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ÍNDICE AI: POL 10/03/97/s

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 11:00 HORAS GMT DEL MARTES 17 DE JUNIO DE 1997

ACTUALIZACIONES

DEL INFORME 1997

DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Actualización sobre África

Selección de sucesos ocurridos en África entre enero y abril de 1997

La región de los Grandes Lagos

En un informe publicado en enero, Amnistía Internacional hacía hincapié en lo mucho que se había extendido la crisis de los refugiados en África central y en parte de África oriental. La organización expresó su honda preocupación por el trato que los refugiados estaban recibiendo de las autoridades regionales y por la continuación de las matanzas en Burundi, Ruanda y Zaire. También se temía que se intensificara la violencia de los grupos armados de oposición en Zaire si no se tomaban medidas preventivas eficaces.

Los gobiernos y los grupos armados de la región obligaron a los refugiados a volver a sus casas en condiciones peligrosas y en contra de su voluntad con el fin de cumplir unos plazos arbitrarios de desalojo de los campos. Por lo general, la comunidad internacional se abstuvo de realizar protestas inmediatas e inequívocas contra estas expulsiones. Según los informes, en el este de Zaire miles de refugiados ruandeses y burundeses y de desplazados zaireños han muerto de inanición, enfermedad o han sido víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios.

Amnistía Internacional pidió repetidas veces a los gobiernos de la región que pusieran fin a las repatriaciones forzadas a Burundi, Zaire y Ruanda, que dejaran de promover la repatriación a estos países hasta que un examen independiente de la situación de los derechos humanos indique que la vuelta ya no constituye un riesgo y que garantizaran la protección de posibles nuevos abusos contra los derechos humanos.

La expulsión de dos grupos de refugiados burundeses, uno compuesto al menos por 48 personas y otro por 126, del campo de Kitale, Tanzania, a principios de enero concluyó en tragedia. Sólo lograron sobrevivir y escapar cuatro personas del grupo de 126. Las fuerzas de seguridad burundesas ejecutaron sumariamente a las otras al poco de su retorno. Los retornados figuran entre los centenares de personas a las que se ha dado muerte en Ruanda a comienzos de 1997.

En marzo, Amnistía Internacional pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que creara una comisión para investigar los informes de las numerosas atrocidades cometidas en el este de Zaire. En los últimos meses, al retirarse de la región zaireña de Kivu, los soldados han perpetrado pillajes, violaciones y homicidios casi con toda impunidad, lo que ha provocado que muchos habitantes de las ciudades y los pueblos vivan con el temor constante de convertirse en las próximas víctimas de violaciones de derechos humanos.

Se recibieron numerosos informes de que los grupos armados de oposición, en especial la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire, cometieron numerosos homicidios deliberados y arbitrarios de refugiados desarmados hutus de Burundi y Ruanda, así como de hutus zaireños.

El desarrollo de los primeros juicios celebrados en Ruanda ha hecho que surjan graves dudas sobre su imparcialidad y ha provocado el temor de que en el futuro se acabe ejecutando a un elevado número de personas a las que se condene en juicios sin las debidas garantías. Más de 15 acusados fueron condenados a muerte. La utilización de funcionarios judiciales que carecen de una formación adecuada y que quizá no sean imparciales puede perjudicar seriamente el proceso y el resultado de los juicios, especialmente en vista de su complejidad, la gravedad de los crímenes y la severidad de los castigos.

Actualización sobre América

Selección de sucesos ocurridos en América entre enero y abril de 1997

Colombia

Las fuerzas paramilitares apoyadas por el ejército continuaron cometiendo numerosas violaciones de derechos humanos en el norte de Colombia, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones». Su blanco principal siguió siendo la población civil. Los grupos armados de oposición también perpetraron numerosos abusos contra los derechos humanos, como homicidios arbitrarios y toma de rehenes, algunos de los cuales fueron muertos.

En marzo, la Unidad de Derechos Humanos del fiscal general ordenó la detención de un ex comandante del ejército implicado en el homicidio de 12 funcionarios judiciales ocurrida en 1989 en La Rochela, departamento de Santander.

