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AMNISTÍA INTERNACIONAL
Comunicado de prensa
Índice AI: POL 30/028/2005 (Público)
Servicio de Noticias: 239
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLPOL300282005
Fecha de embargo: 7 de septiembre de 2005 a las 00:01 horasGMT
Oleoducto Chad-Camerún: Un nuevo informe acusa a las empresas petroleras y los gobiernos de evadirse en secreto de sus obligaciones para con los derechos humanos
El oleoducto Chad-Camerún, un proyecto de 4.200 millones de dólares estadounidenses, puede congelar la protección de los derechos humanos durante las próximas décadas para los miles de personas que viven en su trazado, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy, 7 de septiembre.
“El consorcio dirigido por ExxonMobil que explota el oleoducto está de hecho eludiendo el derecho de los derechos humanos en Chad y Camerún”, ha afirmado Andrea Shemberg, asesora jurídica de la Sección Británica de Amnistía Internacional.
“Los acuerdos de inversión que rigen el proyecto podrían socavar gravemente la capacidad y voluntad de Chad y Camerún para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, haciendo que en la práctica las empresas petroleras no tengan que responder de sus actos en las zonas que atraviesa el oleoducto. En efecto, los firmantes de los acuerdos –los gobiernos de Chad y Camerún y el consorcio de empresas petroleras dirigido por ExxonMobil, en el que también figura la empresa estadounidense Chevron Corporation y la malaisia Petronas Bhd– se han evadido de sus responsabilidades para con los derechos humanos”.
El informe, titulado ‘Contracting out of human rights: The Chad-Cameroon pipeline project’ (Contratos a costa de los derechos humanos: el proyecto del oleoducto Chad-Camerún), examina el marco de los acuerdos legales –conocidos como Host Government Agreements (HGAs)1– que rigen la construcción y explotación de los campos petrolíferos de Doba en Chad y el oleoducto que lleva el petróleo a la costa atlántica de Camerún. El oleoducto está financiado por el Banco Mundial y es el mayor proyecto de inversión extranjera en África.2
El informe halla que los derechos humanos son el precio a pagar en los acuerdos legales que rigen el proyecto, que penalizan económicamente su protección por parte de Chad y Camerún. Los acuerdos pueden exigir que los dos países paguen grandes sanciones económicas si interrumpen la explotación del oleoducto o de los campos petrolíferos, incluso cuando se trate de una intervención para proteger derechos y hacer cumplir leyes que son de aplicación en otras partes del país. Esto hace que resulte extremadamente difícil para Chad y Camerún tomar medidas contra prácticas abusivas de las empresas y que los particulares afectados por el oleoducto consigan resarcimiento.
La explotación de los campos petrolíferos y del oleoducto ya ha generado presuntos abusos contra los derechos humanos de agricultores pobres de la región, que afirman que se les ha negado el acceso a sus tierras y que ExxonMobil se ha negado a indemnizarlos o a devolvérselas. Según los informes, algunos pueblos han visto vetado el acceso a su única fuente de abastecimiento de agua potable, y los pescadores kribi que faenan en las costas de Camerún han visto su medio de vida gravemente amenazado por el oleoducto. Los contratos del proyecto dejan vía libre a más abusos como éstos, sin resarcimiento efectivo, durante el tiempo que dure el proyecto (hasta 70 años).
Además, los acuerdos legales carecen de transparencia en la medida en que se han declarado de confidencialidad comercial y quedan protegidos del examen público hasta que se aprueben en forma de ley. Amnistía Internacional cree que es más probable que los derechos humanos se respeten en grandes proyectos de infraestructura cuando los acuerdos legales que hay tras ellos están sometidos al escrutinio público.
El informe de Amnistía Internacional advierte que las salvaguardias de los derechos humanos en Chad y Camerún ya están en peligro, y que estos acuerdos legales pueden agravar la situación. El informe explica que prevalece el clima de temor e intimidación en torno al oleoducto, algunos de cuyos detractores ya han sido detenidos e intimidados. Así las cosas, es fundamental la máxima protección de los derechos humanos.
