio puntapiés en la pierna izquierda, causándole una fractura del peroné; le lanzaron otro puntapié a los testículos. También le dirigieron insultos. El ataque fue presenciado por varios transeúntes, incluyendo funcionarios municipales.

De camino a la comisaría, Duarte Teives fue abofeteado repetidamente con dureza. Pasó la noche detenido en varios lugares. Finalmente, le impusieron cargos formales de negarse a obedecer órdenes, no exhibir sus documentos de identidad, causar daños a un vehículo e insultar a la autoridad.

Amnistía Internacional: Boletín, noviembre de 1995

Llamada

ECUADOR

Consuelo Benavides Cevallos fue detenida y asesinada, según parece a manos de miembros de la marina ecuatoriana, en diciembre de 1985. Durante casi 10 años, Rosa Cevallos de Benavides, su madre octogenaria, ha luchado junto con su esposo y sus siete hijos para conseguir que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Los denodados esfuerzos de la familia Benavides se han visto entorpecidos por repetidos retrasos judiciales. El juicio de algunos de los participantes en el incidente, que no se inició hasta agosto de 1994, corre peligro de ser concluido sin que se haya dictado sentencia. La legislación ecuatoriana dispone el archivo de los casos de homicidio que no han sido resueltos a los 10 años de cometido el delito. Este obstáculo no ha disminuido el empeño de la familia Benavides, que ha jurado llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La campaña les ha costado cara. Se han visto obligados a vender su propiedad. Dos de los hijos dicen haber sido despedidos repentinamente de sus cargos en instituciones oficiales. El domicilio de Nelly Benavides, hermana de Consuelo, ha sido robado varias veces. En el último, se llevaron una comutadora en la que preparaba informes y comunicados de prensa relacionados con la campaña. Nelly Benavides escribió a AI, manifestando que había quedado «angustiada por el dolor, el sufrimiento, la impotencia [...] y en verdadero peligro ante las amenazas».

Por favor escriban al presidente, exhortando a las autoridades a asegurar que los responsables de la muerte de Consuelo Benavides no escapan su justo castigo, y a que protejan adecuadamente a la familia Benavides: Excmo. Sr. D. Sixto Durán Ballén/ Presidente de la República de Ecuador/ Palacio de Gobierno/ Quito/ Ecuador.

[pie de foto:] Rosa Cevallos y su esposo, Luis Darío Benavides.

NIGERIA

CHRISTINE ANYANWU, directora de un periódico de la oposición, parece haber sido condenada a cadena perpetua por un Tribunal Militar Especial tras un juicio secreto y sin garantías por publicar artículos sobre los juicios secretos contra presuntos golpistas. AI la considera presa de conciencia, detenida sólo por expresar pacíficamente sus convicciones políticas, y ha solicitado su libertad inmediata e incondicional, así como la de los defensores de los derechos humanos y activistas democráticos condenados por informar sobre los juicios secretos.

El 14 de julio, las autoridades anunciaron que 40 acusados habían sido condenados por el Tribunal que entendía en los casos de traición relacionados con un presunto intento de golpe de Estado realizado en marzo.

QUEENETT ALLAGOA y REBECCA O. IKPE fueron condenadas en relación con el intento de golpe, debido, según parece, a sus vínculos con militares condenados a muerte por traición.

Los juicios ante el Tribunal Militar Especial han carecido a todas luces de garantías. El Tribunal es, en la práctica, una rama del poder ejecutivo; niega todos los derechos fundamentales de la defensa, incluyendo el derecho del acusado a ser juzgado en público, a disfrutar de representación letrada de su propia elección y a apelar a un tribunal superior e independiente.

POR FAVOR, ESCRIBAN al jefe de Estado pidiendo la libertad inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia encarcelados por el Tribunal Militar Especial: General Sani Abacha/ Chairman/Provisional Ruling Council/ State House/Abuja/Territorio de la Capital Federal/Nigeria.