El sistema de justicia militar continuó reclamando la jurisdicción de la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar y siguió sin poner a disposición judicial a los responsables. En marzo, un tribunal militar absolvió a 34 militares de la responsabilidad del homicidio en 1993 de 13 personas, entre ellas seis mujeres, en Río Frío, departamento de Valle del Cauca. El sistema de justicia militar había reclamado la causa una vez que los jueces civiles presentaron cargos contra los militares basándose en indicios razonables sobre su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.

Después de retirar su proyecto de reforma constitucional en febrero, el gobierno volvió a presentar otro en marzo. El nuevo proyecto de ley intentaba de nuevo retirar a la Corte Constitucional el control sobre la declaración del estado de emergencia, lo que podría conducir a periodos de régimen de emergencia prolongados y a la suspensión arbitraria de las garantías constitucionales.

Guatemala

En abril, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Guatemala: ¿Hasta cuándo la impunidad?, que se ocupaba de las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1994 y 1996. En este documento se afirmaba que a pesar de la continuación del proceso de paz y del inicio de la desmovilización de los grupos armados de oposición en febrero, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y los malos tratos y las amenazas de muerte continuaban en Guatemala. Las principales víctimas son los campesinos implicados en disputas de tierra, jóvenes de la calle, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.

En el transcurso de los más de 30 años de conflicto interno sufridos por el país, decenas de miles de personas «desaparecieron» o fueron ejecutadas extrajudicialmente. Sin embargo, la mayoría de los responsables han quedado impunes y algunos siguen cometiendo violaciones de derechos humanos.

Ante las cortes de justicia de Guatemala se presentaron decenas de causas, entre otros de agentes de las fuerzas de seguridad y de miembros de grupos armados de oposición, solicitando no ser procesados de conformidad con la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada por el Congreso en diciembre. La mayoría de las causas presentadas ante la justicia estaban pendientes de la decisión de las cortes.

En la actualidad hay más de cien personas detenidas por diferentes cargos, fundamentalmente secuestro y homicidio, que pueden ser condenadas a la pena capital. En muchos casos, los procesos de apelación aún no han concluido.

México

A pesar del compromiso reiterado del gobierno mejicano de erradicar la tortura mediante la aprobación de reformas legales y de medidas administrativas, en México continúa siendo frecuente el empleo de la tortura y los malos tratos contra los detenidos políticos y comunes. Hasta mediados de marzo, Amnistía Internacional había difundido al menos ocho Acciones Urgentes sobre 18 personas que habían sufrido, o corrían el riesgo de sufrir, tortura.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó sus recomendaciones al gobierno mexicano a mediados de enero y en ellas se incluía la liberación inmediata del general José Francisco Gallardo, encarcelado en 1993 por pedir la designación de un ombusdman de los derechos humanos para las fuerzas armadas. El Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano publicó inmediatamente una declaración argumentando que se trataba de un caso de «disciplina militar» y que no se habían violado los derechos del general Gallardo, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Perú

En febrero, el Congreso amplió otros seis meses el mandato de la comisión ad hoc encargada de proponer al presidente Fujimori el indulto o medidas de gracia para los presos acusados injustamente de delitos de terrorismo, lo que conllevaba su liberación inmediata. Sin embargo, a fines de marzo ningún preso se había beneficiado de la ampliación, a pesar de que en febrero el presidente había reconocido que unos 200 reclusos inocentes continuaban encarcelados.

A fines de marzo, seguía sin haberse resuelto la crisis de los rehenes originada el pasado mes de diciembre por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En la residencia del embajador japonés en Lima continúan recluidos unos 70 rehenes, entre ellos los embajadores de Japón y Bolivia, altos cargos peruanos y empresarios peruanos y japoneses.

Amnistía Internacional reiteró su condena inequívoca de la toma de rehenes en febrero y de nuevo en marzo y también repitió su llamamiento al MRTA y a las autoridades para que lleguen pronto a una solución de la crisis que concluya con la liberación inmediata y segura de los rehenes.

