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Amnistía Internacional pidió el miércoles al presidente Mugabe y al primer ministro Tsvangirai que cumplan su promesa de reformar las instituciones estatales, en un intento de detener las violaciones de derechos humanos que se siguen produciendo en el país desde la creación del gobierno de unidad hace un año.

Se ha seguido torturando, hostigando y persiguiendo por motivos políticos a defensores y defensoras de derechos humanos y a quienes se considerada opositores, mientras habitantes de zonas rurales del país han sido continuamente intimidados a manos de simpatizantes del antiguo partido en el gobierno, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF).

“Se ha dejado que la Fiscalía General, la policía y el ejército sigan violando con libertad los derechos humanos con el objetivo de lograr una agenda política”, ha declarado Erwin van der Borght, director del Programa de África de Amnistía Internacional.

“Mientras se siga aplazando la reforma, la situación en Zimbabue continuará siendo frágil porque las personas responsables seguirán eludiendo la justicia y recibiendo además carta blanca para seguir violando los derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de unidad que acabe con el hostigamiento continuo a los defensores de derechos humanos. En 2009, la policía disolvió violentamente varias protestas pacíficas organizadas por el movimiento cívico Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (Women of Zimbabwe Arise!, WOZA).

Diecisiete activistas políticos y de derechos humanos, que fueron secuestrados por agentes de seguridad del Estado en 2008, continúan teniendo que enfrentarse a cargos que, según opinión generalizada, fueron fabricados. Entre esas personas se encuentra Jestina Mukoko, directora del Proyecto Paz de Zimbabue, cuyo encausamiento suspendió de forma permanente el Tribunal Supremo en septiembre de 2009, debido a los abrumadores indicios de que había sido torturada. 

“El gobierno debe acabar con el hostigamiento incesante a los activistas de derechos humanos y debe dar los pasos necesarios para proteger firmemente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, ha indicado Erwin van der Borght.

El ejército y los servicios de inteligencia de Zimbabue, así como la Fiscalía General, han seguido bajo el control de la ZANU-PF, conforme a lo dispuesto en el acuerdo de 2008 auspiciado por la Comunidad para el Desarrollo del África Austral. La policía está dirigida por ministros de la ZANU-PF y del Movimiento por el Cambio Democrático–Tsvangirai.

“El presidente Mugabe y la ZANU-PF tienen la responsabilidad de garantizar que las principales instituciones que están bajo su control van a ser reformadas para acabar con la cultura de impunidad que sigue amenazando la estabilidad del país”, ha manifestado Erwin van der Borght.

La petición de reforma de Amnistía Internacional se produce en un momento en el que se han recibido informes que indican que habitantes de zonas rurales de Zimbabue están sufriendo amenazas de violencia a manos de simpatizantes de la ZANU-PF, que cuentan con el apoyo del ejército, en un intento de obligarles a que respalden el borrador de Kariba de la Constitución, ampliamente criticado.

El borrador constitucional de Kariba, acordado por los partidos del gobierno de unidad en septiembre de 2007, ha recibido duras críticas por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil por ser un intento de éstos de imponer una Constitución sin someterla a consulta pública.

Según informes, habitantes de Mutoko, Muzarabi y MT.Darwin han sido advertidos que serán golpeados si no apoyan la postura de la ZANU-PF. En las fechas previas a las elecciones presidenciales de junio de 2008, se hicieron, y se materializaron, amenazas similares.

“Éstos son claros indicios de que la situación se puede deteriorar si no se toman medidas urgentes para acabar con las violentas campañas políticas llevadas a cabo por agentes de seguridad estatales.”
 
“Su participación en situaciones anteriores se ha saldado con violaciones graves de derechos humanos, incluida la muerte y la tortura de personas consideradas oponentes.”

Hasta el momento el gobierno no ha investigado las violaciones graves de derechos humanos que presuntamente han llevado a cabo fuerzas de seguridad en las fechas previas a la segunda ronda de las elecciones presidenciales de 2008, y que causaron la muerte al menos a 200 personas, heridas a más de 9.000 y provocaron que decenas de miles fueran desplazadas.

“El gobierno de unidad debe investigar las denuncias pasadas y presentes de violaciones de derechos humanos a manos de agentes de seguridad del Estado, entre los que se incluye la tortura y los malos tratos a personas detenidas”, ha declarado Erwin van der Borght.

En el ejército también se están produciendo graves violaciones de los derechos humanos.

En octubre de 2009, al menos dos soldados fueron torturados hasta morir mientras eran interrogados, en Harare, por los servicios de inteligencia y por miembros de la policía militar. Se tienen noticias de que otro soldado se suicidó mientras se encontraba en régimen de aislamiento y de que varios más todavía siguen recibiendo tratamiento médico por las heridas que les provocó la tortura.

Las víctimas habían sido detenidas junto con al menos otras 95 personas bajo la sospecha de entrar a robar en un arsenal del cuartel de Pomona y de llevarse 21 pistolas.
 
“Los órganos estatales de Zimbabue están plagados de personas que han violado los derechos humanos y que en muchas ocasiones lo hacen impunemente”, ha indicado Erwin van der Borght.  

“Sin una clara reforma de las instituciones, hay muchas posibilidades de que estas violaciones persistan.”