IRÁN

PARI TAII, de 66 años de edad, madre de seis hijos, “desapareció” el 28 de enero de 1990. Según parece, iba de camino al apartamento de uno de sus hijos, en Teherán, y se tropezó con una manifestación. Se cree que, pese a que no participaba en ella, fue detenida junto con otras personas. Todos los esfuerzos de la familia para averiguar su paradero han sido vanos. Informes sin confirmar indican que podría estar recluida en la cárcel de Qasr, en Teherán. Pari Taii padece una enfermedad renal que requiere atención médica. AI no ha recibido respuesta a sus preguntas sobre el paradero y la situación legal de Pari Taii.

Por favor escriban al presidente preguntando si Pari Taii está detenida y qué fecha se ha fijado para su juicio; y de haber sido enjuiciada, cuáles fueron los cargos y qué pena se le impuso. Pidan garantías de que recibe un trato humanitario y que se le permite ver a sus familiares y recibir tratamiento médico. Escriban a: His Excellency Hojjatoleslam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani/The Presidency/ Palestine Avenue/ Azerbaijan Intersection/ Teherán/República Islámica de Irán.

Amnistía Internacional: Boletín, noviembre de 1995

Enfoque

La infancia no es protección

En todas partes del mundo, los niños son víctimas inocentes de la brutalidad de los adultos. Sin voto ni poder político, en un país tras otro se ven atrapados en los conflictos políticos en que están enzarzados sus mayores. Los someten a torturas para arrancarles información sobre sus familiares; los maltratan para obligar a sus parientes a “confesar” supuestos delitos políticos; los detienen arbitrariamente; y los encarcelan sin juicio. Mueren bajo la custodia de la policía y las fuerzas de seguridad, y son elegidos como blanco de asesinatos políticos por fuerzas gubernamentales. En algunos países, son víctimas de la pena de muerte: los asesinan precisamente las autoridades estatales que deberían defender sus derechos.

Pero los niños tienen derechos, y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, debería garantizarlos. El pasado abril, la Convención tenía 172 Estados Partes, el número más elevado de ratificaciones de cualquier tratado internacional de derechos humanos. La Convención protege una vasta gama de derechos sociales, económicos y culturales de cuyo fomento se ocupa AI, así como los derechos a la vida, a la libertad, y a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y asociación, que son el centro de nuestras campañas. También prohíbe la discriminación, ya sea por motivo de color, sexo, idioma, religión, origen étnico, incapacidad física u opinión política, y exige que se proteja a los niños que son blanco de abusos debido a las opiniones de sus familias.

La gran mayoría de los Estados se han apresurado a convertirse en Partes de la Convención; no obstante, muchos faltan a las obligaciones que ésta les impone. A pesar de que China ratificó la Convención en 1992, los niños tibetanos siguen sufriendo malos tratos bajo custodia. EE UU la firmó este año, pero sus pabellones de la muerte siguen alojando a delincuentes juveniles. Aunque Argentina la ratificó en 1990, no ha demostrado aún una fuerte voluntad política de descubrir la suerte que corrieron los niños “desaparecidos” durante la “Guerra Sucia” que libró el gobierno militar (1976-1983). Burundi la ratificó ese mismo año, lo que no impidió que Richard Ntungiyabani fuese asesinado con palos y machetes mientras los soldados presentes alentaban a los agresores, debido a que su familia pertenecía al grupo étnico hutu. Rumanía también ratificó la Convención en 1990, pero no impidió que la policía golpease a un detenido de 15 años en las plantas de los pies para arrancarle una confesión.

Ninguno de estos hechos disminuye la trascendencia del tratado, ya que éste constituye la declaración más completa de los derechos del niño que se haya hecho jamás, y es el primer instrumento que da a estos derechos fuerza de ley a nivel internacional. Son, sin embargo, prueba contundente de que las palabras no bastan, que deben ser acompañadas de la acción. La Convención formula una visión del futuro: reconoce que los niños de hoy —la mitad de la población mundial— deberán continuar el día de mañana la tarea de crear un mundo justo y humanitario. El respeto por los derechos humanos comienza con la manera en que la sociedad trata a sus niños. Ya es hora de que los gobiernos y los líderes políticos lo reconozcan, no sólo en teoría, sino también en la práctica.

Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Durante los últimos años, las autoridades tibetanas han encarcelado a niños de ambos sexos, muchos de ellos monjes novicios, por expresar pacíficamente sus opiniones. Las disposiciones chinas prohíben que los menores de 18 años se registren oficialmente como monjes, pero muchos menores tibetanos establecen residencia en monasterios o conventos, sin registrarse, a fin de recibir instrucción religiosa y una educación tibetana tradicional. Unos 45 menores de 18 años, de ambos sexos, fueron detenidos en el Tíbet entre 1991 y 1994 y seguían privados de libertad a finales de diciembre de 1994.

A menudo, los niños tibetanos que han estado detenidos por motivos políticos afirman que los han azotado, pateado y golpeado. Varios detenidos políticos tibetanos han muerto al parecer poco después de recobrar la libertad. Uno de ellos fue Sherab Ngawang, de 12 años, aprehendida con otras cuatro monjas en Lhasa en febrero de 1992 durante una manifestación independentista pacífica frente al templo de Jokhang, el lugar más sagrado del Tíbet. Después de pasar tres años en un campo de trabajos forzados, Sherab Ngawang fue puesta en libertad en febrero. Murió a los tres meses. Parece que la sometieron a golpes y malos tratos mientras estaba detenida.

AI ha pedido una investigación de la muerte de Sherab Ngawang, y ha instado al gobierno chino a que respete sus obligaciones conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, que ratificó el 2 de marzo de 1992. En China, como en todas partes, los niños deben estar protegidos por la ley, y no deben ser torturados o maltratados por el Estado.

Las “desapariciones” y el derecho a la identidad

Hasta los derechos de los recién nacidos se violan. Durante el periodo de gobierno militar en Argentina, millares de personas “desaparecieron” tras ser detenidas por las fuerzas de seguridad. Cuando Valeria Beláustegui Herrera “desapareció”, el 13 de mayo de 1977, estaba encinta de dos meses. Nunca se ha vuelto a saber de ella ni de su hijo.

Muchas mujeres “desaparecidas” durante el gobierno militar dieron a luz en centros de detención secretos. A los recién nacidos se los llevaron miembros de las fuerzas de seguridad que, en algunos casos, los criaron como propios. Las Abuelas de la Plaza de Mayo, grupo de mujeres argentinas que buscan a sus nietos “desaparecidos”, calculan que durante la Guerra Sucia “desaparecieron” unos 200 niños. Se ha logrado averiguar el paradero de 56 de estos niños; algunos han sido devueltos a sus familiares directos, y otros permanecen con sus padres adoptivos. Cierto número de casos en que se disputa la custodia de los niños están en trámite ante los tribunales.

Todos los niños deben reaparecer. Los parientes de los “desaparecidos” tienen derecho a que se investigue a fondo lo ocurrido con sus seres queridos. AI recomienda que el gobierno haga todo lo posible para esclarecer estos casos; que se investiguen exhaustivamente las recientes declaraciones públicas de ex miembros y miembros de las fuerzas de seguridad, que pueden arrojar nueva luz sobre la suerte de los “desaparecidos”; y que se inicie de inmediato una investigación exhaustiva de la suerte de los niños nacidos bajo custodia.

Ejecución extrajudicial y homicidio deliberado y arbitrario

Nisar Ahmad Mir, de 13 años, oriundo de Bandipora, en Baramulla (estado indio de Jammu y Cachemira), fue detenido por miembros de las Fuerzas de Seguridad de Fronteras (FSF) el 9 de mayo de 1994 cuando fumaba un cigarrillo en la calle. Los agentes se lo llevaron en una camioneta junto con dos niños mayores que él, aparentemente con el fin de interrogarlo. Según parece, los tres fueron fusilados esa misma noche. Sus cuerpos aparecieron posteriormente al borde de un camino. Las FSF alegan que los niños murieron en el fuego de un encuentro entre las fuerzas de seguridad y miembros de un grupo armado de oposición, y que portaban armas. El gobierno indio ha respondido a las diligencias de AI para averiguar detalles sobre la muerte de Nisar Ahmad Mir anunciando que el caso está «sometido a investigación». No obstante, el gobierno no ha proporcionado información sobre la naturaleza y los avances de la pesquisa, y recientemente los grupos de libertades civiles del estado han negado que se esté realizando investigación alguna.