Estados Unidos

Para Amnistía Internacional, la ejecución de Kirt Wainwright, uno de los tres hombres muertos mediante inyección letal en Arkansas la noche del 8 de enero de 1997, ilustra bien a las claras la extrema crueldad de las ejecuciones. Cuando Kirt Wainwright ya se encontraba atado a la camilla con la aguja insertada en el brazo, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió examinar un recurso de última hora presentado por su abogado. Wainwright permaneció los siguientes 40 minutos en la camilla, plenamente consciente, con la aguja en el brazo hasta que la Corte decidió que el recurso carecía de fundamento y permitió que continuara la ejecución.

Sin embargo, la organización expresó su satisfacción por la decisión de un juez federal, que en enero estableció que no debía permitirse al sistema penitenciario de Alabama encadenar a los reclusos a barras metálicas durante horas de forma ininterrumpida. Según los informes, algunos reclusos han permanecido encadenados al denominado «poste de enganche» hasta siete horas, en lo que constituía trato cruel, inhumano o degradante.

Un observador de Amnistía Internacional acudió en marzo a una vista judicial que culminó una lucha de 25 años para lograr un nuevo juicio para Elmer «Geronimo» Pratt, ex dirigente del Partido de los Pantera Negra, que cumple una condena a cadena perpetua por asesinato en California. Aparecieron nuevas pruebas que ayudaban a aclarar la denuncia realizada por Pratt de que el FBI y el Departamento de Policía de Los Angeles habían amañado las pruebas en su contra como parte de un programa para desestabilizar a las organizaciones políticas negras.

Actualización sobre Asia y Oceanía

Selección de sucesos ocurridos en Asia y Oceanía entre enero y abril de 1997

Camboya

La creciente tensión política vivida en Camboya durante el primer semestre de 1997 se vio acompañada de graves violaciones de derechos humanos. Los periodistas siguieron siendo blanco de estas violaciones. En enero, unas personas que vestían de uniforme de policía dispararon en el brazo y en el cuerpo a Leng Sam Ang, periodista de un diario partidario del Frente Nacional Unido por una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa,. Ese mismo mes, la policía disolvió las manifestaciones de los trabajadores de algunas fábricas textiles que pedían mejores salarios y condiciones de trabajo. Los agentes golpearon a algunos manifestantes y dispararon contra el automóvil del dirigente de la oposición Sam Rainsy.

En febrero, las fisuras de la coalición gobernante derivaron en combates de facciones en la provincia noroccidental de Battambang, con combates a pequeña escala entre los grupos rivales de las Reales Fuerzas Armadas Camboyanas, los cuales se cobraron la vida de al menos doce personas.

En Phnom Penh, se detuvo y mantuvo recluido en régimen de incomunicación casi un mes a Srun Vong Vannak, destacado miembro del Partido de la Nación Jemer, grupo opositor no legalizado. Su detención supuso una violación de la legislación camboyana y del derecho internacional. Al parecer, le detuvieron por su presunta implicación en el asesinato del cuñado del segundo primer ministro Hun Sen en noviembre de 1996. Siguió detenido, pero le permitieron recibir la visita de sus familiares y un abogado.

El 30 de marzo se reunió una manifestación pacífica y autorizada de partidarios del Partido de la Nación Jemer delante de la Asamblea Nacional en protesta por la presunta corrupción del sistema judicial camboyano. A la ocho y veinte de la mañana se arrojaron cuatro potentes explosivos contra la multitud como consecuencia de los cuales murieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Los testigos presenciales han informado de que los agentes de policía que acudieron al lugar después de las explosiones no hicieron nada por ayudar a los heridos y moribundos y que los soldados presentes tampoco hicieron nada por aprehender a los presuntos autores del atentado. Otros informaron de que el ataque parecía bien preparado y que los implicados pretendían matar a Sam Rainsy, que encabezaba la manifestación. Sam Rainsy resultó ileso pero uno de sus guardaespaldas murió como consecuencia del atentado.

China

En enero, Amnistía Internacional protestó por los juicios y las duras condenas dictadas a fines de 1996 contra varios activistas de derechos humanos y presuntos opositores en China. En una carta al primer ministro Li Peng, la organización reiteró su preocupación debido a que se había utilizado la legislación de seguridad del Estado y la legislación sobre secretos de Estado para condenar a personas que simplemente habían ejercido sus derechos fundamentales basándose en que sus actividades «amenazaban» la seguridad nacional.

