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Las peticiones del gobierno israelí para que la ONU retire el informe elaborado por su Misión de Investigación sobre el Conflicto de Gaza constituyen un intento de eludir la obligación de rendir cuentas por crímenes de guerra y de negar el derecho a la justicia a las víctimas del conflicto de 2008-2009, ha declarado Amnistía Internacional.

Israel ha afirmado que su conducta durante los 22 días que duró el conflicto, en el que murieron aproximadamente 1.400 personas palestinas, ha quedado justificada tras la publicación la semana pasada en el Washington Post de un artículo de opinión firmado por el juez Richard Goldstone, máximo responsable de la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza.

“Estas afirmaciones se basan en una tergiversación deliberada de los comentarios del juez Goldstone en su artículo del Washington Post”, ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“La comunidad internacional debe rechazar con firmeza estos intentos de eludir la obligación de rendir cuentas, y debe actuar de forma decidida en pro de la justicia internacional, tal como ha hecho en el caso de Libia, Sudán y otras situaciones en las que se han cometido posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.”

“La Asamblea General de la ONU debe garantizar que el informe de Goldstone se envíe al Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible, para que éste valore si el caso debe remitirse a la Corte Penal Internacional.”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros ministros del país han pedido que se retire el informe completo, después de que en el artículo de opinión publicado por el juez Goldstone se cuestionase que las fuerzas militares israelíes hubiesen elegido intencionadamente como objetivo a civiles en determinados incidentes examinados por la Misión de Investigación.

El juez Goldstone afirmó el martes que no tiene intención de retirar el informe, negando así las declaraciones del ministro del interior israelí, Eli Yishai, según las cuales el juez le había prometido, durante una llamada telefónica del lunes, retirar el informe.

Al menos dos de los otros tres miembros de la Misión de Investigación de la ONU afirman apoyar el informe original.

“Los comentarios formulados en un artículo de opinión no constituyen una base jurídica suficiente para anular un informe de la ONU que ha sido debatido y aprobado por el Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea General”, ha declarado Philip Luther.

“Como tampoco lo constituyen las peticiones interesadas de los dirigentes políticos israelíes, algunos de los cuales eran miembros del gabinete de guerra israelí que tomó las decisiones de política durante el conflicto en el que las fuerzas israelíes mataron a unos 1.400 palestinos, entre ellos aproximadamente 300 menores de edad.”

“La retirada del informe descartaría también toda posibilidad de justicia para las víctimas israelíes del conflicto, que sufrieron los cientos de cohetes y morteros lanzados indiscriminadamente sobre el sur de Israel por el ala militar de Hamás y otros grupos armados palestinos de Gaza.”

En su informe de septiembre de 2009, la Misión de Investigación de la ONU sobre el conflicto de Gaza concluía que ambas partes habían cometido graves violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad.

El informe pedía a las autoridades israelíes y palestinas que llevasen a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre los presuntos crímenes de guerra en el plazo de seis meses, so pena de enfrentarse a la posible remisión del caso a la Corte Penal Internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Más de dos años han pasado desde el conflicto, y la administración de facto de Hamás continúa sin investigar las violaciones cometidas por los grupos armados palestinos y sin hacer que los responsables rindan cuentas.
 
Amnistía Internacional ha hecho el seguimiento de las investigaciones de los militares israelíes, y ha concluido que tales investigaciones no han sido independientes ni han respetado las normas básicas internacionales de prontitud, efectividad y transparencia.