El gobierno debe ordenar de inmediato una investigación imparcial de la muerte de Nisar Ahmad Mir, hacer públicos los resultados, y velar por que los responsables sean llevados ante la justicia. La asistencia a cursos de educación en derechos humanos debe ser obligatoria para todo el personal policial y de seguridad, a fin de que los agentes adquieran conciencia de los derechos de los detenidos, especialmente en el caso de menores.

En situaciones de conflicto armado, hasta los niños desarmados pueden ser percibidos como una amenaza, como fue el caso de Fariq Tawfiq ‘Ali, de 11 años. El 1º de mayo de 1994 estalló en el Kurdestán iraquí una batalla entre las fuerzas armadas de tres partidos políticos kurdos. Todas las partes cometieron abusos generalizados. Según informes, Fariq fue detenido el 5 de mayo en la localidad de Halabja junto con otras 10 personas. Unos agentes de la Unión Patriótica de Kurdestán los aprehendieron por sospechar que eran miembros de partidos políticos rivales. Durante los días siguientes, sus cuerpos fueron encontrados en distintos lugares de las afueras de Halabja.

AI ha instado a la administración kurda a que realice una investigación exhaustiva e imparcial de la muerte de Fariq Tawfiq ‘Ali. Los partidos políticos kurdos deben impedir que sus fuerzas continúen provocando muertes deliberadas y arbitrarias y asesinando a combatientes que se hayan entregado o hayan sido capturados.

Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

En Oriente Medio, los niños palestinos han tomado frecuentemente la iniciativa en actividades como apedreos contra agentes de las autoridades israelíes y, como resultado, éstas los detienen selectivamente. En 1968, una Orden Militar redujo a 12 años la edad de responsabilidad criminal en los Territorios Ocupados. Unos 170 niños menores de 16 años se encuentran en la cárcel, y muchos son sometidos a torturas o malos tratos.

‘Usama Jum’a Kayyali, de 14 años, reside en el campo de refugiados de Shufat, en las cercanías de Jerusalén. Fue aprehendido el 23 de abril y llevado al centro de detención de Moscobiyyah. ‘Usama comunicó a su madre que lo interrogaron durante tres días mientras le daban golpes y puñetazos para obligarlo a confesar que había arrojado piedras. Al parecer, en tres ocasiones lo llevaron a ver a un médico.

AI ha solicitado al gobierno israelí que investigue las denuncias de que ‘Usama Jum’a Kayyali fue golpeado mientras estaba bajo la custodia del Servicio General de Seguridad y que haga comparecer ante los tribunales a los responsables. Deben tomarse precauciones para impedir que se torture a niños bajo custodia: sólo deben ser interrogados en presencia de uno de sus padres o familiares más allegados. El gobierno debe compensar a las víctimas y sufragar el costo de la rehabilitación médica y psicológica de los niños que hayan sido torturados o maltratados por los servicios de seguridad.

En Rumanía, Virgiliu Ilie, de 15 años, fue detenido el 15 de enero de 1994 por sospecha de hurto de vehículos. Su madre dice que Virgiliu tenía la cara ensangrentada cuando lo fue a ver a la mañana siguiente. Él afirma que, durante su interrogatorio, la policía le golpeó las manos y las plantas de los pies con porras de goma para hacerle confesar. Pese a su corta edad, Virgiliu fue detenido en una celda policial junto con adultos que, según ha declarado, le propinaron una paliza y le dijeron que obedecían órdenes. Conforme a la legislación rumana, los niños de 14 a 16 años sólo pueden ser considerados responsables de actos delictivos si son conscientes de haber cometido un delito. El 17 de febrero de 1994, los expertos del centro forense “Mina Minovici” determinaron que la «habilidad [de Virgiliu] para razonar era escasa». Pese a ello, no lo pusieron en libertad. Cuando su madre lo visitó una semana después, lo habían transferido al Hospital Penitenciario de Bucarest; le habían diagnosticado anemia y una infección bacterial de la piel. El 29 de marzo de 1994 fue puesto en libertad. Virgilio y su madre han presentado una queja al Fiscal Militar, pero aún no han recibido una respuesta satisfactoria.