Después de la muerte de Deng Xiaoping en febrero, la organización instó a las autoridades chinas a que no rebajaran el ritmo de la reforma legislativa. La revisión realizada en 1996 del Código de Procedimiento Penal chino, vigente desde el 1 de enero de 1997, fue una medida positiva, pero sigue manteniendo a la legislación china muy por debajo de las exigencias de las normas internacionales de derechos humanos y resulta insuficiente para proteger a los detenidos contra la reclusión arbitraria, los juicios injustos y la tortura.

En febrero se produjeron violentos disturbios étnicos en Yining, región predominantemente musulmana de Xinjiang. Según los informes, en los disturbios participaron más de mil personas de etnia uighur que pedían la independencia de China. Mientras los informes oficiales afirman que durante los disturbios murieron nueve personas y que se detuvo inicialmente a unas 300 personas, los informes extraoficiales afirman que las víctimas mortales y las detenciones fueron muy superiores. Según los grupos de oposición en el exilio, los disturbios estallaron a causa de la reciente ejecución de nacionalistas musulmanes y las restricciones crecientes a la libertad de religión en la región.

En marzo se juzgó a seis personas implicadas en los disturbios de Yining, pero no se anunció ninguna sentencia. Otras nueve personas fueron acusadas por su presunta participación en los atentados con bombas llevados a cabo en febrero en Urumqi, la capital de Xinjiang.

Hong Kong

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Hong Kong en febrero parar tratar las preocupaciones de la organización en relación con la protección y promoción de los derechos humanos una vez que se devuelva a China la soberanía sobre Hong Kong. La delegación publicó el informe: Hong Kong: Derechos Humanos, legislación y autonomía: Peligros de la transición, en el que se recomendaba que el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong tomara medidas sin dilación para garantizar en el futuro las salvaguardias legales para la libertad de expresión y asociación, la independencia de la judicatura y las normas que regulan el cuartel militar de Hong Kong.

En enero de 1997, el Comité Preparatorio del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong propuso la derogación de 16 leyes y enmiendas a otras nueve, entre ellas la Declaración de Derechos. Algunas de las modificaciones propuestas, en caso de llevarse a cabo, harían que se corriera el riesgo de diluir las salvaguardias que garantizan los derechos humanos en Hong Kong. Estos cambios incluyen el Decreto de Orden Público y la Ley de Asociaciones merced a los cuales las autoridades tendrían vía libre para prohibir las manifestaciones pacíficas, como la conmemoración del movimiento en favor de los derechos humanos de Tiananmen que se celebra todos los años en Hong Kong y a cualquier organización no gubernamental que consideren indeseable.

La ambigua redacción del artículo 23 de la Ley Básica, que tipifica los delitos de traición, secesión, sedición, subversión y la revelación de secretos de Estado, también hace temerse que se vaya a coartar el ejercicio pacífico de algunos derechos fundamentales.

Indonesia y Timor Oriental

Durante el periodo previo a las elecciones para la Cámara de Representantes, previstas para mayo, continuó la represión contra la oposición en Indonesia. Continuaron las detenciones, el hostigamiento y la intimidación de personas críticas con el gobierno que realizaban sus actividades pacíficamente. Se produjo una aumento notable de la aplicación de la Ley contra la Subversión, instrumento cruel empleado durante años para arrestar y encarcelar a los opositores pacíficos al gobierno. Al menos 15 personas que realizaban actividades políticas pacíficas fueron juzgadas por subversión, un cargo que puede acarrear la pena capital o cadena perpetua. Además, hay muchas personas pendientes de juicio o condenadas a penas de prisión por criticar el proceso electoral.

También se llevaron a cabo detenciones en otras regiones del país, como Aceh, donde algunos informes militares recientes han provocado el temor de que el Movimiento Aceh Libre (Aceh Merdeka) haya planeado llevar a cabo ataques en la región. Esto puede anunciar un resurgimiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo contra el Movimiento Aceh Libre entre 1989 y 1993.

La situación en Timor Oriental no muestra señales de mejoría. La detención de personas que se oponen a la ocupación indonesia de Timor Oriental, incluso de las que realizan protestas pacíficas, sigue siendo frecuente. La tortura a los detenidos en Timor Oriental continúa siendo habitual y siguen llevándose a cabo ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones».

