Se ha advertido a las organizaciones egipcias de derechos humanos que corren riesgo de cierre y procesamiento penal si no cumplen el plazo que les ha concedido el gobierno para que se registren de acuerdo con la Ley de Asociaciones. Las autoridades han presentado además un proyecto de ley que menoscaba la independencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y les impone nuevas y represivas restricciones.