AI ha pedido se inicie una investigación completa e imparcial de las acusaciones formuladas por Virgiliu Ilie. También debe encomendarse a una comisión independiente la realización de una investigación exhaustiva e imparcial de los factores que contribuyen a la tortura y el maltrato de detenidos por agentes de la policía rumana, y deben recomendarse medidas preventivas.

Los refugiados y los niños separados de sus familias

Las matanzas que tuvieron lugar en 1994 en Ruanda segaron la vida de unos 300.000 niños. Los escuadrones de la muerte los escogieron como blanco por su origen étnico. De los que sobrevivieron, más de 90.000 quedaron huérfanos o con padres “desaparecidos”. Muchos niños fueron escoltados por adultos a países linderos, donde ingresaron en campos para refugiados.

Las agencias humanitarias han intentado reunirlos con sus familias. La ONU y la comunidad internacional deben ayudar al gobierno ruandés a realizar juicios justos y a reconstruir el sistema judicial a fin de hacer que los responsables de las matanzas rindan cuentas de sus actos. AI también pide que los gobiernos presten los recursos necesarios al Tribunal Internacional para Ruanda.

En las cárceles ruandesas los presos permanecen hacinados, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Cientos han muerto. Muchos presos son niños acusados de participar en las matanzas; muchos más son infantes y niños que acompañan a sus madres. Algunos dicen que los retienen en lugar de a sus familiares.

Cuando Augustin Minani, de 12 años, fue detenido en septiembre de 1994, al parecer los soldados le dijeron que se lo llevaban en lugar de a su hermano, que, según afirmaron, había asesinado a tutsis. Pasó cuatro meses recluido en una cabaña, y durante este periodo lo sometieron a palizas y, afirma, lo obligaron a firmar una confesión de homicidio.

AI ha instado al gobierno de Ruanda a que haga todo lo posible para introducir salvaguardas que los protejan de los malos tratos mientras permanecen en prisión. Las autoridades ruandesas y la comunidad internacional deben seguir apoyando la labor de las organizaciones de asistencia que se ocupan de los huérfanos. Y el gobierno debe aceptar la asistencia de expertos jurídicos extranjeros para realizar investigaciones y someter a juicio a los responsables de violaciones de derechos humanos, incluyendo los abusos contra los niños.

Ejecución de delincuentes juveniles en los EE UU

La pena de muerte es el máximo castigo cruel, inhumano y degradante. Que el Estado cometa una violación de los derechos humanos tan fríamente calculada, y contra sus propios niños, es un acto repugnante. La ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años ha sido prohibida por varios tratados internacionales que tienen fuerza de ley. Pese a ello, la legislación de más de 20 países permite la ejecución de menores, ignorando el derecho internacional y las normas internacionales de derechos humanos.

AI se esfuerza por conseguir la abolición de la pena de muerte, tanto para los adultos como para los niños. Las ejecuciones no sólo son crueles sino que, además, su carácter irreversible resulta atroz en el caso de errores judiciales, y nunca se ha demostrado que tengan un efecto disuasor. En numerosos casos, los condenados a muerte no han tenido una representación letrada satisfactoria, y los exámenes médicos han demostrado que sufrían enfermedades mentales y que no eran responsables de sus actos en el momento de cometer el delito. Los niños y los adolescentes son menos responsables de sus actos que los adultos, pura y simplemente debido a su falta de madurez. Al mismo tiempo, son más susceptibles de ser rehabilitados y más capaces de reformar su carácter.

