NWS 22/02/99

LLAMADA INTERNACIONAL

FEBRERO DE 1999

MALASIA – Preso de conciencia

Amnistía Internacional cree que el doctor Munawar Anees ha sido encarcelado como parte de la campaña de las autoridades malasias contra los partidarios del preso de conciencia Anwar Ibrahim, ex viceprimer ministro del país.

El doctor Munawar Anees, ciudadano paquistaní que trabajaba para Anwar Ibrahim escribiéndole los discursos, fue arrestado en su domicilio en Kuala Lumpur el 14 de septiembre de 1998. Fue trasladado a un centro de detención secreto donde, según los informes, le propinaron puñetazos, lo sometieron a humillaciones, le privaron del sueño y lo obligaron a confesar que mantenía una relación homosexual con Anwar Ibrahim. También le negaron cuidados médicos adecuados para la grave afección cardiaca que padece.

Lo tuvieron recluido en régimen de incomunicación en aplicación de la draconiana Ley de Seguridad Interna, que permite la detención de personas sin que en su contra se presenten cargos y sin ser puestas a disposición judicial.

El 19 de septiembre de 1998, el doctor Munawar Anees fue condenado a seis meses de prisión basándose únicamente en su confesión. En el proceso estuvo representado por un abogado que había designado la policía. Este abogado formuló un alegato de culpabilidad en el juicio.

El doctor Munawar Anees ha negado los cargos y en la actualidad su caso se encuentra en proceso de apelación argumentando que el alegato que se había formulado en su nombre no fue voluntario.

Amnistía Internacional considera que los cargos formulados contra el doctor Munawar Anees tenían motivación política, por lo que lo considera preso de conciencia. En cualquier caso, Amnistía Internacional consideraría asimismo preso de conciencia a cualquier persona que fuera encarcelada únicamente por mantener relaciones homosexuales con adultos en privado y con mutuo consentimiento.

Escriban pidiendo la liberación inmediata e incondicional del doctor Munawar Anees a: Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad, Prime Minister and Minister of Home Affairs, Jalan Dato' Onn, 50502 Kuala Lumpur, Malasia (Fax: 60 3 238 3784)

Tratamiento: Señor Primer Ministro

GUATEMALA – Ejecución extrajudicial

Transcurrido casi un año desde el asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera, los responsables de su muerte aún no han sido llevados ante la justicia.

El obispo Gerardi murió a causa de los golpes que le propinaron con una losa en la ciudad de Guatemala el 26 de abril de 1998. Tenía 76 años y era director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Le quitaron la vida muy pocos días después de haber presentado un informe elaborado por el Proyecto Diocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Proyecto Diocesano REMHI) de la iglesia católica guatemalteca. El informe se basaba en un estudio, elaborado a lo largo de tres años, sobre más de 55.000 casos de abusos de derechos humanos que según los datos habían sido perpetrados durante el conflicto civil que padeció el país durante treinta y seis años. En el informe se llegaba a la conclusión de que en torno al 79 por ciento de los abusos los habían cometido las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional teme que el obispo Gerardi fue asesinado por agentes de estas fuerzas oficiales.

En contra de todas las pruebas existentes, las autoridades se han negado a reconocer que el homicidio del obispo Gerardi bien podría haber tenido motivación política. La investigación oficial realizada en torno a su muerte considera que el asesinato fue un delito común o un crimen pasional. En un informe hecho público en nombre de la iglesia católica guatemalteca en noviembre de 1998, el ex fiscal general de la nación, Acisclo Valladares, concluyó que el asesinato del obispo Gerardi presentaba todos los signos de haber sido una ejecución extrajudicial. En el informe también se afirmaba que el sacerdote detenido en relación con el asesinato había sido erróneamente acusado de los hechos.

Envíen cartas pidiendo que se realice una investigación plena, independiente e imparcial sobre las denuncias según las cuales personal militar o ex militar estuvo implicado en el asesinato, en abril de 1998, del obispo Juan Gerardi Conedera. Pidan que a los responsables se los ponga a disposición de la justicia. Envíen sus cartas a: S.E. Álvaro Arzú Irigoyen, Presidente de la República de Guatemala, Palacio Nacional, 6ª Calle y 7ª Avenida, Zona 1, Ciudad de Guatemala , Guatemala. (Fax: 502 221 4537). Correo electrónico: alvaroarzu@guate.net / alvaroarzu@guateconnect.com

Tratamiento: Señor Presidente

CAMERÚN – Preso de conciencia

Nana Koulagna, ex parlamentario de la Asamblea Nacional de Camerún, se encuentra desde mayo de 1997 detenido en la Prisión Central de Garua, al norte de Camerún, sin que en su contra se hayan presentado cargos y sin hacerlo comparecer ante las autoridades judiciales. El lamido(gobernante tradicional) de Rey Buba lo considera su opositor político.

Con anterioridad a las elecciones parlamentarias de mayo de 1997, Nana Koulagna realizó una campaña electoral en la zona de Mayo-Rey, Provincia Septentrional, en favor de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso (Union nationale pour la démocratie et le progrès- UNDP). El 12 de mayo de 1997 él y otros miembros de la UNDP fueron atacados por una milicia privada del lamido de Rey Buba. Según los informes, en el enfrentamiento resultaron muertos dos miembros de la UNDP y tres integrantes de la milicia. Tras el suceso no se arrestó a ningún miembro de la milicia privada, aunque sí resultaron detenidos, al día siguiente, Nana Koulagna y otros 15 miembros y simpatizantes de la UNDP. Todos, salvo Nana Koulagna, fueron posteriormente liberados. A pesar de que las autoridades judiciales de Garua ordenaron más tarde su puesta en libertad sin cargos, sigue detenido al parecer como resultado de la influencia ejercida por el lamido de Rey Buba.

Amnistía Internacional considera que Nana Koulagna fue arrestado y encarcelado únicamente a causa de sus actividades políticas legítimas y pacíficas. En el norte de Camerún son reiteradas y persistentes las prácticas de intimidación, agresión física, detención ilegal y tortura de opositores políticos por parte de los gobernantes tradicionales, que actúan con la aprobación tácita de las autoridades oficiales. No se ha realizado investigación oficial alguna en torno a las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por los dirigentes tradicionales o por sus milicias privadas.

Envíen cartas pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Nana Koulagna e instando a que se realice una investigación independiente sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetradas por los gobernantes tradicionales y sus fuerzas privadas. Remitan las cartas a: President Paul Biya, Président de la République, Palais de l'Unité, 1000 Yaoundé, Camerún.

Tratamiento: Señor Presidente