Máxima Acuña recibió una amenaza telefónica de muerte el 30 de enero, y ha sufrido un acoso constante de la policía. Mantiene una disputa legal con una empresa minera por la propiedad de unas tierras en las que viven ella y su familia en el norte de Perú. La familia corre un peligro constante de desalojo forzoso, ataques y amenazas de la policía.