Es especialmente inhumano que un Estado procure vengarse por la vía legal dando muerte a un niño.

Y, sin embargo, durante la última década varios Estados han condenado a muerte a menores de edad: Arabia Saudita, Bangladesh, Estados Unidos, Irán, Iraq, Nigeria, Paquistán y Yemen. Todos los mencionados, con excepción del primero, han procedido a firmar, ratificar o adherirse a la Convención sobre los Derechos del Niño. En sus disposiciones sobre la pena capital, la Convención establece que ésta sólo debe aplicarse a personas que tuviesen un mínimo de 18 años en el momento de cometer el delito; lo mismo prevén el IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además de las inquietantes repercusiones que tiene para los derechos humanos la ejecución de delincuentes juveniles, es alarmante que los Estados no actúen conforme a las obligaciones que les imponen los tratados.

Entre los Estados que no han observado el derecho internacional figura uno que se considera líder mundial. La gran mayoría de las ejecuciones de menores registradas en el mundo en los últimos años han ocurrido en Estados Unidos. Actualmente, 12 de sus estados tienen menores de edad en el pabellón de la muerte. Desde 1985, se han llevado a cabo nueve ejecuciones en cinco estados, cuatro de ellas en 1993. Todos los ejecutados contaban 17 años cuando se cometió el delito.

Christopher Burger fue ejecutado en Georgia en 1993. En 1977, cuando se cometió el asesinato por el que lo condenaron, tenía 17 años de edad, y en 1978 le impusieron la pena de muerte. El abogado que lo defendió en el juicio nunca había trabajado en un caso capital. Los jurados estadounidenses tienen la obligación de considerar circunstancias atenuantes cuando deliberan si deben imponer la pena de muerte, pero en el caso de Christopher Burger el jurado no fue informado de que el acusado tenía un cociente intelectual deficiente, y una enfermedad mental y una lesión cerebral resultantes de las agresiones físicas que había sufrido en su niñez, traumática e inestable, ni de que había intentado suicidarse a los 15 años. En 1989, un médico que lo examinó diagnosticó una lesión orgánica del cerebro y una enfermedad mental. En 1990, la ejecución se aplazó en el último momento por haberse presentado una apelación basada en su incompetencia mental en el momento de cometer el delito, pero el recurso fue rechazado y Christopher Burger fue ejecutado el 17 de diciembre de 1993, después de pasar 13 años en la antesala de la muerte.

AI exhorta a EE UU y a todos los demás Estados que aún no han abolido el más cruel, inhumano y degradante de los castigos a hacerlo de inmediato. El asesinato de niños tiene que acabar.

[pie de foto pág. 3:]Los niños palestinos participan con frecuencia en actividades como la de tirar piedras a los soldados israelíes y, como resultado, se los detiene selectivamente. Unos 50 niños palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes en 1993. © Richard Butchins

[pies de foto pág. 4:]Virgiliu Ilies

Fariq Tawfiq ‘Ali

Pelsang Gyaltsen, novicia budista, fue detenida en 1993 por haber participado en una manifestación independentista en el Tíbet.

[pies de foto pág. 5:]Muchas de las personas encarceladas en Ruanda son niños acusados de genocidio. Estos dos niños de 11 años están en el Centro de Detención de Gitagata. © Seamus Murphy/Panos Pictures

Mientras interroga a un niño de la calle en Sao Paulo, Brasil, un miembro de la policía militar lo apunta con su pistola.

© Folha de Sao Paulo

[pies de foto pág. 6:]Hoy día hay menores en las antesalas de la muerte de 12 estados de EE UU. Gary Davies Hart tenía 16 años cuando cometió el delito por el que lo condenaron a muerte. © The Mobile Press Register 1991

Christopher Burger tenía 17 años cuando se cometió el delito por el que lo ejecutaron. Su abogado no presentó ante el jurado circunstancias atenuantes relativas a una infancia traumática y a un historial de enfermedad mental.