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Mientras el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, se prepara para asumir el poder, surgen nuevos interrogantes sobre los eventos que se han producido tras el golpe de Estado del pasado junio.

Una delegación de Amnistía Internacional ha hablado con activistas de derechos humanos en Honduras sobre la crisis oculta que afecta al país centroamericano.

Lee las entrevistas con los activistas:
Dina Meza - “Hemos retrocedido 30 años.”
Donny Reyes - “La mayoría de los delitos contra personas LGBT se pierden en un limbo.”
Alexis Quiroz - “Es preciso informar a la población para que ésta pueda tomar decisiones objetivas.”

Gilda Rivera: “Las mujeres corren un riesgo mayor porque se las considera ciudadanas de segunda”.

Gilda Rivera trabaja  en lo que aparentemente es un oasis de calma situado en una colina de Tegucigalpa. Allí, entre las plantas y pinturas que decoran el edificio, es difícil imaginar las historias que ella y su organización escuchan a diario. Sin embargo, algunos días, un coche desconocido hace su aparición y aparca sospechosamente en las inmediaciones de las oficinas sin razón aparente. El automóvil está allí un rato y luego se va.

Gilda es la directora del Centro de Derechos de Mujeres, un grupo que trabaja para documentar y combatir la violencia contra las mujeres en Honduras.  

En un informe publicado recientemente, el grupo dibujó un lúgubre panorama de lo que significa ser mujer en Honduras, donde centenares de ellas han sido víctimas de abusos sexuales, violencia en el ámbito familiar y asesinato.

Gilda afirma que la situación de las mujeres hondureñas siempre ha sido preocupante, pero que desde el golpe de Estado que tuvo lugar en junio de 2009 se ha deteriorado rápidamente.

“Cuando toda la población se enfrenta a violaciones de derechos humanos, las mujeres corren un riesgo aún mayor porque se nos considera ciudadanas de segunda”, afirmó Gilda.

El Centro de Derechos de Mujeres ha documentado una serie de casos de violencia sexual contra mujeres, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado, en especial en el norte del país.

“Después de participar en una marcha, una mujer fue detenida por varios policías y conducida a un terreno baldío, donde cuatro agentes la violaron. Ella reconoció a algunos de ellos por los apellidos que pudo ver en sus uniformes.”

"Los tipos la dejaron ahí tirada. Se ha visto obligada a abandonar su casa por el temor que siente. Este es el castigo a las mujeres por atrevernos a manifestarnos, a participar, a ejercer ciudadanía.”
 
Gilda está convencida de que la histórica ausencia de investigaciones y la falta de justicia para las mujeres que han sufrido violencia contribuye a que se produzcan más casos de abusos.

“El golpe de Estado arruinó mucho de lo que habíamos ganado y conseguido […] lo único que han obtenido las mujeres es más violencia.”

Dina Meza: “Hemos retrocedido 30 años”.
Dina Meza vive los derechos humanos y habla de ellos en todas las oportunidades que se le ofrecen. Como periodista, activista y miembro de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas del país, sabe demasiado bien lo que significa trabajar sobre un asunto que no siempre goza de popularidad entre las autoridades.

Los últimos cinco meses han sido especialmente difíciles para Dina y sus colegas de COFADEH. Sus miembros han pasado innumerables días y noches recogiendo testimonios de amenazas, hostigamiento, palizas policiales, detenciones arbitrarias, malos tratos y homicidios en todo el país. Después la organización presenta peticiones de hábeas corpus y otros recursos legales en nombre de las personas afectadas por la represión.

En uno de los incidentes más graves, el 23 de septiembre, la policía lanzó botes de gas lacrimógeno al interior de su oficina en Tegucigalpa, cuando Dina y otros colegas se encontraban allí. El mensaje de los que habían tomado el poder estaba claro: defender los derechos humanos era parte del problema, no la solución.

Dina cree que el problema subyacente en Honduras es la ausencia de justicia que prevalece desde la década de los 80, cuando centenares de personas murieron o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad hondureñas.

“Las generaciones que sufrieron la represión de los 80 –los hombres y mujeres que fueron víctimas de homicidio y desaparición y cuyos familiares todavía no han logrado que se haga justicia–, toda esta impunidad acumulada y los autores de abusos contra los derechos humanos que se pasean tranquilamente por las calles en Honduras, todo esto tiene que ver con lo que está pasando ahora. Nos enseña que cuando la represión no se castiga, vuelve a ocurrir”, afirmó Dina.