Amnistía Internacional publica el informe como parte de la investigación que actualmente realiza sobre el impacto de los acuerdos de inversión privados sobre los derechos humanos. Aunque la organización entiende que las “cláusulas de estabilización” y disposiciones similares –concebidas para reducir los riesgos económicos y políticos que plantean a los inversores extranjeros los cambios repentinos en las leyes nacionales– son habituales en acuerdos entre empresas y países que albergan grandes proyectos, a Amnistía Internacional le preocupa que la amplitud de estas disposiciones pueda socavar los derechos humanos y la administración de justicia.
“Estos acuerdos son una muestra de cómo las empresas se están introduciendo en la base del gobierno. Resulta preocupante que pueda haber centenares de acuerdos como éste en todo el mundo, redactados siguiendo una pauta similar, que debiliten la capacidad de los Estados para proteger los derechos humanos y el medio ambiente”, ha afirmado Sheldon Leader, profesor de Derecho de la Universidad de Essex y asesor jurídico de la Sección Británica de Amnistía Internacional sobre este proyecto.
El informe de Amnistía Internacional argumenta que el Banco Mundial, y concretamente su agencia de crédito privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), tienen cierta responsabilidad en el peligro que para los derechos humanos suponen los acuerdos del proyecto. Sin el apoyo del Banco Mundial, el proyecto no habría salido adelante, y sin embargo las evaluaciones previas a la concesión de los créditos no tuvieron en cuenta los posibles efectos que tendrían los acuerdos legales sobre los derechos humanos. A Amnistía Internacional le preocupa que el Banco Mundial esté financiando proyectos que podrían impedir a los Estados proteger los derechos humanos.
Amnistía Internacional recomienda:
- que los gobiernos de Chad y Camerún y el consorcio de empresas petroleras liderado por ExxonMobil modifiquen los acuerdos legales para incluir garantías explícitas de que no pueden utilizarse para desvirtuar las responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos de los Estados o empresas implicados;
- que ningún gobierno o empresa redacte o firme acuerdos legales que socaven la protección de los derechos humanos;
- que los proyectos apoyados por el Banco Mundial, los organismos de crédito a la exportación y otros prestamistas privados no se basen en acuerdos legales que puedan minar la capacidad del Estado anfitrión para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
“El consorcio de empresas petroleras liderado por ExxonMobil y los gobiernos de Chad y Camerún deben modificar los acuerdos inmediatamente para garantizar la protección de los derechos humanos en estos países. Este proyecto no debe continuar sin cambios que garanticen que se respetarán los derechos humanos”. Los derechos humanos no son artículos negociables que empresas y gobiernos pueden eliminar por contrato”, ha dicho Andrea Shemberg.
El informe de Amnistía Internacional ‘Contracting out of human rights: The Chad-Camerron pipeline project’ (Contratos a costa de los derechos humanos: el proyecto del oleoducto Chad-Camerún) se presentará en un desayuno de trabajo en la Foreign Press Association a las 9 de la mañana del miércoles 7 de septiembre, donde será posible plantear preguntas a sus autores y a otros interesados. Para más información sobre este acto o sobre el informe, pónganse en contacto con Sarah Green en la Sección Británica de Amnistía Internacional llamando al número indicado más adelante.
Si desean consultar el informe después de su fecha de publicación, conéctense a: http://web.amnesty.org/library/index/engpol34122005
Si desean recibir con antelación ejemplares del informe, fotos y entrevistas, pónganse en contacto con:
Oficina de prensa de la Sección Británica de Amnistía Internacional:
Sarah Green, +44 (0)20 7033 1549
Neil Durkin, +44 (0)20 7033 1547
Fuera de horas de oficina +44 (0)7721 398 984
1 Acuerdos con gobiernos anfitriones, firmados entre empresas y los gobiernos de los Estados donde van a realizarse grandes proyectos de inversión. También se conocen como “acuerdos entre Estados e inversores” y “acuerdos de concesión” .
2 El consorcio dirigido por ExxonMobil para el proyecto del oleoducto, incluye también a Chevron y a la empresa petrolera malaisia Petronas, y su inversión cuenta con el apoyo del Banco Mundial, varios organismos de crédito a la exportación y bancos privados. El oleoducto terminó de construirse y comenzó a funcionar en 2003.