Myanmar

Después del peor año vivido por los derechos humanos en Myanmar desde 1990, ahora Amnistía Internacional teme por la suerte de unos 15.000 refugiados karen huidos a Tailandia tras la nueva ofensiva lanzada en febrero por el ejército birmano contra el último grupo armado étnico, la Unión Nacional Karen.

Se negó la entrada a Tailandia a miles de refugiados, los cuales corren el riesgo de sufrir malos tratos, verse obligados a hacer de portadores o ser víctimas de homicidios ilegítimos cometidos por el ejército birmano. Las autoridades tailandesas han devuelto forzadamente a otros 5.000 refugiados a las zonas de las que huyeron.

Las autoridades militares siguen restringiendo la libertad de movimiento de Daw Aung San Suu Kyi. Se han levantado barricadas en la carretera que lleva a su domicilio y resulta difícil entrar en su casa para visitarla. La libertad de expresión y de asociación está muy limitada, no se permite ninguna reunión o discurso de su partido, la Liga Nacional por la Democracia, y sus miembros siguen siendo encarcelados.

Amnistía Internacional siguió pidiendo a la comunidad internacional que redoblase la presión sobre las autoridades birmanas en 1997.

Actualización sobre Europa

Selección de sucesos ocurridos en Europa entre enero y abril de 1997

Albania

A comienzos de año se produjeron numerosas manifestaciones de personas que exigían la devolución del dinero que habían perdido en planes de inversión fraudulentos. Los políticos de la oposición y los periodistas independientes se convirtieron en el blanco creciente de las detenciones y los malos tratos de la policía y de la policía de seguridad del Estado, pero también de bandas armadas relacionadas aparentemente con las fuerzas de seguridad. El estado de excepción se declaró en Albania el 2 de marzo al intensificarse las protestas y convertirse en insurgencia armada.

El 9 de marzo, el presidente Berisha y los partidos de la oposición llegaron a un acuerdo para la formación de un gobierno provisional de todos los partidos hasta la celebración de elecciones en junio. El 11 de marzo, el Parlamento adoptó una ley que concedía la amnistía a todos los que entregaran las armas en el plazo de una semana y a los civiles y militares que hubieran cometido delitos en relación con las protestas, salvo en los casos de asesinato.

Miles de albaneses intentaron huir del país; hacia mediados de abril, unas 13.000 personas habían cruzado a Italia, donde las autoridades les ofrecieron un máximo de 90 días de protección temporal, salvo a unos mil presuntos delincuentes a los que devolvieron forzadamente. A fines de marzo, unos 90 posibles refugiados se ahogaron en el Adriático cuando su barco colisionó con una embarcación italiana que patrullaba la costa con el fin de hacer volver a ese tipo de naves.

Federación Rusa

Amnistía Internacional instó al gobierno ruso a que hiciera honor a los compromisos contraídos ante el Consejo de Europa y a que pusiera fin a las ejecuciones y aboliera la pena de muerte inmediatamente tras la aprobación de una resolución en ese sentido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 29 de enero.

La resolución condenaba enérgicamente la continuación de las ejecuciones en Rusia y amenazaba con no aceptar las credenciales de la delegación rusa en el próximo periodo de sesiones del Consejo salvo que se suspendiera permanentemente la ejecución de presos.

Amnistía Internacional continúa pidiendo a las autoridades rusas que confirmen públicamente la existencia de una moratoria oficial sobre las ejecuciones. El gobierno también debe revelar públicamente el número exacto de reos de muerte en la actualidad y el número de ejecuciones llevadas a cabo desde que se unió al Consejo de Europa. En esta información también debe incluirse el nombre de las personas ejecutadas y los lugares donde fueron enterradas.

La organización también siente preocupación por la seguridad de varios periodistas que se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestrados en la República de Chechenia en los últimos meses y con anterioridad en el curso del conflicto de Chechenia.

Turquía

Amnistía Internacional saluda como un paso positivo la enmienda realizada en marzo a la legislación turca en relación con los plazos de detención y el acceso a asistencia letrada. Sin embargo, continúa siendo insuficiente con vistas a combatir lo que se ha convertido en un sistema de abuso enquistado dado que difiere poco de un proyecto anterior descrito por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura como «inaceptable».

