Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

13 noviembre 2008

Afganistán incrementa el uso de las ejecuciones

Afganistán incrementa el uso de las ejecuciones
El gobierno afgano ejecutó a nueve personas la semana pasada. Este incremento se fundamenta en informes según los cuales el presidente Hamid Karzai ha aprobado recientemente la ejecución de al menos 111 personas condenadas a muerte en Afghanistán.

La creencia más extendida es que, con la aprobación de estas ejecuciones, el presidente Karzai está intentando reforzar su popularidad entre la población afgana, que se queja cada vez más del aumento de la delincuencia y de la inacción del gobierno a la hora de imponer el Estado de derecho.

Estas últimas ejecuciones son las primeras que se realizan en el país desde octubre de 2007, fecha en que el gobierno ejecutó a 15 personas. Además, indican un potencial regreso a los tiempos del régimen talibán, cuando la pena de muerte era utilizada de forma generalizada.

“Este podría ser sólo el comienzo de una campaña de algunas autoridades para reintroducir las políticas duras de los talibanes —ha declarado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional—. El gobierno afgano tiene el derecho y la responsabilidad de llevar ante la justicia a los presuntos autores de delitos, pero para que prevalezca la justicia, las actuaciones deben respetar las normas internacionales básicas sobre imparcialidad y cumplir las normas de derechos humanos. La pena de muerte constituye el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia.”

En Afganistán, la pena de muerte se impone por delitos como el secuestro, el asesinato y la violación. Sin embargo, la mayoría de las actuaciones judiciales adolecen de graves irregularidades de fondo y procesales, como el hecho de que la policía y poder judicial no investiguen los casos de forma adecuada, las injerencias políticas en los procesos de investigación y judiciales, y la imposibilidad para los detenidos de acceder a un abogado defensor.

Según la legislación afgana, todas las condenas a la pena capital han de ser respaldadas por tres tribunales (uno de primera instancia, uno de apelación y el Tribunal Supremo) antes de ser remitidas al presidente, que es quien firma la orden de ejecución o indulta al condenado.

Los talibanes hicieron uso de la pena de muerte hasta el final de su régimen en 2001. Tras perder el poder, el nuevo gobierno respetó una suspensión autoimpuesta de las ejecuciones, que finalizó tres años después con la ejecución de Abdullah Shah en abril de 2004.

“El repentino aumento de las ejecuciones constituye un serio motivo de preocupación, pues el sistema de justicia en ciernes de Afganistán es en gran medida incapaz de realizar juicios justos y con las debidas garantías —ha añadido Sam Zarifi—. Las autoridades deben decretar una suspensión inmediata de todas las ejecuciones en Afganistán, con vistas a abolir el uso de este espantoso castigo.”

El presidente Karzai ha afirmado recientemente, en un discurso público, que no va a ceder a la presión de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos sobre su gobierno para que ponga fin al uso de la pena de muerte.

“Pedimos al presidente Karzai que reitere públicamente la promesa que hizo su jefe del Estado Mayor a Amnistía Internacional en 2003 de que se impondría una suspensión de las ejecuciones mientras se lleva a cabo la reforma judicial”, ha concluido Sam Zarifi.

País

Afganistán 

Región

Asia y Oceanía 

Tema

Pena de muerte 

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