“Tememos represión judicial, represión policial, represión militar. ¿Qué significa esto? Hay que reformar y volver a constituir todas estas instituciones y empezar de nuevo, con un nuevo procedimiento.”

Donny Reyes: “La mayoría de los delitos contra personas LGBT se pierden en un limbo”.
Antes de que estallara la crisis política en Honduras, Donny Reyes intentaba poner su país en el mapa internacional, trabajando para aumentar la sensibilización sobre los abusos y la discriminación que sufrían lesbianas, gays, bisexuales transexuales y personas transgénero.

Pero cuando la turbulencia política sacudió al país centroamericano, los derechos humanos pasaron a un segundo plano.

“Habíamos iniciado conversaciones con la Oficina del Fiscal General, con miembros de la policía y con algunos miembros del gobierno en relación con la investigación [de los delitos contra los miembros de la comunidad LGBT] y con el acceso a algunos servicios públicos. Todo esto se interrumpió con el golpe de Estado”, explicó Donny.

Según la información publicada por la organización para la que trabaja Donny, la Asociación Arcoiris, los homicidios de personas transexuales también han aumentado notablemente desde el golpe de Estado.

Una investigación llevada a cabo por Arcoiris encontró que a lo largo de 2008 se habían producido 12 homicidios de gays, lesbianas, transexuales y personas transgénero en Honduras. En los cuatro meses transcurridos desde el golpe de Estado se habían cometido 14. 

“Ésta es la cifra de muertes y delitos violentos que hemos documentado, pero no incluye muchos otros de los que no tenemos noticia, los que quedan impunes, perdidos en el limbo”, afirmó Donny.

Este activista –que fue víctima de abusos a manos de las fuerzas de seguridad en 2007– afirmó que el momento más preocupante de la crisis se produjo durante el estado de excepción declarado en la primera semana después del golpe, cuando se impuso el toque de queda en distintas áreas del país.

Durante ese periodo, al menos tres miembros de la comunidad LGBT murieron víctimas de homicidio. Fabio Zamora recibió un disparo en la cabeza cuando trabajaba en un mercado. Marion Cárdenas recibió un disparo en la frente el 29 de junio. Vicky Hernández murió de la misma forma en San Pedro Sula, durante el toque de queda, el 28 de junio.  

“Durante el estado de excepción se percibía un clima de miedo, de pánico colectivo. Nada ni nadie podía moverse si no lo autorizaban las fuerzas armadas, en especial el ejército. Cuando se declaró el estado de excepción ese día, todo el mundo corrió a refugiarse en su casa. Lo que las autoridades hicieran esa noche no era asunto de nadie.”

Alexis Quiroz: “Es preciso informar a la población para que ésta pueda tomar decisiones objetivas”.
En la oficina de Alexis, situada en una casa antigua de Tegucigalpa, la televisión está sintonizada en la frecuencia del Canal 36, una de las emisoras de televisión nuevas más importantes del país. Pero en la pantalla no se ven imágenes. En su lugar, una carta de ajuste coloreada en la que puede leerse: “Interfieren la señal de Canal 36 para impedir que les informemos”.

Esta frase refleja la situación de los periodistas en Honduras y los cambios en la forma en que operan los medios de comunicación en el contexto de la crisis política hondureña.

“Antes del golpe de Estado teníamos algunas diferencias de opinión con el gobierno, pero no había censura; los periodistas u otras personas que expresaban opiniones contrarias al gobierno tampoco eran objeto de violencia”, said Alexis.

“Ahora tenemos incluso decretos que prohíben decir nada contra un funcionario público; no se puede expresar ninguna opinión desfavorable sobre un funcionario público”.

C-Libre, la organización en la que trabaja Alexis, ha registrado 130 incidentes de amenazas, despidos y ataques contra periodistas desde que tuvo lugar el golpe de Estado, el 28 de junio.

“La ocupación militar de medios informativos es elevada, al igual que el grado de los ataques físicos y las amenazas contra periodistas; estos son los tres problemas más apremiantes. Tenemos al menos 130 casos, entre los que se cuenta el cierre de medios informativos.”