Anunciada por el gobierno turco como una medida para combatir la tortura y los malos tratos, la enmienda se convirtió en ley el 6 de marzo. Reduce notablemente el periodo máximo de detención policial de 30 a 10 días en las provincias donde el estado de excepción se encuentre vigente y de 14 a siete días en el resto del país. Las personas detenidas por delitos cuya jurisdicción corresponda a los Tribunales de Seguridad del Estado podrán acceder a asistencia letrada después de cuatro días de detención.

Sin embargo, en esta ley no hay nada que avale la afirmación realizada por la ministra de Asuntos Exteriores Tansu Çiller de que «a partir de ahora, las normas turcas se atendrán a las europeas por lo que respecta a los plazos de detención», dado que ni las normas europeas de derechos humanos ni las internacionales apoyan la detención en régimen de incomunicación durante cuatro días.

República Federativa de Yugoslavia

En enero y principio de febrero, la policía golpeó a manifestantes pacíficos en Belgrado y en Kragujevac que proseguían sus protestas contra la anulación de los resultados de las elecciones municipales celebradas en noviembre de 1996, tras las cuales la oposición se impuso en Belgrado y otras ciudades serbias. El 11 de febrero, después de casi tres meses de protestas, el Parlamento declaró válidas las victorias de la oposición.

En la provincia de Kosovo, a fines de enero, la policía detuvo a unas cien personas de etnia albanesa en su búsqueda de los responsables de una serie de asesinatos y atentados contra agentes de policía serbios y albaneses de la zona que «presuntamente» colaboraban con las autoridades serbias. Una organización clandestina, autodenominada Ejército de Liberación de Kosovo, asumió la responsabilidad de estos atentados. La policía abatió a tiros a tres personas de etnia albanesa, presuntos miembros del Ejército de Liberación de Kosovo. Los agentes afirmaron actuar en defensa propia.

Aproximadamente 40 de estas personas fueron liberadas a los pocos días, pero muchas denunciaron que la policía las torturó bajo custodia. Uno de los detenidos, Besnik Restelica, fue encontrado muerto en su celda. La policía afirmó que se había suicidado; otras fuentes afirman que su cuerpo presentaba señales de tortura. En febrero se acusó de terrorismo a unos 30 detenidos; sus abogados afirmaron que muchos de ellos sufrieron tortura y malos tratos.

Actualización de Oriente Medio y África

Selección de sucesos ocurridos en Oriente Medio y África del norte entre enero y abril de 1997

Argelia

En el primer trimestre del año, los atentados de los grupos armados y las operaciones «antiterroristas» de las fuerzas de seguridad y la milicia se cobraron la vida de más 500 personas. Durante el mes del Ramadán, más de 200 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron víctimas de matanzas y de mutilaciones en las zonas rurales o murieron como consecuencia de explosiones mediante automóviles bomba.

Las autoridades argelinas afirmaron que grupos armados, como el Grupo Armado Islámico, eran los responsables de las matanzas, incluida la de familiares de miembros o seguidores del Ejército Islámico de Salvación, facción armada del Frente Islámico de Salvación. Sin embargo, se recibieron denuncias de que algunas de las matanzas fueron obra de las milicias o de las fuerzas de seguridad.

Las fuerzas de seguridad y los grupos de la milicia mataron a más de 200 personas en el curso de operaciones «antiterroristas». Entre las víctimas había dos mujeres y dos niños pequeños muertos en febrero junto a cuatro hombres que, al parecer, eran miembros de un grupo armado, en un bloque de apartamentos en el centro de Argel.

En enero se aprobó un decreto que regulaba las actividades de las milicias respaldadas por el gobierno. Amnistía Internacional había pedido previamente la disolución de todas las milicias civiles y continúa preocupada debido a que este decreto permitirá a los grupos de civiles armados llevar a cabo operaciones de seguridad que sólo deberían poder realizar funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el adiestramiento necesario y que actúen dentro de un marco que garantice la rendición de cuentas.

Egipto

En el primer trimestre de 1997 se produjo un incremento alarmante del número de civiles muertos, según los informes, a manos de los grupos armados islamistas. Un total de 26 civiles murieron en el curso de tres ataques diferentes, de los cuales al menos 22 eran cristianos coptos. Como consecuencia de estos sucesos, en el Alto Nilo se organizaron grandes operaciones de seguridad que resultaron en la detención de más de 1.500 presuntos miembros o simpatizantes de grupos armados islamistas.

Amnistía Internacional reiteró su preocupación por la creciente aplicación de la pena de muerte en Egipto. En el primer trimestre de 1997 se condenó a muerte al menos a diez personas. En el mismo periodo de tiempo se ejecutó a tres personas condenadas a muerte en años anteriores.

El 22 de febrero, el Parlamento aprobó un decreto presidencial que ampliaba otros tres años el estado de emergencia, vigente desde el asesinato del presidente Anwar al Sadat en 1981. Tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas han declarado en el pasado que el estado de emergencia es un grave impedimento para la puesta en práctica del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificados por Egipto en 1982 y 1986 respectivamente.

Irán

En enero, Amnistía Internacional condenó el aumento del número de ejecuciones en Irán y pidió a las autoridades iraníes que tomaran medidas inmediatamente para evitar más ejecuciones. Este llamamiento se produjo después de las noticias recibidas de que dos iraníes, recluidos siete años sin juicio, fueron ejecutados por cargos principalmente políticos después de un juicio que no pareció contar con las debidas garantías y a pesar de los reiterados llamamientos de la organización para que se concediera clemencia.

La organización también planteó su preocupación a las autoridades iraníes en relación con la detención de unos trabajadores del sector petrolífero que se manifestaron en febrero con ocasión de las negociaciones salariales. Se detuvo a otros 50 trabajadores más de otros sectores. Según los informes, dos detenidos murieron bajo custodia.

En el primer trimestre de 1997, Amnistía Internacional planteó varios casos más a las autoridades iraníes, principalmente expresando preocupación por la suerte de los presos bajo custodia, algunos de los cuales podrían ser ejecutados por motivos políticos o religiosos.

Israel y los territorios ocupados

Hasta comienzos de abril, las fuerzas de seguridad israelíes han dado muerte a tres palestinos y han herido a decenas más con munición real y balas de goma empleadas fundamentalmente contra las manifestaciones, en las que los participantes arrojaron piedras, de protesta por la decisión del gobierno israelí de autorizar la construcción de un asentamiento judío en Jerusalén oriental.

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Israel y los territorios ocupados en marzo pero no consiguió reunirse con ningún alto cargo israelí para plantear las preocupaciones de la organización, entre ellas la aplicación de la tortura, la detención administrativa y el empleo ilegítimo de medios letales. El Ministro de Defensa israelí rechazó una petición para visitar la cárcel Megiddo en Israel para ver a varios palestinos que llevaban varios años en detención administrativa sin juicio.

Amnistía Internacional realizó una declaración oral a la Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos respecto a los territorios ocupados israelíes, en la que afirmaba que Israel había legalizado en la práctica la tortura a pesar de ser Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

La Autoridad Palestina

A comienzos de 1997, otros dos detenidos murieron bajo custodia por torturas. En marzo, el ministro de Justicia, Freih Abu Meddein condenó públicamente la brutal tortura infligida a Yusef al Baba. Posteriormente se detuvo a algunos miembros del servicio de información militar y otros oficiales en Nablus.

En marzo, la delegación de Amnistía Internacional que visitó la zona bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina apreció una mejora de la situación de los derechos humanos en relación con el año pasado. Según altos cargos de la Autoridad Palestina, el presidente Arafat emitió directivas contra la tortura y elaboró nuevas normas en las que se definían los cometidos precisos de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina y se prohibía a cualquiera que no fuese agente de la policía interrogar a los detenidos por delitos comunes. También se aseguró a los delegados que las personas detenidas por delitos no políticos tenían acceso inmediata a sus familiares.

Desde los atentados suicidas con explosivos llevados a cabo en marzo, la Autoridad Palestina ha recibido presiones, especialmente de Israel y los Estados Unidos, para que lleve a cabo detenciones de «terroristas». Las mejoras producidas podrían verse perjudicadas si, en nombre de la lucha antiterrorista, la comunidad internacional continúa aceptando los abusos contra los derechos humanos.